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miércoles, 23 de abril de 2014

Trasladamos a la Fiscalía las graves deficiencias de seguridad en las oficinas públicas del edificio Buenavista (Calatrava), relatadas en la Comisión de investigación de la operación de “Los Palacios”






El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Delegada para la Siniestralidad Laboral en el día de hoy (ver escrito aquí), las declaraciones de un responsable de la empresa Ipezsa, D. Aquilino Zapico, ante la Comisión de Investigación que se viene desarrollando en el Ayuntamiento de Oviedo sobre la llamada “Operación de Los Palacios”, de las que se hacen eco algunos medios de comunicación en el día de ayer, en las que habría manifestado, relatando los defectos constructivos que padece el edificio, que otro de los fallos más graves está en las consejerías, en las alas que el Principado, a través de Sedes, compró a Jovellanos XXI. «No están aisladas contra el fuego, ni técnica ni acústicamente, denunció Zapico. «Si se produjera una chispa no sé qué podría ocurrir», advirtió sobre un asunto que «sabe Patrimonio». Además, «el forjado inferior del nivel uno está en contacto con el aire»”.

Recordamos que dicha empresa, según la misma información periodística, habría ejecutado todas las instalaciones (eléctricas, de climatización y saneamiento) del complejo de Buenavista, por lo que el autor de las declaraciones no es precisamente un indocumentado que pasaba casualmente por la Comisión de investigación.

A juicio del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies, de confirmarse los fallos de seguridad en el edificio Calatrava a los que se habría referido D. Aquilino Zapico, estos serían de una enorme gravedad, pues se está afirmando que no existen medidas suficientes contra el riesgo de fuego en un edificio en el que se encuentran trabajando más de 400 empleados públicos y en el que se atiende diariamente a un gran número de ciudadanos y ciudadanas que gestionan sus trámites en las oficinas ubicadas en esas dependencias (Consejerías de Presidencia, Cultura, Sanidad y Economía). Unas oficinas públicas que, recordamos, están situadas a gran altura, cuyo acceso lo constituyen dos ascensores, en las que la salida de seguridad es una estrecha y empinada rampa dotada de un gran número escalones, y en las que la producción de “una chispa” es una situación no descartable, dada la acumulación de material combustible dentro de las oficinas, dotadas con gran aparataje eléctrico.

A la vista de lo expuesto, consideramos que estos hechos deben ser investigados por la Fiscalía a los efectos de determinar su veracidad, dado que, de  ser ciertas las declaraciones efectuadas por el Sr. Zapico, podíamos encontrarnos ante el delito contra los derechos de los trabajadores tipificado en el artículo 316 del Código Penal :“Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses”.

Con la vida, la salud y la seguridad de los trabajadores y de los ciudadanos y ciudadanas no se juega.

Basta ya de bromas.

Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies



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