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domingo, 26 de octubre de 2014

Los contratos del CGPJ están plagados de irregularidades

El Consejo del Poder Judicial (CGPJ) presidido por Carlos Dívar.
El Consejo del Poder Judicial (CGPJ) presidido por Carlos Dívar. KIKE PARA
  • El Tribunal de Cuentas realiza observaciones críticas en la fiscalización del órgano

  • El Consejo defendió la 'estricta legalidad' de su actuación

  • 'Es un requisito ineludible' motivar las adjudicaciones, lo que no se hizo

  • Detecta una ausencia de documentos que expliquen la necesidad del gasto 

     

    El Mundo

MARÍA PERAL Madrid

Inexistencia de manuales que garanticen el cumplimiento de la normativa reguladora de la contratación pública; falta de previsión de los contratos, que ha conducido a prácticas inadecuadas; ausencia de motivación de las adjudicaciones; falta de control en la ejecución... Toda una enmienda a la totalidad de la gestión del CGPJ, cuestión que deja en pañales las observaciones en torno al "elevado importe" y "excesiva discrecionalidad" de los gastos de viajes y de representación del anterior Consejo, ya corregida con una regulación más dura.
El Tribunal de Cuentas decidió inspeccionar las cuentas del Consejo General del Poder Judicial tras el escándalo de los gastos de viajes del ex presidente de la institución Carlos Dívar, que fue sometido por el propio órgano fiscalizador a un procedimiento de responsabilidad contable. El asunto se archivó en noviembre del pasado año, después de que Dívar reintegrara cerca de 3.000 euros correspondientes a los ocho únicos viajes en los que el Tribunal de Cuentas apreció una ausencia total de justificación.

Mandato controvertido

Las observaciones que el informe de fiscalización realiza respecto a los gastos de viaje y a los fondos destinados a atenciones protocolarias y representativas se han visto muy mitigadas, porque tanto el anterior Consejo -en junio de 2012- como, sobre todo, el actual -nada más empezar su mandato- introdujeron modificaciones normativas relevantes que ahora obligan al presidente, Carlos Lesmes, a los vocales y otros cargos del CGPJ a especificar la razón del gasto. El actual Consejo ha aplicado, además, a sus cuentas niveles de transparencia desconocidos en cualquier otra institución pública.
"Este Tribunal de Cuentas considera muy adecuadas esas modificaciones", señala el informe, aprobado a finales del pasado julio. El órgano fiscalizador, que ciñe a 2010 el examen de la actividad económico-financiera del CGPJ, deja constancia, no obstante, de la "insuficiente regulación" que antes había de esos gastos -"no privativa del CGPJ"- y de su "excesivo grado de discrecionalidad".
Al Tribunal de Cuentas le llamaron la atención, además, los "importes tan elevados" dedicados a atenciones protocolarias y representativas (523.400 euros, de los cuales 91.722 fueron liquidados por los altos cargos del Consejo) y a gastos relacionados con los viajes (583.257 euros en desplazamientos, alojamiento y manutención).
Respecto a los gastos de representación, el informe indica que, pese a que en 2010 ya existía un formulario en el que se pedía una "breve descripción del motivo" del gasto, solo dos vocales lo cumplimentaron en todos los casos y otros dos consejeros en la mitad de ellos. Los 15 restantes (uno de ellos no gastó nada) "se limitaron a realizar indicaciones genéricas tales como 'reunión de trabajo' o 'comida de trabajo', sin concretar el objeto de dichas reuniones o los participantes". La interventora del CGPJ no puso pega alguna, destaca el Tribunal de Cuentas.

Semana caribeña

El informe atribuye el cuantioso importe de los gastos de viaje "principalmente" al hecho de que 14 de los miembros del anterior Consejo tenían su residencia familiar fuera de Madrid. Este tipo de desplazamientos "se realizó en períodos que abarcaban el fin de semana y días previos y posteriores, indicándose que, al ser vocales territoriales, tenían reuniones de carácter oficial en la localidad de su residencia familiar los viernes o los lunes". Las cantidades anuales empleadas en desplazamientos a la vivienda familiar "oscilaron entre 3.700 euros y cerca de 20.000".
Tanto en viajes oficiales como a la residencia familiar, los desplazamientos en tren o avión "fueron en clase club, preferente o business", constata. Ello se produjo en un año, 2010, en el que España estaba ya inmersa en una grave crisis.
El Tribunal de Cuentas reclamó la documentación relacionada con una muestra aleatoria de viajes oficiales de los miembros del anterior Consejo. Aunque sólo dos de ellos aportaron la documentación acreditativa de las reuniones y actos a los que asistieron, "las comunicaciones recibidas del presidente y los vocales y otras informaciones ponen de manifiesto que, aun cuando en contados viajes pudiera llegar a cuestionarse que algún gasto derivara de obligaciones propias de la función de alto cargo, no hay elementos de juicio que permitan afirmar que las comisiones de servicio llevadas a cabo no hayan cumplido ese requisito".
Las observaciones más críticas se refieren a la gestión de la contratación. Pese a que el CGPJ dedicó a este capítulo buena parte de las alegaciones que presentó al anteproyecto de informe, expresando su discrepancia con las apreciaciones de los fiscalizadores y defendiendo la "estricta legalidad" de su actuación, el Tribunal de Cuentas no matizó sus reproches.
Los inspectores seleccionaron una muestra de 34 contratos por importe de 5,8 millones de euros. Tras su examen, el informe habla de "carencias en materia de control interno" y "deficiencias atinentes al cumplimiento de la normativa reguladora de la contratación".
Entre las primeras destaca la "ausencia de manuales que faciliten y garanticen la observancia y cumplimiento de las disposiciones aplicables". No se cumplieron las obligaciones de comunicación de los contratos adjudicados al Registro Público de Contratos y hubo "insuficiencias" en la información incluida en la memoria elevada a las Cortes.
Se ha constatado una "falta de previsión y ausencia de planificación" que ha hecho que se recurra a "prórrogas extemporáneas, modificaciones contractuales, a la contratación menor e incluso a la convalidación del gasto", añade.
La falta de previsión "se extiende a la presupuestación de algunos contratos, en los que no se han realizado estudios económicos que permitieran la determinación de unos presupuestos ajustados a los precios de mercado".
Esas deficiencias en la fase de preparación de los contratos "han podido conducir a una inadecuada selección de los procedimientos de adjudicación", acudiendo a procedimientos negociados sin publicidad o a la contratación menor "cuando podría haberse tramitado un único procedimiento abierto".
En algunos expedientes se ha observado "la ausencia de informes o documentación suficientemente explicativos de la necesidad del contrato para el cumplimiento y realización de los fines institucionales del CGPJ".
En otros casos se apreció una "insuficiente definición del objeto del contrato, lo que ha ocasionado deficiencias en el control de su ejecución o el recurso a contratos menores para suplir las carencias derivadas de aquella indefinición inicial".
"Ha resultado frecuente" que en los pliegos de condiciones no se especifiquen los elementos de baremación relativos a los criterios de adjudicación que dependían de un juicio de valor, una concreción que "constituye una garantía de cumplimiento de los principios de objetividad y transparencia que deben presidir la contratación pública".
Por contra, en la mayor parte de los expedientes se requería la celebración de una entrevista con responsables del CGPJ en fecha anterior a la formulación de la oferta económica, sin determinar los fines de ese encuentro ni su objeto ni las condiciones de su realización y de cuyo contenido efectivo no quedaba constancia documental en el expediente. El Tribunal subraya que esa entrevista "carece de soporte legal" y resulta "difícilmente compatible" con los principios de "publicidad y transparencia y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos".
Además, en ninguno de los expedientes analizados se hizo constar de forma expresa la motivación de las adjudicaciones, lo que "constituye un requisito legalmente ineludible", recuerda el Tribunal de Cuentas, ya que cumple la "función esencial" de asegurar el principio de transparencia y posibilita el control del acto.

Expedientes cuestionados

Seguro de Responsabilidad. "Falta de rigor justificativo". Uno de los expedientes de contratación examinados fue la polémica suscripción de una póliza colectiva de seguro de responsabilidad civil para los jueces. Se adjudicó por procedimiento abierto y costó 223.551 euros, destinados a hacer frente a las indemnizaciones que deben abonar los jueces cuando son condenados por dolo o culpa. "No deja de ser un asunto controvertido", señala el informe del órgano fiscalizador, ya que, si bien el CGPJ alegó que la póliza es un instrumento de refuerzo y garantía de la independencia judicial, "puede entrar en conflicto con el principio de responsabilidad de los jueces". Con esa póliza no son ellos, sino el CGPJ con dinero público, el que cubre los daños y perjuicios que causan. El Tribunal de Cuentas "echa de menos" un «mayor rigor justificativo" de ese gasto en los documentos del expediente. Además, "no se determina correctamente el valor estimado del contrato" ni se hicieron estudios para la fijación del presupuesto base de licitación, que fue de 450.000 euros.
Ausencia de control. En 2010, el CGPJ decidió hacer una campaña institucional en prensa y radio para "prestigiar a los jueces" ofreciendo "una imagen positiva de su trabajo". Se gastó 203.831 euros. El Tribunal de Cuentas señala que la ley de publicidad institucional (que no es de aplicación directa al CGPJ, "pero sí sirve de punto de referencia") "prohíbe las campañas que tengan por finalidad destacar los logros de gestión", ya que las campañas institucionales deben servir "a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quien las promueve". El pliego de prescripciones estableció que la empresa adjudicataria se encargaría de evaluar la eficacia de la campaña una vez finalizada. "No consta esta evaluación", indica el tribunal. Cuando el fiscalizador la pidió, el CGPJ entregó un documento que "se limita a una mera descripción del trabajo realizado", pero no el alcance de la campaña, «lo que hace imposible la valoración de su impacto".

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