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martes, 28 de julio de 2015

Ni politización de la Función Pública, ni funcionarización de la Política

Con motivo del nombramiento del nuevo Gobierno del Principado de Asturias se han lanzado públicamente algunas propuestas sobre cómo cubrir y por quién determinados puestos de la estructura gubernamental, que no van acompañadas del razonamiento mínimo necesario para la justificación de lo que se propone.

Desde el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies queremos aprovechar la ocasión que nos brinda la composición del nuevo Gobierno para clarificar, de forma razonada, las diferencias entre puestos políticos y puestos funcionariales y, de paso, los criterios y principios que deben regir la provisión de unos y otros.

Al nuevo Gobierno le corresponde legalmente la dirección de la Administración Pública, para lo cual deberá nombrar a una serie de cargos con funciones políticas, fundamentalmente: los Consejeros, que son miembros del Consejo de Gobierno y ejercen la titularidad de las Consejerías que integran la Administración del Principado, correspondiéndoles respecto a las mismas ejercer las competencias que, conforme a la estructura orgánica y funcional de aquélla, les fueren atribuidas por razón de la materia y, en un segundo escalón, los Directores Generales, a los que competerá la dirección y coordinación de los servicios que estén bajo su dependencia, respondiendo ante el titular de la Consejería y, en su caso, ante el titular de la Viceconsejería.

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies no ve ninguna razón objetiva de peso para exigir que estos puestos de naturaleza política y, en particular, las Direcciones Generales, se provean obligatoriamente con funcionarios públicos, pues ello supondría confundir la naturaleza y las funciones de la estructura política que dirige la Administración con los puestos funcionariales que ejecutan las decisiones políticas.

Los funcionarios públicos no deben dedicarse a tomar decisiones políticas, pues no están legitimados para ello: no son elegidos democráticamente, sino que deben acceder a sus puestos según principios de igualdad, mérito y capacidad, que aseguren su imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, protegiéndolos de presiones políticas, así como la profesionalidad y objetividad en el desempeño de sus puestos.

Rechazamos, por tanto, la funcionarización obligatoria de los puestos de naturaleza política con funcionarios nombrados a dedo, que solo contribuiría a dañar la imparcialidad con la que deben desempeñar sus funciones los funcionarios públicos.

Cuestión distinta es que para los nombramientos de Directores Generales deba exigirse competencia profesional, acreditada mediante una motivación adecuada sobre los méritos del nombrado en relación con la materia sobre la que va a tomar decisiones. Ello redundará en la elección de cargos políticos que sepan de aquello a lo que se van dedicar y no deban el puesto solo a su militancia política o al enchufismo más descarado y permitirá, asimismo, controlar en vía judicial si los nombrados reúnen un perfil profesional suficientemente ajustado al puesto político que van a cubrir.

Dicho lo anterior, también rechazamos la politización que se ha hecho de determinados puestos que, aun siendo de confianza política, tienen un componente técnico y de control de la legalidad muy importante. Nos estamos refiriendo al puesto de Interventor/a del Principado de Asturias y a los de Secretario/a General Técnico de cada una de las Consejerías que componen el Gobierno. El nombramiento y cese en estos puestos no puede seguir siendo como hasta ahora, una potestad arbitraria del Gobierno del Principado, pues con ello se están socavando las mínimas condiciones objetivas para poder desempeñar sus funciones de forma ajustada a la ley y al Derecho, como requiere la Constitución.
Para acabar con esta politización indeseable, consideramos que la provisión de estos puestos  debe someterse a convocatoria pública y que se deben poner límites al Consejo de Gobierno y a los respectivos consejeros para su cese, que solo debería poder hacerse por motivos tasados y previa tramitación de un expediente contradictorio con audiencia del interesado/a.

Finalmente, como no puede ser de otro modo, los puestos estrictamente funcionariales, que en el Principado de Asturias terminan en las Jefaturas de Servicio, deben ser provistos, como regla general, por concurso de méritos, con independencia de que se sometan a una evaluación objetiva y transparente sobre el desempeño de sus funciones. En todo caso, deberá descartarse la utilización de la figura del “personal directivo”, creada con la única intención de disponer, de forma encubierta y en fraude de ley, de funcionarios de confianza política y/o personal.


En resumen, lo que tiene que hacer el Gobierno es acabar con esa tenue e interesada frontera entre acción política y función pública, pues esa es la única forma de garantizar al común de las personas que la Administración ajustará su actuación a Derecho.




jueves, 23 de julio de 2015

El Tribunal Supremo destapa la ilegalidad de las encomiendas de gestión del Principado de Asturias

El Tribunal Supremo, en sentencia dictada el paso 1 de julio (ver aquí) ) anula la encomienda de gestión realizada por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Gobierno del Principado de Asturias a la fundación FASAD, aprobada por resolución de 1 de marzo de 2010, cuyo objeto era el análisis y valoración de la documentación presentada por los centros de servicios sociales para su acreditación como tales y la emisión del informe sobre el cumplimiento de los requisitos de acreditación de centros de atención de servicios sociales.

La Consejería de Bienestar Social y Vivienda, dirigida entonces por Izquierda Unida de Asturias, justificaba la encomienda de gestión en la imposibilidad de tramitar las numerosas solicitudes de acreditación  dentro de plazo, lo que unido a la escasez de medios personales y materiales, podía implicar que algunos centros quedasen acreditados por silencio positivo pese a que, quizás, no garantizasen un servicio de calidad. Para intentar evitarlo, se encomendó la gestión de estos procedimientos administrativos a la fundación FASAD, integrada en el sector público asturiano, pero sujeta en su funcionamiento al derecho privado.

El Tribunal Supremo sentencia ahora que esa cesión de la gestión administrativa fue ilegal, pues no se trata de una actividad de mero trámite, sino de actuaciones administrativas procedimentales (fundamento de derecho décimo), por lo que se vulneraron las prohibiciones del artículo 15.5 de la Ley 30/1992, especialmemte la que impide encomendar a personas o Entidades sujetas al Derecho privado actividades que, según la legislación vigente, hayan de realizarse con sujeción al Derecho administrativo.

La sentencia que acaba de dictar el Tribunal Supremo tiene una enorme importancia desde el punto de vista de la gestión de los servicios públicos pues desvela una práctica bastante extendida, a pesar de ser manifiestamente ilegal, que es la encomienda a "chiringuitos" de la Administración del Principado que funcionan en régimen de derecho privado (empresas y fundaciones públicas), de la tramitación de procedimientos administrativos que sólo pueden instruir e informar funcionarios públicos, con todas las garantías inherentes a su condición Es decir, la privatización ilegal de la gestión administrativa de servicos públicos.

Resulta evidente que  la insuficiencia de medios personales y materiales para la gestión directa de estos procedimientos administrativos no es más que una coartada para reducir empleo público y adelgazar la Administración, a costa de limitar los derechos y garantías de los ciudadanos y ciudadanas.

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies confía en que esta sentencia sirva de toque de atención para poner fin a estas encomiendas de gestión fraudulentas e insta al nuevo Gobierno del Principado a revisar todas las encomiendas de gestión actualmente vigentes que incurran en los mismos vicios de nulidad, revirtiendo la gestión a los órganos administrativos competentes para ello.

viernes, 17 de julio de 2015

Un ascenso a dedo en Hacienda cada dos días

Los nombramientos de libre designación y los ceses en un colectivo de 1.400 inspectores afectan a más de la mitad de la plantilla


El promedio de los 11 últimos años es elocuente: cada dos días, un inspector de Hacienda asciende a libre designación y, muy probablemente, otro inspector es destituido. La movilidad y la arbitrariedad en nombramientos y ceses entre un colectivo que no supera los 1.400 inspectores no tiene parangón en la Administración del Estado, según fuentes de los sindicatos de funcionarios. Puede afirmarse que entre el 40% y el 50% de los inspectores de Hacienda son cargos de libre designación, pero esa condición cambia permanentemente. El sistema es criticado desde hace años por la Asociación de Inspectores (IHE), porque promueve la obediencia y la afinidad ideológica. Según ha podido constatar este periódico revisando el Boletín Oficial del Estado de los últimos 12 años, en las tres últimas legislaturas se han producido 2.169 nombramientos (y ceses) de libre designación.

Desde la llegada de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, la Agencia Tributaria ha atravesado por episodios polémicos, y entre ellos por destituciones, dimisiones y nombramientos de sus altos cargos, sobre todo desde la llegada del último director, Santiago Menéndez, el 28 de junio de 2013. Ello hace suponer que tantos cambios en la cúpula equivalen a una cascada de nombramientos en las escalas inferiores. Sin embargo, el resultado general no es muy diferente de lo sucedido en otras legislaturas.
Inspectores de Hacienda ascendidos a dedo

Libres ceses

Durante el actual Gobierno del PP, y a falta de cinco meses para que acabe la legislatura, se han producido 510 nombramientos de libre designación entre inspectores. En otras legislaturas, la movilidad ha sido muy parecida, incluso superior. Durante la segunda legislatura de Zapatero, con Elena Salgado como ministra de Hacienda, hubo 731 nombramientos de libre designación en la Agencia Tributaria. Elena Salgado había sucedido en el ministerio a Pedro Solbes dentro del mismo Gobierno socialista, en cuya primera legislatura se dieron 928 libres designaciones, una cifra espectacular que se explica en parte porque en la época de Solbes se creó la Delegación Central de Grandes Contribuyentes.

La libre designación lleva incorporada unas mejoras económicas, tanto en el complemento específico como en el plus de productividad, para el beneficiado. Son difíciles de cuantificar porque los baremos son complejos, pero la retribución variable se puede estimar entre un 41% y un 44% del salario. Según un cálculo elaborado por el sindicato de técnicos de Hacienda (Getsha), el 76% de los inspectores de Hacienda cobra por encima de los 78.000 euros anuales, el sueldo del presidente del Gobierno.

Libre designación equivale también a libre cese. De la misma manera que el nombramiento no requiere concurso ni mérito especial, tampoco hay condiciones para su cese: basta la comunicación y el afectado perderá parte de su salario, su teléfono móvil en 48 horas en algunos casos, y no necesariamente regresará al puesto de procedencia. “En el caso del cese, se produce una gran incertidumbre, que se resuelve según el criterio del jefe: te castigo o te premio según hayas sido más o menos dócil”, dice un inspector.

2013, un año convulso

28 de junio de 2013
La directora general, Beatriz Viana, dimite tras la atribución errónea de la venta de 13 fincas a la infanta Cristina. Montoro fuerza la dimisión de Viana "para fortalecer la credibilidad" de la Agencia y nombra a Santiago Menéndez.
Noviembre de 2013
La multinacional Cemex presenta un recurso contra una sanción de unos 450 millones de euros por simular pérdidas contables. El recurso es rechazado por Dolores Linares, una inspectora de Hacienda que es destituida. Tras ella, Ignacio Ucelay, jefe de la dependencia de control tributario y aduanero, presenta su dimisión.
2 de diciembre de 2013
En plena crisis por el caso Cemex, dimite Luis Jones como director del departamento de inspección financiera y tributaria. En un correo electrónico dirigido a los jefes de área explica su decisión por la existencia de notables diferencias con la dirección general.
6 de diciembre de 2013
En declaraciones informales a periodistas, el ministro Montoro vincula "el relevo" en la cúpula de grandes contribuyentes a que ese equipo está lleno de socialistas. "Cesan porque no les gusta el director general".
“En la Agencia Tributaria se reproduce un régimen de libres cesantías propio de la Restauración en el siglo XIX”, escribió en un artículo Ramsés Pérez Boga, inspector de Hacienda y presidente de la IHE hasta hace unos meses. “Este baile de inspectores equivale a una gran pérdida de eficiencia y genera una gran tensión. Hemos solicitado en varias ocasiones que se limiten las libres designaciones solo a los cargos organizativos”. “No todos somos enchufados”, añade Pérez Boga. “Soy partidario de la libre designación”, añade un exalto cargo de la Agencia Tributaria. “Pero es justo ponerle una barrera. Hay nombramientos que están justificados porque se trata de sucursales o departamentos donde no quiere ir nadie. Está bien que el alto cargo se sienta cómodo con sus colaboradores, pero el sistema termina originando equipos volátiles y que se gobierne a capricho. Se imponen elementos subjetivos y también ideológicos”.
“Siempre hemos pensado que un porcentaje de entre un 40% y un 50% de libres designaciones es excesivo”, sostiene Rocío Gamo, actual presidenta de la IHE. “Estamos abiertos a que se realice un estudio de los puestos de trabajo y defendemos que haya un estatuto. No todos los puestos son políticos. También hay inspectores que cambian de puesto por voluntad propia”. A pesar de que la lucha contra el fraude fiscal es una prioridad, el colectivo de los inspectores de Hacienda apenas ha crecido. En la actual legislatura, entre 2011 (1.797 inspectores de Hacienda) y 2014 (1.803), la variación apenas ha sido de seis inspectores (0,33%), teniendo en cuenta que hay una bolsa de más de 300 que están excedentes. Y la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) no se hace pública desde 2008.
El actual director general, Santiago Menéndez, ha defendido en diferentes entrevistas que “hay menos puestos de libre designación que en otras legislaturas”, hecho que corroboran portavoces de dicho organismo. “Se habla de nombramientos y ceses, pero no del resultado neto. En los lugares más sensibles de la Agencia Tributaria ha existido menos movilidad”.
Pedro Saura, el portavoz socialista en la Comisión de Hacienda, prefiere referirse no tanto a las cifras de nombramientos como a cuestiones cualitativas: “El hecho cualitativo es que nunca ha habido tantos escándalos, tantos ceses de altos cargos en tan poco tiempo que afectan a delegaciones importantes. La Agencia Tributaria era la joya de la corona en fiabilidad, independencia y discreción”.

miércoles, 15 de julio de 2015

El Tribunal de Cuentas, evaluado por sus iguales… y no demasiado bien

9 julio, 2015 | Por Autor: Critilo en Crisis política e institucional

Se ha dado a conocer hace unos días, con amplia repercusión en distintos medios de información, que el Tribunal de Cuentas se ha sometido voluntariamente a una auditoría externa siguiendo el modelo de “Revisión entre Pares” (Peer Review) que permite fiscalizar al fiscalizador. El examen lo han realizado el Tribunal de Cuentas Europeo y el Tribunal de Cuentas de Portugal y este lunes han entregado los resultados al Presidente de la institución española. Todavía no hemos podido leer detenidamente el texto del Informe (que, según ha anunciado su Presidente será publicado en la página web del Tribunal de Cuentas) los medios de información han hecho públicas unas primeras conclusiones, en todo caso muy sumarias.

Antes de analizar estas conclusiones cabe preguntarse por la razón de que se haya pedido este Informe. Y la respuesta la encontramos un año antes, esto es en julio de 2014, cuando ante el impacto que en la opinión pública tuvieron las noticias aparecidas en el diario “El País” (sobre corruptelas en los contratos celebrados por el Tribunal y nepotismo en los nombramientos) su Presidente propuso en el Congreso de los Diputados someter al Tribunal de Cuentas a una revisión, por instituciones foráneas análogas, cuyo objeto fuera verificar la calidad del funcionamiento operativo del Tribunal así como el cumplimiento de las normas por las que se rige.

Por tanto, por primera vez en nuestra historia, el órgano a quien se confía la misión de velar por el buen uso de nuestros impuestos se somete a sí mismo a un control de los procedimientos que aplica para cumplir su función.  Conviene aclarar que esta revisión de procedimientos es una práctica habitual entre los órganos supremos de control de distintos países. Y que esta revisión no es tampoco una auditoría sobre las operaciones con trascendencia económica llevadas a cabo por el Tribunal. Además hay que destacar que, precisamente por tratarse de una revisión entre instituciones homólogas, se cuidan mucho las formas a la hora de exponer las conclusiones, de manera que son redactadas de forma  exquisita, evitando despertar susceptibilidades  de forma innecesaria, o, dicho en plata, dejar en mal lugar a la institución controlada.

En definitiva, unas malas prácticas denunciadas por la prensa han servido para que el Tribunal de Cuentas se someta voluntariamente al control de un tercero lo que, aun siendo práctica habitual en otros países (el Tribunal de Cuentas español había efectuado una revisión similar respecto al Tribunal de Cuentas peruano tal y como declaró su Presidente en el Congreso) no lo era en absoluto en el caso de España, en el que hasta ayer mismo la pregunta de quien controla al controlador tenía una respuesta muy contundente: nadie.

Respecto a las conclusiones que se han conocido destaca la referente a la politización del Tribunal de Cuentas. Esta conclusión coincide con la percepción pública existente respecto a la influencia política que se ejerce sobre los consejeros , así como respecto al abuso de los procedimientos de libre designación.

La crítica que se hace de la politización del Tribunal resulta especialmente interesante porque la hace el propio Tribunal de Cuentas europeo, con toda la autoridad que se le supone, y no se puede seguir eludiendo, como si fuera la mera opinión de unos juristas excesivamente críticos (como ha podido ser interpretada cuando se ha realizado desde este blog) o la de unos periodistas no especializados (cuando se ha hecho desde la prensa).

Y eso que hay que subrayar-lo que es particularmente significativo-, la forma o procedimientos de designación de los Consejeros del Tribunal no estaban entre los objetivos de la revisión, que se limitaban a los procedimientos operativos empleados por el propio Tribunal, sin cuestionar algo en principio previo y ajeno a los mismos como es la forma en que el Parlamento nombra a los Consejeros del supremo órgano controlador del Estado. Aunque sin duda debió de sorprender mucho a los miembros de los Tribunales de Cuentas europeo y portugués como se había llevado a cabo dichos nombramientos.

No es para menos. En efecto, el nombramiento de los actuales doce consejeros del Tribunal de Cuentas se produjo en julio de 2012 cuando los respectivos Secretarios Generales del Partido Popular y del PSOE se pusieron de acuerdo en renovarlo haciendo “pack” con nada menos que el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y Radiotelevisión Española. En función de unos procedimientos absolutamente opacos -pues se desconocía quien o quienes se habían postulado para tales puestos, cuáles eran sus méritos, por qué se eligió a unos y no a otros, etc, etc- un buen día de julio de 2012 pudimos conocer por la prensa que ambos partidos habían consensuado los nombres de quienes iban a regir los destinos de estas altas instituciones del Estado.  Pero con la finalidad fundamental -como se ha escrito en este blog en múltiples ocasiones (por ejemplo, aquí y aquí)- de colocar a los próximos en sitios clave, como si este “método”, además, fuera un saludable mecanismo de renovación democrática, dado que se habían puesto todos de acuerdo en repartírselos.

En el informe se critica el abuso que se hace del sistema de libre designación para cubrir los puestos directivos del Tribunal, señalando que crea un clima de conflicto y tensión entre el personal, señalando que esa tensión responde a las relaciones existentes entre los funcionarios de cuerpos propios del Tribunal de Cuentas y los funcionarios llegados desde otras instituciones.

Aunque lo realmente preocupante no sería tanto las tensiones entre distintos cuerpos funcionariales sino el uso abusivo del sistema de libre designación. En efecto, si partimos de la base una institución excesivamente politizada y dónde sus funcionarios -que se suponen desarrollan un cometido esencialmente técnico- son nombrados -y cesados- discrecionalmente, por quienes han sido elegidos con criterios políticos, el resultado salta a simple vista y es lo que sin duda debió sorprender a los examinadores de nuestro máximo órgano de control.

Precisamente por esa razón las conclusiones que hemos conocido por la prensa destacan ante todo estas dos debilidades de dicha institución. Y sin duda aciertan. En efecto, un órgano cuya razón de ser es verificar como nuestros políticos elegidos democráticamente gastan el dinero de nuestros impuestos, debe mantenerse firmemente al margen de las batallas políticas y cumplir una función esencialmente técnica, contando para ello con el mejor capital humano (tanto a nivel de dirección como funcionarial) del que puede dotarse. Sólo así puede cumplir la función que justifica su propia existencia y gozar de la confianza que recibe de la sociedad, particularmente en estos momentos tan delicados.

No obstante, justo también es reconocer al propio Tribunal de Cuentas y especialmente a su Presidente, la iniciativa, aún forzado por las circunstancias, de someter al Tribunal a tan cualificado examen. A la espera estamos de poder leer el texto del Informe como de conocer las medidas que se adoptarán para paliar las debilidades que se apuntan.

miércoles, 8 de julio de 2015

Los dueños del Estado



España alimenta a altos burócratas segundones para su mejor desastre


Los dueños de la República de Chile son siete familias, contadas y acotadas, descendientes de familias coloniales y emigrantes a los centros de poder de Washington. Los dueños de la República Francesa son los brillantes hijos de la meritocracia de las escuelas superiores, que militan desde siempre en los altos cuerpos de la Administración. ¿Quiénes son los dueños del Estado español?

Una pista escalofriante nos pone sobre ellos. Busquen una crónica de Rafael Méndez, anteayer en estas páginas, relean. Explica que en un mínimo de 12 sobre los 20 casos en que España está acusada en arbitrajes internacionales por sus chapuzas sobre las energías renovables, abogados del Estado (español) en excedencia pleitean contra el Estado que los amamantó, y que los recogerá, magnánimo, al finalizar su recreo.

Estos caballeros hasta lamentan “tener que estar en esta situación”, remeros condenados en un barco del XVII porque claro, ellos preferirían ejercer de patriotas, aunque se ve que tal alto cuerpo les condena a la miseria. ¡Nadie les obligó a tanto sacrificio!

Los dueños del Estado español son un machihembrado chileno-francés. Segundones y tercerones del latifundismo, empleados al servicio del Señor, nepotistas de los grandes cuerpos allende meritorios, trufados con los retoños de la aristocracia industrial/financiera del XIX, duchos en cinismo y de principios dúctiles como los de Groucho Marx, siempre que se envuelvan en retórica y banderas de luengos metros.

Se cifrarán quizá en 333 apellidos, diplomáticos y abogados del Estado y economistas del Ídem, y altos funcionarios del ex banco emisor, algún notario o registrador despistado, tres sobrinos de cardenales prometedores y media docena de escaladores del alto tribunal. Les distingue la camisa bicolor y el inglés engolado. Cuando Ramón Tamames era Tamames, dedicó su indignado La oligarquía financiera en España (Planeta, 1977) a las criaturas cruzadas del poder económico y financiero. Al fin, árboles de hoja caduca, muchos de ellos. Los altos burócratas segundones de hoja perenne esperan su taxidermista, patriotas de puerta giratoria que España alimenta para su mejor desastre.

lunes, 22 de junio de 2015

Informe de la Intervención General del Estado sobre la ampliación del puerto de El Musel



El demoledor informe de la Intervención General del Estado sobre la ampliación del puerto de El Musel, en Gijón, de fecha 15 de junio de 2015,  AQUÍ

jueves, 18 de junio de 2015

Holacracia: el fin de las jerarquías

Holacracia: el fin de las jerarquías

http://saludconcosas.blogspot.com.es


Hoy hablamos de holacracia, un sistema radical de organización empresarial que pretende romper moldes burocráticos y estructuras directivas y cambiar los actuales sistemas de dirección. ¿Cómo podríamos definirlo en unas pocas líneas? La holacracia se basa en la ausencia total de cargos, directivos o jerarquías, y en el trabajo en "círculos" en una estructura totalmente plana en un entorno de transparencia radical. Enrique Dans lo define muy bien en esta entrada y en este informe-comic explican los conceptos esenciales.

La holacracia (holacracy si buscáis en Google) pretende aprovechar al máximo el liderazgo y la capacidad emprendedora de cada trabajador, promoviendo el trabajo en pequeños grupos autosuficientes, interconectados y coordinados, sin cargos directivos ni jefes, y basado en la responsabilidad mutua. La organización se centra en las tareas, y requiere un cambio cultural muy importante. ¿Os lo imagináis en el mundo sanitario? Sería muy difícil, pero quizás si podemos aprender determinadas cosas de holacracia para aplicarlas a nuestro entorno.

Los problemas derivados de la estructura organizativa aparecen perfectamente explicados en este gráfico que hemos visto en el blog de la web oficial de Holacracy. Filias y fobias, amistades, problemas del pasado, etc. Al final todo afecta...
¿Y qué ocurre con los puestos de trabajo? En la holacracia, no hay puestos de trabajo sino roles, y los roles se agrupan en "círculos" (término muy de moda). Cada círculo tiene autonomía para crear y ejecutar sus procesos y también para elegir a sus miembros. Y claro, todos podríamos empezar a pensar en los problemas que este tipo de organización en un centro sanitario. El primero surge por la capacidad de elección de los miembros de cada círculo: ¿qué ocurre con las personas a las que nadie elige? De hecho, aplicando este principio a nuestro día a día: si pudieras elegir a las personas de tu equipo, ¿contarías con todas o dejarías a alguna fuera? Una reflexión muy en la línea de esa frase que a veces se escucha: "cuando fulanito no viene a trabajar, todo va mejor".

Otra gran duda procede de la estructura plana, ya que si todos somos iguales y no hay jefes, se acabó la carrera y el desarrollo profesional. Lógicamente, holacracia propone que en un entorno tan ágil y cambiante, en el que los círculos se adaptan rápidamente, esa dinámica motiva al trabajador. Pero, ¿ocurriría eso en la vida real? ¿O todos quieren mejorar profesionalmente? En holacracia, los roles tienen asignados una retribución y es el profesional el que va mejorando y cambiando de rol a rol, pero sin mando ni poder. 

¿Es positivo un cambio de cultura tan radical? ¿Y los valores clásicos de la organización? Este es quizás el gran escollo de holacracia, ya que una cultura tan implantada y asentada, es muy difícil de cambiar a corto y medio plazo. Incluso a largo plazo podríamos decir, y hace falta que los trabajadores se la crean, la asuman y la hagan propia. Algo difícil de imaginar en el mundo sanitario. Además, el hecho de que llegue alguien (el iluminado, como muchos dirían) y empiece a implantar un modelo no jerárquico, ya es una contradicción ya que lo pondrá en marcha mediante el "ordeno y mando". 

Entonces, ¿que podemos aprender de este modelo? Lo primero, reducir la jerarquía, al menos una jerarquía tan marcada como la sanitaria, y promover espacios de trabajo coordinado, con tareas bien definidas y procesos bien diseñados. Además es esencial permitir la participación del profesional en las decisiones del día, aunque haya jefes y mandos, pero no una participación al más puro estilo sindical, nos referimos a algo más operativo, de cara a definir los procesos y mejorarlos. No imponer, sino cocrear. Quizás una jerarquía más ágil o más democrática sería la solución. 

Como todos los modelos radicales, hay mucho escepticismo alrededor, pero incluye algunas ideas interesantes como ya hemos visto. De hecho, reducir la burocracia y la estructura jerárquica del mundo sanitario ya es un buen comienzo. Aunque realmente, eliminar los jefes de golpe suena más bien a una utopia que a algo que vaya a funcionar, pero nos sirve para poner sobre la mesa una gran pregunta: ¿tenemos buenos jefes en el mundo sanitario? Holacracia no va a resolver nuestros problemas, pero ayuda a reflexionar.