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martes, 21 de octubre de 2014

Verdades y mentiras del conflicto de los valoradores de la Dependencia



La entrada en vigor de la Ley de la Dependencia - Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.- supuso para las Comunidades Autónomas una importante carga de trabajo añadida que no podían afrontar con las plantillas de personal fijo de las que disponían en ese momento, por lo que optaron por atender esas nuevas necesidades con contratados temporales. En buena medida, esta situación se debió a la improvisación y a la falta de previsión suficiente para haber incluido en las ofertas de empleo público del año 2006 y siguientes un número  adecuado de puestos de trabajo para hacer posible la aplicación de esta nueva ley con una plantilla estable, mediante  una convocatoria de oposiciones pública y con todas las garantías para respetar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.

A este respecto, debe tenerse en cuenta que el incremento de la plantilla de personal del Principado para afrontar las nuevas exigencias administrativas derivadas de la aplicación de la Ley de Dependencia, es una necesidad claramente estructural y no una mera situación coyuntural motivada por un suceso excepcional y aislado. Ello implica que los puestos de trabajo vinculados a dicha necesidad estructural tengan que ser obligatoriamente puestos de plantilla, incluidos en el catálogo de puestos de trabajo y cubiertos con personal fijo previamente seleccionado en convocatorias públicas libres.  

Fueron razones de necesidad y urgencia derivadas de la improvisación, la negligencia en la gestión y la falta de previsión, las que llevaron a la convocatoria de bolsas de trabajo temporal, como la que realizó el Principado de Asturias en BOPA de 26 de octubre de 2006, para la contratación de personal temporal en la categoría de Titulados de Grado Medio (Asistentes Sociales, Fisioterapeutas, ATS/DUE etc.), es decir, de trabajo precario y, por definición legal, limitado en el tiempo hasta la provisión definitiva de esos puestos con personal fijo. Por tanto, los trabajadores contratados temporalmente no tienen derecho adquirido alguno a la reserva del puesto de trabajo, impidiendo que el mismo salga a convocatoria pública para que pueda ser cubierto por personal fijo. La experiencia adquirida y la formación obtenida hasta la fecha no pueden servir de coartada para legitimar prácticas ilegales como la de excluir esos puestos vacantes de los concursos de traslados en los que tienen derecho a participar - derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución - los trabajadores fijos del Principado de Asturias.

El Convenio Colectivo del personal laboral del Principado de Asturias dispone en su artículo 38 que la oferta de empleo público correspondiente a cada ejercicio presupuestario se conformará con las plazas vacantes que hayan sido sometidas a un proceso de provisión por concurso y declaradas desiertas, y el artículo 40 reconoce al personal fijo el derecho a optar 2 veces al año a la adjudicación de los puestos vacantes. De ahí que mantener los contratos temporales durante siete años, como se ha hecho, sin sacar las plazas a concurso público y sin incorporar las que quedaran desiertas a la oferta de empleo público, constituya una práctica en fraude de ley de la que son responsables, solidariamente, la Dirección General de Función Pública y la Consejería de Bienestar Social a la que están adscritos dichos puestos.

Los responsables intelectuales y materiales del actual conflicto de los valoradores de la Dependencia son la Dirección General de Función Pública y la Consejería de Bienestar Social, por haber dejado pudrir durante siete años la situación laboral en precario de los puestos de trabajo vinculados a la aplicación de la Ley de Dependencia. Un éxito más en la calamitosa gestión del empleo público llevada a cabo en la Comunidad Autónoma en los últimos años.

Por ello, resulta un sarcasmo que, ahora, antiguos responsables políticos de la Consejería de Bienestar Social pretendan actuar de bomberos en un fuego al que echaron gasolina cuando gestionaban esa Consejería. Estos responsables, así como las organizaciones sindicales que, por acción u omisión, ampararon sus decisiones, deberían dar cuenta pública de su nefasta política de personal, explicando la razones por las cuales incumplieron sistemáticamente las obligaciones establecidas en el vigente Convenio Colectivo en relación con esos puestos de trabajo.

La solución del conflicto laboral de los valoradores de la Dependencia exige mucha menos hipocresía  y oportunismo político y sindical y bastante más decencia en la  aplicación de la legalidad vigente en materia del empleo público.

martes, 14 de octubre de 2014

Pedimos la publicación de la declaración del IRPF de los altos cargos del Principado, de los diputados de la Junta General y de sus asesores



La proliferacion de escándolos de corrupción con el denominador común de la percepción de retribuciones e ingresos fraudulentos por parte de dirigentes políticos, sindicales, empresariales etc., exige un ejercicio de transparencia fiscal por parte de los altos cargos de las diferentes Administraciones Públicas y de los parlamentarios electos, que vaya mucho más allá de las meras declaraciones de actividades, bienes  y derechos, como la prevista en el proyecto de Ley de Buen Gobierno que actualmente tramita la Junta General del Principado.

La transparencia pública en materia fiscal, si se quiere tomar en serio, obliga a hacer públicas las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en cuanto que dicho impuesto debe comprender la renta del contribuyente, entendida como la totalidad de sus rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de renta que se establezcan por la ley, con independencia del lugar donde se hubiesen producido y cualquiera que sea la residencia del pagador.

Recordamos que la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del IRPF, incluye  dentro de la renta del contribuyente:
a) Los rendimientos del trabajo.
b) Los rendimientos del capital.
c) Los rendimientos de las actividades económicas.
d) Las ganancias y pérdidas patrimoniales.
e) Las imputaciones de renta que se establezcan por ley.

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies pide que los altos cargos del Gobierno del Principado de Asturias -consejeros, directores generales, secretarios técnicos, personal eventual vinculado del Presidente y jefes de gabinete de los consejeros - , incluyendo también a los máximos responsables de los organismos públicos, empresas públicas y fundaciones con capital público mayoritario, y a los diputados de la Junta General y sus asesores,  hagan públicas sus declariones del IRPF de los últimos tres años en las páginas web oficiales de estas Instituciones, con el objeto de disipar cualquier duda o sospecha sobre la cuantía y procedencia de sus ingresos.

No se trata en modo alguno de una petición novedosa, desproporcionada o fuera de lugar. El propio PSOE, por ejemplo, exigió en el año 2013 esta declaración pública del IRPF a los diputados del Parlamento de Extremadura ( ver aquí) y los diputados de Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía difundieron en el presente año 2014 su declaración del IRPF de los últimos tres años (ver aquí)

Parece razonable, por tanto, exigir coherencia al PSOE asturiano, actualmente en el Gobierno, y a la coalición IU, con el objeto de que apoyen esta iniciativa, que es hoy una medida urgente de transparencia e higiene democrática.


jueves, 9 de octubre de 2014

FÍLTRALA, plataforma independiente de denuncia ciudadana




Fíltrala es una herramienta independiente que busca una transformación en la sociedad española a través de la transparencia y la participación ciudadana. Queremos que el público ayude a restaurar el rol activo de los medios como vigilantes del poder, creando una nueva conciencia social donde ciudadanos anónimos puedan influir en lo que es de interés público. Estamos afincados en Bélgica 

Fíltrala, y también el BuzonX de Xnet, forman parte de la red internacional de la Associated Whistleblowing Press, una organización sin ánimo de lucro con sede en Bélgica que se dedica a combatir infracciones, corrupción y violaciones de los derechos humanos a través del periodismo de investigación y de herramientas para la transparencia. Elegimos Bélgica como sede ya que es un país que destaca en garantías legales relacionadas con la libertad de prensa, la protección de fuentes y la protección de la actividad periodística, hasta tal punto que su legislación nos prohíbe revelar nuestras fuentes, en el hipotético caso que las llegaramos a conocer. Seguridad en el envío de materiales 

Garantizar la seguridad del proceso de envío es esencial. Para ello utilizamos una conjunción de las tecnologías más avanzadas para garantizar que nadie, incluídos nosotros, pueda saber el origen de la información. Fíltrala funciona con tecnología desarrollada por Globaleaks, un sistema de código abierto creado especialmente para enviar y recibir ficheros de manera anónima por Internet. El software funciona junto con la fuertísima encriptación PGP y el Navegador Tor, que permite navegar por Internet de manera anónima y no requiere de conocimientos previos de informática. 

El proceso de envío está pensado para ser seguro a la vez que simple. Amplificamos tu voz Fíltrala es parte de una red internacional de activistas, periodistas y ciudadanos comprometidos en sacar a la luz información de interés público.La documentación recibida a través de Fíltrala será investigada y analizada por nuestra red de colaboradores, formada por organizaciones civiles y medios de comunicación, para su posterior publicación. El objetivo principal es que el impacto de la información revelada sea amplificado al máximo tanto a nivel mediático como civil y legal.

lunes, 6 de octubre de 2014

Exigimos transparencia en la gestión del dinero de los cursos de formación del Instituto Adolfo Posada

Por la transparencia en la Administración asturiana: pedimos la publicación de los beneficiarios  de retribuciones y de las cantidades percibidas por cursos de formación del Instituto Adolfo Posada

La Junta General del Principado Asturias tramita un proyecto de Ley de Transparencia que deja en la sombra importantes ámbitos de gestión del dinero público. Uno de ellos, el de los cursos de formación para empleados públicos organizados por el Instituto Adolfo Posada.

Para empezar, recordamos que el Instituto de Administración Pública Adolfo Posada (IAAP) repartirá el año 2014 más de un millón de euros (en concreto, 1.089.232 euros, ver aquí Presupuesto prorrogado, pág. 134) por impartir y coordinar cursos de formación para los empleados públicos del Principado de Asturias.

La gestión de esta importante suma de dinero adolece de una manifiesta opacidad y falta de transparencia: la selección de los profesores y coordinadores es estrictamente digital (selección a dedo) y la identidad y las cuantías recibidas por los elegidos también permanecen en la sombra.

La cuestión tiene una indudable relevancia desde el punto de vista de la ética pública en la gestión administrativa, pues es bien conocido que existe un grupo selecto de funcionarios públicos (también de jueces) que se benefician con importantes sumas de dinero (sobresueldos) con esta actividad formativa. Recordamos que la hora por impartir curso de formación se paga en el año 2014 a  96,74 euros para los funcionarios de los grupos A1 y A2 (ver importe de las retribuciones/hora aquí, página 55)

Asimismo, los cursos de formación del Adolfo Posada son una importante fuente de ingresos de empresas del ramo que también permanecen convenientemente tapadas.

El asunto se agrava si tenemos en cuenta que, en el caso de los funcionarios públicos  esa tarea de docencia retribuida de cursos se realiza coincidiendo con su jornada laboral, por lo que perciben una parte de su salario sin ir a trabajar.

Hace falta mucha transparencia en lo referente a los perceptores de retribuciones con cargo a los cursos de formación del Adolfo Posada. Por ello, exigimos que se haga pública ya  la lista de los beneficiarios  y de las cantidades percibidas por cursos de formación del Instituto Adolfo Posada de los años 2012 y 2013

Habrá sorpresas.

miércoles, 1 de octubre de 2014

¿Destituidos?






¿Destituidos?
Chema Vega. El Comercio
30/09/2014 (VER AQUÍ)



¿DESTITUIDOS?
CHEMA VEGA
EXPERTO EN PROTOCOLO ASTUR

Estamos empezando ya el último curso político de esta legislatura autonómica a ocho meses justos de las elecciones asturianas y nada, pero que nada, se escucha, a no ser en determinados círculos muy reducidos, desde hace por lo menos un año, de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) de anular el nombramiento de doce de los treinta y cinco directores generales de la Administración regional que, según el tribunal asturiano, mostraban sus carencias para acreditar su elección como altos cargos del Gobierno del Principado.

La cuestión de las anomalías en los nombramientos es antigua. Su origen está en el régimen político asturiano instaurado, aquí en Asturies, por el sindicato minero y su brazo político, la FSA, ya al principio del período conocido como Transición, con la aquiescencia tácita o expresa, estulta o interesada de los demás partidos de la peculiar democracia de nuestra vocacional región.

El esplendor de esta práctica digital y nepótica alcanzó el no va más en los tiempos del increíblemente magnético presidente -tanto por su vacuidad como por su demagogia política- Vicente Álvarez Areces. El amiguismo, la presunta corrupción -¡qué vergüenza, qué desastre judicial, qué comedia en el parlamentucu!-, el partidismo tribal, el papanatismo de todo lo que rodeó a su corte política, sus decisiones, sus fastos, su estilo, sus nombramientos, camparon a sus anchas en la gloriosa docena de años que duró su mandato.

A Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies, como a la más genérica Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA), tenemos que agradecerles que hayan insistido durante años en luchar contra las prácticas nepóticas de secta en la administración política y en su correa de transmisión funcionarial en Asturies.

Hace un año, ¡por fin! leíamos la noticia de que el TSJA anulaba los nombramientos a dedo en el Gobierno de Javier Fernández, que, como no podía ser de otra manera, siguió con lo que aprendió desde su época política bisoña, si es que alguna vez la tuvo: ordeno y mando. El 30 de octubre de 2013, EL COMERCIO, publicaba que el Gobierno del Principado recurriría ante el Tribunal Supremo la anulación del nombramiento de doce de los treinta y cinco directores generales asturianos. Hasta hoy. Claro que desde el 11 de diciembre de 2013 el Excmo. Álvaro Cuesta es vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Mientras, siguen en sus puestos (menos Clara Costales, que no pudo soportar otra mujer alfa en su territorio) los directores del Instituto de la Mujer y Juventud, Administración Local, Pesca Marítima, Recursos Naturales, Deporte, Políticas Sociales, Política Forestal, Vivienda, Infraestructuras, Transportes y, ¡cómo no!, la Dirección General de Emigración, a  cuyo frente figura Begoña Serrano Ortega, con una hoja de servicios impagable para su partido. Entre ellos figura el logro de que el PSOE asturiano cuente con dos diputados que el valieron el Gobierno en esta legislatura. Por cierto, se supone que esta directora seguirá en su puesto en mayo de 2015.

Fuente: Diario El Comercio

lunes, 29 de septiembre de 2014

Publicamos los nombres de 40 asesores de confianza del Principado de Asturias




El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies viene denunciando ante la opinión pública asturiana que el Gobierno autonómico y la Junta General  mantienen oculta la identidad de los 98 asesores de confianza política que actualmente existirían en el Principado, según el Informe de Personal de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias del año 2013, prorrogados para el año actual, (ver páginas 23, 43 y 49), al no publicar oficialmente en el BOPA ni sus nombramientos, ni sus ceses.

Este oscurantismo se perpetúa , como también hemos denunciado, en el proyecto de Ley de Transparencia en tramitación.

Por una jocosa casualidad, esta asociación acaba de descubrir un documento escondido en las catacumbas de la página web del Gobierno del Principado, denominado "Agenda de la Comunicación Asturias 2014" (ver aquí), dirigido a entendidos y profesionales de los medios de comunicación, en el que figura la identidad de un total de 40 de los 98 asesores políticos del Principado.

Es evidente que esta información parcial, restringida y semiclandestina, nada tiene que ver con la publicidad oficial que exige el principio de transparencia en la gestión pública. Por ello, con el fin de colaborar en la difusión de una información de indudable interés para la ciudadanía asturiana,  relacionamos aquí la lista de los 40 asesores identificados en la Agenda de la Comunicación Asturias 2014, recordando que más de 50 siguen ocultos en la sombra:

Presidencia del Gobierno

Directora del Gabinete

Diana González Fernández

Secretaría de la Presidencia

Rosa López Espiña

Comunicación y Coordinación del Gobierno del Principado de Asturias

José Manuel Álvarez Piñeiro

Carlos Baumann Viñuela

Jefa de Protocolo

Flor Melón Martino


Consejería de Presidencia

Gabinete

Jefa de Gabinete: Beatriz Coto Rodríguez

María Nachón Álvarez

Portavocía del Gobierno del Principado de

Asturias

Julio Cesar Iglesias García

Prensa y coordinación informativa

Blanca Gutiérrez Pérez

Consejería de Hacienda

Gabinete

Jefa de Gabinete: María Antonia Mateos Martínez

Patricia Rodríguez Bermúdez

Pablo Álvarez Rubio



Consejería de Economía

Gabinete

Jefe de Gabinete: Vicente Fernández Fernández

Consuelo Antuña Laviana

Prensa: María Alexia Expósito Martín



Consejería de Educación Cultura y Deporte

Gabinete

Jefa de Gabinete: Adelina Lena Ordóñez

Noelia Suárez Granda

Prensa

María Díaz Iglesias

Miguel Barrero Vázquez


Consejería de Bienestar Social

Gabinete

Jefe de Gabinete: Pablo García García

Greta Cortina Zapico

Prensa

Natalia Menéndez Menéndez


Consejería de Sanidad

Gabinete

Marisa Ponga Martos

Prensa

Javier de la Puente Pérez



Consejería de Fomento

Jefa de Gabinete: Javier Otero Parra

Silvia Brugos Rodríguez

Prensa:

María Pantiga Rodríguez


Consejería de Agroganadería

Jefe de Gabinete: Gonzalo Asenjo Palmerola

Vanesa González Díaz

Prensa

María Dolores Díaz Rodríguez



Junta General del Principado

Presidencia

Secretaría de la Presidencia

Mª Isabel Braga Díaz

Jefe de Gabinete

Senén Casal Iglesias

Secretaría del Gabinete

Octavio Vázquez Martínez

Jefa de Prensa

María Alonso Meléndez


Grupo Parlamentario Socialista

Prensa

Paula Tamargo Fernández


Grupo Parlamentario Foro Asturias

Prensa

Héctor Magro Palacio


Grupo Parlamentario Popular

Prensa

Alfonso Suárez González


Grupo Parlamentario de Izquierda Unida

Prensa

Silvino Álvarez Rueda



Grupo Parlamentario Mixto

Prensa

Patricia Rodríguez García



Sindicatura de Cuentas

Jefe del Gabinete

Roberto Fernández Llera




jueves, 25 de septiembre de 2014

El proyecto de Ley de Transparencia del Gobierno del Principado sigue ocultando la información fundamental sobre el personal de confianza política







Pese a que se publicita a bombo y platillo, la futura Ley de Transparencia no supone ningún avance respecto a la ocultación deliberada de los 98 asesores de confianza política existentes en el Principado de Asturias y que ocupan cargos públicos retribuidos con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

El proyecto de Ley de Transparencia que actualmente se tramita en la Junta General del Principado de Asturias mantiene la misma información sobre el personal de confianza polítca que ya ofrece el Gobierno del Principado en su página web.


En efecto, la única información institucional obligatoria que establece el proyecto de Ley de Transparencia en relación con esos asesores políticos es la que señala el artículo 13, letra b) : el número, nivel y retribuciones de cada puesto de trabajo. Los mismos datos que ya hace públicos el Gobierno asturiano en la página oficial de la Administración del Principado  y que son de publicación obligatoria conforme a lo que dispone el artículo 12 del Estatuto Básico del Empleado Público.

Sin embargo, la información fundamental, que es la identidad - nombres y apellidos - de dichos asesores, mediante la publicación en el BOPA de los nombramientos y ceses de los mismos, sigue hurtándose a los ciudadanos y ciudadanas de Asturias, en un  ejercicio clamoroso de opacidad y oscurantismo.

¿ Qué inconfesables razones llevan al Gobierno del Principado  y a la Junta General a impedir el conocimiento público de la identidad de los asesores políticos, a diferencia de lo que sucede con el resto de los empleados públicos, cuyo nombramiento figura publicado obligatoriamente en el BOPA?

¿ Quiénes son los tres asesores del presidente Javier Fernández, con nivel 30 y una retribución anual para cada uno de ellos de 54.728,38 euros?

¿ Quiénes son los tres asesores del Consejero de Presidencia y los cinco asesores de los otros consejeros, con nivel 28 y una retribución anual para cada uno de ellos de 50.041,46 euros?

¿ Quiénes se esconden en los 47 puestos de asesores de los grupos parlamentarios de la Junta General?

Esa ocultación ilegal de información resulta especialmente grave si se tiene en cuenta que, según dispone el artículo 2 del Proyecto de Ley de Buen Gobierno el personal eventual del gabinete del Presidente y los Jefes de Gabinete de los titulares de las Consejerías tienen la condición de “altos cargos” y están sometidos al régimen de incompatibilidades, conflictos de intereses y demás normas de transparencia de intereses, actividades y patrimonio que los miembros del Gobierno.

La opacidad del proyecto de Ley de Transparencia del Principado sobre los asesores políticos contrasta con la  publicidad que ofrecen otras leyes autonómicas. Así, por ejemplo, en la Ley de Gobierno Abierto de Extremadura, cuyo artículo 13 (ver aquí) dispone:
"Deberán ser objeto de publicación en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana los procedimientos de libre designación, la selección de personal directivo y laboral de alta dirección; candidatos y méritos aportados; propuesta motivada del candidato seleccionado; remuneración; los ceses y sus causas; los nombramientos, ceses, régimen retributivo, formación o trayectoria profesional del personal eventual. En el caso del personal directivo y laboral de alta dirección, se publicarán, además, los objetivos que se les hayan fijado y los resultados obtenidos de acuerdo con el procedimiento por el que deban evaluarse"

Por imperativo democrático, el Gobierno asturiano debe una explicación sobre esta ocultación contumaz y reincidente, más pronto que tarde.