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jueves, 18 de diciembre de 2014

La fiscalía no ve delito en el perdón de 3.000 millones a las eléctricas

Anticorrupción archiva la denuncia por la actuación del equipo de Industria con el PSOE

Madrid 
El País, 18/12/2014

La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la denuncia de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético sobre el perdón de 3.000 millones a las eléctricas que llevó a cabo el Ministerio de Industria en 2008, con el PSOE. Lo hace después de interrogar en secreto a una serie de exaltos cargos de ese Ejecutivo. La fiscalía considerar que no aprobar la orden ministerial que habría devuelto a los consumidores lo cobrado de más en los Costes de Transición a la Competencia (CTC) no supone un delito, según el archivo, fechado el 11 de diciembre.

En julio de 2013, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético denunció en Anticorrupción que las eléctricas habían cobrado de más a los consumidores y que entre 2008 y 2010 el Gobierno del PSOE dejó que prescribiera la posibilidad de reclamación.

La denuncia no incluía ninguno de los documentos del expediente de los CTC, creados en 1997 como compensación a las eléctricas durante la liberalización. Esos CTC les garantizaban el pago por inversiones que les había obligado a hacer.

En 2006, al ver que las eléctricas estaban cobrando de más, Industria canceló el pago de los CTC pero no realizó una liquidación definitiva para ver si habían cobrado de más. El equipo de Joan Clos, con Ignasi Nieto como secretario general de Energía, pidió a la Abogacía del Estado un dictamen sobre si podía reclamar ese dinero y a la vez comenzó a redactar una orden ministerial con la fórmula para ver a cuánto ascendía, según reconoció el actual ministro, José Manuel Soria, en el Congreso. Aunque nunca se ha calculado cuánto pudieron cobrar de más, Industria estimaba entonces que la cantidad rondaba los 3.000 millones de euros.

La Plataforma que lo denunció ha llevado el caso a la Comisión Europea
Esos documentos, publicados por este diario son algunos de los que el fiscal Luis Rodríguez Sol exhibía ante los cargos que declararon como testigos. Entre ellos estaban el ex director general de Política Energética Jorge Sanz y al ex abogado general del Estado Joaquín de Fuentes Bardají, entre otros.

El fiscal preguntó si habían recibido presiones de las eléctricas y por qué pese a contar con ese dictamen y ese borrador, el equipo de Miguel Sebastián, que entró en 2008, nunca lo publicó. Sebastián ha afirmado que nunca le llegó el borrador de orden ministerial porque nunca se tramitó.

El pasado 11 de diciembre, el fiscal firmó el archivo de las diligencias secretas “tras practicar las investigaciones oportunas para la averiguación de los hechos denunciados, por no desprenderse que pudieran revestir caracteres de delitos”, según explica escuetamente en un folio.

Jorge Morales de Labra, miembro de la plataforma denunciante, afirmó ayer que no comprende el cierre de la investigación: “Con los documentos que han sido publicados consideramos que la reclamación no prescribió en 2010 sino en 2014, por lo que pediremos a la fiscalía que amplíe la investigación al actual Ejecutivo”.

La Plataforma ha llevado el caso a la Comisión Europea, ya que Bruselas autorizó los CTC como ayudas de Estado siempre que no se superara la cantidad inicialmente fijada, algo que el Gobierno español nunca calculó.

miércoles, 17 de diciembre de 2014

La UE tiene que tomar medidas serias contra los auténticos gorrones: los evasores de impuestos


 Owen Jones  
Revista Sin Permiso
 



El presidente de la Comisión europea, Jean-Claude Juncker, ha sido acusado de haber orquestado un régimen de evasión de impuestos en Luxemburgo, gracias al cual las grandes empresas conseguían robar sin consecuencias a la luz del día.

La evasión fiscal es un robo, independientemente de lo que diga cualquier piquito de oro del mundo empresarial. Las empresas dependen del esfuerzo de sus trabajadores creadores de riqueza: una mano de obra costosamente entrenada por un sistema de educación publico,  que mantiene sana un sistema de salud público, y cuyos bajos salarios son subsidiado por el Estado.

El sector privado depende de un sistema financiero rescatado, de infraestructuras pagadas por el estado, del apoyo público a la investigación y el desarrollo, y de un sistema de derecho y seguridad que le protege, así como a su propiedad.

Las empresas que dependen de la generosidad del Estado y sin embargo se niegan a contribuir son, bueno, gorrones. Se priva al Estado de ingresos cuando los políticos justifican los mayores recortes en varias generaciones sobre la base de que no hay suficiente dinero. Ganan una desventaja competitiva sobre las pequeñas empresas que no pueden pagar ejércitos de contables que saquen provecho de las lagunas fiscales. Se aseguran que el resto paguemos más impuestos. Como digo: un robo.

Por eso las acusaciones contra Jean-Claude Juncker, son tan graves. Esta acusado de estar hasta el cuello en uno de los mayores escándalos de nuestro tiempo. Es el ex primer ministro de Luxemburgo que es - sin faltar el respeto a sus habitantes - un paraíso fiscal glorificado. Margaret Hodge, la laborista que lleva a cabo una cruzada contra la evasión fiscal, exige con toda la razón saber si Juncker aprobó personalmente dichos esquemas. Como presidente de la Comisión europea, es ahora responsable de la negociación de medidas en la cumbre del G-20 para reprimir la evasión fiscal. Cuando el comisario europeo, Pierre Moscovici, dice que "no se le debe juzgar por su pasado", se ríe de todos nosotros. La complicidad potencial del burócrata de mayor nivel de Europa en lo que se refiere a la evasión fiscal a escala industrial ¿es de verdad irrelevante para el puesto que ocupa actualmente?

Todo este episodio pone de relieve hasta que punto no se puede dejar en manos de la derecha xenófoba y aislacionista la crítica de la UE. En su forma actual, la UE está demasiado manipulada por los intereses de las grandes empresas, como pone de manifiesto la amenaza del Acuerdo de Asociación de Comercio e Inversión Transatlántica (TTIP). Sus tratados ayudan a promover las políticas de privatización y el liberalismo más dogmático. A menos que sea reformada, la UE será incapaz de ganar la confianza de la gente en Gran Bretaña o en ningún otro lugar. Los europeos están muy mal servidos si un presidente al que nunca votaron es el títere de una élite empresarial desvergonzadamente egoísta.

Juncker no es el único, por supuesto,  que debe responder  a varias preguntas sobre la evasión de impuestos. Hoy, The Guardian revela que el laborismo ha recibido más de 600,000 libras esterlinas de ayudas a la investigación de Pricewaterhouse Coopers para diseñar su política fiscal. Pero PwC y las otras cuatro grandes empresas de consultoría contable no sólo ayudan a la evasión fiscal legal - ayudan asesorando a los políticos sobre legislación fiscal, ayudando potencialmente a las empresas a su vez a asesorar a sus clientes sobre la manera de sacar provecho de esas leyes. La concesión de asesoramiento gratuito a los políticos sólo ayuda a cimentar la influencia del mundo empresarial sobre los que - al menos en teoría - se supone que representan al pueblo.

Ambos casos ponen de relieve hasta qué punto los intereses empresariales han subvertido la democracia. La evasión fiscal sólo ha llegado a ser una prioridad en la agenda gracias a grupos de activistas valientes como UK Uncut, que han ocupado comercios y negocios evasores de impuestos. Hay una lección que aprender de ellos. Si hay que rescatar a la democracia de una elite cada vez más rica cuanto menos responsable es, será necesario un decidido empujón desde abajo.

Owen Jones, historiador y periodista, es autor de Chavs: La demonización de la clase obrera, (Capitán Swing, Madrid 2012). Su último libro es The Establishment, and how to get away with it, Allen Lane 2014

Traducción para www.sinpermiso.info: Enrique García

viernes, 12 de diciembre de 2014

El Ayuntamiento de Oviedo restituye los días adicionales por asuntos propios a sus empleados públicos y el Principado de Asturias los deniega

Doble vara de medir sobre los derechos laborales de los empleados públicos.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Oviedo acordó el 20 de noviembre (VER ACUERDO AQUÏ), reconocer a sus empleados públicos el derecho a disfrutar los días adicionales de libre disposición consolidados o devengados hasta el 15 de julio de 2012 (fecha de la entrada en vigor del RDL 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento a la competitividad) con efectos del año 2014, éste incluido.

De este modo, el Ayuntamiento de Oviedo asume la interpretación judicial realizada en sentencia firme de 24 de marzo de 2014, del Juzgado de lo Contencioso - Administrativo nº 6 de Bilbao (ver aquí), en la que se conidera que "la modificación de los artículos 48 y 50 del EBEP, en virtud del RDL 20/2012 no puede aplicarse con carácter retroactivo, por lo que no puede afectar a aquellos trabajadores que habiendo cumplido 15 años de servicio o más hubieran causado derecho a disfrutar de los días de vacaciones que les correspondieren de conformidad con la legislación anteriormente aplicable al RDL 20/2012"

Se trata de un acuerdo que restituye un derecho adquirido por los empleados públicos del Ayuntamiento de Oviedo, siguiendo una loable interpretación jurídica favorable a los derechos de los trabajadores avalada por una sentencia judicial firme. Con ello, según recoge el acuerdo de dicho Ayuntamiento, se evita al conjunto de los empleados públicos municipales tener que acudir a los tribunales para que se les reconozca este derecho.

En el polo opuesto, el Gobierno del Principado de Asturias se niega a reconocer a sus trabajadores el derecho a disfrutar los días adicionales de libre disposición consolidados o devengados hasta el 15 de julio de 2012, desplegando además una estrategia jurídica, ordenada desde las instancias rectoras de la Función Pública, de oponerse frontalmente a las reclamaciones judiciales planteadas por los empleados públicos del Principado.

Sin perjuicio de que la política de personal del Ayuntamiento de Oviedo, en su conjunto, no sea precisamente un ejemplo de transparencia y respeto a la legalidad, la gran paradoja de este caso es que un Gobierno situado en la derecha política como el del Ayuntamiento de Oviedo, adopta una resolución que restaura y reconoce derechos laborales adquiridos por sus empleados públicos y un Gobierno que dice situarse en la izquierda política como es el del Gobierno del Principado, recorta y anula esos derechos.


jueves, 11 de diciembre de 2014

El hijo de un exconsejero del CES entra en ese órgano con currículo falso


El candidato presentó un certificado sobre su experiencia como abogado que no era real


LAS DUDAS SOBRE LA EXPERIENCIA DEL CANDIDATO. Manuel Núñez Mateo presentó para el concurso un certificado de la Mutualidad de la Abogacía en el que se aseguraba que estaba de alta en ese organismo desde el 1 de octubre de 2003 (izquierda). Sin embargo, tras impugnarse la oposición en la Audiencia Nacional, esa misma mutualidad envió al tribunal otro certificado que fechaba su alta a 1 de enero de 2007. Una portavoz de la Mutualidad asegura que el contenido del documento aportado por Núñez Mateo es falso.

No sacó la plaza solo una vez, ni dos, sino tres. Un hijo del exconsejero del Consejo Económico y Social (CES) Manuel Núñez Encabo —miembro del organismo hasta 2009 a propuesta del Gobierno de Zapatero, exparlamentario del PSOE entre 1979 y 1993 y actual presidente de la Comisión de Deontología de la Federación de Asociaciones de Periodistas— ganó en 2012 las oposiciones a asesor jurídico de ese órgano consultivo del Estado a pesar de que la experiencia acreditada en el currículo que presentó no se corresponde con la realidad. La convocatoria, impugnada por otra concurrente, fue anulada en dos ocasiones por la Audiencia Nacional. El proceso selectivo tuvo que repetirse dos veces y las tres veces que se celebró fue Manuel Núñez Mateo, el hijo del exconsejero, uno de los dos que se hizo con un puesto. El caso fue denunciado y recayó en el juzgado de Instrucción 19 de Madrid. Su titular lo ha archivado, aunque su decisión no es firme. Está pendiente de recurso.

El concurso-oposición para dos plazas de asesor jurídico para el Área de Estudios y Análisis del CES (personal laboral fijo) se convocó el 12 de febrero de 2009. El proceso evaluaba con 12 puntos los méritos del currículo de cada aspirante y con otros 20 un examen escrito. Entre los documentos que adjuntó Núñez Mateo para acreditar su experiencia, estaba un certificado de la Mutualidad de la Abogacía —el organismo que ofrece un plan de previsión a los abogados alternativo al régimen de autónomos de la Seguridad Social— en el que se aseguraba que estaba de alta en ese organismo desde el 1 de octubre de 2003 como abogado en ejercicio. También presentó seis contratos de trabajo, dos de ellos supuestamente cubiertos por esa mutualidad. Su currículo le valió la mejor nota en cuanto a méritos (un 9,5 sobre 12). Obtuvo también la mejor nota en el examen, 18,9, con lo que se hizo con una de las plazas.

Una carrera a la sombra del padre

Varios de los contratos presentados en CES como méritos para la oposición por Manuel Núñez Mateo demuestran que gran parte de su vida laboral se hizo a la sombra de su padre, el exconsejero Manuel Núñez Encabo. Nada más conocerse que el certificado presentado por el aspirante no se correspondía con la realidad —cuando el verdadero llegó a la Audiencia Nacional—, Mateo pidió al tribunal del CES que retirara tres de los contratos que había aportado para acreditar su experiencia como abogado, petición que el tribunal aceptó.

Esos contratos no constan en su vida laboral, es decir, no cotizó a la seguridad social ni por el régimen general de trabajadores ni por el de autónomos. El certificado presuntamente falso de la mutua trataba de acreditar que había cotizado a ese organismo por dos de ellos. Sus empleadores, en los tres contratos retirados eran, por este orden, un instituto universitario presidido por su padre, un abogado amigo personal de este y una empresa de su tío.

El primero de los contratos retirados es de asesor jurídico para el Instituto Euroamericano de Cultura, Ciencia y Comunicación (Inecam), dependiente de la Universidad de Alcalá, organismo entonces presidido por su padre, Manuel Núñez Encabo. El segundo está firmado por el abogado especialista en Derecho Tributario Jesús Simón Martínez, amigo de Manuel Núñez Encabo y compañero de estudios. El tercer contrato corresponde a un puesto de asesor jurídico en la empresa Bersante Reciclajes. Según el Registro Mercantil, el propietario de esa empresa es Bernardino Núñez Encabo, hermano de Manuel Núñez Encabo.

A pesar de la anulación de las oposiciones, Mateo no ha dejado de trabajar en el CES, en el que entró como interino en 2008 —cuando su padre aún era consejero— aportando los contratos antes mencionados. Desde entonces, ha percibido salarios por más de 300.000 euros en total.
Núñez Encabo admite que era consejero del CES cuando se convocaron las oposiciones, pero no cuando se celebraron. Encabo afirma que sostener que su hijo haya falseado su currículo “no es veraz”. “Tanto la Audiencia como el Supremo han asegurado que las oposiciones estaban bien hechas”, dice.
Sin embargo, el resultado de la oposición fue impugnado en la Audiencia Nacional por una competidora. El recurso planteaba, entre otras cuestiones, la falta de veracidad del currículo de Mateo. Entre las pruebas recabadas por la Audiencia se encontraba otro certificado de la mutua que pidió la reclamante para comprobar si el presentado por el ganador era real. La sorpresa fue que ese nuevo certificado aseguraba que estaba de alta desde el 1 de enero de 2007 y no desde 2003, como decía el presentado por el aspirante en el CES. Mateo, pues, tenía tres años menos de experiencia como abogado de la que decía tener.

Una portavoz de la mutualidad ha confirmado a EL PAÍS que el único certificado cuyo contenido es verdadero fue el presentado en la Audiencia Nacional. También lo señala la exdirectora de Operaciones de ese organismo que firmaba el certificado presentado por Núñez Mateo, María Dolores Caldés Llopis, que asegura que ella ya no ocupaba ese puesto en la fecha en que se emitió, el 17 de septiembre de 2009. “Alguien lo ha manipulado”, dice. La falta de veracidad del certificado también la acredita su fecha de alta en el colegio de abogados, requisito imprescindible para acceder a la mutualidad. Mateo se inscribió en ese órgano el 28 de noviembre de 2006, un mes antes de su fecha real de entrada en la mutua. Núñez Mateo se niega a explicar por qué no casan los documentos. “Ninguna resolución judicial ha dicho que yo haya falseado nada”, se limita a asegurar. “Atribuirme a mí las irregularidades es falso”.

La Audiencia no entró a valorar esos hechos y se limitó a anular la oposición porque ningún vocal del tribunal del CES era licenciado en Derecho a pesar de que el temario era 100% jurídico. La oposición vuelve a convocarse y se cita a los aspirantes el 4 de noviembre de 2011. Pero no para repetir el examen, sino para que los candidatos lean ante el tribunal el que redactaron en 2009 y que la Audiencia había anulado. La víspera, Mateo envía un escrito al CES en el que pide que se retiren de sus méritos tres de los contratos que había presentado, todos ellos anteriores a 1 de enero de 2007, su fecha real de alta en la mutualidad. En su currículo inicial aseguraba que durante el desempeño de dos de esos empleos, con los que no cotizó a la seguridad social, estuvo cubierto por esa mutualidad. El entonces candidato se niega a explicar por qué retiró esos documentos. Pero el tribunal del CES aceptó su solicitud, aunque la valoración de sus méritos cayó de los 9,5 puntos que obtuvo en 2009 a 3,8. Aún así, la lectura de su examen anterior le dio de nuevo la máxima nota (18,80 sobre 20). Obtuvo de nuevo el puesto más alto.

La Audiencia vuelve a anular esta segunda convocatoria al considerar que la lectura del examen no es válida y el CES convoca de nuevo en febrero de 2012. Esta tercera vez, los méritos de Mateo quedan valorados aún peor (3,31 sobre 12). Pero en el examen consigue un 17,15 sobre 20. Queda segundo. Vuelve a ganar la plaza.

miércoles, 10 de diciembre de 2014

El Portal de la Transparencia: mucho ruido y pocos datos

  • Es necesario identificarse y conseguir una clave para solicitar información

  • Escasean los archivos descargables con formato reutilizable

  • La mayor parte de la información incluida ya estaba accesible en otros lugares de la Red

  • Transparencia, cuestión de actitud más que de leyes




El nuevo Portal de la Transparencia, medida estrella de la puesta en vigor de la Ley del mismo nombre, abrió sus puertas poco después de las 12 del mediodía.
Prometía el acceso a más de medio millón de datos de la administración en un ejercicio modélico por parte del Gobierno. Sin embargo, tras un diseño limpio y aparentemente ordenado trufado de epígrafes que aluden a la 'transparencia' y el 'derecho a la información', no parece esconderse un gran caudal de datos que no fueran ya de dominio público.

Agrupada bajo los títulos 'Institucional', 'Normativa' y 'Económica' se encuentran los sets de datos disponibles. Entre los datos institucionales se encuentran, entre otros, los currículum de los altos cargos del gobierno. En el apartado de 'Normativa' nada nuevo: recoge textos legislativos que ya se publicaban en el Boletín Oficial del Estado o en la página del Congreso. Eso sí, estos documentos pueden descargarse en formato reutilizable. Quizás lo más interesante esté en la sección 'Económica', donde se pueden conocer contratos públicos, subvenciones o las retribuciones de los altos cargos del gobierno, entre otros. No obstante, la mayoría de esos datos ya eran públicos antes del lanzamiento del Portal de la Transparencia.

Imagen de la página de bienvenida del Portal de Transparencia.

El acceso a la información, además, se ve limitado de entrada ante la escasez de ficheros descargables en formato reutilizable (xls o csv, por ejemplo, por citar los más comunes). Es preciso llegar a la información, con suerte tabulada, y rendirse al común 'copia-pega', con los inconvenientes que esto conlleva. No sólo eso, la información no está estructurada en documentos que agreguen información. Esto es, si uno desea revisar rápidamente los contratos cerrados por el Ministerio de Economía y Competitividad, tendrá que ir pinchando uno a uno y extrayendo la información relevante: empresa contratada, concepto, importe y demás. Una información que, por otra parte, estaba ya disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Como novedad sobre otras páginas muy similares que ya estaban en funcionamiento, como datos.gob.es, el Portal de la Transparencia ofrece en su página de inicio la posibilidad de solicitar directamente información. Sin embargo, al menos de momento, parece una tarea llena de obstáculos.

Para ejercer el derecho de acceso a la información el usuario debe registrarse en el sistema Clave y crear su "identidad electrónica". El DNI y el número de cuenta bancaria son dos de los requisitos que se piden para solicitar el acceso al sistema que, por otra parte, no es inmediato. Una vez aportados los datos personales, el ciudadano que tiene una pregunta para la administración tendrá que esperar la "carta de invitación" para el registro que le hará llegar la Agencia Tributaria. Un frustrante viaje entre enlaces y campos a rellenar que hará que muchos cesen en el intento. Todo complicaciones para algo que, según los más altos estándares de la transparencia, debe ser anónimo y sin exigencia de motivación, como ya hace el Consejo General del Poder Judicial.

También falla la comunicación bidireccional: no figura un teléfono, una dirección de correo electrónico o un formulario que permita ponerse en contacto con los responsables del portal para consultar dudas o referir errores.
Los portales de datos abiertos de otros Gobiernos, como el de EEUU o Reino Unido, ofrecen una navegación más intuitiva y un lenguaje más asequible para el ciudadano medio. Además de un catálogo de datos disponibles considerablemente superior y en formatos reutilizables.

jueves, 4 de diciembre de 2014

El Tribunal Supremo reconoce el derecho al complemento de carrera profesional al personal interino con más de cinco años de antigüedad

El Tribunal Supremo ha dictado el pasado 30 de junio una sentencia (VER AQUÍ) de importantísimas consecuencias profesionales y económicas para el personal interino de "larga duración" de las Administraciones Públicas,  es decir, con más de cinco años de antigüedad, por cuanto reconoce a este personal un derecho que hasta ahora le había sido denegado: el complemento económico de carrera profesional.

La importancia cuantitativa y cualitativa que supone la nueva doctrina sentada por el Tribunal Supremo en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias es enorme pues, sin duda, afectará a cientos de empleados públicos - estatutarios del SESPA, profesores y maestros de la enseñanza, funcionarios interinos y personal laboral temporal del resto de sectores -.

A este respecto, tenemos que recordar que los sucesivos Gobiernos de la Comunidad Autónoma han venido practicando políticas de precarización intencionada del empleo público, con el objeto de ahorrar gastos y disponer del arma del despido cuando resultaba oportuna, a consta de empeorar y degradar la calidad de los servicios públicos. La congelación de las ofertas de empleo público o la reducción al mínimo de las mismas han supuesto en la práctica el recorte de plantillas, mediante la amortización de vacantes y la prolongación de situaciones de interinidad más allá de lo legalmente previsto, privando a las ciudadanos y ciuadadanas del derecho fundamental de acceder a los puestos públicos en condiciones de igualdad, mérito y capacidad.

La sentencia del Tribunal Supremo que hoy dufundimos parte de reconocer la especial posición de los denominados «interinos de larga duración», que en palabras del Tribunal Constitucional (STC 203/2000, de 24 de julio), son aquellos que mantienen con la Administración una relación temporal de servicios que supera los cinco años, para, seguidamente, afirmar que reciben un trato discriminatorio por parte de la disposición anulada por dicha sentencia (un Decreto de la Junta de Castilla y León regulador de la carrera profesional del personal estatutario del servicio de salud de esa Comunidad). 

Y ello, en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada a partir del año 2010 sobre el margen que legitima el trato diferente al personal con relación de servicios permanente o indeterminada en el tiempo y al que tiene una vinculación temporal. En especial, la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de septiembre de 2011 (asunto C- 177/2010 ), que al resolver una cuestión prejudicial en torno a la Directiva 1999/70/CE, exige que se excluya toda diferencia de trato entre los funcionarios de carrera y los funcionarios interinos comparables de un Estado miembro basada en el mero hecho de que éstos tienen una relación de servicio de duración determinada, a menos que razones objetivas justifiquen un trato diferente. 

La sentencia del Tribunal Supremo se apoya también en  la sentencia del Tribunal Constitucional 104/2004 que insiste , considerando también la Directiva 99/70/CE, en que "toda diferencia de tratamiento debe estar justificada por razones objetivas, sin que resulte compatible con el art. 14 CE un tratamiento, ya sea general o específico en relación con ámbitos concretos de las condiciones de trabajo, que configure a los trabajadores temporales como colectivo en una posición de segundo orden en relación con los trabajadores con contratos de duración indefinida".

En base los argumentos expuestos, el Tribunal Supremo concluye que cuando se trate de un interino que viene prestando servicios a la Administración por más de cinco años no existe justificación objetiva y razonable desde la perspectiva del artículo 14 de la Constitución para darle un tratamiento jurídico diferente y perjudicial respecto del dispensado a los funcionarios de carrera, con el único argumento de que legalmente su relación con la Administración es provisional, por lo que debe tener derecho al complemento de carrera profesional como el personal fijo.

Ante la situación creada por esta trascendental sentencia, las organizaciones sindicales representativas, que hasta ahora han mostrado un inquietante desconocimiento de la misma y sus consecuencias, y el Gobierno del Principado, que ha mantenido un comprensible silencio ante lo que se le viene encima,  deben iniciar, con la mayor urgencia posible, la negociación que culmine con la aprobación del procedimiento legal para el reconocimiento del derecho al complemento de carrera a los interinos de larga duración.

Los derechos profesionales y económicos del personal interino de larga duración no pueden quedar supeditados a tanta pasividad y disimulo. 

SENTENCIA ÍNTEGRA 


lunes, 1 de diciembre de 2014

Agencias de promoción




La trama clientelar político - sindical, de nuevo avisada por una sentencia
J. Morán, LNE, 30/11/2014

Los chanchullos políticos no cesan y el TSJA le acaba de enviar una amable noticia sobre ello al Gobierno del Princiapado. Se trata, evidentemente, de una sentencia confirmatoria de que se anula un concurso convocado en mayo de 2013 para cubrir los puestos de 476 jefes de sección de la Administración regional.

Han leído bien: año 2013, es decir, el otro día, o sea, bajo el mando del presidente Javier Fernández, que cada vez se parece más a un cordero entre lobos. Fernández es un austero monje de la política, pero a su alrededor saltan situaciones comprometidas, desde un histórico líder forrado hasta una consejera que ha de irse, pasando por estos asuntos de personal, que comenzaron a estallar al final del mandato de Areces, pero ahora se ve que una inercia irresistible se había apoderado de los nuevos gobernantes socialistas.

Total, que el TSJA, en la aludida notita, viene a hablar del poco respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad, o de que el Principado escamoteó puestos de letrados del Servicio Jurídico del Principado y del servicio de Salud (cuyo consejero, dicen, es también un lobo rodeado de tigres)

Por otra parte, en estos asuntos suele haber asimismo importante trama sindical. En el Ayuntamiento de Gijón, por ejemplo, a los sindicatos mayoritarios y al cabal edil Pedro Sanjurjo, un juez y los sindicatos minoritarios les doblaban cada poco el brazo. Redes clientelares, lo llaman.

Pero lo más acuciante es que el sindicalismo español se está licuando lentamente, aparte de que, aun antes de las tarjetas "black", y de los ERE andaluces, y de los cursos de formación, etcétera, ya habían ingresado sus líderes en una etapa de mudez, como si el PP gobernante les hubiera hecho morder el polvo.

El presidente Rajoy acaba de presentar unas medidas contra la corrupción. Les falta, sin embargo, la reforma interna de los partidos y sindicatos, para que mediante normas draconianas destruyan su imagen de agencias de colocación o de promoción de clientes.