Los casos de corrupción destapados en Asturias, primero el Marea y ahora
el Pokémon, no solo sacaron a la luz sobornos de empresarios a políticos y
funcionarios. También la utilización de empresas privadas como verdaderas
agencias de colocación por parte de los partidos y los políticos, que contratan
a través de ellas en las Administraciones a amigos, parientes y afines. El dedo
y el enchufismo que ocultan estas prácticas, a menudo consentidas por los
sindicatos, se ve en toda España. En Asturias tanto en el Principado como en
Ayuntamientos como el de Oviedo.
Patricia del Gallo / Periodista.
Revista Atlántica XXII
El sumario del Caso Marea desveló que una de las empresas que hace servicios
informáticos para el Principado, ASAC Comunicaciones SL, dedicada a soluciones
y servicios de tecnologías de la información, contrataba a personas “por
indicación de responsables de la Administración”. El gerente de la compañía,
Maximino Fernández, imputado en esa causa, ha reconocido a ATLÁNTICA XXII que,
lejos de ser este un hecho aislado, se trata de “una práctica habitual que no
solo hace ASAC sino muchas otras empresas y en todo el país”. Solo que sepamos
por el sumario del Caso Marea, se llegó a contratar a petición expresa de la
principal imputada, la ex funcionaria Marta Renedo, al menos a siete personas
para distintos puestos en equipamientos del Principado, desde bibliotecarios a
guardas de seguridad.
Desde ASAC siempre reconocieron que era Renedo quien decía a quién y para
qué servicio era el contrato, aunque ésta apuntara a órdenes de sus “superiores”.
Luego los salarios se compensaban facturando las cantidadesen otros conceptos
como instalaciones informáticas o similares, que por supuesto nunca se
realizaban, según el sumario de la causa. Hay facturas que superan los 120.000
euros. Algunos de estos trabajadores han reconocido ante el juez que entraron a
trabajar simplemente enviando el currículum y que se enteraron de la oferta
laboral por la ex funcionaria. “No hubo entrevista ni proceso de selección ni
nada y solo fuimos a ASAC a firmar”, aseguraron en su día.
ASAC, que trabaja también para la Universidad de Oviedo, la Sindicatura de
Cuentas, el 112, la Junta General y quince Ayuntamientos asturianos de todo
signo, aceptaba estos encargos sin saber a veces cómo los iban a cobrar, pero
“no podíamos hacer otra cosa”, asegura el gerente, “si quieres trabajar para la
Administración”.
¿Y la Inspección de Trabajo?
Los motivos de los organismos públicospara actuar así son varios. Por un
lado está el interés por subcontratar serviciosque en teoría resultarían más
caros y complicados si los hicieran los propiosfuncionarios. “A veces les urgía
contratar a alguien y no podían esperar a hacer un proceso o convocatoria
pública de selección”, explica Maximino Fernández. Otras veces respondía a la
falta de presupuesto. Si no hay partida para personal, estas empresas se
encargan de contratar y luego cobran con cargo a otros trabajos.En ASAC se
sienten más víctimas que culpables. “¿Cómo es que Inspección de Trabajo no se
daba cuenta de ello, si trabajaban para la propia Administración?”, se
preguntan ahora en la empresa.Tampoco entiendenpor quéante esta “supuesta
ilegalidad” no actuaron tampoco los sindicatos. “Se sabía, pero todos
callaban”, reconoce Maximino.
Este tipo de contrataciones,que parecen ser una práctica habitual en toda
España y con todos los partidos, se han convertido además en la puerta B para
entrar a engrosar las filas del funcionariado público. Los elegidos entran “a
dedo”, sin entrevistas ni procesos de selección, como muchos de estos trabajadores
han reconocido. En la mayoría de los casos la empresa que les contrata solo
paga su sueldo, el material lo pone el Ayuntamiento o Consejería de turno y
realizan sus tareas en dependencias oficiales y a las órdenes de los mismos
jefes que sus compañeros. Al final hay denuncia del trabajador por cesión
ilegal y una sentencia judicial que le considerará indefinido no fijo, un
puesto que podrá mantener hasta queéstesalga a convocatoria pública, algo que
nunca ocurre. En el Ayuntamiento de Oviedo se ha jubilado recientemente una
trabajadora enesta situación, suegra de una concejala del PP.
Pero no es el único caso. En este Consistorio en los últimos años cerca de
70 trabajadores han entrado así, por la puerta B, a trabajar de forma
indefinida para el municipio. Y lo más preocupante es que se ha hecho a pesar
de la advertencia de la abogacía consistorial. Según un informe al que ha
tenido acceso ATLÁNTICA XXII, “no se trata, lamentablemente, de un hecho
aislado”, dice textualmente, y pone algunos ejemplos de distintas empresas como
Azvase SL, La Hora de Asturias, Musicaviva 21 Formación Musical SL o
Turismo y Aventura, sociedades que simplemente ponían el trabajador y el
sueldo. Los contratados realizan sus tareas en dependencias municipales, con
medios del Ayuntamiento y en algunos casos entran incluso a formar parte de las
parrillas de turnos y vacaciones como si fueran un funcionario más. Todos
ellos, tras denunciar cesión ilegal, se acaban convirtiendo en personal
indefinido no fijo. El informe dice además que esos puestos no pueden
mantenerse en el tiempo y que, si ese trabajadores necesario, su puesto debe
salir a convocatoria pública.
Llama además “especialmente la atención”, dice el informe de los abogados
municipales, que quienes autorizan o firman con las citadas empresas
intermediarias los contratos, sean quienes luego van a los juicios a reconocer
la relación directa entre el Ayuntamiento y el trabajador. En definitiva,
continúa el informe, “vienen a reconocer que son ellos mismos quienes propician
o consienten que la empresa adjudicataria del contrato se convierta en mera
“suministradora de mano de obra”.Y sentencia:“Es evidente, a nuestro juicio,
que tal conducta supone, como mínimo, una grave negligencia en los deberes de
policía, supervisión y control”.
Azvase
Los sindicatos señalan lo obvio: esta práctica, que parece habitual en la
Administración, a juzgar por los casos que han salido a la luz, elimina los
principios de mérito, capacidad e igualdad que establece la Constitución para
el acceso al empleo público.
Aparece cuestionada así la independencia que se les presupone a los
funcionarios, que quedan más “endebles y al servicio del político de turno que
les metió a dedo”, como reconoce Xosé Nel Valdés, delegado de CCOO en el
Ayuntamiento de Oviedo, que lleva tiempo reprochando a algunos cargos
públicos esta práctica. Que lejos de desaparecer sigue instaurada en
el consistorio, como recientemente ha denunciado Foro Asturias. Este partido
lleva pidiendo desde el mes de noviembre la relación de trabajadores que
actualmente trabajan para el Ayuntamiento a través de ASAC y otras empresas
como Azvase,que tiene la gestión de la ayuda a domicilio, personal auxiliar de
congresos y animación sociocultural y cuyo director, Fernando Fernández-Kelly,
acaba de ser elegido presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo.
“Hasta ahora solo hemos obtenido un papel con un listado de doce personas ,
sin especificar qué hacen ni qué tipo de contrato tienen, aunque sospechamos
que hay más”, dicen desde Foro.También que la escasa información a la que han
tenido acceso “ha sido manipulada” y que los trabajadores contratados, la
mayoría sin previo proceso de selección,están en la misma situación de cesión
ilegal,aunque no ha habido por ahora denuncias. Desde esta revista también se
pidióinformaciónal Ayuntamiento sobre este tipo de contrataciones, sin que
hasta la fecha haya habido respuesta.
ASAC logró en 2008 la adjudicación delos servicios de gestión y operación de
los sistemas de TIC municipales, desarrollo de aplicaciones corporativas,
modernización administrativa, presencia en web, gestión y operación de red y
consultoría en LOPD y en seguridad de la información. El contrato fue por 10
millones de euros. Un contrato polémico porque la oposición se preguntó en su
día cómo es que a un contrato tan “jugoso” solo se presentara ASAC. Hace dos
años se prorrogó y está ahora pendiente de renovación.
PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 32, MAYO DE 2014
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