jueves, 17 de abril de 2014

El Consejo Consultivo incumple su propia Ley de creación y el Reglamento que la desarrolla






El Consejo Consultivo tiene en plantilla un número de letrados superior al que le permite actualmente la Ley que crea esta Institución y el Reglamento que la desarrolla.

La disposición transitoria cuarta de la Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, del Consejo Consultivo, establece que, hasta tanto no se apruebe la correspondiente plantilla y se provean las plazas del Cuerpo de Letrados por el procedimiento y con los requisitos establecidos en el art. 20 de esta Ley, el Consejo de Gobierno adscribirá al Consejo Consultivo tres funcionarios o funcionarias del Cuerpo Superior de Administradores del Principado opción jurídica, uno de los cuales actuará provisionalmente de Secretario.

El artículo 20.3 de dicha Ley establece que el ingreso en el Cuerpo de Letrados se efectuará por oposición o por concurso-oposición, siendo preceptivo estar en posesión del título de licenciado en derecho. En el mismo sentido, el artículo 50.2 del Decreto 75/2005, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, señala que el ingreso en dicho Cuerpo se efectuará por oposición o por concurso-oposición, siendo preceptivo estar en posesión del título de licenciado en derecho. La aprobación de las bases de las pruebas selectivas se efectuará por acuerdo del Pleno del Consejo Consultivo.

Pues bien, desde su constitución,  hace casi una década, el Consejo Consultivo  no ha convocado ninguna oposición, ni concurso – oposición, para el ingreso en el Cuerpo de Letrados.

La única prueba selectiva celebrada fue una convocatoria para la provisión, con carácter interino, de tres plazas de Letrado/a vacantes en la plantilla del Consejo Consultivo del Principado de Asturias (BOPA de 8 de junio de 2006), por lo que, después de casi diez años de funcionamiento del Consejo Consultivo, no existe ningún Letrado funcionario de carrera del Cuerpo de Letrados del Consejo Consultivo.

En consecuencia con lo expuesto, al no haberse proveído las plazas del Cuerpo de Letrados por el procedimiento y con los requisitos establecidos en el art. 20 de su  Ley de creación, es decir, mediante oposición o concurso - oposición,  debe regir lo establecido en la disposición transitoria cuarta de dicha Ley, a saber : el Consejo de Gobierno adscribirá al Consejo Consultivo tres funcionarios o funcionarias del Cuerpo Superior de Administradores del Principado opción jurídica, uno de los cuales actuará provisionalmente de Secretario. Pero no más.

Sin embargo, la realidad del Consejo Consultivo es muy distinta, pues el número de puestos de letrado es de nueve (9): un (1) letrado adjunto, cuatro (4) letrados jefes y tres (3) letrados, más el Secretario, que también reune esta condición. Así consta en la RPT publicada en el  BOPA de 30 de abril de 2010, que fue anulada por el Tribunal Supremo en sentencia de 15 de febrero de 2013 a instancia del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies y del sindicato Usipa, por lo que se refiere estrictamente al uso de la libre designación y a la omisión de las retribuciones complementarias de los puestos de trabajo ( el propio Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en su sentencia de 9 de diciembre de 2011, recordaba con cierta sorna en el fundamento de derecho quinto de la sentencia, que en el Consejo Consultivo existían más  letrados jefes que letrados, es decir, y dicho coloquialmente, que tiene más jefes que indios)

Lo paradójico de la situación expuesta es que, a día de hoy, los únicos trabajadores que han superado una convocatoria pública para acceder a los puestos de letrado del Consejo Consultivo son los tres letrados interinos y, el resto, con la larga listas de letrados jefes incluidos, han sido nombrados a dedo.

Desde el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies consideramos que el Consejo Consultivo no está en condiciones de dar lecciones de imparcialidad y transparencia en el acceso y promoción a los puestos de trabajo de letrados que del mismo dependen. Por ello, dirigimos a su Presidente y a los vocales que lo integran las siguientes preguntas:
- ¿Por qué no se ha convocado ninguna oposición o concurso - oposción en casi una década de existencia para acceder, como funcionarios de carrera, en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, al Cuerpo de Letrados del Consejo Consultivo?

- ¿ Cuántas convocatorias públicas - en el BOPA, en su página web - se han publicado hasta la fecha, para acceder en régimen de "comisión de serviicos" o nombramiento provisional a los puestos de letrado del Consejo Consultivo?

- ¿Cuáles han sido los méritos objetivos y transparentes que se han utilizado para efectuar los nombramientos provisionales de letrados realizados desde la constitución del Consejo Consultivo hasta la fecha, dónde constan expuestos previamente, cómo se ha garantizado el principio de igualdad de oportunidades para poder acceder a dichos puestos a todos los funcionarios interesados y dónde constan los acuerdos en los que se motiven los criterios y razones que justifiquen la selección de los nombrados?

Esperamos respuesta serias y menos salidas de tono, impropias de una Institución sufragada con el dinero público de todos los asturianos y asturianas..

Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies



miércoles, 16 de abril de 2014

Recurrimos la convocatoria de letrado jefe del Consejo Consultivo del Principado de Asturias




El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies interpuso en el día de hoy recurso de reposición, previo a la vía judicial ( VER RECURSO AQUÍ), frente a la Convocatoria para la cobertura del puesto de trabajo de Letrado/a Jefe/a en comisión de servicios, publicada el 9 de abril en la página web del Consejo Consultivo, por incurrir en un manifiesto fraude de ley o desviación de poder, que la vicia de nulidad o, subsidiariamente, de anulabilidad.

Los argumentos del recurso, expuestos de forma sucinta, son los siguientes:

-No concurre la necesaria causa de “urgente e inaplazable necesidad” que es la única razón legal que justificaría este tipo de nombramientos provisionales, pues el Consejo Consultivo dispuso de más de un año para convocar el concurso de méritos para la cobertura de la plaza, en concreto, desde la sentencia firme del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2013, que anuló el sistema de libre designación ( a dedo) para el nombramiento de los letrados del Consejo Consultivo y no lo hizo, por dejadez, desidia, comodidad, conveniencia o por cualquier otra causa ajena al principio de legalidad

-Se vulnera el principio de que los méritos específicos se ajusten a las características de los puestos ofrecidos ( artículo 51.bis 1 a) de la ley de Función Pública asturiana), pues las funciones del puesto, en concreto, el estudio, preparación y redacción de proyectos de dictámenes e informes sometidos a consulta del Consejo, en modo alguno son un coto cerrado o exclusivo de  los funcionarios de la Administración Local, subescalas Secretaría o Secretaría – Intervención o de asesores legales a las entidades locales, como establece la convocatoria; sino que pueden tener méritos para desempeñar esas funciones funcionarios de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma ( letrados, funcionarios del Cuerpo Superior de Administradores etc..), como puede comprender cualquier persona con sentido común, sin necesidad de ser un experto en Derecho.

Desde el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies confiamos en que si los consejeros del Consejo Consultivo conservan un mínimo de sensatez, revoquen de forma inmediata la convocatoria, evitando con ello procesos judiciales posteriores de penosas consecuencias, sufragados con el dinero público de todos los asturianos y asturianas.

martes, 15 de abril de 2014

Un colectivo pide anular la convocatoria de una plaza de letrado jefe en el Consejo Consultivo


El Conceyu por otra Función Pública asegura que debió salir a concurso de méritos hace más de un año tras la sentencia del Tribunal Supremo que confirmaba la nulidad del sistema de libre designación para cubrirla

 
14.04.2014 | 21:11
 
El Conceyu por otra Función Pública ha pedido hoy la anulación de la convocatoria de una plaza de letrado jefe en el Consejo Consultivo dado que se trata de un puesto que, según este colectivo, debió salir a concurso público de méritos hace más de un año tras la sentencia del Tribunal Supremo que confirmaba la nulidad del sistema de libre designación para cubrirla.

En un comunicado, Conceyu asegura que llama poderosamente la atención que el Consejo Consultivo convoque dicha plaza en "comisión de servicios", es decir por razones de extraordinaria y urgente necesidad un año después de que el Supremo estimara su recurso.

Asimismo, cuestionan que entre los méritos específicos a valorar para el nombramiento en el puesto convocado sean los de pertenencia a la escala de funcionarios de administración Local excluyendo así a los de la administración del Estado o de la comunidad autónoma.

Concuye considera que esta actuación constituye una desviación de poder "particularmente inadmisible en un órgano al que la ley califica como superior órgano de consulta de la comunidad autónoma".

lunes, 14 de abril de 2014

El Consejo Consultivo convoca una plaza de letrado jefe teledirigida y manifiestamente ilegal





El Consejo Consultivo del Principado de Asturias acaba de anunciar en su página web la cobertura de un puesto de trabajo de Letrado/a Jefe/a en Comisión de Servicios (ver aquí), al que se atribuyen las funciones que determina el artículo 20.2 de la Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, del Consejo Consultivo: “estudio, preparación y redacción de los proyectos de dictámenes e informes sobre los asuntos sometidos a consulta del Consejo, así como aquellas que, siendo adecuadas a su carácter, determine el Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Consultivo del Principado de Asturias”.

De entrada, llama poderosamente la atención que el Consejo Consultivo convoque en "comisión de servicios", es decir, por razones de extraordinaria y urgente necesidad, una plaza de letrado jefe que debió de sacar a concurso público de méritos hace más de un año, en concreto, despúes de la sentencia firme del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2013 (ver aquí), que confirmaba la nulidad del sistema de libre designación ( a dedo) para cubrir dicho puesto, estimando el recurso interpuesto por el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies. Resulta evidente que no concurre urgencia alguna para la cobertura de dicha plaza, cuando lleva ya más de un año  en situación de provisionalidad,  por lo que la convocatoria incurre en un palmario vicio de nulidad.

Pero, además,  un segundo aspecto sorprendente del caso es que los méritos específicos a valorar para el nombramiento en el puesto convocado son los de “la pertenencia a la Escala de Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, subescalas Secretaría o Secretaría-Intervención, y la experiencia en asesoramiento legal a Entidades Locales”


¿ Cómo explican los consejeros del Consejo Consultivo que para realizar las funciones propias del puesto de letrado jefe que convocan, a saber, el estudio, preparación y redacción de proyectos de dictámenes e informes sobre los asuntos sometidos a consulta de dicho Organismo, tengan preferencia exclusiva unos determinados funcionarios muy concretos de la Administración local o con experiencia en asesoramiento legal a las Entidades Locales, y se excluyan los méritos de los funcionarios de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma?

¿Que razones objetivas pueden esgrimir los consejeros del Consejo Consultivo para no valorar en la convocatoria que ahora publican los méritos específicos que puedan acreditar funcionarios de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma en relación con las funciones propias del puesto de letrado jefe que se convoca?

Tal parece que el Consejo Consultivo del Principado de Asturias está pensando en alguna persona o personas predeterminadas para ocupar la plaza convocada, cargándose de paso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a los puestos del sector público, consagrado como derecho fundamental en el artículo 23.2 de la Constitución.

Pero tal forma de proceder constituye una desviación de poder, particularmente inadmisible en un Órgano al que la ley califica como superior órgano de consulta de la Comunidad Autónoma.

Por ello, desde el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies exigimos la retirada inmediata de las bases de la convocatoria y animamos a todos los funcionarios/as interesados en el puesto convocado y a las organizaciones sindicales a recurrirla por manifiestamente ilegal.

Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies

viernes, 11 de abril de 2014

Una asociación de funcionarios critica que la ley de transparencia siga "tapando" a los asesores políticos




 Sede De Presidencia Del Principado



OVIEDO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
  
 La asociación de trabajadores públicos Conceyu por Otra Función Pública n'Asturies (Cofpa) ha criticado este jueves que los proyectos de ley del Principado de Transparencia y de Buen Gobierno siguen "tapando" a los asesores de confianza política del Ejecutivo asturiano, cuya identidad "se mantiene protegida como si se tratara de una información reservada sujeta a algún secreto de Estado".
 
 A través de una nota de prensa, Cofpa señala su organización ya denunció públicamente en el mes de febrero del año 2013 que existían un total de 98 asesores de confianza cobrando con cargo a los Presupuestos Generales del Principado de Asturias, y cuyo nombramiento "se mantenía en secreto, es decir, sin publicar en el Boletín Oficial".

  Han explicado que esa omisión de publicación de los nombramientos de ese personal eventual conduce a la "inadmisible situación" de que los asesores del presidente del Principado y los jefes de gabinete y asimilados de los Consejeros sean los únicos "altos cargos" que gozan actualmente del" privilegio del anonimato".
 
 "¿Con qué garantías se puede controlar el cumplimiento del régimen de incompatibilidades de unos asesores cuya identidad se mantiene en la sombra?", se han preguntado, lamentando que en las leyes que impulsa ahora el Gobierno siga esa "opacidad" y "oscurantismo" sobre los asesores políticos.
  
"¿Cómo se puede controlar, de forma real y efectiva, el cumplimiento del régimen de incompatibilidades de los asesores de los diputados de la Junta General del Principado, si se mantienen ocultos y escondidos en la trastienda? ¿Qué esconden esos nombramientos para que se acompañen de tanto secreto?", se han interesado desde Cofpa.

jueves, 10 de abril de 2014

LOS PROYECTOS DE LEY DE TRANSPARENCIA Y DE BUEN GOBIERNO SIGUEN TAPANDO A LOS 98 ASESORES DE CONFIANZA DEL PRINCIPADO






Los principios de transparencia, publicidad e información pública que con tanto énfasis se mencionan en los proyectos de ley del Principado de Asturias de Transparencia (ver aquí) y de Buen Gobierno (consultar aquí) siguen exceptuando a los asesores de confianza política, cuya identidad se mantiene protegida como si se tratara de una información reservada sujeta a algún secreto de Estado cuya finalidad desconocemos.

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies ya denunció públicamente en el mes de febrero del año 2013 que existían un total de 98 asesores de confianza cobrando con cargo a los Presupuestos Generales del Principado de Asturias (ver aquí), cuyo nombramiento se mantenía en secreto, es decir, sin publicar en el Boletín Oficial. También decíamos entonces y reiteramos ahora, que la omisión de la publicación de los nombramientos de este personal eventual conduce a la inadmisible situación de que los asesores del Presidente del Principado y los jefes de gabinete y asimilados de los Consejeros sean los únicos “altos cargos” que gozan actualmente del privilegio del anonimato. ¿Con qué garantías se puede controlar el cumplimiento del régimen de incompatibilidades de unos asesores cuya identidad se mantiene en la sombra?

Pues bien, la opacidad y el oscurantismo sobre la identidad de los asesores políticos se mantiene intacta en los proyectos de ley del Principado de Asturias de Transparencia y de Buen Gobierno que actualmente impulsa el Gobierno de Asturias a bombo y platillo. Según dispone el artículo 2 del Proyecto de Ley de Buen Gobierno el personal eventual del gabinete del Presidente y los Jefes de Gabinete de los titulares de las Consejerías tienen la condición de “altos cargos” y están sometidos al régimen de incompatibilidades, conflictos de intereses y demás normas de transparencia de intereses, actividades y patrimonio que los miembros del Gobierno de Asturias.

Sin embargo, la única información institucional obligatoria en relación con esos asesores políticos es la que impone el artículo 13, letra b) del proyecto de Ley de Transparencia: el número, nivel y retribuciones de cada puesto de trabajo, sin obligación alguna de publicar los nombramientos.

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies vuelve a insistir en que la omisión de la publicación de los nombramientos de este personal eventual conduce a la inadmisible situación de que los asesores del Presidente del Principado y los jefes de gabinete y asimilados de los Consejeros sean los únicos “altos cargos” que gozan actualmente del privilegio del anonimato. ¿Con qué garantías se puede controlar el cumplimiento del régimen de incompatibilidades de unos asesores cuya identidad se mantiene en la sombra?

¿Cómo se puede controlar, de forma real y efectiva, el cumplimiento del régimen de incompatibilidades de los asesores de los diputados de la Junta General del Principado, si se mantienen ocultos y escondidos en la trastienda?. ¿De qué transparencia no están hablando el Gobierno y los señores y señoras diputados/as?

No cuelan ya más coartadas para seguir tapando la identidad de los 98 asesores políticos del Principado. ¿Qué esconden esos nombramientos para que se acompañen de tanto secreto?

¡Transparencia ya!

martes, 8 de abril de 2014

El cese de la Secretaria municipal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón fue legal






Así lo afirma la sentencia del Juzgado de lo Contencioso - Administrativo nº1 de Gijón de uno de abril de dos mil catorce (ver quí), que confirma la legalidad de la resolución del Ayuntamiento de Gijón de 15-10-13, por la que se acordaba el cese de la Secretaria General en su puesto de trabajo

Los argumentos de los recurrentes se resumen en el fundamento de derecho tercero de la sentencia del siguiente modo:

"se argumenta por los actores que el acuerdo recurrido es nulo al no cumplir la exigencia de existir en el momento del cese un puesto creado de habilitado estatal de su escala y categoría en la RPT del Ayuntamiento de Gijón, como el mismo acuerdo reconoce en el apartado tercero de su parte dispositiva al ordenar el inicio de los trámites precisos para a modificación de la RPT. Se añade que, además, la creación de dicho puesto no es una competencia exclusiva del Ayuntamiento, sino que conforme a la Disposición adicional segunda del Estatuto Básico, apartado tercero, la creación,clasificación y supresión de puestos de trabajo reservados afuncionarios con habilitación de carácter estatal corresponde a cada Comunidad Autónoma de acuerdo con los criterios básicos que se establezcan por Ley. Igualmente se cita el art. 2 del RD 1732/94 según el cual la competencia de ejecución en materia de clasificación de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional corresponde a la Comunidades Autónomas dentro de su ámbito territorial y el art. 9 de dicho RD que preceptúa que los expedientes de clasificación serán resueltos por el órgano competente de la Comunidad Autónoma respectiva" 
Estos argumentos se rebaten por el Juez del siguiente modo:
"A juicio del Juzgador la previsión de los arts. 29  del RD 1732/94 y 80 del EBEP en el sentido de que, en caso de cese, debe garantizarse o asignarse un puesto de trabajo que deberá figurar en la RPT (dice el primer precepto citado) exige que tal puesto se halle creado en la RPT en el momento del cese.
Ahora bien, consta en el expediente (folios 4 y 5 del índice de documentos del expediente 033830/13) el acuerdo de la Junta de Gobierno de 19-11-13 por el que se aprueba la modificación puntual de la RPT en cuanto a la creación del  puesto reservado a funcionarios con habilitación de carácter  estatal, acuerdo que fue publicado en el BOPA de 2-12-13   (folio 6 del mismo expediente).
Dado que la falta de dicho puesto en la RPT en el momento del cese no constituye una causa de nulidad de pleno derecho, la creación posterior al cese de dicho puesto constituye mas 
que una causa de pérdida sobrevenida del objeto del proceso, como sostiene la demandada, un supuesto de convalidación a que se refiere el art. 67 de la Ley 30/92, no habiéndose producido la indefensión de la interesada en cuanto el acuerdo recurrido (apartado 5º) mantiene sus retribuciones actuales en tanto se le adscriba al puesto de trabajo referido y durante un plazo máximo de 3 meses, plazo que no había transcurrido en el momento de publicarse la modificación de la RPT reseñada.
 Se alega igualmente por los demandantes que la creación del puesto en la RPT no es una competencia exclusiva del Ayuntamiento sino que interviene igualmente la Comunidad Autónoma.
Sin embargo, la creación, clasificación y supresió de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal a que se refieren la disposición adicional segunda, apartado 3 del EBEP, y los arts. 2 y 9 del RD 1732/94, no incluye el puesto que ha de asignarse a la actora, sino que se refiere a la creación, clasificación y supresión de puestos de funcionarios con habilitación de carácter estatal que son necesarios en todas las Corporaciones locales y que han de ser cubiertos por los procedimientos reglamentarios de acceso y provisión (apartados 1.2, 4, 5 y 7 de la disposición adicional segunda del EBEP), a diferencia del puesto que ha de garantizarse en caso de cese a que serefiere el art. 29 del RD 1732/94 que está excluido de tal cobertura en cuanto esta reservado para los supuestos de cese.
En este sentido la obligatoriedad de creación del puesto en el caso del cese de la recurrente se prevé de forma directa por la Ley estatal (art. 80.4 EBEP) y el art. 29 del RD 1732/94 regula expresamente las características de clasificación y retribución que ha de tener el puesto: un puesto de trabajo de su subescala y categoría y la remuneración no será inferior en más de dos niveles a la del puesto para el que fue designado. Asimismo, dicho puesto figura (con fecha posterior al cese, según lo razonado anteriormente) en la RPT, luego no se aprecia vulneración del ordenamiento jurídico por el motivo examinado"
Sobre la falta de audiencia y la ausencia de motivación para el cese, la sentencia señala lo que sigue:
" Sin embargo, en ningún precepto se alude a que en el cese de la libre designación tenga que existir previamente un expediente contradictorio (art. 80 EBEP, art. 29 del RD1732/94, art. 58 del RD 364/95) y en este sentido la sentencia del TS de 13-6-97 señala que la esencia misma del sistema de libre designación es contraria a la necesidad de previa audiencia dado que, dice dicha sentencia, ni siquiera es necesaria que las razones del cese se exterioricen cuando se decide éste, criterio jurisprudencial éste que no modifica el EBEP (art. 80.4) según el cual los titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública podrán ser cesados discrecionalmente"
Y en cuanto a la falta de motivación en la resolución de cese:
 "En cuanto al alegado defecto de motivación hemos deseñalar: 
1º) Que la jurisprudencia que se cita por la parte actora se refiere a nombramientos discrecionales (no a ceses).
2º) El art. 29 párrafo 3º del RD 1732/94 establece que la motivación de la resolución de cese se referirá a la competencia para adoptarla. 
3º) La jurisprudencia constitucional en materia de ceses de puestos de libre designación, parte de la no exigencia de motivación, estableciendo como límite el respeto de los derechos fundamentales del interesado, que en el caso de autos según hemos razonado anteriormente no se han conculcado.
4º) Según  la sentencia constitucional 235/2000 la confianza que puede predicarse de la libre designación en caso de funcionarios es la profesional. 
5º) La resolución municipal de 31-10-06, aportada por el Ayuntamiento como documento 1 en el acto de la vista, de nombramiento de la recurrente para el puesto de Secretaria General del Pleno, no contiene ninguna motivación pese a la existencia de dos candidatos, de modo que si ninguna razón exteriorizó dicha resolución sobre cual había sido el  criterio de preferencia de la actora, ha de entenderse que se basó en la confianza profesional que la misma producía en el órgano de su nombramiento, al ser la confianza profesional una  característica inherente al sistema de libre designación por lo que ninguna otra motivación adicional cabe exigir en el momento en que se acuerda su cese, al que resulta  consustancial la pérdida de dicha confianza profesional" 
ES  DECIR, A MODO DE RESUMEN: EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO Nº 1 DE GIJÓN RECUERDA QUE LOS NOMBRAMIENTOS POR LIBRE DESIGNACIÓN ( A DEDO) SE HACEN POR RAZONES DE CONFIANZA Y QUE, POR LO MISMO, LOS CESES SE ACUERDAN POR LA PÉRDIDA DE ESA CONFIANZA. 
DICHO CON OTRAS PALABRAS, EL DEDO QUE PONE, PUEDE TAMBIÉN DEFENESTRAR SIN DAR EXPLICACIONES.
SON LAS SERVIDUMBRES DE ESE SISTEMA TAN MODERNO, EFICIENTE Y EFICAZ AL QUE SE CONOCE CON EL EUFEMISMO DE "LIBRE DESIGNACIÓN"