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lunes, 15 de septiembre de 2014

El TSJA confirma la nulidad del instrumento de descripción de funciones de los puestos de trabajo de la Administración del Principado


El Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA) acaba de notificar al Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies la sentencia dictada en el día de hoy  - 15 de septiembre - (VER AQUÍ), por la que confirma la nulidad del Instrumento de descripción de las funciones de los puestos de trabajo del Principado de Asturias, que había sido aprobado por resolución de la Consejería de Hacienda y Sector Público de fecha 18 de octubre de 2012,

El TSJA desestima de este modo el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno del Principado, al que impone las costas del proceso, contra la sentencia dictada el 31 de marzo ( ver aquí) por el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo nº 5 de Oviedo. El Juzgado, en primera instancia y, ahora el TSJA, declaran que la Consejería de Hacienda y Sector Público se extralimitó por partida doble al aprobar dicho instrumento de descripción de funciones: de un lado, porque las funciones de los puestos de trabajo deben figurar obligatoriamente en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y no en otro intrumento distinto inventado sobre la marcha y, de otro, porque la competencia para aprobar dicha descrpción de funciones corresponde al Consejo de Gobierno y no a la Consejería.

La exigencia legal de que las funciones esenciales de los puestos de trabajo se describan en la RPT no es sólo una cuestión de índole formal, sino que tiene una enorme importancia práctica para el desarrollo objetivo y no dirigido de los concursos de mérirtos, conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Como señala la sentencia del TSJA en su fundamento de derecho segundo, la primera y única determinación de las características esenciales de los puestos de trabajo no puede ser la que se contenga en las respectivas convocatorias de los concursos, sino que, con caracter previo, dichas características - funciones - deben haber sido anticipadas por el acto normativo que aprueba o modifica los puestos de trabajo (RPT). De esta forma - señala el TSJA - se protegen con mayor rigor y seguridad jurídica las diferentes expectativas de los funcionarios públicos (dicho de otro modo, se evitan las convocatorias de concursos a la carta, amañados o teledirigidos en favor de candidatos determinados)

Una vez más, el Gobierno del Principado ha jugado a aprendiz de brujo inventándose un instrumento de descripción de funciones sin amparo legal. Tras recibir el primer varapalo judicial, lejos de enmendarse y en la línea patentada por el Gobierno de Areces, decidió recurrir en apelación, a sabiendas de que las costas del proceso van a pagarse, a escote, por todos los asturianos y asturianas con sus impuestos.

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies considera que ya es hora de que las costas de los procesos judiciales entablados por la Administración del Principado con atrevimiento y contumacia, sean abonadas de su bolsillo por los responsables personales de la decisión de recurrir, en el presente caso, como mínimo,  el Director General de Función Pública y la Consejera de Hacienda y Sector Público.

SENTENCIA COMPLETA AQUÍ 

jueves, 4 de septiembre de 2014

La Ley de Transparencia del Principado deja ver, pero no tocar



El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies considera que el proyecto de Ley de Transparencia que actualmente tramita la Junta General del Principado es, fundamentalmente, una operación de maquillaje para blanquear la imagen pública de una clase política – el Gobierno y la leal oposición – percibida por la sociedad asturiana como un "grupo de intereses" que monopoliza las instituciones públicas en su propio provecho. En este sentido, el proyecto de Ley no contiene ninguna medida o iniciativa real y efectiva para hacer posible una participación ciudadana real en los procedimientos para la toma de las decisiones públicas que afectan a su vida cotidiana,  y en materia de transparencia sigue manteniendo información oculta, como sucede con la identidad de los 98 asesores de confianza política nombrados a dedo en las Instituciones Públicas del Principado (ver aquí)

El lema comercial que parece haber inspirado al redactor de la Ley es "ver y no tocar". El Gobierno del Principado quiere mantener a los ciudadados y ciudadanas como cómodos espectadores de la gestión pública, enseñándoles solo aquello que le interesa , eso sí, sin derecho a participar en la toma de decisiones. Una ciudadanía pasiva y contemplativa, sin ninguna opción a intervenir en las decisiones relevantes, que se reservan en exclusiva para los profesionales de la política y sus asesores de confianza.
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Sin embargo, los ciudadanos y ciudadanas perciben, cada vez con mayor frecuencia, que las decisiones políticas que afectan a aspectos básicos para su calidad de vida, como la salud pública, las grandes infraestructuras, la protección del medio ambiente o sus derechos como consumidores, o el más amplio de la configuración de los presupuestos públicos, se toman al margen de los intereses generales (intereses cuya definición bien podría ser la primera misión de la participación ciudadana). Seguramente, uno de los síntomas más preocupante de la “partitocracia” sea el monopolio de las decisiones de trascendencia colectiva por parte de los políticos profesionales, que han ido desterrando poco a poco cualquier atisbo de participación ciudadana real y efectiva.

El artículo 9.2 de la Constitución Española dispone que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” En consecuencia, el proceso contrario que se ha ido recorriendo en los últimos años, de obstaculización y freno a la participación ciudadana,  es especialmente grave porque socava uno de los pilares sobre los que debería asentarse un Estado Social y Democrático de Derecho.
El Tribunal Constitucional, en su sentencia 119/1995, de 17 de julio, reconoce como modalidad específica del derecho de participación política, el derecho de participación en la actuación administrativa. La propia Constitución establece el contenido de este derecho en su artículo 105, cuando encomienda a la Ley la regulación de la “audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten”
Este principio de participación ciudadana está íntimamente conectado con el llamado “derecho a la buena administración”, tal y como se encuentra reconocido en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que obliga a las Administraciones Públicas a resolver los asuntos de los que conozcan de modo imparcial y equitativo, para lo cual deberán oír previamente a  los interesados. Complementariamente, el denominado Libro Blanco sobre la gobernanza europea incluye el principio de participación ciudadana como uno de los principios esenciales del buen gobierno, cuya efectiva aplicación supone otorgar a los ciudadanos el derecho de participación en los procesos de toma de decisiones desde su gestación, hasta el momento de la aplicación de las políticas concretas en las que se materialicen aquellas decisiones.

A este respecto, no se puede olvidar que la Administración Pública debe servir con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, según prescribe el artículo 103.1 de la Constitución.  Para que ello resulte posible, la primera condición es la de disponer de empleados públicos que accedan y promocionen dentro de la función pública, de acuerdo con los principios de mérito y capacidad y que se sometan a un sistema de incompatibilidades y  garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, como también establece el artículo 103.3 del texto constitucional y como viene defendiendo, permanentemente, el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies desde su creación.

Ahora bien, para que el funcionamiento y las decisiones de la Administración Pública sean objetivos y se ajusten a los intereses generales de los ciudadanos y ciudadanas, no basta con disponer de una Función Pública imparcial. Una Administración Pública verdaderamente democrática debe legitimar su actuación posibilitando la intervención real y efectiva de los ciudadanos afectados en los procesos de toma de decisiones, pues sólo si se conocen previamente las preferencias y opciones de aquellos y se tienen en cuenta, podrá afirmarse que dichas decisiones satisfacen realmente los intereses públicos.

Ello resulta especialmente necesario en aquellos ámbitos en los que la Administración Pública ejerce potestades discrecionales y que, por tanto, admiten en Derecho soluciones o alternativas distintas. En estos casos, la racionalidad y la objetividad de la decisión final no resulta posible sin conocer antes el parecer de los colectivos sociales interesados.

Como ha señalado el TC en su sentencia 102/1995, de 26 de junio, el principio constitucional de participación, contenido en el artículo 105 de la Constitución, es “un principio inherente a una Administración democrática y participativa, dialogante con los ciudadanos” y constituye “una garantía para el mayor acierto de las decisiones conectada a otros valores y principios constitucionales, entre los cuales destacan la justicia y la eficacia real de la actividad administrativa (artes. 1, 31.2 y 103 CE)”.

Dicho lo anterior, si bien, con carácter general, la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ha introducido en su artículo 3 el mandato a las administraciones públicas de actuar de conformidad con los principios de transparencia y de participación en sus relaciones con los ciudadanos, dicha participación se concreta fundamentalmente en los asuntos en los cuales la ciudadanía tenga la condición de interesada en el procedimiento - artículo 31 -, mediante el reconocimiento del derecho a presentar alegaciones en cualquier fase del mismo – artículo 35 –

Consideramos, sin embargo, que es preciso regular e impulsar otras medidas y mecanismos que hagan posible una participación ciudadana real y efectiva, más allá del simple reconocimiento del derecho a presentar alegaciones. En este sentido, la Ley 27/2006, de 18 de junio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, ha pretendido incorporar instrumentos de democracia participativa más avanzados, facilitando el derecho de participación pública en asuntos de carácter medioambiental en relación con la elaboración de determinados planes, programas y disposiciones de carácter general, e incorporando la participación en  los procedimientos para la concesión de autorizaciones ambientales integradas y para la evaluación del impacto ambiental de ciertos proyectos con incidencia en el medio ambiente.

Sin embargo, la burocratización de las cuestiones ambientales ha llevado a una duplicidad de trámites y a una complicación de los procedimientos que han originado documentos farragosos, redactados y motivados por parte interesada, lo que se une a la carencia de medios personales por parte de la Administración Pública para contrastar su validez y alcance. Todo ello, ha dificultado, en gran medida, la viabilidad real de la participación ciudadana en los procedimientos ambientales.

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies, en el documento titulado “30 medidas para la regeneración de la Administración Pública asturiana”, ya había propuesto alguna iniciativa para la transparencia administrativa y el control ciudadano de las decisiones que puedan afectar a intereses y valores colectivos. En concreto, proponíamos lo siguiente:

“Las sesiones de los Organismo públicos colegiados con competencias en materias como el urbanismo, el medio ambiente o el patrimonio histórico, serán públicas. Las actas en las que se recojan los acuerdos se publicarán en el boletín oficial.
Con esta medida se pretende asegurar el cumplimiento de las finalidades que justifican la existencia de estos Organismos, en concreto, la publicidad, transparencia y participación ciudadana en la gestión de materias especialmente sensibles para los intereses colectivos de la sociedad”

Procede ahora dar un paso más en la línea de los principios expuestos y exigir al Gobierno asturiano y a los grupos parlamentarios la aprobación de una ley que regule la participación ciudadana en los asuntos públicos dentro de la Comunidad Autónoma, en la que se fije un marco jurídico específico para regular el derecho de las personas de forma individual o a través de organizaciones, a participar en los procedimientos de toma de decisiones administrativas.

En orden a determinar el contenido y alcance de dicha Ley, enunciamos una serie de principios que han sido formulados por la Defensoría del Pueblo Vasco (Ararteko) en su Recomendación General sobre Democracia y Participación ciudadana, de 28 de diciembre de 2011, así como varios instrumentos de participación que ya se han ido definiendo en las leyes de participación ciudadana vigentes y en los proyectos en tramitación:

- Universalidad. La participación debe estar disponible para todas las personas interesadas. La ley 30/1992 considera que son personas interesadas aquellas cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan verse afectadas por la resolución. 

- Proactividad. La administración debe identificar al público interesado en los expedientes en los que se diriman intereses colectivos para instarle, de oficio, a personarse en el expediente como parte interesada. La participación proactiva del público implica la puesta a su disposición de toda la información obrante con antelación suficiente para que pueda  intervenir de manera efectiva.
Se trata no solo de posibilitar que los colectivos ciudadanos accedan a medios materiales, sino también de propiciar la divulgación y formación sobre temas que afectan directamente a la calidad de vida de la ciudadanía, pero que están envueltos en un lenguaje técnico excluyente que imposibilita el mínimo conocimiento y la participación.

- Asistencia. La administración debe dotarse de los medios necesarios para que los funcionarios y las autoridades ayuden al público y le aconsejen para que la participación resulte más asequible a la ciudadanía.

- Neutralidad. La participación nunca debe implicar que las personas interesadas en el procedimiento  puedan verse, de cualquier modo, penalizadas  en  su ejercicio. Las autoridades y funcionarios deben propiciar un trato de respeto a la ciudadanía.

- Transparencia. Con carácter previo al proceso de participación debe ponerse de manifiesto por medios adecuados toda la información que obre en poder de la administración. Asimismo la administración debe buscar formulas electrónicas para favorecer la difusión, al menos entre las personas interesadas, de los nuevos documentos o tramites que se vayan  elaborando. Asimismo la información sobre el resultado debe incluir información sobre la decisión, sobre las alegaciones presentadas y sobre el proceso de participación. Las sesiones de los Organismos públicos colegiados con competencias en materias como el urbanismo, el medio ambiente o el patrimonio histórico, serán públicas. A dicho efecto, se retransmitirán en tiempo real a través de la página web institucional. Las actas en las que se recojan los acuerdos se publicarán en el boletín oficial e, igualmente, en la página web institucional.

- Decisión abierta. Es fundamental abrir un proceso de participación cuando la decisión esté abierta. La existencia de una decisión preconcebida implica una ruptura del principio de buena fe y de confianza legítima del público interesado con la administración que promueve el proceso.

- Participación real. El proceso deliberativo debe estar dotado de medios que  permitan acceder a toda la documentación, plantear todas las observaciones y propuestas por escrito o mediante “una audiencia o una investigación pública” en la que intervenga la persona solicitante. El Tribunal Supremo ha establecido en su sentencia, de 16 de febrero de 2009, que el trámite de audiencia no se satisface con la puesta en conocimiento de los afectados por el expediente, sino que debe producirse un procedimiento de “diálogo, participación y respeto”. Existen varios mecanismos para propiciar ese dialogo, entre otros:
(1) Consultas ciudadanas: requiere una respuesta ciudadana concreta ante diferentes temáticas expresada a través de un referéndum o sistema de votación similar, cuyo resultado puede ser vinculante.
(2) Paneles ciudadanos: espacios de discusión compartida entre administraciones públicas, personal experto, entidades ciudadanas y personas interesadas en torno a una temática concreta, con el fin examinar y discutir sobre documentos públicos, con la elaboración de un informe que puede ser vinculante sobre diferentes temáticas
 (3) Auditorías de Proximidad: Su fundamento se inspira en el principio de evaluación participada de las políticas públicas. La auditoría de proximidad define un proceso formal de análisis del nivel de transparencia y rendición de cuentas de un organismo público.
 (4) Presupuestos participativos: la ciudadanía decide las prioridades de asignación de los fondos públicos.
(5) E-participación: participación ciudadana a través de las nuevas tecnologías, permitiendo a través de las mismas la participación ciudadana en el proceso de deliberación que sea efectuado, en tiempo real.
Asimismo los plazos previstos para la participación deben dejar tiempo suficiente. Otra circunstancia importante es tener en cuenta los periodos vacacionales de la ciudadanía

- Participación efectiva. La participación debe ser efectiva con capacidad de influir en el resultado y siempre debe ser tenida en cuenta y valorada. La administración competente debe realizar una contestación específica a las propuestas en la que se exprese los motivos por lo que se aceptan o se rechazan, tras una reposada lectura de las mismas, para de esta  forma considerar que se ha realizado adecuadamente el trámite de audiencia pública. La Ley regulará un sistema de participación ciudadana con capacidad decisoria, mediante la asignación preceptiva de puestos permanentes con voz y voto en los Organismos públicos colegiados con competencias en materias como el urbanismo, el medio ambiente o el patrimonio histórico,

- Seguridad jurídica. La participación requiere un marco jurídico propio que incluya los principios  sobre los que se asienta el proceso participativo, el ámbito de aplicación, las normas de funcionamiento y en general la identificación de los estamentos o sectores de la sociedad civil que se pretenden integrar.

- Conciliación y prevención. La participación como método que encauza las aportaciones del público interesado para la toma de decisiones es, además un mecanismo válido para la resolución de conflictos. Además, asegura una mayor posibilidad de éxito para las resoluciones adoptadas (es más difícil equivocarse cuando la ciudadanía participa) y una mayor aceptación de la norma o mejor disposición para su desarrollo por el público que ha participado en su elaboración.

jueves, 28 de agosto de 2014

Siete años de lucha




 Javier Álvarez Villa

A finales del año 2007 un pequeño grupo de funcionarios presentamos el primer recurso contencioso frente a una relación de puestos de trabajo (RPT) de la Administración del Principado de Asturias por la utilización abusiva y generalizada del sistema de libre designación (nombramientos a dedo). Desde entonces hasta ahora, actuando en nombre propio o con el amparo de la asociación Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies, hemos obtenido siete sentencias consecutivas favorables del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, confirmadas en casación por otras tantas del Tribunal Supremo.

¿Qué se ha conseguido con esta pelea constante y mantenida en el tiempo? En el año 2007 había más de 400 puestos de trabajo de libre designación en la RPT del Principado (además de las secretarías de despacho, todas las jefaturas de servicio, todos los puestos de coordinadores, asesores, interventores, responsables, directores de parques naturales etc.). La carrera profesional basada en la igualdad de oportunidades y en la valoración objetiva de los méritos comenzaba y terminaba en las jefaturas de sección, para los funcionarios de los grupos A y B (A1 y A2) y en las jefaturas de negociado, para los funcionarios de los grupos C y D.

Hoy, siete años después y como consecuencia de la derrota judicial sin paliativos de la Administración del Principado de Asturias, enrocada durante todo este tiempo en la defensa numantina del clientelismo laboral como sistema para el ascenso profesional, disponemos de una ley (Ley 7/2014, de 17 de julio) que reduce notablemente el uso de los “nombramientos a dedo”. A partir de ahora, las secretarías de despacho de los Directores Generales, los jefes de Servicio, los interventores, letrados, coordinadores, asesores, responsables, directores de espacios naturales y otros puestos similares, deberán nombrarse obligatoriamente por concurso de méritos. Aunque no se trata de una ley perfecta, parece evidente que se ha producido un avance legislativo notable hacia la objetivación de una carrera profesional más justa y ajena al compadreo, el amiguismo y el enchufismo con los que se viene desenvolviendo hasta ahora. La aplicación práctica que se haga de esta ley irá dando cuenta del resultado real de los avances, pero no vamos ahora a dar pábulo a los pájaros de mal agüero que vienen repitiendo una y otra vez, como loros amaestrados, que ni las resoluciones judiciales, ni los cambios legales, servirán para nada. De lo que si estamos seguros es de que si dependiera de la iniciativa de estos comodones “sénecas” de chigre y anonimato, todo seguiría igual de podrido o quizá peor.

Siete años han tenido que pasar para llegar hasta aquí y el camino recorrido no ha sido fácil. Hubo que superar algunas dificultades y digerir algunas decepciones de desertores, celosos y pusilánimes, pero así suele ser la vida, especialmente cuándo uno decide asumir algún riesgo, por mínimo que sea.

Pero, en su conjunto, el balance de la lucha ha dejado más satisfacciones que sinsabores. Mi agradecimiento a un grupo fiel de compañeros que han sostenido la pelea por creer que merecía la pena, a principios del siglo XXI, defender la igualdad frente al privilegio, el mérito frente a la recomendación, la legalidad frente a la arbitrariedad, una Función Pública democrática frente al rancio corporativismo de castas burocráticas acostumbradas a promocionar a sus recomendados mediante gestiones telefónicas. Y todo ello, sin buscar ninguna prebenda como moneda de cambio, porque nosotros nunca tuvimos, ni tenemos, nada que negociar con esas castas de políticos – burócratas y burócratas – políticos. En nuestras demandas judiciales no había  ningún “otrosí” ofreciendo  tregua a cambio de concesiones.

Muchos han sido los correos y mensajes de apoyo durante este tiempo de compañeros que nos animaban porque estábamos defendiendo una causa justa. Las noticias sobre los éxitos judiciales conseguidos fueron, en muchas ocasiones, las más votadas en las ediciones digitales de los periódicos, siendo una buena muestra de que hemos contado con una corriente de simpatía nada desdeñable en una sociedad poco propensa a reconocer los éxitos ajenos.

Cuando en el mes de diciembre del año 2010 el Gobierno de coalición PSOE-IU impulsó y aprobó una ley para desactivar las resoluciones judiciales en su contra y otorgar patente de corso a la libre designación de jefes de servicio, letrados etc., nos quedamos en solitario recurriendo la nueva RPT aprobada en aplicación de dicha ley –  ningún sindicato tuvo a bien acompañarnos en esa incómoda tarea, pues todo eran excusas y evasivas: cómo se ha legalizado la libre designación ya nada se puede hacer, sólo cabría acudir al Tribunal Constitucional, pero ese camino es prácticamente inviable etc... -. Pero, a diferencia de todos los que tiraron la toalla antes de tiempo, nosotros sosteníamos que la Ley del arecismo terminal era una monumental chapuza, mal redactada y peor concebida, que debía interpretarse en consonancia con el Estatuto Básico del Empleado Público, norma básica estatal que seguía regulando la libre designación como un sistema de nombramiento excepcional a justificar caso por caso y puestos a puesto, cuando concurrieran razones de especial responsabilidad y confianza. Prontamente la Justicia vino a darnos la razón y la última muralla levantada por el Poder político – corporativo en defensa de la generalización de los nombramientos a dedo se vino a bajo con estrépito.

Siete años en los que algunos conspicuos representantes de la alta burocracia beneficiaria del sistema dedocrático no han dudado en propalar infundios insidiosos, eso sí, en la pequeña escala de los conspiradores de cafetería, tachándonos de resentidos, grupo de reventadores del sistema, abertzales disfrazados etc. A estos ignorantes autocomplacientes sólo cabe responderles con la conocida frase de Orwell: “en una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario”

Siete años, en fin, en los que la pasividad y la complacencia de las organizaciones sindicales, salvo honrosas excepciones, ha resultado patética. Poco podíamos esperar de los grandes aparatos sindicales, que han sido en buena medida colaboradores necesarios, por acción u omisión, de la degeneración del sistema constitucional de Función Pública, tolerando que no se convocaran concursos de mérito dentro de los plazos legales establecidos, que se mantuvieran nombramientos provisionales de duración indeterminada, que se constituyeran tribunales de selección con criterios estrictamente políticos etc. Más sorprendente resulta, sin embargo, el comportamiento de algunos sindicatos alternativos, que durante todo este tiempo se han limitado a gritar de boquilla lo malo que era el abuso de los nombramientos a dedo, a divulgar panfletos con rancias soflamas, pero sin adoptar ninguna medida resolutiva, dando siempre la impresión de que utilizaban a drede un arma con la espoleta desactivada.

Por experiencia propia conozco bien que estos pequeños sindicatos alternativos no escapan a la ley de hierro de las oligarquías: sus elites de mando – muy poco numerosas, sin duda, en comparación con las de los grandes dinosaurios sindicales – también tienen sus propios intereses personales, que pasan casi siempre por mantener las buenas relaciones con los señoritos del cortijo, especialistas consumados en el reparto de pequeñas prebendas y en el trato deferente y cortés hacia los representantes sindicales.

Siete  años de lucha que no son el fin de nada, ni nos dan derecho a cantar ninguna victoria. La pelea por una Función Pública profesional, imparcial y objetiva debe seguir más viva y enérgica que nunca. Pero sólo los miopes, los acólitos de la casta de burócratas - políticos y los envidiosos apáticos pueden seguir sosteniendo que nada ha cambiado y que todo sigue igual.



miércoles, 27 de agosto de 2014

“Hay corrupción institucional, se puentea la norma para nombrar al amigo”

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Durante ocho años (2004-2012) presidió la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de juzgar, entre otras, las grandes causas de corrupción y responder a los recursos que los abogados de los corruptos presentan para escapar del cerco judicial. Desde hace dos años se ocupa de instruir casos de todo tipo, entre ellos, alguno de los últimos escándalos financieros. Nacido en Alora (Mälaga) en 1962, Javier Gómez Bermúdez ­es hoy titular del juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Presidió en 2007 el juicio del 11-M y redactó la sentencia que desmontó los numerosos bulos que algunos difundieron para cuestionar la autoría islamista y sugerir la participación de ETA en los atentados. Fue entonces cuando el PP, que le había aupado hasta la presidencia de la Sala de lo Penal, le dio la espalda.

Pregunta. ¿España es un país corrupto?
Respuesta. España tiene problemas estructurales para combatir la corrupción, aunque no soy experto en esa materia, creo que las estructuras administrativas, de toma de decisiones, de controles internos y externos, no son las más adecuadas. Y en esa línea me parece que van las reformas. Lo que ocurre es que no basta con hacer leyes sino que hay que cumplirlas. Me refiero a que lo que llamo corrupción institucional, sin contraprestación económica, y que afecta al entramado del poder, sea judicial, ejecutivo o legislativo se produce a pesar de ser un sectores muy regulados. Las normas se obvian, no se cumplen, se puentean; en consecuencia, no basta con legislar sino que hay que ejecutar, hacer que se cumplan.

P. ¿Por ejemplo?
R. Por ejemplo, los nombramientos. La flexibilidad y eficacia de la administración requiere que haya nombramientos directos en algunos casos. Pero esos nombramientos directos deben estar presididos por determinados criterios: mérito, especialización, cualificación determinada, sin embargo, esa misma norma es puenteada en una especie de fraude de Ley para nombrar al amigo, al conocido o a la persona que, con buena fe incluso, se piensa que puede desempeñar bien el cargo, pero que no cumple los requisitos objetivamente establecidos o que, cumpliéndolos, los cumple en menor medida que otros. Ese tipo de corrupción, que no es económica y que puede no ser malintencionada, es lo que yo denomino corrupción institucional.

P. ¿Hay otro modelo para elegir a las cúpulas judiciales que no pase por el parlamento?
R. Si, pero con el modelo que propongo me pueden echar del país (irónico). Como ahora, incumpliendo lo que dice el Tribunal Constitucional, la elección de los vocales del Poder Judicial se hace por cuotas que se asignan los partidos políticos, de modo que en la sociedad se percibe que hay una correlación entre el nombrado y el partido que le nombra, lo que propongo es que en las elecciones generales vaya una segunda lista anexa a la de los partidos políticos con los nombres de los profesionlas, jueces o no, que aspiren a ser vocales, o bien una lista única con todos los que aspiren al cargo. En el caso de los jueces esto no supone que sea miembro de ese partido político, lo que está prohibido, pero sí dice que tiene una afinidad política determinada y que le va a apoyar un determinado grupo político en su elección. Nada más.. Me van a decir que eso sería meter a los jueces en política, que eso obligaría a los jueces a hacer una campaña electoral y meterse en política, pero no es cierto. No más de lo que ya se percibe cuando jueces o fiscales ministros, secretarios de Estado o directores generales vuelven a la judicatura, después de su etapa en política y nadie dice nada. O cuando colacoran activa y continuamente con los partidos políticos a traves de sus fundaciones o “think tank”. Sostengo que la elección directa es mejor que la indirecta, más transparente, más limpia. El modelo es radical y se podría buscar una fórmula parecida, pero que no sea nada corporativista y que refleje claramente la ideología de los vocales. Quien no quiera pagar ese precio que no aspire al cargo.

P. ¿En España hay jueces y fiscales que ante casos de corrupción miran para otro lado con la esperanza de ascender en el escalafón?
R. El sistema favorece esa impresión, pero no creo que los jueces o los fiscales miren para otro lado sistemáticamente. Lo que puede ocurrir es que a veces no buscan, que es diferente. No es lo mismo ser consciente de que se está cometiendo una irregularidad y no hacer nada, en cuyo caso ese juez o ese fiscal es un corrupto, a que simplemente que no se indague, estarse quieto, no busco y así no tengo el riesgo de encontrar. Esto quizás se dé, lo primero yo creo que no. Y creo que los jueces y fiscales que ejercen a pie de calle tienen un alto nivel de honradez.
P. La corrupción ha vuelto a España 20 años después de que algunos escándalos acabarán en los tribunales. Las condenas que se pusieron hace 20 años no sirvieron de ejemplo como ejemplo para evitar la corrupción de ahora?

R. La corrupción no se resuelve solo con el Derecho Penal. De hecho, es la última herramienta para evitar la corrupción, y no la más disuasoria, pero además el Derecho Penal es ineficaz porque las sanciones no son adecuadas al delito. Si yo castigo a un político con la inhabilitación especial para ejercer cargo público cuando está fuera de la vida pública simplemente tiene el estigma social de ser condenado, pero no es eficaz. Por qué no existen medidas cautelares que impidan que bajo determinadas condiciones y cuando hay una resolución de un juez de imputación formal, no una mera denuncia, sino un auto de procesamiento o de procedimiento abreviado, el funcionario tenga automáticamente, por pura sanidad pública, que dejar el cargo, aun cuando luego pueda resultar absuelto. Se me viene a la cabeza el caso del presidente de Alemania. [El presidente alemán, Christian Wulff, dimitió a causa del escándalo de tráfico de influencias en el que se vio envuelto cuando se conoció que en sus tiempos de primer ministro regional había aceptado un crédito privado por medio millón de euros para comprarse una casa con unas condiciones muy ventajosas de empresarios amigos. Wulff presentó la dimisión un día después de que la Fiscalía de Hannover solicitara el levantamiento de su inmunidad para que pudiera ser investigado por delitos de corrupción supuestamente cometidos cuando gobernaba Baja Sajonia. Finalmente fue absuelto]

P. La transparencia y una conciencia social crítica bastarían para combatir la corrupción?
R. La transparencia desde luego, pero tiene que ser real, no basta con hacer una declaración de bienes. Habría que dar una especie de autorización para poder ser testado continuamente. Y en cuanto a la conciencia crítica, yo reconduzco la conciencia critica social a otra cosa. El problema de la corrupción es educacional. En España, ¿quién no ha pedido un favor alguna vez? Favores nimios que no son ni infracciones administrativas, ni mucho menos delitos. Desde que te salten el turno para hacerte el carné de conducir hasta que el médico te vea antes porque es amigo tuyo. Eso, que es educacional, insisto, está socialmente permitido, y hoy por hoy no se puede considerar que sea infracción de ningún tipo lo que hace que se instaure la conciencia de que el favoritismo está permitido, que eso no es malo. Y si eso no es malo, el salto al siguiente escalón es más fácil de dar. Hay que educar a las siguientes generaciones en que, por ejemplo, saltarse una cola es un comportamiento poco ético y reprobable y sancionar administrativamente el favoritismo. El día que consigamos que nuestros niños entiendan eso será mucho más difícil que luego haya un alto índice de corrupción.

P. ¿Le sorprende la ineficacia o la insuficiencia de controles administrativos que permiten a una empresa falsear sus cuentas durante años apoyándose en otras empresas sin actividad creadas sólo para fingir los ingresos de la primera, sin que Hacienda o la CNMV se enteren?
R. Se trata de eficacia en los controles más que de insuficiencia. La lentitud y la falta de flexibilidad en los controles puede facilitar esa situación. El caso que usted cita es entre privados, la llamada corrupción empresarial o delincuencia económica por falseamiento de las cuentas o documentos esenciales que altera la imagen fiel de la empresa. Volmemos a lo mismo, la cuetión no es sólo legislar sino dar instrumentos para que esa legislación se aplique eficazmente. Por ejemplo, crear equipos de investigación autónomos dependientes de los jueces, no de los fiscales que, al fin y al cabo, por mucha alta institución que sea, no deja de ser una parte procesal. ¿Por qué no tenemos equipos estables para los jueces con los que poder investigar? ¿Por qué no tenemos unos cuerpos de peritos adscritos en determinados órganos, dependientes de nosotros, que nos permitan investigar eficazmente?

P. ¿Por qué?
R. No lo sé. Se ha pedido muchísimas veces. Un ejemplo, para poder hacer informes periciales, la Agencia Tributaria está exhausta por nuestras solicitudes de proporcionarnos funcionarios y llega un momento en que te dice que para tus informes te asignan unos peritos que antes deben acabar el informe que le están haciendo a otro juez, con lo que el procedimiento se dilata uno o dos años, facilitando a los acusados obtener un mejor trato penal por dilaciones indebidas. Esto no puede ser.

P. ¿Cree que hay algún interés por parte del poder político de no facilitar este tipo de medios a los jueces instructores de la Audiencia Nacional?
R. Habría que empezar por otro lado. Es necesario reformar las competencias de la Audiencia Nacional para dejar claro quién investiga qué y quién juzga qué. Porque en realidad los supuestos de corrupción no son supuestos que vengan atribuidos directamente a la Audiencia Nacional. Esto, cuando el acto corrupto se ejecuta en varios territorios, provoca dos efectos inmediatos: la dispersión de procedimientos con un tronco común y la duplicidad de causas, que pueden dar lugar incluso a resoluciones contradictorias. Esto pasa especialmente cuando hay aforados, porque en cuanto concurren aforados de distintos territorios, como el tribunal competente para juzgar a cada uno es distinto, se divide la causa. Este problema quizás deberíamos solucionarlo de manera que cuando concurran aforados de distintos territorios, se atribuyera la investigación a la Audiencia Nacionial o el tribunal x, pero a un tribunal solo. Porque si no la consecuencia es la división de la causa, y la división de los elementos probatorios, el doble esfuerzo y la lentitud absoluta. Por último, demás de crear esas unidades y reformar las competencias y el aforamiento, hay que hacer una Ley procesal agil que no permita al investigado obstaculizar permanentemente el proceso.

P. ¿Qué le parece la idea de pasar la instrucción a la fiscalía para mejorar la investigación de las causas?
R. He cambiado de postura en esta cuestión al menos dos veces, porque tiene sus pros y sus contras. No tengo ninguna duda sobre el ministerio fiscal, está bien regulado, y no hay porqué tener recelos. Por tanto, que investigue el ministerio fiscal no supone ninguna merma democrática ni riesgo de parcialidad como algunos sostienen. Problema distinto es que estamos en un estado donde existe la acusación popular, donde la acción civil se ejercita conjuntamente con la acción penal, lo que hace que el perjudicado sea especialmente activo, donde todo medio de investigación que afecte a derechos fundamentales tiene que ser autorizado por un juez -un registro, escuchas telefónicas, etc.- y sobre todo en un país donde no existe el principio de oportunidad en sentido amplio que permitiría al fiscal valorar si un determinado hecho merece la pena judicializarlo o no . Si no tenemos principio de oportunidad y tenemos acusación popular, si cualquier ciudadano puede judicializar un asunto ejerciendo la acción penal, no sé como puede investigar el fiscal, salvo que nos hagamos trampas al solitario, suprimiendo de hecho la acusación popular sin decirlo explícitamente, pues el ciudadano sería un mero denunciante hasta que se ejerciera la acción penal por el fiscal. Otro de los problemas de la instrucción a cargo del ministerio fiscal es que al final, su investigación la controla un juez de garantías ante el que, según los borradores que se han hecho, caben tantos recursos que se duplica la instrucción. No se puede instaurar el ministerio fiscal como investigador y luego establecer tales mecanismos que en realidad sea una fiscal investigador tutelado. Una cosa es poner controles y otra cosa es duplicar instrucciones.

P. ¿Le parece que el modelo actual es ineficiente y hay que cambiarlo?
R. Yo ahora mismo soy juez de investigación, y a mí no me gusta en sí mismo la investigación, me puede motivar, pero no es lo que más me gusta del mundo del Derecho. No creo que sea una función que necesariamente tenga que llevar un juez. Dicho esto, el modelo funciona con el juez instructor por lo que debamos hacernos otra pregunta ¿por qué sustituirlo por el fiscal si funciona? Nadie da una respuesta clara a esta cuestión.

P. El Gobierno ha anunciado en esta legislatura una reforma para que la investigación la lleven los fiscales y otra reforma para que la investigación la lleven tres jueces. ¿Qué opina de estos volantazos prelegislativos?
R. Hay muchos expertos que han estudiado la cuestión y que tienen modelos válidos. Sólo hace falta una decisión política. Quiero esto o quiero aquello y una vez tomada la decisión política, modificar las leyes e introducir los cambios necesarios, con valentía y transparencia.
 
 
P. ¿El aforamiento es un privilegio?
R. En ocasiones sí, y me explico. El aforamiento territorial [de diputados y gobiernos autonómicos] es un privilegio, porque no te suprime una segunda instancia y sin embargo permite determinados saltos en la distribución natural de los asuntos. Y además provoca que cuando aparecen dos aforados de dos territorios distintos, la consecuencia es la dispersión del procedimiento, como señalé antes. Yo suprimiría muchos aforamientos. Empezando por el de la mayor parte de los jueces y fiscales. No lo necesitamos. Lo que necesitamos es restaurar el antejuicio, que cualquier ciudadano no te pueda denunciar sin causa y sin un filtro previo al proceso, porque eso sería automáticamente una causa de abstención o recusación y una forma de elegir juez, bastaría con ir denunciando jueces para elegir al que quieres. El antejuicio es un procedimiento rápido en el que el órgano encargado de investigarte valora si la denuncia que se ha formulado tiene mínimos visos de credibilidad. Se exige un principio de prueba para da lugar al inicio de procedimiento, en caso contrario se no se admite a trámite la denuncia.

P. ¿Otro privilegio sería que a los políticos aforados los investigan jueces a los que ellos mismos han aupado hasta el cargo que ocupan?
R. Esa idea está muy extendida, sobre todo referido a los tribunales superiores de justicia de las comunidades. Una cosa es decir que España no tiene la regulación más correcta para que objetivamente desde fuera cualquier observador imparcial no tenga dudas, y cuestión distinta es pensar que un magistrado porque sea designado de una forma u otra va a ser ya una persona vencida a determinadas tentaciones. Yo esto no lo creo. Si creo que es más fácil presionar a un juez que haya sido nombrado de una determinada forma, que a un juez que fuera elegido con otro criterio, sobre todo si la elección para el cargo es temporal, es, simplemente, más accesible, pero no menos honrado que los demás.

P. La investigación de los casos de corrupción llega mucho tiempo después de cometidos los delitos y en muchos casos no se puede actuar contra ellos porque han prescritos. ¿Cree que habría que ampliar el catálogo de las prescripciones?
R. Yo hice en su día una propuesta todavía muy verde que era cambiar las reglas de inicio del cómputo de la prescripción para estos delitos. Se que es difícil técnica y legalmente, aunque todo tiene remedio. No se trataría de alargar los plazos de prescripción, porque tendríamos una desproporción entre la gravedad del hecho y la prescripción, sino la de arbitrar mecanismos que impidan que la ocultación que se hace del hecho desde el poder -porque estos hechos se descubren cuando cambia la torna política-, no impida la investigación posterior. Algo así como una regla en la que se diga que si se descubre que hubo una ocultación eficaz del acto corrupto usando de los mecanismos del poder, ese tiempo no se computa para la prescripción. Algo similar se hace, por ejemplo, respecto al tiempo de prisión provisional cuando el preso es el que dilata el procedimiento para lograr que llegue el plazo máximo de prisión preventiva previsto en la ley. En esos casos, no se computa ese tiempo sólo imputable a la dilación intencionada pues se estima que se está actuando en fraude de ley.

P. Durante 38 años de democracia en España no se ha regulado el delito de financiación ilegal…
R. No tengo ninguna duda de que hay que introducirlo, porque una de las fuentes de corrupción, o mejor dicho una de las excusas para la corrupción es la financiación ilegal de partidos políticos y sindicatos. Porque el corrupto, una parte del dinero que obtiene se lo pasa al partido y otra parte se lo queda. Hay que combatir el problema de raíz. Y habría que regular la responsabilidad organizativa. No entiendo por que en los delitos societarios y de corrupción entre privados son responsables el administrador de hecho y de derecho, en definitiva al directivo que tiene la dirección efectiva de una empresa o entidad, no pueden ser responsables determinados directivos de organizaciones institucionales por los hechos cometidos por sus subordinados por falta de control o por otras cuestiones cuando benefician a la institución o a la organización política. Hay reformas que se pueden hacer pero combatiendo el problema de raíz.

P. Esta proponiendo que el responsable penal no sea tanto el tesorero de un partido como el presidente o el secretario general...
R. Creo que la solución es que el responsable sea el máximo responsable. Entre particulares y privados existe ya. Imagínese, en una multinacional, por qué va a responder el administrador de hecho o de derecho y no va a responder el directivo o dirigente de un partido político, cual es la diferencia desde el punto de vista organizativo. En el momento en que fijas la responsabilidad del dirigente, éste, por la cuenta que le trae, porque es honrado, procurará que sean honrados los demás, no se trata tanto de culpabilizar al dirigente, sino que el dirigente que es honrado se tenga que preocupar de que su organización se estructura de forma que impida la comisión del delito. Algo así como las políticas de compliance en las empresas.

P. ¿Cree que la figura del indulto hay que retocarlo, derogarlo...?
R. Es un desastre. El indulto tiene un tufo profundamente antidemocrático, porque supone en la práctica la derogación por el Poder Ejecutivo de una resolución judicial. ¿Debe existir? Yo creo que sí, pero profundamente democrático. Donde se trate de corregir la injusticia material que a veces la aplicación rígida de la Ley provoca. Porque determinadas sanciones son desproporcionadas en relación con la trayectoria vital de una persona, por ejemplo. Una persona puede cometer un error grave, puede y debe ser sancionada pero luego si esa persona tiene una trayectoria vital relevante, con servicios para su país o sus conciudadanos, donde se ha demostrado que ha prestado continuos servicios públicos, parece razonable que alguien, en este caso del Ejecutivo, pudiera perdonarle la pena. Por tanto, el indulto debe existir pero de otra forma, para corregir ese efecto. En segundo lugar, habría que introducir factores de control, la decisión tiene que ser razonada, motivada, tanto si se concede como si no y, en mi opinión, habría que prohibir el indulto cundo el dictamen del tribunal sentenciador y del fiscal sean contrarios a él.

P. El porcentaje que se da ahora contra el criterio del tribunal sentenciador y del fiscal es mínimo...
R. Si hay un porcentaje mínimo es porque existe.

P. El perfil que ha dibujado sobre quién sería merecedor de un indulto sugiere personas como un ex compañero suyo, Baltasar Garzón, al que han denegado la gracia junto a corruptos, conductores temerarios y toreros...
R. No hago crítica política de las decisiones del Gobierno. A mí no me ha gustado porque conozco a esa persona afectada y no tiene nada que ver con otras personas, a las que se incluyó en ese grupo de indultos, para bien y para mal. Y que conste que yo he sido una persona muy enfrentada a ese compañero, aunque ahora tengo una relación muy correcta. Creo que Garzón si cumple esas condiciones de las que he hablado para la concesión de indultos, pero mi opinión no es relevante.
 

lunes, 28 de julio de 2014

El Gobierno del Principado pierde la última batalla judicial sobre los nombramientos a dedo




La guerra judicial sobre el abuso de los nombramientos por libre designación (a dedo) acaba de llegar a su final con la derrota definitiva del Gobierno del Principado. El Tribunal Supremo (TS) acaba de notificar la sentencia sobre el último juicio pendiente, fechada el 23 de junio de 2014 (ver aquí), por la que se desestima el recurso de casación interpuesto por el Letrado del Principado contra la sentencia del Trbunal Superior de Justicia del Principado de Asturias (TSJA) de 10 de octubre de 2012, en la que se anulaba la relación de puestos de trabajo aprobada el 6 de septiembre de 2011, a instancia de cinco miembros del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies (ver aquí)

Esta sentencia del TS cierra un ciclo de cinco años marcado por la constantes y reiteradas resoluciones judiciales condenando al Gobierno del Principado por la utilización abusiva y contraria a la legalidad del sistema de nombramientos de funcionarios por libre designación, y por la estrategia suicida de los sucesivos gobiernos  de recurrir en casación las sentencias del TSJA ante el TS con el objeto de ganar tiempo y aprobar nuevas relaciones de puestos de trabajo que incurrían en los mismos vicios de nulidad, a sabiendas de que serían finalmente anuladas por la Justicia: una especie de fraude legal en cadena que fue hinchando la burbuja de los nombramientos  a dedo hasta que explotó definitivamente en el momento en el que el TSJA ordenó la suspensión cautelar del sistema.

En este largo proceso judicial de cinco años, que ha conducido finalmente a la supresión de la práctica generalizada de la libre designación de funcionarios, destacamos los siguientes momentos o hitos fundamentales:
- La primera sentencia dictada por el TSJA el 30 de abril de 2009, que anulaba una Relación de Puestos de Trabajo que  establecía la libre designación como sistema de provisión para la totalidad de Jefaturas de Servicio, Jefaturas de Área y puestos de trabajo equivalentes (ver aquí) 
- La sentencia del TSJA de 30 de abril de 2010, que anula el sistema de libre designación utilizado por la Administración del Principado de Asturias para nombrar a más de 250 puestos de trabajo de Jefes de Servicio, Coordinadores, Asesores, Analistas, Interventores y similares (ver aquí)
- El intento de blindaje legal de los nombramientos a dedo de jefes de servicio y letrados mediante la aprobación por la coalición PSOE-IU de la Ley 14/2010, de 28 de diciembre (ver aquí), cuyo objetivo era eludir el cumplimiento de las sentencias judiciales (berlusconización del poder legislativo asturiano)
- La sentencia del TS de 21 de mayo de 2012, que confirma la anulación de más de 250 puestos de libre designación (ver aquí)
- La sentencia del TSJA de 10 de octubre de 2012, que anula la RPT aprobada el 6 de septiembre de 2011, por utilizar el sistema de nombramiento por libre designación (a dedo) de forma generalizada y sin justificar, en la totalidad de puestos de Jefatura de Servicio y similares, estimando íntegramente el recurso interpuesto por cinco miembros del  Conceyu por Otra Función Pública  n´Asturies (ver aquí). En esta sentencia el TSJA desbarata y echa por tierra el argumento utilizado entonces por el Gobierno de Cascos y, después, por el de Javier Fernández , de que la Ley 14/2010, de 28 de septiembre, aprobada “in extremis” por el Gobierno PSOE-IU para eludir el cumplimiento efectivo de varias resoluciones judiciales, obligaba a designar por libre designación a todas las Jefaturas de Servicio y puestos similares y que no era posible un cambio de criterio sin modificar previamente dicha ley. 
-  El Auto de 8 de enero de 2013 del TSJA, en el que ordena la suspensión cautelar de los nombramientos por libre designación, que hasta entonces se seguían haciendo en flagrante incumplimiento de las sentencias firmes ya recaídas (ver aquí)
- La sentencia del TSJA de 30 de septiembre de 2013, que estima el recurso contencioso - administrativo interpuesto por el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies contra la relación de puestos de trabajo aprobada por el Gobierno de Javier Fernández el 19 de septiembre del 2012, anulando todos los puestos de libre designación de Jefatura de Servicio ( un total de 144 puestos) - ver aquí -

Para el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies los datos y hechos expuestos dejan bien sentado que las prácticas clientelistas de nombramiento a dedo de funcionarios públicos presidieron las tres legislaturas de los Gobiernos de Areces, en solitario y en coalición con IU, se mantuvieron en el breve periodo de Álvarez - Cascos y continuaron durante el Gobierno presidido por Javier Fernández, hasta que fueron frenadas en seco por un auto judicial de suspensión cautelar que pinchó definitivamente la burbuja de nombramientos ilegales que se había venido generando en los últimos años con el reiterado incumplimiento de las resoluciones judiciales que iban anulando todas y cada una de las relaciones de puestos de trabajo aprobadas.

En este sentido, el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies quiere destacar, con especial énfasis, que la limitación de los nombramientos por libre designación que se ha efectuado en la reciente Ley 7/1014, de 17 de julio (ver aquí), es el resultado de la presión judicial sostenida y mantenida durante estos últimos cinco años frente a la contumacia y la reiteración en las prácticas ilegales por parte de los diferentes Gobiernos del Principado, cuya voluntad política ha sido siempre la de mantener un sistema de carrera profesional presidido por el enchufismo, el clientelismo, las recomendaciones y la arbitrariedad.

Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies

jueves, 24 de julio de 2014

Ley de mutuas: criminaliza al enfermo, concediendo más poder a la patronal para dualizar y privatizar la sanidad



Tras la intensa campaña realizada durante años por la patronal CEOE contra el “absentismo fraudulento de los trabajadores y la negligencia de los médicos de los Servicios Públicos de Salud en la concesión de bajas por enfermedad común” – que ha sido apoyada con incentivos económicos por los Gobiernos del PSOE y el PP para que las empresas concierten con las Mutuas la gestión de la enfermedad común- el Gobierno Rajoy les concede un nuevo regalo de Navidad: ha aprobado la Ley de Mutuas, que les concede mayores competencias. Al mismo tiempo anuncia un ahorro anual de 511 millones de euros mediante la reducción del absentismo laboral. Lo que no cuentan es el perjuicio que soportaran los más débiles, es decir, los enfermos.
La campaña de las Mutuas y la CEOE, apenas ha tenido respuesta desde los sindicatos y loscomités de empresa (salvo limitadas campañas en Euskadi), ni tampoco por los médicos de atención primaria ni las Plataformas de defensa de la sanidad publica.
La aprobación del proyecto ley de Mutuas se produce con el desprecio absoluto a las reivindicaciones sindicales. Sobre todo, cuando se generaliza el “Presentismo”, es decir, la practica de acudir enfermo al trabajo, para evitar ser despedido u obligado por las dificultades económicas, tras desaparecer con la baja por enfermedad muchos de los complementos salariales recogidos en los convenios.

Ley de mutuas
Con el objetivo de reforzar la lucha contra “el absentismo laboral injustificado” y conseguir “mejorar la competividad de las empresas“, el Gobierno del PP aprobó el proyecto Ley de Mutuas, mediante el cual dejarán de denominarse Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS), para pasar a ser Mutuas de la Seguridad Social, después de asumir competencias más amplias que la cobertura de los accidente de trabajo y las enfermedades profesionales.
A partir de la ley, las Mutuas Patronales asumen el control desde el primer día de todas las bajas de los trabajadores enfermos, incluida la enfermedad común, la maternidad o el accidente no laboral, en los supuestos que la Mutua haya concertado con el empresario la gestión de la incapacidad temporal por contingencia común.
Las Mutuas tendrán la competencia de denegar, suspender o anular la prestación económica, sin perjuicio de los partes de alta o baja emitidos por los médicos de la sanidad publica. Cuando las Mutuas, en su función de control y seguimiento de la incapacidad temporal, consideren que el beneficiario podría no estar impedido para el trabajo, realizaran propuestas motivadas de alta a través de sus médicos, dirigidas al facultativo de la sanidad publica que emitió la baja y la Inspección Medica dispondrá de 5 días, para comunicarle el alta o la confirmación de la baja con un informe justificativo. Transcurrido el plazo de cinco días, si la Mutua no recibe la confirmación de la baja (como probablemente sucederá), está adoptara la decisión de extinguir la prestación económica. Los enfermos y las Mutuas, podrán impugnar dichas resoluciones ante el Instituto de la Seguridad Social, incluso judicialmente, aunque la opinión y las resoluciones de las Mutuas salen reforzadas en el procedimiento en la nueva Ley. Igualmente, las Mutuas anularán la prestación económica, en el supuesto de incomparecencia del enfermo a la cita de control de Incapacidad Temporal en sus instalaciones.
Asimismo, la Ley obliga a eliminar en su totalidad la participación de las Mutuas en las Sociedades de Prevención, creadas a finales de los años 90 por dichas entidades. A lo largo de 2014, deberán vender o cerrar dichos servicios de prevención ajenos: privatización absoluta.

¿Qué son las mutuas?
Con la Ley de Accidentes de Trabajo promulgada en el año 1900, las Mutuas se constituyen como asociaciones de empresarios para asegurar los posibles daños de sus trabajadores ocasionados por los accidentes de trabajo. Su papel inicial era asegurar las prestaciones económicas, pero mas tarde asumirán actividades rehabilitadoras o curativas y de control de seguridad e higiene en las empresas asociadas.
Con la creación de la Seguridad Social, a mediados de los años 60, en plena Dictadura, las Mutuas logran consolidar un sistema dual: 1) La protección de los accidentes y enfermedades profesionales de los trabajadores, cubiertos mediante cuotas de la Seguridad Social, que será gestionada por las Mutuas patronales, como entidades “sin animo de lucro” colaboradoras de la Seguridad Social; 2) El Servicio Nacional de Salud, universal y financiado vía impuestos, cuya gestión será trasferida más tarde a las Comunidades Autónomas.
En la actualidad, tras un proceso de fusión, existen 20 Mutuas, con diferentes tamaños e implantación territorial, siendo previsibles nuevas fusiones o absorciones, que serán bendecidas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estas Mutuas son: Fremap, Asepeyo, Universal, Fraternidad, MC Mutual, Ibermutuamur, Umivale, Maz, Activa, Mutualia, Unimat, Gallega, Balear, Egasart, Montañesa, Intercomarcal, Mac, Cesma, Navarra y Solimat, que en su conjunto obtienen unos ingresos anuales de 10.189.467.670,25 euros, por cotizaciones de las empresas, disponiendo de una plantilla de 20.730 empleados.
De asegurar inicialmente los daños sufridos por los trabajadores accidentados, las Mutuas han logrado ampliar sus funciones y competencias, gracias a la apuesta y convicción de los Directores Generales y gestores políticos de la Seguridad Social que, independientemente de que el gobierno fuese del PSOE o del PP, han venido afirmando, con poca vergüenza que “la gestión privada es más eficaz que la publica”.
Veamos algunas de las funciones de las Mutuas:
  1. La gestión de las prestaciones económicas y de asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación de las contingencias profesionales, es decir de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
  2. La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal por enfermedad común, tras acuerdo con el empresario.
  3. La gestión de la prestación por riesgo laboral durante el embarazo o lactancia.
  4. La gestión de las prestaciones económicas por cese de la actividad de los trabajadores por cuenta propia o autónomos.
  5. La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
Las Juntas Directivas de las Mutuas estarán compuestas por diez o quince empresarios, de los cuales el 30%, corresponderá a aquellas empresas con mayor numero de trabajadores, garantizándose la participación de un representante de los trabajadores de la Mutua. No podrá ostentar el cargo de Director-Gerente, aquellas personas que desarrollen actividad remunerada en cualquier empresa asociada. Pero, curiosamente, no existe obstáculo alguno para que el Director Gerente de MUTUALIA, la mutua de mayor implantación en Euskadi, sea a su vez Presidente de CONFEBASK (la patronal vasca) o que directivos de las Mutuas representen a la CEOE en diferentes mesas de negociación.
Se continúa manteniendo los órganos de participación: 1) las Comisiones de Control y Seguimiento, con participación de las organizaciones empresariales y sindicales, incorporando por primera vez un representante de las asociaciones de trabajadores autónomos; 2) así como la Comisión de Prestaciones Especiales, con similar participación, con fondos destinados a ayudar a las victimas.
Resulta ilusorio soñar con el control sindical de estas instituciones, mediante la participación trimestral en las reuniones de forma gratuita. Pero puede ser útil si es acompañada de una acción sindical perseverante contra el despotismo de la Mutuas, realizando “escraches” u otras movilizaciones de respuesta.

Consecuencias de la Ley de Mutuas
No cabe duda que, con las nuevas competencias, las Mutuas reducirán el absentismo mediante la presión y el maltrato a los enfermos. Los Inspectores de Sanidad y los médicos de atención de primaria se verán desbordados y mayoritariamente desistirán de realizar contrainformes de respuesta a los criterios de la Mutua. Por esta razón terminarán imponiéndose los criterios economicistas, salvo que se reactive la respuesta y la movilización social. Las Mutuas presionaran al enfermo para forzar el alta, especialmente en el caso de enfermedades psicológicas o músculo esqueléticas, incluidas las embarazadas, con el agravante de que las Mutuas no disponen de especialistas en dichas patologías.
Aumentará el control con detectives sobre la vida privada del enfermo. No es casualidad, que sean las Mutuas quienes mas demandas de investigación solicitan a estás Agencias. Quien conozca su práctica no tendrá dudas del aumento automático del “presentismo” por parte de los trabajadores enfermos, ante el riesgo de ser despedido o declarado “NO APTO” en las empresas.
Las Mutuas lograrán alterar las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, favoreciendo al trabajador de baja para su rápida incorporación laboral, mientras eternizaran la espera de los desempleados o pensionistas con similar lesión. Igualmente, presionaran a los trabajadores que han sido despedidos por causar baja para que cojan el alta y así eludir el pago de las prestaciones, que irán a cargo del desempleo. El carácter universal de la sanidad publica será cuestionado por los criterios economicistas y aumentará la desigualdad.
Aunque el control de la Incapacidad Temporal tiene que realizarse en las instalaciones y por profesionales de las Mutuas, la Ley les permite realizar conciertos con otros centros privados para acelerar diagnósticos, favoreciendo el negocio privado de la sanidad. No cabe duda que el control de la Incapacidad Temporal por las Mutuas favorecerá su estrategia de ocultar el origen profesional de las enfermedades, eludiendo así sus repercusiones, incluso para las empresas. Los costes del tratamiento de dichas enfermedades coadyuvarán a deteriorar los presupuestos de la sanidad pública, hasta hacerlos insostenibles.
La reducción de las cifras de enfermedad profesional reconocidas a partir del año 2006, cuando las Mutuas asumieron su gestión, evitó que tuvieran repercusión  tras la ampliación del listado de enfermedades. Es decir, dejo en evidencia las consecuencias de “poner al zorro al cuidado de las gallinas”.
Las Mutuas lograrán en estas condiciones, si no se reactiva la respuesta sindical, una gestión “rentable”, reduciendo el absentismo: aumentará la practica de usar mano de obra sana y tirarla cuando deja de ser productiva, al posibilitar mayores recursos económicos, que serán utilizados para subvencionar a las empresas, vía incentivos tipo “bonos” por inversiones preventivas, o se reducirán las cuotas empresariales, como exige la CEOE y las fuerzas de la derecha política.

Necesidad de un cambio en la orientación sindical
Los sueños de grandeza de algunos dirigentes sindicales, que veían con envidia la cogestión de las Mutuas alemanas, olvidándose del contexto y correlación de fuerzas, les llevó a volcar sus esfuerzos en tratar de convencer a las direcciones de la Seguridad Social y la CEOE de las ventajas del modelo alemán, olvidando mientras tanto la imprescindible respuesta a las agresiones cotidianas de las Mutuas y al aumento de sus competencias en la enfermedad común, cuya principal consecuencia fue que ganó terreno la perspectiva de dualizar la sanidad.
En el colmo de la herencia “fidalguista”, las direcciones confedérales de CCOO y UGT, llegaron a firmar Acuerdos con la patronal recogiendo “perlas” como estas: “Desarrollar un programa especifico para la eficaz gestión de la Incapacidad Temporal, basado en: La mejora de la colaboración de las Mutuas con la Administración de la Seguridad Social y los servicios públicos de salud, para el control de los procesos y el acortamiento del tiempo de recuperación de la salud, con el consiguiente efecto derivado sobre los costes empresariales y el gasto en prestaciones de Seguridad Socialo “Mantener la naturaleza jurídica de las Mutuas, asegurando su carácter privado como asociaciones de empresarios…o “Con el objetivo de eliminar el absentismo injustificado se elaborara trimestralmente un ratio de evaluación de su comportamiento…etc.
Afortunadamente, la actual dirección confederal de CCOO ha rechazado con firmeza el proyecto de ley de Mutuas, en el que las reivindicaciones mas elementales – como la co-decisión, es decir, que el concierto con una u otra Mutua en las empresas sea acordada de forma conjunta por el empresario y la representación de los trabajadores, o lograr una representación directa en las Juntas Directivas -, han sido arrojadas con desprecio a la papelera.

Activar la respuesta conjunta
Urge activar la respuesta sindical a las agresiones e intromisiones de las Mutuas en la enfermedad común. Las amenazas y recortes de prestaciones a los enfermos no pueden abordarse como un problema individual: urge la respuesta colectiva en defensa de la salud y la defensa de la sanidad publica.
Algunas experiencias, como las realizadas por CCOO de Euskadi, pueden orientarnos en la respuesta:
  • Las concentraciones de delegados frente ASEPEYO, UNIVERSAL y MC MUTUAL, en respuesta a la extinción de la prestación económica a trabajadores enfermos lograron modificar la resolución de la Mutua; en algún caso bastó con el simple aviso a la prensa de la concentración para que cambiase la resolución de la Mutua.
  • Es posible impedir en la empresa que la Mutua intervenga en la gestión de la enfermedad común, introduciendo cláusulas en los convenios que rechacen el concierto de la empresa con la Mutua. El ámbito de la empresa permite conocer mejor los motivos de las bajas, quien realiza fraude o las tiene justificadas. Contra dicho concierto de las empresas con las Mutuas se han producido huelgas en alguna empresa siderúrgica, pues afortunadamente existe una posición común en el sindicalismo vasco. Así, el convenio de los empleados públicos del Gobierno Vasco y otras empresas importantes, como la Papelera de Errenteria, tienen cláusulas que impiden la actuación de las Mutuas en la enfermedad común.
  • La actividad sindical realizada para visualizar las enfermedades profesionales, logrando indemnización por miles de euros de hipoacusias, lesiones de muñeca, silicosis y cánceres derivados del amianto, entre otras enfermedades, permite ganar apoyos en la respuesta a las Mutuas. Igualmente urge que los médicos de atención primaria pregunten al enfermo acerca de su actividad laboral y no solo por sus hábitos de vida, asumiendo la obligación de comunicar la sospecha del origen profesional de las enfermedades que diagnostiquen.
Lamentablemente, en la mayoría de las ocasiones, en ausencia de una acción perseverante, el problema se individualiza, resultando siempre perdedores los  enfermos.
Finalmente, no cabe duda, la solución más barata y socialmente más rentable contra el absentismo es investigar las causas de las enfermedades y promover medidas preventivas. Según la Agencia Europea de Seguridad y Salud, los trastornos músculo esquelético, derivados de los movimientos repetitivos, sobreesfuerzos e intensos ritmos de trabajo, junto al estrés y los riesgos psicosociales, son las principales causas del absentismo laboral en el Reino de España: su prevención laboral es posible, rentable y necesaria.
Las Mutuas, la CEOE y el PP lo saben, pero no les importa. Su interés y objetivo es hacer negocio mediante la dualización y la privatización de la sanidad. Si permitimos que avancen por ese camino, lo lamentaremos. Por ello, urge la respuesta desde la empresa, los sectores o territorios, promoviendo una amplia alianza en defensa de la salud y la sanidad pública.

Jesús Uzkudun Illarramendi, es activista en defensa de la Salud Laboral. Exsecretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO-Euskadi (1996-2012)

domingo, 20 de julio de 2014

La carrera estancada.






 Manuel Cortizo Velasco

Hace ya unos poco de años que se aprobó el EBEP  y con el una serie de medidas que pretenden hacer de la administración un lugar más habitable para el personal a su servicio. Veremos que después de varios años, no solo no se aplica, (en lo que a la carrera profesional se refiere), sino que se utilizan métodos lo suficientemente coactivos que coartan las aspiraciones de los trabajadores, como ocurre cuando desde dentro de una Consejería, un Servicio o de la propia Secretaría General Técnica, se impide la salida del personal a otro destino mejor. Esta actuación, unida a la inaplicación de las coberturas necesarias de personal nos sumen en una situación penosa. Veamos.


 Dice el EBEP:
Los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente en las modalidades de carrera horizontal y vertical cuando la Administración correspondiente las haya implantado en un mismo ámbito.

·                     a) Se articulará un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso fijándose la remuneración a cada uno de ellos. Los ascensos serán consecutivos con carácter general, salvo en aquellos supuestos excepcionales en los que se prevea otra posibilidad.
·                     b) Se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño. Podrán incluirse asimismo otros méritos y aptitudes por razón de la especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida.


El “sistema de grados, categorías, o escalones…” ya  está establecido desde hace tiempo. Una carrera con 30 niveles no es moco de pavo. No obstante obedece a la lógica del divide y vencerás. Así se ven a menudo negociados de una o dos personas y múltiples puestos de trabajo sin cubrir. Y, a veces, una competencia feroz que utiliza las argucias más inimaginables. 

Lo más curioso es el que “se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad…” Etc. A diario vemos como esto se lleva a cabo. Perdón. Anualmente. Un cuestionario y una proyección. Eso sí, sin valoración económica alguna. No están los tiempos para gastos superfluos.

Así pues, podemos y, según los teóricos de la Administración debemos, progresar en la carrera profesional porque así se incentiva al funcionario y se mima la función. 

Pero, todos sabemos que esto es papel mojado. Tengo la impresión de que progresar dentro de la Administración es poco menos que imposible. Ni aplicando la normativa legal plasmada en el EBEP; ni siquiera por la puerta de atrás. El EBEP es de imposible aplicación pues está en estado de hibernación y, en lo que se refiere al ascenso, descenso o ingreso del trabajador, parece definitivamente congelado. Con el consiguiente deterioro de la función pública y de los servicios que se prestan a la ciudadanía. 

La puerta de atrás está reservada, como en las discotecas. Solo VIPs. 

Así las cosas, no es de extrañar que los Servicios, (con mayúscula), se queden medio vacíos de personal, pues, se producen bajas incentivadas por la inquina antifuncionario que parece existir dentro de las jefaturas, cuya mejor diversión parece ser la de levantar expediente disciplinario; tampoco se repueblan con nuevos ingresos las vacantes producidas y se cierra la puerta a nuevos ingresos. Con estas perspectivas la carrera del funcionario no la va a querer ni el más pardillo de los ciudadanos, pues apesta a poco respeto, poca dignidad y menos sueldo.

Es triste ver como trabajadores a los que se les abre una perspectiva de cambio a mejor, tanto económica como laboralmente, se ven obligados a renunciar a esas plazas con la disculpa de que ¿Quién sustituirá al que se va?. Por tanto no podemos ni morirnos, porque no hay quien nos sustituya, (mira por donde resultamos imprescindibles). Sería gracioso si no resultase dolorosa tanta frustración. A estas alturas supongo que todo el mundo sabe de qué hablo, ¿no? Pues de esas plazas que quedan vacantes, cuya cobertura es imprescindible, pero que resulta imposible de realizar porque la realidad es que no se deja salir a nadie del lugar que ocupa. Por decreto. Los daños son múltiples. Por una parte el servicio que  queda cojo y por el otro el trabajador que ve frustrada inopinadamente su “carrera profesional”. Sin contar con el ciudadano que sin tener parte en el asunto se ve mal atendido por mor de la escasez de medios y personal. Pero, me asalta una duda. Algunas de esas plazas acaban teniendo cobertura. ¿De dónde salen esos trabajadores que “okupan” la plaza de quien meritoriamente había aspirado a ella? ¿Quiénes son y quién los nombra?

Ya lo veis. Los funcionarios de carrera podemos progresar en todos los sentidos y direcciones: Carrera horizontal, es decir, correr en llano y en línea recta a ser posible. Carrera vertical, para escaladores y demás personal deportivamente preparado, (se excluyen de esta categoría a los trepas de profesión); Carrera transversal, de sacos etc. Todas las modalidades imaginables.

A todo esto, ¿los representantes de los trabajadores no conocen estos detalles, que guardan tanto silencio ante tanto escarnio?