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jueves, 27 de mayo de 2010

ANULADOS LOS PUESTOS A DEDO DE LA SINDICATURA DE CUENTAS



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ANULADOS LOS PUESTOS A DEDO DE LA SINDICATURA DE CUENTAS

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias acaba de notificar a esta asociación su sentencia de 14 de mayo por la que se anula el sistema de nombramiento a dedo o de libre designación que venía siendo utilizado en la totalidad de los puestos de ascenso o de jerarquía de la Sindicatura de Cuentas.

La sentencia estima el recurso interpuesto por el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies (COFPA) frente al Acuerdo del Consejo de la Sindicatura, de 1 de diciembre de 2008, por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo de ese Órgano de fiscalización. Dentro de la relación de puestos afectados por la anulación judicial se encuentran los de auditores, letrados, Subdirector de Fiscalización y Jefe de Administración, provistos por el sistema dedocrático que ahora se declara ilegal.

Teniendo en cuenta la naturaleza y funciones del Órgano al que afecta, podemos afirmar que con esta sentencia se da un paso adelante de especial importancia en la configuración de un sistema de Función Pública asturiana ajeno a influencias partidistas y clientelares y sometido, exclusivamente, a los principios de imparcialidad, igualdad, mérito y capacidad.

Uviéu, 27 de mayu de 2010
La Xunta Directiva de COFPA

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ANULAOS LOS PUESTOS A DEU DE LA SINDICATURA DE CUENTES

El Tribunal Superior de Xusticia d´Asturies ta acabante de notificar a esta asociación la so sentencia de 14 de mayu pola que s´anula´l sistema de nomamientu a deu o de llibre designación que venía siendo, fasta agora, l´utilizáu na totalidá de los puestos d´ascensu o de xerarquía de la Sindicatura de Cuentes.

La sentencia estima´l recurso entamáu pol Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies (COFPA) frente al Alcuerdu del Conseyu de la Sindicatura, de 1 d´avientu de 2008, pol que se aprueba la rellación de puestos de trabayu d´esi Órganu de fiscalización. Dientro de la rellación de puestos afectaos pola anulación xudicial alcuéntrense los de auditores, lletraos, Subdirector de Fiscalización y Xefe d´Alministración, provistos pol mecanismu dedocráticu qu´agora se declara illegal.

Tomando en cuenta la naturaleza y les funciones del Órganu al que afecta, tamos en condiciones d´afirmar que con esta sentencia dase un pasu alantre d´especial importancia na configuración d´un sistema asturianu de Función Pública ayenu a influencies partidistes y clientelares y sofitáu, n´esclusiva, nos principios d´imparcialidá, igualdá, méritu y capacidá.

Uviéu, 27 de mayu de 2010
La Xunta Directiva de COFPA

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miércoles, 26 de mayo de 2010

La progresividad del recorte salarial a los empleados públicos es "vitual" y "regresiva", según Técnicos de Hacienda

Los Técnicos de Hacienda discrepan del Gobierno y consideran que es el momento oportuno para subir determinados impuestos a los que más tienen y ganan

www.ioncomunicacion.es, 21/05/2010


La progresividad en el recorte que se aplicará al sueldo de los funcionarios, a partir del próximo mes de junio, anunciada ayer por el Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, no es real sino "virtual" y "regresiva", según precisaron hoy los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA).
La progresividad del recorte salarial es 'virtual' y 'regresiva',  seg�n Gestha

Este colectivo explica que el recorte de retribuciones de los empleados públicos sólo se aplica de forma progresiva al salario base y la antigüedad, mientras que se reducen de forma lineal los complementos fijos, que son los que diferencian realmente el sueldo de los funcionarios. Sin embargo, el Gobierno no precisó ayer que el recorte alcance al complemento de productividad, que es precisamente el que perciben en mayor proporción los altos funcionarios.

De este modo, estiman que la progresividad anunciada por el Gobierno tiene un alcance "mucho más limitado", ya que de una horquilla anunciada de entre el 0,56% de recorte para los sueldos más bajos y del 7% para los más altos, la realidad es que quienes menos cobran verán realmente reducido su sueldo en un 3,25%, mientras que los salarios intermedios serán recortados en un 4,68%, de acuerdo con los cálculos elaborados por los Técnicos de Hacienda, sin contar con los escasísimos empleados del Grupo E (sólo 497 efectivos en la Administración General del Estado, quienes sufrirán un recorte del 0,68%).

Además, Gestha señala la paradoja que se crea entre los distintos cuerpos ya que el recorte es regresivo para las élites administrativas, cuyos mayores complementos quedan fuera de la progresividad e incluso a salvo de la reducción aprobada. Así, según estos cálculos los jefes y directivos, que no son altos cargos, verán reducido el 3,67% de su sueldo, unos 3.327 euros brutos anuales, en tanto que los profesores de secundaria, los técnicos o un mando intermedio dejará nde cobrar el 4,66% de su actual salario, unos 1.737 euros brutos al año.

Igualmente, los funcionarios con menores percepciones salariales, que son los que integran la base de la Administración Pública, y a su vez los más numerosos, sufrirán con mayor severidad el recorte en sus salarios que jefes y directivos.

Según esto, los auxiliares que menos cobran dentro de su categoría profesional verán recortado su sueldo en una media de 650 euros brutos al año, es decir, un 3,41% sobre el total de su retribución. Del mismo modo, un administrativo verá reducido su sueldo en unos 1.110 euros, es decir, el 4,32% de sus retribuciones anuales.

Tabla 1.- Recortes de salario reales de los empleados de la Administración Pública

Puesto de Trabajo

Retribuciones
íntegras anuales

Recorte retributivo
anual
(en %)
Recorte retributivo
anual
(en euros)
Jefes y Directivos 102.563
3,45%
3.540
Jefes y Directivos 90.563
3,67%
3.327
Jefes y Directivos 72.714
4,41%
3.207
Jefes y Directivos 71.2464,40%
3.134
Técnicos y Gestión 40.0964,68%
1.877
Técnicos y Gestión38.8474,67%
1.815
Técnicos y Gestión 37.8304,66%
1.764
Técnicos y Gestión37.2274,66%
1.734
Técnicos y Gestión36.6064,65%
1.703
Administrativo 27.1534,35%
1.182
Administrativo 26.4054,33%
1.144
Administrativo 26.065
4,32%
1.127
Administrativo 25.729
4,32%
1.110
Administrativo 24.185
4,27%
1.033
Administrativo 23.852
4,26%
1.017
Administrativo 23.319
4,25%
990
Auxiliar 20.1193,49%
703
Auxiliar 19.784
3,47%
686
Auxiliar 19.395
3,44%
667
Auxiliar 19.054
3,41%
650
Auxiliar 18.128
3,33%
603
Auxiliar 17.802
3,30%
587
Auxiliar 17.363
3,25%
565
E. Agrupación profesional 17.198
0,68%
118
E. Agrupación profesional 17.028
0,68%
116
E. Agrupación profesional 16.8050,68%
114
E. Agrupación profesional 16.547
0,67%
111

Fuente: Gestha

Andalucía, Madrid y Cataluña, las CC.AA. más afectadas

Según el plan de ajuste previsto por el Gobierno, Andalucía será la comunidad autónoma en la que se verán afectados un mayor número de empleados de la Administración, con 499.974 funcionarios. A continuación se sitúan la Comunidad de Madrid, con 427.650 empleados, Cataluña (302.072), la Comunidad Valenciana (228.453) y Castilla y León (174.784 empleados).

Otras regiones como Galicia (153.580 funcionarios), Castilla-La Mancha (133.679), Canarias (126.045), País Vasco (109.662 empleados) y Extremadura (93.993 funcionarios) se verán menos afectadas por el recorte según su plantilla de empleados públicos.

Por el contrario, las regiones de La Rioja (16.477 empleados), Navarra (33.902), Baleares (55.723) y Asturias (61.086 empleados) serán las menos afectadas por tener también una plantilla menor, seguidas de Murcia (85.667 empleados) y Aragón (92.388).

La lucha contra la economía sumergida evitaría los recortes sociales

Los Técnicos de Hacienda lamentan que el Gobierno haya preferido aprobar un drástico recorte antes que hacer cumplir la ley para mejorar los ingresos de las Administraciones Públicas. Así, alertan del importante volumen de economía sumergida existente en nuestro país, como sugiere el hecho de que mientras 16 millones de trabajadores y pensionistas declaran una media de 18.400 euros anuales, las actividades empresariales y profesionales apenas declaran los 13.525 euros en estimación directa, y los autónomos en módulos apenas llegan a los 11.567 euros.

A este respecto, Gestha estima que si el Gobierno aumentara las responsabilidades de los Técnicos de Hacienda en la lucha contra el fraude y el control de las subvenciones y el gasto público, se podría reducir en diez puntos porcentuales la economía sumergida en España, situándose en niveles similares a Francia o Alemania. Ello significaría recaudar unos 38.000 millones de euros adicionales cada año, más del doble de los 15.000 millones de euros que espera ahorrar el Gobierno en dos años con su recorte social. En la actualidad, la bolsa de economía sumergida en España, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, supera el 23,3% del PIB, lo que supone un montante de 245.000 millones euros.

Es el momento "oportuno" de subir impuestos a los ricos

Los Técnicos de Hacienda han mostrado su discrepancia con el Gobierno, y consideran que es el momento "oportuno" para concretar el alza de impuestos a las rentas altas y los grandes patrimonios, al igual que otros países han considerado conveniente subir los impuestos a la banca, a las grandes sociedades o a las fortunas al adoptar medidas de recortes sociales.

Por ello, Gestha propone medidas fiscales alternativas, como la recuperación del Impuesto de Patrimonio de las grandes fortunas de 47.614 contribuyentes que tienen patrimonios individuales netos superiores a los 1,5 millones de euros y que pueden aportar a las arcas del Estado hasta 1.240 millones de euros.

Asimismo, plantean la eliminación de las ventajas de las rentas del ahorro a las ganancias patrimoniales especulativas y de las ventajas fiscales de las que gozan los extranjeros residentes en España con ingresos de 600.000 euros anuales.

Finalmente, este colectivo propone actuar sobre las rentas altas mediante la inclusión de dos nuevos tramos en la tarifa del Impuesto sobre la Renta, de modo que a partir de los 100.000 euros de ingresos netos anuales se suba el tipo marginal en tres puntos hasta el 46%, y a partir de 300.000 euros, este tipo marginal ascienda hasta el 50%. El Estado podría además recaudar otros 2.397 millones de euros con el aumento de cinco puntos en el tipo impositivo de 1.976 sociedades que contabilizan más de 90 millones de beneficios.

El Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública (GESTHA), antecedente de los Cuerpos Técnicos de Hacienda, se creó en el año 1976, diez años antes de la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea (CEE), con el fin de solventar determinados problemas de personal en el Ministerio de Economía y Hacienda. Solucionados aquellos problemas, en la actualidad Gestha trabaja por conseguir una Administración Financiera moderna y eficaz con una estructura administrativa y de personal que garantice las necesidades del servicio público de un modo eficiente y racional.

lunes, 24 de mayo de 2010

Funcionarios en la picota


Un mensaje claro a los trabajadores del sector privado

Jose Arturo Val del Olmo

La decisión del gobierno de reducir por decreto los salarios de los empleados públicos es, como dice el Banco de España: “un mensaje claro a los trabajadores del sector privado” . Durante tres décadas se ha desprestigiado lo público, como sinónimo de ineficiencia, despilfarro y corrupción. Desde la derecha y desde la izquierda se ha defendido lo privado como alternativa; privatizando sectores estratégicos y de interés social o subcontratando servicios públicos.

La crisis desvela ahora la estafa. Justamente el corazón del capitalismo, el sector financiero, resulta ser el mas ineficiente y corrompido. Y el drama es que, a pesar de obtener beneficios multimillonarios, han conseguido dinero que es de todos como premio a su incompetencia, y exigen ahora intereses de usura a los mismos estados a los que esquilmaron.

Detrás del término funcionario hay más de tres millones de personas que sostienen la sanidad, la educación, la justicia o los servicios sociales. Uno de cada tres son temporales o interinos y dos de cada tres tienen un salario neto de mil doscientos euros.

Habrá quien piense que tener un empleo estable es un privilegio y no un derecho, pero, en el caso de los trabajadores públicos es una conquista histórica, condición de imparcialidad ante el poder político. Los empleados públicos han sufrido tres congelaciones salariales, muchas ausencias no se cubren, el trabajo esta mal repartido, el Estatuto del Empleado Público se aprobó tarde y no se desarrolla, hay discriminación legal con otros colectivos, en desempleo o jubilación, y diferencias abismales según el lugar donde se trabaja. Si queremos unos servicios públicos de calidad hacen falta empleados públicos con condiciones de trabajo dignas.

Pero, además, se equivoca el que piensa que somos los empleados públicos los responsables de los trámites interminables, esperas y paseos de ventanilla en ventanilla. La calidad del servicio depende en buena parte de los presupuestos, y de la profesionalidad de los puestos de alta dirección, porque normalmente detrás de un servicio ineficiente hay un responsable incompetente. Decía Paul Masson , periodista francés, que los funcionarios son como los libros de una biblioteca: los situados en los lugares más altos son los más inútiles y, a día de hoy, en todas las administraciones proliferan los altos cargos, asesores externos y puestos de libre designación. El resultado; exceso de burocracia, duplicidad de funciones y redes clientelares que han creado puestos de trabajo fraudulentos .

Y sin embargo, hay una precaria dotación de personal, en justicia, sanidad, educación, protección social o dependencia. En el Estado Español un 9,5% trabaja en el sector público frente al 16% de media en Europa(15), y nadie duda de que hacen falta más inspectores en Hacienda, Trabajo o Salud Laboral, para frenar el sistemático incumplimiento de las leyes en las empresas, el escándalo de que haya mas de tres millones de empresarios y profesiones liberales que declaran ser mileuristas, o la desmedida circulación de billetes de 500 euros.

El decretazo del gobierno, recortando salarios, pensiones, inversión pública y derechos sociales, deprimirá más el consumo y la producción, y si no damos una respuesta contundente será la antesala de nuevas medidas que ya se anuncian, como aumento de impuestos, abaratamiento del despido, retraso de la edad de jubilación, o reducción del gasto público en servicios esenciales como sanidad y educación.

Como dice el Evangelio No se puede servir a Dios y al dinero” y el Gobierno Zapatero ha decidido sacrificar a su propia base social en el altar del capital, bien representado por las derechas gobernantes en Europa. Abre así el camino a un partido popular cuya demagogia sólo esconde su intención de llegar al gobierno para aplicar medidas de ajuste aun más salvajes.

Las alternativas existen, pero hay que tomar medidas contra los que mas tienen y acabar con la corrupción. Hay que nacionalizar la gran banca bajo control de los trabajadores, recortar el gasto militar, reducir las subvenciones a la Iglesia y Casa Real, erradicar el fraude fiscal, criminalizar la especulación financiera, obligar a las empresas a reinvertir sus beneficios, o gravar los grandes patrimonios y fortunas.

Una huelga general convocada en los servicios públicos sólo tiene sentido si se continúa con una huelga general de todos los trabajadores, y se coordinan las respuestas en toda Europa, donde estados como Irlanda, Rumania, Grecia, Portugal, Italia o Francia están aplicando las mismas medidas. Hay que pasar a la ofensiva, por dignidad y por necesidad, porque ni es aceptable que haya cinco millones de parados ni lo son las presiones indecentes de los mismos que han conducido a la actual crisis.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

jueves, 20 de mayo de 2010

La UE y Zapatero se superan, o cuando los locos son los lazarillos de los ciegos



Antoni Domènech, Alejandro Nadal, Gustavo Búster, Daniel Raventós
www.sinpermiso.info 17 mayo 2010


“Todo el mundo comprende que la soberanía democrática de los pueblos europeos está en trance de verse definitivamente burlada por las furias privadas de unos mercados financieros enloquecidos, que resultan ser los verdaderos lazarillos de una elite tecnocrático-política evidentemente ciega. Que esa comprensión, que de una u otra forma ha ingresado ya en el sentido común popular europeo, logre canalizarse y articularse de una manera política adecuada, en vez de enquistarse en una resignación y en una impotencia peligrosamente manipulables por la extrema derecha, de eso, precisamente, se trata.”


Es ocioso insistir una vez más en la berlanguesca trayectoria seguida por Zapatero y sus asesores desde que, acaso empecinados en seguir expresando con buena fortuna electoral las actuales dinámicas de polarización político-social en términos de mera cultural war, se negaron en redondo hasta bien entrado 2009 a admitir siquiera que pudiera hablarse, no ya de crisis, sino hasta de recesión económica en España. Ni siquiera merece ya mucho la pena recordar que, reconocida la apabullante realidad de la crisis a mediados de 2009 –a la fuerza ahorcan—, y como si de una batalla cultural más se tratara –contra la clerigalla, contra el revisionismo histórico, contra el machismo o contra la homofobia—, Zapatero buscó en un primer momento pasar retóricamente a la ofensiva con la paladina (y para muchos esperanzadora) declaración de que, ―por supuesto, hay una política económica de izquierda, distinta de la de derecha.

Hic Rhodus: el pasado 12 de mayo el presidente compareció ante el Congreso de los Diputados para informar de los acuerdos adoptados pocos días antes por el Consejo de Economía y Finanzas de la UE, ECOFIN, en relación con la crisis fiscal que atenaza a Europa, y muy especialmente a Grecia, y con la creación de un ―mecanismo europeo de estabilización‖ (MEE). Su intervención empezó con un balance de las distintas medidas adoptadas por su gobierno para luchar contra la crisis, y señaladamente, del Plan de Austeridad puesto en marcha a finales de enero de este año, con el objetivo de reducir el déficit publico del 11,2% al 3% del PIB a finales de 2013 con un recorte del gasto público de 50.000 millones de euros (5% del PIB).

La bomba
Luego vino la bomba: el anuncio de que, como consecuencia de los ataques especulativos masivos registrados durante la última semana contra la deuda pública de los Estados miembros de la UE y de los acuerdos que se acababan de alcanzar en el ECOFIN, se iba a poner en marcha un Plan de Choque. Se acelerarían los ritmos de aplicación del Plan de Austeridad con una reducción adicional del gasto público en 2010 de un 0,5% del PIB y de un 1% en 2011 –por un valor total de 15.000 millones de euros—, con el propósito declarado de situar ya a finales del 2011 el déficit fiscal en el 6,5% [1].

Así pues, el Gobierno, ante la falta de apoyos parlamentarios, se dispone a aprobar por Real Decreto las nueve medidas anunciadas para el período 2010-2011 el próximo 21 de mayo. Esas medidas implican:
+ La reducción en un 5% de los salarios de los funcionarios públicos.
+ La congelación de las pensiones (con la excepción de las no contributivas y mínimas).
+ La eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial
+ El fin de cheque-bebé de 2.500 euros
+ El control de las dosis de los medicamentos en la sanidad pública
+ La eliminación de la retroactividad en el cobro de las prestaciones de la Ley de Dependencia
+ El recorte en 600 millones de euros de la ayuda a los países en desarrollo (AOD)
+ La reducción en 6.000 millones de la inversión pública en infraestructuras.
+ Y finalmente, un recorte de 1.500 millones en el gasto público de las administraciones autonómicas y municipales [2].

A pesar de insinuar luego, en el debate parlamentario, una posible subida de impuestos a las rentas del capital, Zapatero eludió cualquier medida de aumento de los ingresos fiscales, más allá de la subida del IVA en dos puntos, prevista ya a partir del próximo mes de julio en los presupuestos del 2010.
Zapatero se refirió también a tres reformas estructurales previstas y exigidas por el Banco de España, el BCE y el FMI:
+ La del mercado de trabajo, cuya negociación con los sindicatos y la patronal debe concluir en mayo.
+ El debate y revisión del Pacto de Toledo sobre las pensiones en el Congreso de los Diputados.
+ Y finalmente, la reestructuración de las Cajas de Ahorro, con la reforma –que se quiere consensuar con el PP— de la Ley Orgánica de las Cajas de Ahorro, reforma que ha de traer consigo una importante concentración del sector financiero español.

Con estas medidas de terapia de choque del Plan de Austeridad, el Gobierno de Zapatero se apresta a romper por Real Decreto:
+ Los Acuerdos de la Función Pública con los sindicatos del sector , alcanzados en fecha tan reciente como septiembre de 2009.
+ La Ley 33/85 sobre el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las pensiones (que por otra parte no se contabilizan en el presupuesto nacional y que gozan por el momento de superávit en la Caja de la Seguridad Social).
+ La Ley 40/07 sobre el régimen de jubilaciones.
+ Los acuerdos parlamentarios sobre la Ley de Dependencia.
+ Y finalmente, varias disposiciones de la Ley de Presupuesto del 2010.

No ofrece duda: se trata de la mayor y más resuelta ofensiva contra los derechos sociales y económicos de las clases trabajadoras que se registra en el Reino de España desde el final del franquismo. Lejos de ser un plan de lucha contra el paro y por la reactivación económica, su único y declarado objetivo es mantener la deuda pública española en los mercados financieros internacionales.

Con este plan de choque neoliberal, que constituye una agresión sin precedentes contra su propia base social, Zapatero y su Gobierno se han suicidado políticamente.
La crisis fiscal europea
Para comprender el alcance económico y político de este Plan de Choque, hay que situarlo en su contexto europeo y español.
Una crisis financiera sin precedentes desde la II Guerra Mundial trajo consigo un incremento, también sin precedentes, del déficit público. El déficit público sirvió, por lo pronto, y sobre todo, para rescatar con sumas gigantescas a instituciones bancarias privadas, para paliar o mitigar los desastres sociales de la crisis (incremento del paro y de la pobreza) y, por último, para desarrollar políticas fiscales de estímulo público de una economía que se precipitaba aceleradamente hacia una descomunal depresión. Unas políticas fiscales de estímulo de la economía, conviene recordarlo, que habían sido un verdadero tabú para la ortodoxia neoliberal imperante hasta finales de 2008, aferrada monolemáticamente hasta entonces a las solas políticas monetarias de orientación antiinflacionaria.

Pero desde finales de 2008 las políticas fiscales de estímulo público de la economía –inversión pública directa en infraestructuras y apoyo público más o menos enérgico al incremento de la demanda efectiva— no han dejado de estar en el punto de mira de la derecha económica y de una generación entera de economistas, ―expertos‖ y peritos en legitimación varios, crecidos y educados todos en un antikeynesianismo militante. Para percatarse de ello, basta observar la histeria antidéficit registrada en todos los países, comenzando por los EEUU. Pero hay una diferencia esencial entre países, como los propios EEUU, Gran Bretaña y Japón, que mantienen su soberanía monetaria (con el dólar, la libra y el yen), y países como Grecia, Portugal, Irlanda, España, Italia o Francia, que la han perdido (a favor del euro). Una cosa es practicar políticas fiscales expansivas e incurrir en déficit público (y emitir deuda pública) manteniendo la soberanía monetaria, y otra muy distinta hacerlo habiendo perdido soberanía monetaria. Y una cosa es no tener soberanía monetaria, pero estar dentro de un espacio monetario político-económica y fiscalmente común (como el estado de California, dentro de los EEUU), y otra muy distinta no tener soberanía monetaria –capacidad para emitir y devaluar o apreciar la propia moneda— y estar en ese espacio sin política económica y fiscal común, o cuando menos coordinada (como lo están Portugal, Irlanda, España, Italia o Francia). El cerril dogmatismo neoliberal con que se articuló la Unión Monetaria Europea llevó a crear un espacio monetario común para los países miembros, prohibiendo al propio tiempo la coordinación de sus políticas económicas y fiscales. Si Grecia, pongamos por caso, hubiera podido devaluar su moneda, no se habría enfrentado a los problemas con que se enfrenta desde hace unos meses (California es un estado quebrado, y no los tiene); y si Grecia, pongamos por otro caso, hubiera podido emitir títulos de eurodeuda (es decir, de deuda pública solidariamente avalada por todos los países miembros), tampoco se habría enfrentado a esos problemas (la deuda de Japón en relación con su PIB es muy superior a la griega, y no los tiene).

El no poder hacer ni una cosa ni otra ha llevado a la siguiente y cruel situación: los mismos mercados e institutos financieros privados que han sido salvados in extremis con milmillonarios rescates públicos aprovechan ahora su bonanza para especular contra los títulos de deuda griegos, haciendo subir sus intereses hasta convertir en infinanciable en los mercados el déficit público griego y amenazando, a través de una posible quiebra griega, a la propia moneda común de la eurozona. Tras unas interminables semanas de vacilación y parálisis, en buena parte causadas por los guardianes alemanes de la ortodoxia económica, y tras una amenaza nada velada del gobierno francés de abandonar el euro, cuando el agravamiento de la situación de Grecia empezó ya a resultar contagiosa y a amenazar seriamente a la existencia misma del euro, la UE se ha decidido a violar sus propias reglas fundacionales y a tratar de imponer un marco de política económica común a la eurozona.

Los acuerdos alcanzados en el ECOFIN el 9 de mayo, tras la reunión, el viernes 7, de los jefes de Estado del Eurogrupo, significan la creación –precariamente cubierta por el artículo 122 del Tratado de Lisboa— [3] de un ―mecanismo europeo de estabilización‖ (MEE) tan opaco como ambiguo en sus reglas de funcionamiento. Se instituye el MEE con aportaciones de los Estados miembros por un monto de 57.000 millones de euros, lo que permite la concesión de créditos por un valor de 500.000 millones de euros a los Estados miembros en dificultades con su deuda pública. A este mecanismo se suma también el Fondo Monetario Internacional, con una aportación que permitirá elevar el nivel de los créditos entorno a los 750.000 millones de euros.

Deflación competitiva: sentar las bases de una carrera hacia el abismo
Lejos, sin embargo, de sentar las bases de un espacio político-económico común, apto a permitir políticas fiscales expansivas antirrecesivas del conjunto de la UE (inversiones públicas, estímulo público de la demanda efectiva, etc.), lo que la reunión del ECOFIN comenzó a instituir oficialmente a escala europea es una política de ahorro y austeridad del gasto público incentivadora de una especie de concurso suicida de deflación competitiva entre los países de la eurozona: recorte de las inversiones públicas, recorte de los salarios de los funcionarios públicos, congelación de las pensiones, destrucción de los salarios privados por la vía de ulteriores ―flexibilizaciones‖ del mercado de trabajo, aumento del IVA, etc. (Algo así como si el Gobierno Federal de los EEUU, en vez de pagar, como lo hace, los cheques de la seguridad social y otros gastos públicos del quebrado estado californiano, impusiera a los californianos más austeridad e hiciera, además, que el resto de los estados federados compitieran entre sí y con California en austeridad.) El dumping fiscal y social y la deflación competitiva pueden tal vez funcionar en un solo país (ha funcionado en Alemania, catapultando sus exportaciones en los últimos años), pero a condición de que los demás se abstengan de hacerlo. Es una evidente falacia de composición pensar que todos o muchos pueden hacerlo a la vez: el 60% de las exportaciones alemanas van a parar a países de la UE; la depresión de la demanda efectiva a escala europea no puede dejar de afectar negativamente a las exportaciones alemanas (y de cualquier otro país miembro).

A juzgar por la evolución de los mercados a lo largo de la semana pasada –de lunes a viernes—, los mercados no han tardado en sacar esa misma conclusión: el MEE ha fallado ya en su mismo arranque. Paul Volker, el antiguo presidente de la Reserva Federal norteamericana ha hablado abiertamente de proceso de ―desintegración del euro‖, y el propio presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, que hace apenas unos días se llenaba la boca con ―brotes verdes‖, acaba de declarar que asistimos a la peor crisis conocida, no desde la Segunda Guerra Mundial, ¡sino desde la Primera!

El lunes 10 de mayo, el Banco Central Europeo inició una intervención masiva y precipitada en los mercados secundarios de la deuda, siguiendo los acuerdos del ECOFIN y renunciando manifiestamente a su pretendida ―autonomía‖, ahora que se trata de salvaguardar los intereses de los mercados financieros. De toda la semana, la intervención del lunes en el mercado de deuda fue sin duda la que tuvo el mayor efecto de shock sobre las mesas de deuda pública de los grandes bancos, cuando empezaron a recibir de repente cadenas de llamadas de empleados del Eurosystema que les pedían comprar cantidades ingentes de bonos griegos, irlandeses y portugueses, a casi cualquier precio e inmediatamente. Según las estimaciones de la prensa especializada, el BCE ha comprado hasta el momento bonos de estos tres Estados miembros por un valor aproximado de 20.000 millones de euros. Pero con efectos dispares: mientras el interés del bono griego cayó del escandaloso 12% al 8%, el bono portugués subió un punto. La exclusión de los bonos españoles e italianos mantuvo el mercado estable hasta el día 13, cuando comenzaron a subir de nuevo, inmediatamente después del anuncio del plan de choque de Zapatero. Pero los mercados financieros se llenaron de dinero público. No es de extrañar que las bolsas europeas alcanzaran subidas sin precedentes ese mismo lunes, para a continuación iniciar un proceso de corrección durante toda la semana, que acabó el viernes 14 de mayo con pérdidas también históricas. Por poner el ejemplo español, el Ibex 35 pasó de subir el 14% a caer el 6,6% en las dos fechas señaladas.

Como han resaltado numerosos analistas, el BCE tomo la decisión de comprar deuda pública bajo una enorme presión política y de unos mercados en pánico, que exigían su intervención, alegando que ―si no se hace algo ya, el efecto contagio causará el derrumbe de todos los mercados, uno tras otro, y luego resultará imposible de arreglar‖. La decisión del consejo de gobierno del BCE no fue unánime, como reconoció Trichet, ya que probablemente al menos Weber (presidente del Bundesbank y candidato a sustituirle) se opuso. El BCE tomó la decisión a regañadientes y en abierta contradicción con sus propios principios fundamentalistas de no hacer nada que pudiese considerarse una financiación indirecta del déficit público de los países que han mostrado mayor irresponsabilidad fiscal.

En la conferencia de prensa mensual del BCE sobre la política monetaria del pasado jueves 6 de mayo, Trichet respondió a un periodista que el consejo de gobierno del BCE ni siquiera había discutido el tema de compra de deuda pública. Es decir, ¡cuatro días antes de anunciar la decisión de comprar deuda pública!
Para escapar a la obvia acusación de que financiaba el gasto público a expensas de la responsabilidad fiscal y de la estabilidad de precios, violando los términos de su mandato, el BCE se escudó en el argumento de que el objetivo de las compras era ayudar a recomponer aquellos segmentos del mercado de deuda pública que habían dejado de funcionar con normalidad. También que absorbería a través de operaciones especiales las inyecciones de liquidez creadas con las compras de deuda pública, de modo que las desenfrenadas presiones inflacionistas así creadas por el propio BCE no pusiesen en riesgo la sacrosanta estabilidad de precios. Nada de ello ha ocurrido hasta la fecha.

Los mercados financieros habían recibido el mensaje: la UE no permitiría la quiebra a corto plazo de ninguno de sus Estados miembros, y garantizaba a corto las ganancias de los especuladores en el mercado secundario -aunque con el riesgo añadido de tener que cubrirse comprando a precios más altos- , a fin de que se retirasen temporalmente del mismo mientras entraba en funcionamiento el MEE. Es decir, mientras los Estados miembros en peligro se sometían a la terapia de choque neoliberal contra sus crisis presupuestarias: el 12 de mayo, España, y un día más tarde, Portugal. Además, el BCE, adelantándose a las necesidades de los especuladores en su traslado al mercado de divisas, el 11 de mayo volvió a abrir la línea de crédito swap en dólares y otras divisas (en colaboración con el FED, el Banco de Inglaterra y el Banco Nacional Suizo) a los bancos nacionales y privados, aunque la demanda no superó los 9.000 millones de dólares, a pesar de las presiones por refinanciar los activos de los bancos europeos en EE UU.

Pero el mensaje era también de debilidad. Por partida doble. Con todo el capital inyectado por el BCE como catalizador, más la perspectiva de nuevas líneas de crédito alimentadas por el BCE en divisas, los inversores de todo tipo se trasladaron del mercado secundario de la deuda al mercado de divisas buscando liquidez y transparencia [4], y comenzaron un ataque lento pero acumulativo contra el euro, que comenzó a caer desde el 1,3 hasta el horizonte de la paridad con el dólar, sin que se haya tenido más noticia de para qué puede servir en este caso el MEE. Por otro lado, prisionero de la ―paradoja de Minsky‖ [5] todo el plan de salvamento de la deuda europea, lo único que se conseguía era ganar tiempo para ver la eficacia, o falta de ella, de la terapia de choque de la deflación competitiva, es decir, con un ajuste a través de las caídas de los salarios, el recorte del gasto social, la drástica caída de la inversión pública y el sostenimiento de los pagos de la deuda a través del incremento de la exportación. ¿Exportación de quién hacia quién? En el caso de la UE, de los países de la periferia europea hacia Alemania, pero a condición de que se produjera un aumento de la demanda interna alemana –que no es la política del gobierno liberal-conservador presidido por Merkel—, así como un aumento de las exportaciones alemanas a un mercado mundial con salarios deprimidos al estilo chino. Todo, en una jerarquización de las consecuencias de la crisis hacia abajo, tanto en términos sociales como de centro-periferia geopolítica. Lo cierto es que ambas debilidades se alimentan en la ilusoria lógica neoliberal: se fantasea con que la depreciación del euro a causa de los ataques especulativos pudiera ayudar a ganar competitividad exportadora mundial a la locomotora europea, lo que, a su vez, vendría a reforzar las terapias de choque.

Muchos analistas de bancos de inversión consideran que el impacto negativo sobre el crecimiento de la economía griega del recorte del gasto público exigido por la UE, el BCE y el FMI será tal, que Grecia no tendrá más remedio que reestructurar parte de su deuda para poder pagarla. Es decir, el plan de ajuste fiscal es tan brutal, que lejos de hacer sostenible el pago de la deuda, empeorará su sostenibilidad. ¿Pero qué sentido tiene eso, cuando lo que se ha decidido es rescatar a Grecia? De esa flagrante contradicción no puede concluirse sino que el plan de ajuste griego fue concebido, ante todo y sobre todo, como una advertencia ejemplificante para los demás países de la zona euro, en especial España y Portugal, aun a costa de condenar a la economía griega al impago parcial y a la reestructuración de su deuda. Y a juzgar por los resultados posteriores, el objetivo principal ha sido un éxito.

La crisis financiera dio paso a una crisis económica galopante, y ésta ha dado paso a una crisis fiscal de déficit público. Y la forma de encarar la crisis de déficit público amenaza ahora con un nuevo rebrote virulento de la crisis económica, precisamente cuando, pretendidamente, aparecían algunos datos incipientes de recuperación. Lo que manifiestamente está hoy en cuestión es todo el proyecto de construcción europea neoliberal. Al fracaso de legitimarlo con una Constitución europea rechazada en Francia y Países Bajos, hay que sumar ahora la absoluta inoperancia del Tratado de Lisboa que vino a tomar el relevo, el fin del fetichismo de la ―autonomía‖ de un BCE perdido en una errática política de intervención en los mercados y, en fin, la patente incapacidad de sostener el pacto social que subyace al ―modelo social europeo .

La Estrategia 2020, que era la ―joya de la corona‖ de la nueva Comisión presidida por Barroso tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, y que debía orientar la recuperación económica [6], se ha visto abrupta y tajantemente sustituida esta pasada semana por las amenazas del ECOFIN y las conminaciones intimidatorias a los gobiernos de los Estados miembros en dificultades. La gobernanza económica‖ –a partir de un aumento del raquítico presupuesto europeo y de una incipiente coordinación de las políticas fiscales— ha sido sustituida por la disciplina tanatoplástica de la terapia de choque: la Comisión europea se erige ahora en guardiana del proceso de elaboración presupuestario de los Estados miembros, antes de su adopción parlamentaria. A la pérdida de la soberanía monetaria viene a añadirse la pérdida de la soberanía fiscal, secuestradas ambas por una elite tecnocrática tan cerrilmente dogmática doctrinalmente como entregada, en la práctica, a los intereses de los rentistas financieros. Mientras, pongamos por caso, los grandes entidades financieras privadas pueden tomar préstamos del BCE al 1% para comprar títulos de deuda pública griega remunerados con intereses artificialmente hinchados por la especulación hasta más del 7%, [7] un gobierno como el griego del socialista Papandreu, que acababa de ser elegido democráticamente por su población para desarrollar una política de expansión y de gasto social, es forzado por los eurotecnócratas y por unos mercados financieros dominados a su buen placer por los especuladores a poner por obra una política de deflación competitiva.

El mensaje es inequívoco: si el proceso de construcción neoliberal de Europa ha fracasado, lo que ha de cambiar es Europa, para adaptarse al neoliberalismo, en vez de abandonar el neoliberalismo para construir Europa [8].

Zapatero dobla la cerviz

El Plan de Austeridad presentado por el presidente Zapatero en el Congreso de los Diputados el 17 de febrero /9 ponía punto final a meses de equilibrios funambulescos entre la promesa de mantener los derechos sociales y laborales de los trabajadores y el apoyo a los beneficios empresariales, equilibrios posibilitados por la colocación de deuda pública española en los mercados financieros. La crisis económica empezaba a dar paso prioritario a la crisis fiscal, y el discurso de un nuevo modelo económico, recogido en la Ley de Economía Sostenible, al de la austeridad como mensaje contra los ataques especulativos en los mercados financieros del 27 y 28 de enero y del 4 de febrero.

Sin embargo, el anuncio del Plan de Austeridad se vio eclipsado en su día por el del posible aumento de la edad de jubilación a los 67 años. La respuesta de CC OO y UGT a esta segunda amenaza con la manifestación del 23 de febrero, y la enfática afirmación del Gobierno de que eso no se haría en ningún caso fuera del consenso parlamentario del Pacto de Toledo, crearon la falsa impresión de que el Plan de Austeridad era un solo mensaje destinado a los mercados financieros, y por lo mismo, modulable a través del diálogo social y de la presión sindical. A ello contribuyó el propio Zapatero: ―A los que discrepan les digo que éste es un Gobierno que escucha, que no es un Gobierno, ni lo ha sido ni lo va a ser, de decretazos, sino que su seña de identidad será el diálogo y el acuerdo‖ (El País, 24-2-2010). Y la Ministra de Economía, Elena Salgado, quien corrigió públicamente a su Secretario de Estado, Carlos Ocaña, que había amagado con una posible revisión para 2011-2012 del Acuerdo de la Función Pública con los sindicatos de funcionarios (El País, 25-2-2010).

Mientras tanto, la crisis fiscal griega comenzó a hacer estragos a golpe de planes de choque impuestos por la UE y el FMI –el consumado ―especialista‖ en planes de choque y en ajustes estructurales que hunden economías, inopinadamente entrometido ahora en Europa gracias la señora Merkel y celebrado como tal especialista por la señora Lagarde—, de nuevos ataques especulativos contra la deuda pública griega y de huelgas generales y manifestaciones en las calles, todo a la espera de una decisión política de rescate por parte de la Comisión y el BCE, bloqueado por la Canciller Merckel ante las elecciones regionales en Renania, que finalmente perdería.

En España, la acumulación de intervenciones exigiendo una reducción del déficit público más rápida no se hicieron esperar, con la consigna de que ―España no es Grecia, pero puede contaminarse‖. El presidente del BBVA, en su junta de accionistas, exigía un ―plan urgente y sostenido‖ de reducción del déficit fiscal (El País,12-3-2010). El Banco de España informaba de que la deuda de las comunidades autónomas se había disparado en un año el 25,8%, hasta los 86.280 millones de euros (El País, 13-3-2010). Las agencias de calificaciones comenzaron a amagar con una probable rebaja de su estimación de riesgo de la deuda pública, hasta que Standard and Poor´s la hiciera efectiva el 10-4-2010. La emisión de deuda el 20-4-2010 por el Banco de España, por un valor de 6.600 millones de euros, se hizo sin ningún problema, pero con un tipo marginal del 0,904% en vez del 0,848% del mes de febrero, lo que, sin embargo, permitió ya al ex-ministro neoliberal de Felipe González Carlos Solchaga sumarse a la campaña de presiones. Pero todavía el centro del debate estaba ocupado por las negociaciones del Pacto de Zurbano, que buscaban forjar consensos entorno al Plan de Austeridad, al diálogo de sordos sobre la reforma del mercado laboral y a las fusiones de las Cajas de Ahorro. Los nuevos ajustes se dejaban para la negociación del presupuesto del 2011, en otoño.

No era, por otra parte, éste el único problema del Reino, que sufría una crisis abierta de la administración de justicia en tres casos tan importantes como la acusación contra Baltasar Garzón por ―prevaricación‖ a causa de su investigación de los crímenes del franquismo, el bloqueo del Tribunal Constitucional en el dictamen del Estatut de Catalunya a recurso del Partido Popular y, por último, la absolución, tras siete años de persecuciones inquisitoriales, de los periodistas de Egunkaria.

El 4 de mayo, coincidiendo con una visita de Zapatero a la Comisión en Bruselas en el marco de la presidencia rotatoria de España en el Consejo, las bolsas europeas se desplomaron –como había ocurrido durante su intervención en Davos el 28 de enero—, y el Ibex 35 cayó un 5,4% ante el rumor de que el verdadero objetivo de su viaje era preparar un plan de rescate por valor 280.000 de euros. El día antes se había aprobado el plan de rescate de 110.000 millones de euros para Grecia y el Gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, había alabado el plan para insistir, aun si marcando las diferencias con España, en la urgencia de llevar a cabo las reformas estructurales neoliberales por él defendidas. En la rueda de prensa con Van Rompuy, un Zapatero desencajado no pudo sino balbucear un desalterado "no doy crédito, es una absoluta locura, un despropósito monumental". Pero el rumor costó a los grandes bancos españoles una pérdida del 7% y, a partir de ese momento, la presión se hizo insoportable para un Gobierno cada vez más dividido y políticamente desnortado.
Un cambio radical de horizonte
¿Qué nos espera ahora?
En el terreno económico, hay que constatar que estamos sumergidos en un bucle especulativo y de medidas de austeridad que abre la perspectiva de una segunda recesión, poco después de que la primera pareciera a pique de tocar fondo, como consecuencia de la crisis fiscal: desaparece del horizonte hasta la perspectiva de una lenta recuperación sin empleo. El ejemplo de lo ocurrido en América Latina en la década de los 80 y 90, por muchas diferencias que haya, como con Grecia, debe ser tenido en cuenta. La terapia de choque neoliberal y el modelo de servicio de la deuda a través de rebajar salarios para ganar competitividad exportadora ha tenido consecuencias desastrosas allí donde se ha aplicado. En la UE, el espacio económico más grande del mundo, y el espacio en donde, mal que bien, mejor se conservan los restos del capitalismo socialmente reformado de la postguerra, puede suponer el asalto final al llamado ―modelo social europeo‖ en nombre de la defensa de un euro acorralado por los especuladores.

En el terreno social, el proceso de polarización y desigualdad social que ha ido desarrollándose en estos años, se acelerará. Es lo más previsible que las resistencias de los sindicatos europeos a las terapias de choque tarden en recobrar densidad, efectividad y capacidad de coordinación. Se abre en Europa un período largo y dramático, y de relevancia políticamente planetaria. Es de esperar que permita ganar experiencia y aprender lecciones, unas nuevas, otras, y acaso las más, catastróficamente desaprendidas. La más importante es, sin duda, la de la necesidad de la unidad y de la movilización, de la perentoria urgencia de recomponer las divisiones que introduce la crisis entre parados y trabajadores con convenios sindicales y por sectores, a través de la tradicional política de frente unificado de la población trabajadora.

En el terreno político, la presión y la vigilancia sobre los últimos gobiernos social-demócratas de la UE, España y Portugal, los ha dejado sin margen de maniobra y en abierta confrontación son su base social. La reconstrucción de la izquierda solo puede hacerse en la defensa de los trabajadores, en la resistencia contra las terapias de choque neoliberales, a partir de la organizaciones sociales y sindicales pero planteando la necesidad de una alternativa política.

En el Reino de España, el calendario no puede ser más claro: la resistencia al plan de choque tiene que tener lugar antes del verano, y ya está convocada una huelga del sector público para el día 2 de junio. CC OO y UGT no quieren abandonar de momento la posibilidad de lograr algún avance en las negociaciones de la reforma laboral, previendo una correlación de fuerzas política cada vez más negativa, lo que explica su prudencia a la hora de concretar la perspectiva de una huelga general. Las elecciones autonómicas de Catalunya en octubre se verán muy condicionadas no solo por el clima social, sino también por el dictamen del Tribunal Constitucional –si finalmente tiene lugar— sobre el Estatut. Las posibilidades de mantener un gobierno de izquierda frente el avance electoral de CiU (que cuenta con el apoyo poco disimulado del sector neoliberal del Gobierno Zapatero) dependen completamente de la movilización de una izquierda catalana fragmentada y, aparentemente, en desbandada. Después, en otoño, el debate sobre los presupuestos de 2011 hará muy difícil al Gobierno mantener una mayoría parlamentaria, ya sea circunstancial, frente a las presiones de los mercados especulativos, a la resistencia sindical y a la movilización de la derecha social y política exigiendo elecciones anticipadas. Será muy difícil que el Gobierno Zapatero pueda llegar en estas condiciones a las elecciones autonómicas y municipales y, en todo caso, lo hará con una erosión creciente de su base social, y con la perspectiva cierta de una derrota electoral en las legislativas.

Movilización y resistencia unitarias
Lo primero, por lo tanto, es preparar la movilización y la resistencia contra el plan de choque. Acumular correlación de fuerzas a través de la suma de pequeñas resistencias que preparen la confluencia de movilizaciones mayores. El miedo a una victoria de la derecha, que hasta ahora ha resultado determinante de la prudencia de los sindicatos de clase y de la base social que ha sostenido al Gobierno Zapatero, se irá disipando con la certeza de que la derecha ya se ha hecho con el propio Gobierno desde dentro. Resultaría cómico, si no fuera trágico, escuchar a Rajoy defender el poder adquisitivo de las pensiones frente a Zapatero.

Los objetivos más inmediatos son evidentes: frenar el plan de choque, cumplimiento del Acuerdo de la Función Pública firmado en septiembre de 2009 y no a la reducción del 5% de los salarios de los funcionarios, el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de las pensiones, la financiación plena de la Ley de Dependencia y un plan de inversión pública a favor del empleo.

Pero además hacen falta propuestas que aumenten el ingreso público para hacer frente a la crisis fiscal y permitan evitar mayores desigualdades sociales. Las de Izquierda Unida, de ICV, de las nuevas tendencias anticapitalistas, son claras y concretas, y apuntan todas a un mismo camino: el de una reforma fiscal progresista en la media de la UE, para que ―pague quien más tiene", impuestos a las grandes fortunas, restauración el Impuesto del Patrimonio, derogación de las rebajas fiscales de las sociedades patrimoniales de inversión (las escandalosas SICAV, que sólo tributan el 1%), a favor de la regulación y de la tasación de los mercados financieros, a favor de una gestión unificada de la deuda pública europea al servicio del crecimiento económico y de los ciudadanos europeos, no de los especuladores y de los gobiernos neoliberales.

Se precisa de medidas para reducir el fraude fiscal y la economía sumergida. Se precisa de inversión en la adquisición de viviendas a precio de coste para constituir un Parque Público de Viviendas en Alquiler (no superior al 30% de los ingresos de los inquilinos). Es necesaria la suspensión de los procesos de ejecución del desahucio por impago de hipotecas de los trabajadores en paro. Es necesaria la educción del IVA de los alimentos de primera necesidad. Es imperioso el recorte del gasto militar y la retirada de las tropas españolas de Afganistán.

Todo el mundo comprende que la soberanía democrática de los pueblos europeos está en trance de verse definitivamente burlada por las furias privadas de unos mercados financieros enloquecidos, que resultan ser los verdaderos lazarillos de una elite tecnocrático-política evidentemente ciega. Que esa comprensión, que de una u otra forma ha ingresado ya en el sentido común popular europeo, logre canalizarse y articularse de una manera política adecuada, en vez de enquistarse en una resignación y en una impotencia peligrosamente manipulables por la extrema derecha, de eso, precisamente, se trata.

NOTAS: [1] El texto de la intervención de Zapatero y el debate parlamentario puede consultarse en el diario de sesiones del Congreso, http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/DS/PL/PL_162.PDF . [2] Para un resumen de las medidas del plan de choque, véase El País: http://www.elpais.com/articulo/espana/nuevas/medidas/Gobierno/quiere/ahorrar/15000/millones/elpepuesp/20100512elpepunac_5/Tes . [3] El art 122 del Tratado de Lisboa: "en caso de serio riesgo de dificultades graves en un Estado miembro, ocasionadas por catástrofes naturales o acontecimientos excepcionales que dicho Estado no pudiese controlar, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá acordar, en determinadas condiciones, una ayuda financiera de la unión al Estado miembro en cuestión. El presidente del Consejo informará al Parlamento Europeo acerca de la decisión tomada". [4] No es fácil distinguir entre los llamados “especuladores” (incluidos los fondos de riesgo) y otro tipo de inversores, como bancos o fondos de inversión, que se deshacen de activos europeos en euros simplemente para limitar su exposición al riesgo. Por ejemplo, muchos fondos de seguros o pensiones están obligados a invertir sólo en activos con una cierta calificación (AA o BBB, por ejemplo) y después de que S&P, Fitch y Moodys le rebajasen la calificación a Grecia o Portugal, algunos de ellos se vieron obligados a dejar de invertir en deuda pública de estos países. Otros fondos o bancos son sensibles a la volatilidad y, en cuanto ésta es excesiva, sus modelos de Value at Risk (VAR) les obligan a vender los activos que han traspasado cierto nivel de volatilidad. En otros casos, los departamentos de riesgo de ciertos bancos pueden simplemente dar la orden de que se deje de comprar activos con riegos si consideran que es excesivo. Lo que sí está claro es que los llamados especuladores siempre necesitan de mercados líquidos (mercados donde uno puede “salir y entrar” o ejecutar órdenes de compra/venta de cierto tamaño rápidamente y a precios de compra y venta estrechos (tight bid/offer spreads) para poder jugar sus posiciones. El mercado de divisas es el mercado líquido por antonomasia. Después de que algunos mercados de deuda europea (como el griego, el portugués y, algunos días, incluso español) dejasen de funcionar con normalidad por la alta volatilidad e inestabilidad -¿cómo consigue especular un especulador en un mercado en el que nadie le quiere cotizar precios?- muchos de estos especuladores prefieren jugar a que “Grecia se hunde y la zona euro con ella” a través del mercado de divisas. [5] “Las economías capitalistas tienden a evolucionar de una estructura financiera dominada por unidades financieras cubiertas a otra en la que aumentan de manera significativa las finanzas especulativas y piramidales tipo Ponzi. Es más, si una economía con una cantidad apreciable de unidades financieras especulativas se encuentra en fase inflacionaria y las autoridades intentan combatir la inflación con medidas monetarias restrictivas, entonces se convertirán en unidades del tipo Ponzi y el valor de las anteriores unidades de tipo Ponzi se evaporará rápidamente. Como consecuencia, las unidades con limitaciones de liquidez se verán obligadas a reforzar sus posiciones vendiendo posiciones. Lo que es probable que derive en el colapso del valor de sus activos.”

Cfr. Hyman P. Minsky, “The Financial Instability Hyothesis” (1992) http://www.levyinstitute.org/pubs/wp74.pdf, así como su libro clásico: Stabilizing an Unstable Economy (1986, Yale University Press). [6] La Estrategia 2020 de la UE: http://ec.europa.eu/eu20/pdf/COMPLET%20ES%20BARROSO%20-%20Europe%202020%20-%20ES%20version.pdf . [7] Véase:Juan Hez. Vigueras, “El papel del BCE en la crisis grtiega”; también: Vicenç Navarro, “Lo que no se dice de la crisis”, Público, 15 de mayo 2010: http://blogs.publico.es/dominiopublico/2013/lo-que-no-se-dice-de-la-crisis/ [8] Ver en este sentido los pedagógicos articulo del semanario The Economist, en su edición de 15 de mayo 2010, “The Euro and the future of Europe: No going back” y “Emergency repairs”. http://www.economist.com/opinion/displayStory.cfm?story_id=16116773&source=hptextfeature . [9] Ver G. Buster, “Zapatero ofrece un Pacto de Austeridad no de lucha contra la crisis”, Sin Permiso http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=3126
Antoni Domènech es el editor de SinPermiso. Alejandro Nadal y Gustavo Búster son miembros del Consejo Editiorial de SInPermiso. Daniel Raventos es redactor de SinPermiso.

miércoles, 19 de mayo de 2010

Los funcionarios: no somos los culpables del gasto, es un discurso populista



Expansión. com.

Publicado el 19-05-2010 , por Marga Castillo Grijota

La decisión del Gobierno de bajar las nóminas públicas un 5% de media ha levantado ampollas entre los trabajadores públicos, que verán mermar su nómina en el primer recorte 'por decretazo' de sueldos de los funcionarios de la historia, algo que había descartado hace tan sólo tres meses, a lo que se une una pérdida de poder adquisitivo de más de 40% en tres décadas, según sus cálculos. Los trabajadores públicos pueden asumir que se les baje el sueldo, pero no que se les señale como los culpables del déficit en un discurso populista y que no se tengan en cuenta otros métodos más eficaces para recortar el gasto de las administraciones, como la reducción de altos cargos en las empresas públicas. Se temen, además, que los recortes no sean equitativos entre trabajadores, incluso del mismo nivel salarial. Pero el Ejecutivo ya hecho sus cuentas.

Los trabajadores de las administraciones públicas esperan el anuncio público del contenido del Decreto ley que contiene las medidas encaminadas a reducir el gasto confirme las "tablas" que circulan vox populi entre los distintos organismos públicos -a falta de notas o circulares internas que lo confirmen- y que supondrían pérdidas reales de entre el 3% y el 10%, según el nivel profesional de cada cuerpo de funcionarios. A ello se suma el rumor de que además de los recortes anunciados, se suprimirá la paga extra de Navidad.

Según los datos a los que ha tenido acceso Expansion.com, con el fin de que sean los sueldos más abultados los que más adelgacen, los sueldos bajarán, a grandes rasgos, en un 3% de media hasta el nivel 16 (grupos C2-D: administrativos, auxiliares, subalternos...). La reducción sería de un 5% de los niveles 17 al 20 (grupos C1 y C2: administrativos), mientras que en los niveles 21 al 25 (grupo A2: administrativos, gestores), la reducción sería del 7%. Finalmente, alcanzaría el 10% en de los niveles 26 al 30 (grupo A1: técnicos y gerentes).

"Los funcionarios autonómicos y locales bajará menos que el de los funcionarios de la administración central si se decide tocar el complemento específico"

A estos eventuales recortes por decretazo se suma una pérdida salarial progresiva desde comienzos de los años ochenta. Los trabajadores públicos afirman que desde 1982 hasta 2007, cuando comenzó la crisis económica, el incremento real de las nóminas públicas sólo aumentó un 1,72% en 1991, y el resto de años los incrementos del IPC real siempre han sido superiores a los aumentos salariales del personal público y el resto de años, con suerte, han rondado el 0%. En los últimos dos años, durante la recesión, la pérdida de poder adquisitivo ha sido aún mayor, con subidas inferiores al IPC.

Además, las bajadas anunciadas por el ejecutivo no afectarán, presumiblemente, a todas las escalas salariales ni tampoco se aplicarán de forma homogénea para los funcionarios estatales, autonómicos y locales. Dependiendo de los conceptos salariales que se toquen (sueldo base, complemento específico y de destino, productividad, trienios...), los trabajadores públicos estatales podrían sufrir un agravio comparativo frente a los autonómicos, y muchos funcionarios de más alto nivel no entienden que se les tenga que pedir a ellos mayor esfuerzo, cuando su preparación técnica y cometidos son mucho más exigentes que los de escalas inferiores. De cualquier forma, el "tijeretazo" también va a repercutir en el grueso mileurista de las nóminas públicas.

"Si por cuestiones de equidad es necesario repartir la riqueza, se tendría que hacer vía impuestos, no tocando los sueldos, ya que pagan el valor del trabajo"

Los sindicatos de las Administraciones Públicas han tildado las medidas de "graves, injustas y evitables", y los propios trabajadores públicos tampoco entienden por qué son ellos los que tienen que pagar el incremento del gasto público, que representa más de un 46% del PIB, según datos del Consejo General de Colegios de Economistas.

La decisión del Ejecutivo parece inapelable y se ha basado en cifras: el 17% de las personas con empleo son asalariadas del sector público -funcionarios de carrera y empleados públicos-, dos terceras partes de ellos, pertenecientes a las autonomías y las entidades locales. Y detrás de las cifras se esconde una realidad más complicada: mientras se pide contención y esfuerzo a las administraciones, sólo se auditan el 8% de las entidades públicas, lo que impide la transparencia de las cuentas, algo especialmente grave en el sector local, en la que el porcentaje de auditorías alcanza sólo un 5%. Éste es el marco que preocupa a los propios trabajadores de las administraciones.

Rafael Coloma, Técnico Comercial y Economista del Estado y vicepresidente tercero de Fedeca
"Aún no se sabe cómo van ser los recortes, pero creo que afectarán más a los cuerpos superiores (A1), y más a los de la Administración central, aunque aún no se sabe cómo, y me parece mal que no afecte a los empleados de las empresas públicas. El problema no es de sueldos, sino de estructura administrativa.

"Los cuerpos especiales, al vincular componentes de sus retribuciones a la función, serán más escurridizos, como ocurrirá, por ejemplo, con la productividad de los inspectores de Hacienda"

Los salarios de los funcionarios se dividen en varios conceptos: el problema es que el sueldo base y el complemento de destino se determinan desde la Administración Central para todas las administraciones, pero el complemento específico lo determina cada centro directivo. Por lo tanto, si este último no queda afectado por el recorte, la gente con el complemento más alto (CCAA, locales) verá su sueldo proporcionalmente menos reducido que los funcionarios de la administración central, con específicos más bajos. Además, la cosa puede ser tan perversa que dos funcionarios de la administración central niveles 30, verían su sueldo reducido de manera distinta, según el complemento específico, de tal manera que el que más cobra lo vería menos reducido, ya que cobra más por el complemento específico.

Creo que las partidas de sueldo que más se tocarán son el sueldo base y el complemento de destino, pero la progresividad en el recorte [que pierdan más salario los que más ganan] no es una medida equitativa. No, porque la equidad es un concepto impositivo y no salarial. Es decir, si por cuestiones de equidad es necesario repartir la riqueza, se tendría que hacer vía impuestos, que son progresivos (los directos) o gravan ciertas fuentes de renta exclusivas de gente de mayor poder adquisitivo (patrimonio). Pero nunca a través de los sueldos, porque el sueldo refleja la capacidad de trabajo y su valor. Es decir, se está valorando el trabajo de una persona. Mientras, los impuestos se pagan en función del valor de la renta, que incluye fuentes no salariales. Por lo tanto, al reducir el sueldo se está actuando sobre una única fuente de renta, no como el IRPF, que actúa sobre todas. Por poner un ejempo, un bedel puede tener miles de euros en acciones, pero no ve su sueldo reducido, es decir, no paga más quien más tiene.

Además, al final, el sueldo es un precio por el valor del trabajo, no de riqueza. Si un sueldo es mayor que otro es porque (en teoría) el trabajo es de mayor valor; no se puede comparar lo que hace un bedel con lo que hace un inspector de hacienda o un abogado del estado. Están modificando el precio relativo de las cosas: es como si ahora decimos que hay que bajar el precio de los hoteles, pero más el del Ritz que el de la pensión de la esquina. Pese a ello, no creo que sea efectiva ahora una convocatoria de huelga, probablemente sea hasta contraproducente. No me sumaría a los paros".

J. R. Chaves (Sevach), Técnico Superior excedente y Profesor de Universidad
"Nadie sabe a qué grupos, tramos y escalas de funcionarios afectará más el recorte salarial hasta que el Consejo de Ministros no apruebe el Decreto ley, pero bajo la lógica política afectará más a los funcionarios de los grupos superiores que sobre los inferiores, quedando el ámbito político de altos cargos sujeto a recortes fuertemente testimoniales, pero realmente ficticios, ya que estos altos cargos cuentan con medidas compensatorias alternativas, como las dietas, pluses o asistencias.

"Me parece una barbaridad que la medida no afecte a las empresas públicas, porque ahí están los mayores yacimientos de ingresos, además de menor legitimidad para su función y no han superado oposición competitiva alguna"

Los recortes afectarán al común de los funcionarios y las partidas de sueldo que más se tocarán serán las retribuciones básicas, aunque lo ideal y asumible sería suprimir una de las dos pagas extras al año. Los cuerpos especiales, al vincular componentes de sus retribuciones a la función, serán más escurridizos, como ocurrirá, por ejemplo, con la productividad de los inspectores de Hacienda. Por otra parte, el recorte no debería afectar de modo diferente según cada Administración ya que, por lo que sabemos hasta ahora, el título competencial del Estado es la aprobación de normas básicas, y por tanto, no caben distingos entre Administraciones. El gran problema es que si el Decreto se fija en el "sueldo" o "complemento de destino" de señorío estatal no se podrán buscar escamoteos y, en cambio, si se fija en retribuciones legales, la tentación de Administraciones locales y autonómicas de escamotearlo con modificaciones del específico será muy fuerte.

No creo que la progresividad en los recortes sea equitativa: sería así si se actuara sobre el Impuesto de la Renta, no sobre las retribuciones, que nada dicen de las cargas personales y familiares de cada cual. Me parece una barbaridad también que la medida no afecte a las empresas públicas, porque ahí están los mayores yacimientos de ingresos, además de menor legitimidad para su función y que no han superado oposición competitiva alguna. Bajarnos el sueldo es una medida útil y necesaria para reducir el déficit público, pero no suficiente si no va acompañada de recorte del gasto en otros sectores, y particularmente en el ámbito de altos cargos.

Creo que la llamada a huelga de CCOO, CSI-CSI.F y UGT en junio es inútil, porque se reprocha no que se corten los salarios, sino que se efectúe tarde y contra lo que se venía afirmando. No me sumaría a los paros, sería mejor negociar con los sindicatos compensaciones sin coste, como ofrecer más vacaciones".

Francisco de la Torre, secretario general de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE)
"Más allá de la referencia genérica de que se recortará más al que más gana, no tenemos más información al respecto sobre qué partidas salariales quedarán más afectadas, aunque parece que serán todas por igual. Sólo sabemos que el recorte global será de un 5%, pero para los funcionarios y empleados públicos con categoría de directivos y altos cargos podría llegar hasta el 15%. Esta situación está añadiendo incertidumbre al lógico malestar por el recorte del sueldo que, en algunos casos, puede ser muy sustancial. Los funcionarios de los cuerpos superiores como inspectores de Hacienda y de Trabajo y abogados del Estado serán los más afectados. No creo que la progresividad en el recorte sea una medida equitativa, porque no estamos hablando de una medida fiscal, como podría ser una subida del IRPF, sino de las retribuciones por el trabajo realizado. En la práctica, esto supone un menosprecio del trabajo más cualificado que se realiza en las Administraciones Públicas.

"Hay que reducir el déficit público, pero se deberían haber adoptado otras medidas como el recorte de subvenciones, la racionalización de las estructuras administrativas o la mejora de la lucha contra el fraude fiscal"

Es muy probable que el recorte afecte de forma distinta a funcionarios estatales, autonómicos y locales, ya que estas administraciones territoriales gozan de autonomía frente a la estatal. Sin embargo, sería muy negativo que esto sucediese, porque la mayor parte del gasto público y, en concreto, del gasto de personal, se concentra en las Administraciones Territoriales, por lo que si no hay un recorte parecido, el recorte no sólo será más injusto, sino también más inútil. Por otra parte, no le veo sentido a que se haya excluido de la decisión a los empleados de empresas públicas. Aunque la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega haya dicho lo contrario, también los funcionarios tienen una negociación colectiva, y no entendemos por qué a los empleados públicos se les respeta y los funcionarios, no. Esto se entiende aún menos con el precedente del recorte por Decreto ley de los sueldos de los controladores hace unos meses.

"Una huelga podría ser útil como medida de presión, pero no suficiente si no se acompaña de otras medidas que supongan una implicación de los empleados públicos en la denuncia de los excesos económicos del sistema"

Está claro que hay que reducir el déficit público, pero creemos que se debían haber adoptado otras medidas con anterioridad, como el recorte de subvenciones públicas, la racionalización de las estructuras administrativas o la mejora de la lucha contra el fraude fiscal, entre otras muchas. Debemos reducir el déficit permanentemente, no coyunturalmente y con un tremendo coste social y de eficacia, que es lo que se consigue con este "tijeretazo". Considero que una huelga sólo será útil –si es que lo es– para salvar la cara de los dirigentes de ambos sindicatos, además de para crearle problemas durante 24 horas al ciudadano de a pie. Nosotros creemos que habría que convocar otro tipo de propuestas y dudamos de si sumarnos a la convocatoria de huelga porque la propuesta está liderada por las personas y organizaciones menos adecuadas".

Antonio Arias, síndico de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias
"Está circulando una tabla de recortes salariales según el nivel cuya fiabilidad desconozco. Supongo que los grupos A y niveles 24 y superiores, costearán la congelación, y todo indica que afecta a las retribuciones básicas y la cuantía de cada complemento de destino, por lo que afectará de forma distinta a empleados estatales, autonómicos y locales. No se tiene en cuenta la bajada de sueldos de los empleados de las empresas públicas por un problema jurídico que lo impide. Al optar por un recorte en las cuantías básicas, quedan fuera.

"No se tiene en cuenta la bajada de sueldos de los empleados de las empresas públicas por un problema jurídico que lo impide"

Pienso que recortarnos el sueldo es una medida útil y necesaria para reducir el déficit público y de hecho, no será el último esfuerzo que se pida a los funcionarios. Lo que no veo de utilidad es una convocatoria de huelga en estos momentos y por tanto, no me sumaría a ella".

Javier Álvarez Villa, Técnico de la Administración Pública
"El recorte afectará más, si acaba llevándose a cabo a los grupos de empleados públicos que perciben unas retribuciones más bajas –Grupo E: personal subalterno y similares, Grupo C2: auxiliares administrativos y categorías análogas y Grupo C1: administrativos y demás cuerpos integrados en este grupo-. Para este personal el descuento salarial que se anuncia repercutirá de manera más gravosa en su renta personal y, en consecuencia, en su poder adquisitivo, aunque el importe en dinero que pierdan sea, en términos comparativos, inferior al de los Grupos A1 y A2 (titulados superiores y medios). A ello debe añadirse que es muy distinta la situación de los funcionarios y empleados públicos en general en estos Grupos superiores y medios (A1 y A2), ya que ocupan puestos base o de entrada, frente a los que se encuentran en puestos singularizados, sobre todo los que ocupan puestos de libre designación (del nivel 26 en adelante). Estos últimos perciben salarios que, en muchos casos, pueden rondar o superar los 3.000 euros, por lo que –aunque el porcentaje de descuento sea mayor– la disminución de poder adquisitivo no se resiente tanto.

"La decisión de recortar nuestros sueldos es populista, impuesta por eso que se llama eufemísticamente como 'mercados', y que no es otra cosa que el poder financiero trasnacional"

Respecto a la cuestión de la progresividad, ésta suele responder, con carácter general, a criterios de equidad. Otra cuestión es que pueda hablarse de equidad en relación con una medida como la que se anuncia, manifiestamente injusta en el contexto de las causas que han originado la crisis económica y de las medidas que resultarían necesarias para afrontarla. Dadas las diferencias salariales existentes entre Administraciones, no descarto que el recorte afecte de forma diferente a empleados estatales, autonómicos y locales. Como aún no disponemos de datos fiables, no sabemos si el porcentaje de descuento se aplicará sobre el salario íntegro o si se excluirán algunos conceptos.

Considero que una huelga podría ser útil como medida de presión y me sumaría a ella, pero no será suficiente si no se acompaña de otras medidas complementarias que supongan una implicación de los empleados públicos en la denuncia de los excesos económicos del sistema, en cuyo saneamiento se les utiliza ahora como “chivo expiatorio”. Debería de articularse una actuación colectiva de denuncia de los desmanes económicos del sistema partitocrático característico de la democracia – espectáculo vigente: hipertrofia de puestos de confianza, políticas publicitarias improductivas, prácticas clientelistas de captación de apoyos económicos, mediáticos o sindicales en perjuicio, en tantas ocasiones, de terceros con mejor de derecho y acompañadas, en muchos casos, de dispendios económicos inadmisibles.

"El próximo paso será, muy probablemente, una nueva oleada de privatizaciones, que volverá a justificarse en la necesidad de recortar el gasto público"

Igualmente, me parece un agravio comparativo inadmisible es que no se recorten los sueldos a los empleados de empresas públicas. Particularmente si se tiene en cuenta que muchas de estas empresas son el resultado de un proceso incontrolado de “huida del Derecho Administrativo” para privatizar la gestión de servicios públicos, eludiendo con ello, entre otros extremos, la convocatoria de procedimientos de acceso al empleo dependiente de las mismas conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Desde mi punto de vista, la decisión de recortar nuestros sueldos, cuyos detalles se conocerán mañana, es una medida de corte populista, impuesta por eso que se llama eufemísticamente como “mercados”, y que no es otra cosa que el poder financiero trasnacional. Lo paradójico del caso es que, esos mismos poderes fácticos que llevaron a la economía al precipicio y a los trabajadores al paro masivo, fueron los que exigieron a los Estados dinero en grandes cantidades para disponer de liquidez. Ahora, cuando los Estados han incrementado su deuda, tras sanear el descomunal agujero que crearon los especuladores financieros, les imponen un brutal recorte del gasto público con el objetivo de que puedan afrontar el pago de esa deuda.

Para culminar esta jugada maestra, esa imposición va acompañada de la prohibición de incrementar los ingresos a través de una política fiscal progresiva, es decir, aumentando los impuestos de los que más ganan, especialmente, de las grandes fortunas. El próximo paso será, muy probablemente, una nueva oleada de privatizaciones, que volverá a justificarse en la necesidad de recortar el gasto público".

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