CONTACTO

cofpas@gmail.com

jueves, 28 de mayo de 2015

PARTIDOS, CULTURA INSTITUCIONAL Y CLIENTELISMO POLÍTICO

Rafael Giménez Asensio

La Mirada Institucional

“Nadie niega que haya todavía países donde las instituciones democráticas estén mal asentadas o sean incluso un decorado teatral” (Moisei Ostrogorski, “La democracia y los partidos políticos”, Trotta, 2006)

Hace un siglo, Max Weber ya diferenciaba entre “partidos ideológicos” y “partidos clientelares”, aunque reconocía que todos los partidos son ambas cosas a la vez: tienen objetivos políticos y persiguen asimismo el reparto de cargos.

La profunda mutación que parece estar gestándose en el sistema de partidos español con la emergencia de “partidos nuevos” que se suman a los “partidos tradicionales”, puede ser una buena excusa para reflexionar sobre qué papel han jugado y pueden jugar los partidos políticos en las instituciones y, más en concreto, en la provisión de cargos públicos.

La política en España ha tenido siempre, desde los mismos inicios del régimen liberal, un componente muy marcado de clientelismo. Los partidos, como también diría Ostrogorski, se han configurado como “una tropa de asalto al poder para repartirse los despojos”. El régimen constitucional nacido a partir de 1978 no atenuó esa corriente de fondo, sino que, ante la multiplicación del tejido institucional, esa tendencia se vio multiplicada tanto cualitativa como cuantitativamente.

John Stuart Mill, en su obra Del Gobierno representativo, contraponía el modelo inglés al existente en buena parte de los países de la Europa continental de entonces, al afirmar que “el corretaje de cargos” es una forma de ambición extraña a los ingleses como colectividad, pues, salvo algunas excepciones, el modo de elevarse en la escala social tomaba una dirección enteramente contraria: la del éxito en los negocios o en una profesión cualquiera. No es este, precisamente, nuestro camino. Aquí, en cambio, se valora a las personas por “lo que son” (en particular, por el cargo que ocupan), no por “lo que hacen”. La afición “al cargo” es algo consustancial a ese peculiar carácter peninsular. No somos los únicos.

No cabe duda que las instituciones en la etapa democrática han sido pasto de clientelas políticas, como diría Alejandro Nieto. Pero este no es un fenómeno nuevo. Viene de lejos. Y la sociedad (la ciudadanía), así como sus medios de comunicación, se han mostrado enormemente complacientes con esa lacra. Algunas personas se han beneficiado y otras, la mayor parte, han mirado hacia otro lado, esperando tal vez su momento. La gravedad del problema no se puede minimizar.

El espacio natural de la política son los órganos representativos. Con base en el principio democrático, la política también dispone de otro hábitat natural para desplegarse, que son los gobiernos. Y el personal eventual o de asesoramiento político. Pero, a partir de ahí, se extiende una enorme “zona de incertidumbre”, al menos en este país. En efecto, entre nosotros, a diferencia de otras democracias avanzadas, la política cubre los puestos directivos de la alta administración, los niveles también directivos de las entidades instrumentales, inclusive penetra por medios diversos en la alta función pública o utiliza la palanca de la contratación laboral temporal y del personal interino para introducir sus huestes, como un fenómeno más de corrupción, en el empleo público. Familias enteras, políticas o de sangre, conviven en nuestro medio institucional. Y ejemplos hay por doquier.

Pero, además, los criterios políticos de reparto de cargos se han extendido sin rubor alguno a todo tipo de órganos constitucionales, estatuarios o asimismo a los innumerables “órganos de control” o autoridades “independientes”, creados por el Estado o por las comunidades autónomas, durante los últimos treinta años. Así las cosas, el sistema de frenos como medio de control de poder está profundamente averiado. Y ese déficit no se resuelve solo con la reconstrucción o reforma de esa “barrera de pergamino” que es la Constitución. Quien piense así, yerra de plano. Se necesita un cambio radical de cultura institucional y un renovado sistema de provisión de cargos que aleje las prácticas clientelares de los nombramientos políticos en todo este tipo de instituciones, pero a su vez no caiga en las redes de un rancio corporativismo o de posiciones tecnocráticas trasnochadas. Se han de establecer reglas nuevas que diseñen procedimientos en los que la imparcialidad y la competencia profesional de los designados esté plenamente acreditada.

No se trata, en efecto, de negar lo evidente. El Estado de partidos es una realidad que nos acompaña desde hace mucho tiempo. Y no cambiará fácilmente. Manuel García Pelayo en un libro publicado en 1986 (“El Estado de Partidos“, Alianza Editorial), intuía ya algunas de las derivas del modelo instaurado en la Constitución de 1978. Pero su análisis se quedaba corto. Barruntaba el problema, pero no lo cerraba por completo. Era, quizás, demasiado pronto.

Hoy en día nadie duda que los partidos “controlan” aquellas instituciones que deben a su vez ejercer el control de los poderes públicos estatales o autonómicos, “colocan” en esos órganos a militantes declarados, antiguos cargos representativos, ex altos cargos, personas con “sensibilidad” política similar o, incluso, fieles sin fisuras a quienes pagan servicios prestados. Tales instituciones están plagadas de personas “afines” a los partidos. Eso tiene un nombre: la “captura” de las instituciones por los partidos. Pero también esa práctica significa la ruina del sistema democrático. Sin instituciones de control el Estado constitucional carece de frenos.

¿Cómo acabar con esta situación? No es una pregunta de respuesta fácil. Cabe preguntarse, en primer lugar, si hay voluntad por parte de los partidos, sean estos “tradicionales” o “nuevos”, para cambiar ese estado de cosas. Y temo ser muy contundente en la respuesta: hoy por hoy no la hay ni en los “partidos tradicionales” (quienes han fracasado todos ellos sin excepción, si es que lo han intentado, en este importante reto) ni tampoco se observa de forma clara y precisa en las propuestas esbozadas por los “partidos nuevos”.

Pronto saldremos de dudas. El escenario de pactos múltiples para formar gobiernos en un futuro inmediato puede dar lugar a dos opciones. La primera será que los partidos utilizarán su poder de influencia para continuar con la política clientelar (cada uno pedirá “su parte”) en el reparto de cargos (ya hay precedentes de esta tendencia en algunas comunidades autónomas). La situación de deterioro institucional puede empeorar en este caso.

Y, la segunda, es que se produzca una auténtica renovación del sistema de provisión de los niveles directivos de la Administración y de los cargos institucionales, mediante un Pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas (“tradicionales” y “nuevas”) que fije reglas precisas y procedimientos adecuados para proveer tales puestos de responsabilidad entre personas de acreditada solvencia profesional y honestidad contrastada, con la finalidad de reforzar la profesionalidad, la moral pública y los sistemas de control del poder dañados de forma intensa tras décadas de mala “praxis”. Nada que ver con las tibias y deslavazadas medidas de “regeneración” que se han puesto en marcha, en estos últimos meses. Pura coreografía.

La única opción válida es la segunda, pero me temo que, viendo como discurren los acontecimientos y los pobres discursos de esta política espectáculo o de eslogan que nos invade, una vez más se impondrá la primera. Si así es, de nuevo perderemos la oportunidad de aprender de nuestros errores y salir del subdesarrollo institucional en el que estamos “cómodamente” instalados desde hace siglos. No cabe poner “el vino nuevo en odres viejos”.

miércoles, 20 de mayo de 2015

Regeneración municipal

 
20 MAY 2015, EL PAIS


De los casos de corrupción que casi a diario van apareciendo en las noticias, es llamativa la frecuencia con la que afectan a escala municipal, cosa que destaca el informe anticorrupción de la Unión Europea de 2014. Sin embargo, a pesar del escándalo que esto produce y de la cercanía de las elecciones municipales, no parece que nadie esté analizando las causas del problema. Pensar que la solución es que los tribunales vayan resolviendo los casos, o que las listas estén libres de imputados, es como querer acabar con la mítica hidra cortando sus mil cabezas: cambiarán las caras, pero seguirán saliéndole cada vez más cabezas al monstruo, que ya ha demostrado su capacidad de adaptación al medio tras la crisis inmobiliaria, pasando de alimentarse del urbanismo a asolar las subvenciones y la contratación pública.

Si de verdad queremos llegar al corazón del problema, tendremos que modificar los elementos del sistema que han favorecido el despilfarro y la corrupción. El citado informe de la UE habla de falta de mecanismos de control en el nivel local, pero lo que no dice es que estos mecanismos se han ido desarticulando. Como relata Muñoz Molina en Todo lo que era sólido, cuando llegó la democracia todos los partidos políticos consideraron que el control por parte de los funcionarios era un obstáculo para la realización de la voluntad popular, que ellos representaban. Particularmente molestos eran los secretarios e interventores de Ayuntamiento, funcionarios por oposición a escala nacional que tenían encargado el control de la legalidad jurídica y económica de los municipios. Por ello se fueron modificando las leyes para limitar sus competencias, reduciendo los casos en que era necesario su informe y sustrayéndoles todas las funciones de gestión, que se fueron concentrando en el alcalde.

Al mismo tiempo, se trató de menoscabar su independencia, permitiendo en determinados casos su nombramiento directo y no por concurso. Como siempre es bueno tener el palo y la zanahoria, se atribuyó a los Ayuntamientos tanto la capacidad de fijar sus retribuciones como la competencia para sancionarles (solo recientemente esto último ha sido parcialmente corregido). También se ha recurrido a vías de hecho, como no convocar plazas para poder nombrar para el cargo a un funcionario municipal afín, abusar del nombramiento de personal eventual de confianza o incluso presionar a los funcionarios. La mayoría de los expedientes iniciados contra secretarios e interventores son por emitir informes en materias que no eran de su competencia, es decir, por intentar hacer su trabajo. Eso sí, cuando al final algo sale mal —y a la luz—, el político apunta siempre al funcionario.

Muchos alcaldes,  sin controles previos internos ni supervisión  efectiva han acometido obras y proyectos innecesarios o absurdos
Así las cosas, no nos debería extrañar que muchos alcaldes, convertidos en pequeños presidentes, rodeados solo de leales que dependen de él, sin controles previos internos ni supervisión supramunicipal efectiva, acometan obras y proyectos innecesarios o absurdos, o desarrollen prácticas corruptas, abusando de unas desproporcionadas competencias urbanísticas o infringiendo la letra o el espíritu de la legislación sobre contratos públicos. Cambiar el sistema no es imposible. La fundación ¿Hay derecho? y el Colegio Profesional de Secretarios e Interventores (Cosital), partiendo de la experiencia y de las recomendaciones de organismos internacionales, proponen una modificación de las reglas del juego. Las medidas presentadas persiguen devolver a estos funcionarios su independencia y sus competencias, y a que tengan apoyo —y supervisión— desde un nivel superior al municipal. También reducen la discrecionalidad y aumentan la transparencia en los procesos de contratación pública, y proponen facilitar la denuncia de actuaciones sospechosas y proteger a los denunciantes.

El cambio es necesario, y puede que ahora sea incluso posible, pues la sociedad española ha reducido su tolerancia con la corrupción, y los tribunales y la policía parecen ser ahora más capaces de desentrañar y juzgar las tramas corruptas. Quizás ahora los políticos comprendan que un control profesional e independiente no es solo una garantía para el interés común, sino para su propia seguridad, y que la transparencia no es una amenaza, sino una oportunidad para demostrar que no tienen nada que ocultar. Al final nos corresponderá a cada uno de nosotros estar atentos, utilizar nuestros derechos de información, y ejercer nuestro derecho de voto en las próximas municipales, teniendo en cuenta lo que cada partido dice y hace en relación con la corrupción.

Segismundo Álvarez Royo-Villanova es jurista.

domingo, 17 de mayo de 2015

¿Casta o costra? Un documental



Nosotros no sólo tenemos un problema con la casta política, que nos apelmaza con su soberbia, su corrupción y su impunidad, sino con la costra que han ido creando a todos los niveles de la administración, ya sea central o autonómica, hasta abarcar las zonas más comunes de la ciudadanía. Nos formamos, es un decir, contra la Dictadura y nos hicimos mayores en la gran burbuja de la Transición. En otras palabras, nos sirvió de muy poco el pasado y nos ha dejado desmantelados el presente.

Hay que ver el documental titulado Corrupción: el organismo nocivo que un grupo de audaces optimistas han financiado y que se las ven y se las desean para conseguir que sea proyectado en alguna parte. El realizador, Albert Sanfeliu. Volcado sobre todo en Cataluña, actualmente sólo lo proyectan en un cine de Barcelona, el Girona, y los jueves a las 20 horas. Les queda una sesión, la última, después de dos meses en los que confieso que no me enteré de su existencia porque nuestros protectores culturales, también llamados promotores, no me dieron ni la más mínima referencia de que existía.

Corrupción es un documental sencillo, técnicamente mejorable, donde una serie de personajes heroicos afectados por la corrupción de las instituciones de aquí y de allá, van relatando sus experiencias con una sencillez pasmosa y un valor a prueba de atentados y presiones. Resulta demoledor en su naturalidad. El fiscal Jiménez Villarejo; una concejal de Barcelona en exilio forzoso promovido por sus compañeros del PSC, Itziar González; un par de funcionarios más que eméritos del Ayuntamiento de Santa Coloma; un veterano, Fernando Urriticoechea, rebotado de varias zonas de España, desde Castro Urdiales (Cantabria) hasta su último destino, Crevillent.

Ellos van relatando no sólo sus traumáticas experiencias sino que, lo más llamativo, es el optimismo que respiran tras haber soportado durante años la erosión vital de la costra, ese nivel mediano de la corrupción en la que estaban llamados a servir de engranaje. Un engranaje decisorio porque otorga validez legal a las corruptelas de sus superiores. Tiene la categoría de gran reportaje, porque no es fácil que la gente, en situaciones extremas, asediados cuando no condenados por los medios de comunicación tengan el valor de exponerlo y exponerse. Ibsen, el dramaturgo sueco, escribió ya de esto hace muchos años en una obra maestra, Un enemigo del pueblo.

Hay que escuchar la naturalidad con que Maite Carol y Albert Gadea, funcionarios del Ayuntamiento de Santa Coloma, y destapadores de la operación Pretoria, describen su espantosa soledad, sus angustias, la sinceridad de su aportación ante una ciudadanía reticente. Todos sin excepción participaban del reparto, unas veces Convergencia, otras Unió, siempre el PSC, ERC a lo que caiga, magnánimos todos como colegas de timba. Al que le toca el Ayuntamiento, gracias a la candidez de la ciudadanía, le cabe repartir entre sus colegas los frutos de la estafa. No hay muchas diferencias, sólo difieren las oportunidades; unos tienen más y a otros les quedan las migajas.

Impresiona, lo confieso, la rotunda expresividad de Maite Carol explicando con una pedagogía irreductible cómo no podría decirle a su hijo qué cosas no pueden admitirse -que silenciara por ejemplo una agresión en su colegio- si ella no hubiera sido capaz de afrontar algo tan desco­munal como negarse a un chanchullo en su alcaldía. ¿En qué mundo vivimos donde es posible una mafia sin sangre pero cargada de crímenes? ¿Es necesario que maten ­para que alguien se dé por aludido? Ig­norancia y paletismo. No saben que la mafia en Sicilia, Calabria y en todo el mundo, incluida Barcelona y Santa Coloma, primero avisa, luego advierte, y si es inevitable para la resolución del conflicto de intereses, entonces mata. Aquí, digámoslo a la brava, basta con el aviso y la advertencia.

Le ocurrió a Itziar González, edil del barrio del Raval por los socialistas. Se opuso al tráfico mafioso de los apartamentos turísticos y alcanzó la sublimación negándose a aceptar un hotel vecino al Palau de la Música. (Qué escena se desaprovechó el realizador cuando en el juicio, donde perdería Itziar González, apenas se entrevé a un Fèlix Millet en silla de ruedas, que en su caso es como una coraza para la piedad de los creyentes, fumando ansioso un cigarrillo, y esa cara de superioridad racial que le ha concedido una casta cómplice).

A ella le asaltaron la casa, le robaron los ordenadores, la intimidaron de palabra y obra, y ni siquiera hubo un conseller que se sintiera obligado a una intervención ins­titucional denunciando a los culpables. ­Silencio. Un incidente. Ella se lo había ­buscado. Viví en Euskadi los tiempos en los que a un asesinado se le acompañaba de un responso de la comunidad: "Algo habrá hecho".

En una sociedad normal, que no es el caso, lo primero que se exigiría de nuestra intelectualidad tan sensible que apenas ­parece que la pagan sino que les sale del puro corazón, que diría el gran José Alfredo Jiménez, el mexicano de las rancheras, sería que valoraran si es más importante desplazar los archivos de Salamanca o aceptar la complicidad con el descaro y la vileza. Porque el problema de nuestra corrupta y mediocre intelectualidad es que posee escaso valor para la cultura crítica y un miedo cerval a que le apunten con el ­dedo de la disidencia. Porque la antigua inteligencia crítica, viejos supervivientes en la era del meritoriaje bien pagado, se apuntan a las listas de lo nuevo como si con ello quisieran justificar el viaje a los naufragados pecios en los que se colaron casi anteayer. Me recuerdan las galletitas que antes hacían en los conventos de monjas, que para no escandalizar se decían "suspiros de monja" donde debía entenderse como "peditos de monja".

Por eso quizá me sorprendió que en un documental tan valiente como Corrupción se utilice como baremo de la moral y papisa de la decencia a personaje tan tradicional, cascado y equívoco como Victoria Camps. Es verdad que estaba a mano y a precio de saldo, pero sin ánimo de ofender a una figura tan mediocre de nuestro pensamiento académico, debo decir que todos los que aparecen en el documental tienen una fuerza ética muy superior a los anquilosados regodeos de Victoria Camps con los clásicos, vestida y maquillada para la ocasión como un personaje de Almodóvar. Confieso, sin acritud, que tratándose de figura tan principal en el marco de nuestras instituciones académicas, senadora socialista en años oscuros, y de la que jamás recuerdo nada que llamara mi atención intelectual salvo los apoyos implícitos cuando no explícitos a la casta gobernante, está de más.

Puesto a elegir, me quedo con el catedrático de Derecho Penal Joan Queralt, al que confieso no conocer fuera de un par de mensajes electrónicos, que ni es amigo ni he tratado en mi vida, pero cuyas intervenciones en el documental son de una claridad fecunda. Ayuda a entender, que es de lo que se trata cuando hablamos de pedagogía y valores públicos. A él debo esa precisión entre la casta de la que todos hablan y aseguran detestar, y la costra que es nuestra superioridad dirigente, formada desde hace décadas de desfachatez consentida. Los ricos, y hasta la gente común, deja propinas cuando va sobrado, pero castiga cuando llegan vacas más flacas.

Ante el optimismo flagrante de este imprescindible documental que es Corrupción y que ya me gustaría a mí compartir, hay una pregunta que siempre me hago en cada oleada de casos de corrupción insti­tucional y partidaria que nos asola (yo nunca escribí asuela, es menos preciso), y se reduce a algo muy personal, que afecta a ese último grado de la dignidad de la persona humana. Hasta en Italia, algunos altos ­cargos corruptos, empresarios pillados en humillante estafa, tuvieron un rasgo final de dignidad. Se suicidaron. No conozco en toda España un caso de un corrupto que haya tenido tal gesto. Y añado: no saben ­ustedes cuánto desmerece esto a la casta y a la costra.

Gregorio Morán, columnista habitual en el diario barcelonés La Vanguardia y amigo desde el principio del proyecto SinPermiso, fue un resistente político en el clandestino Partido Comunista de España bajo el franquismo. Periodista de investigación e insobornable crítico cultural, ha escrito libros imprescindibles para entender el proceso que llevó en España de la dictadura franquista a la Segunda Restauración borbónica. Su último libro: El cura y los mandarines (Madrid: Akal, 2014)

martes, 12 de mayo de 2015

Un desastre con todos los informes

  • Los grupos deberán afrontar problemas como la resolución judicial de la concesión del Palacio de Congresos o el diseño de El Cristo y La Vega

  • Ni un solo técnico municipal o externo se opuso a los constantes cambios en el contrato de 'los palacios'


«Todos los informes son positivos», dijo Jaime Reinares desde la presidencia del Pleno que en agosto de 2001 aprobó los pliegos, los segundos, para la construcción y explotación de dos conjuntos de edificaciones en Buenavista y El Vasco, lo que hoy conocemos como el contrato de 'los palacios', aunque solo haya uno. La Fiscalía opina que, tal vez, todos aquellos informes fuesen demasiado positivos, que los pliegos, en realidad, estaban hechos 'ad hoc'para una sola empresa la, a la postre adjudicataria, Jovellanos XXI. La denuncia del ministerio público por un posible delito de tráfico de influencias ha recaído en el saturado Juzgado de Instrucción Número 3, que dirige Begoña Fernández, que tendrá que repasar casi 15 años «de informes positivos». Ni un solo técnico municipal, del Principado o externo, se opuso a aspecto alguno del contrato, sus múltiples cambios o la deficiente ejecución de las obras. Nunca. Como en un reverso de Louis van Gaal, «siempre positivo».
La comisión de investigación sobre el 'contrato de los palacios' concluyó el año pasado que toda la operación fue un error perjudicial para el Ayuntamiento. También, que hubo «insuficiencias en los mecanismos de control». Casi complacencia. En aquel Pleno que aprobó los pliegos, en los que el Ayuntamiento se comprometía a aportar 30 millones de euros a las obras, Reinares leyó el aval de los técnicos del área económica. Pagar esa cantidad no supondría un problema porque había varias opciones: «Ahorro presupuestario, enajenación de bienes, venta de aprovechamientos o un préstamo», repasó el alcalde accidental. Justo las mismas vías que marca la legislación para financiar cualquier inversión y no una precisión sobre si los recursos municipales de entonces eran suficientes. No lo fueron. El Consistorio nunca pagó una euro (en metálico) y lo acabó pagando con otro modificado del contrato, en 2005. Este también, con todos los informes favorables.
Este último cambio del contrato fue clave. Tanto, que el año pasado, a la hora de liquidar el acuerdo con la empresa, el informe habla de un nuevo reequilibrio financiero de toda la operación. En julio de ese año, Jovellanos XXI solicitó la modificación amparándose en los impagos por parte del Ayuntamiento y los costes en honorarios de Santiago Calatrava por los sucesivos cambios de diseño en la parcela de El Vasco. En 27 días, la Junta de Gobierno lo aprobó todo. Cosas, incluso, que poco tenían que ver con una reclamación, en apariencia económica, como suprimir algunas cláusulas del pliego y la redacción de nuevos planes adaptados a las modificaciones. En lo material, la empresa recibió de aquélla la propiedad de los aparcamientos y la zona comercial en El Vasco. También, la de una parte, hasta entonces en concesión, en Buenavista para aparcamientos y usos comerciales. El Principado, de repente, levantó la moratoria de licencias de grandes superficies, y Jovellanos XXI pudo solicitar la de lo que ahora es Moodo, la segunda mayor galería comercial de Asturias, que dos años después vendería por 130 millones.
Todo los cambios se hicieron «con unas valoraciones injustificables, ínfimas y contradictorias» o «sin precio alguno», se regaló en el caso del trozo cedido bajo el entonces futuro Palacio de Congresos, según denunció el PSOE ante la Fiscalía. Valoraciones tan «irreales» que, a día de hoy, a la hora de liquidar el contrato con la empresa, el Ayuntamiento les calcula un valor que multiplica por diez el de alguna de aquellas tasaciones.
La denuncia apuntaba que los informes se hicieron a medida y que en esta cuestión tomaron parte los técnicos de Urbanismo, Fiscalización o Contratación. Según el escrito, estos se habrían plegado a «la total manipulación que se hizo políticamente para que los informes» de los funcionarios reflejaran cantidades desproporcionadamente bajas.

De fuera
Un año después de esa gran modificación, el Ayuntamiento decidió subastar sus derechos en la parcela de El Vasco. Esta vez los informes principales se encargaron fuera. Garrigues valoró estos activos en 5 millones de euros. Tomaba como referencia el precio pagado por el Principado por las oficinas de Buenavista (4.300 euros por metro cuadrado), pero les aplicaba sendos coeficientes del 0,75 por ubicación y de 0,95 por tipo de edificación. Puede parecer poco, cuestión de decimales, pero multiplicados hacen caer el precio de licitación de 15,3 millones de euros a 5. Jovellanos XXI, única licitadora, acabaría quedándoselo todo por 6.
En teoría, debía respetar las condiciones del contrato y el proyecto (por entonces un edificio de oficinas, el nuevo Ayuntamiento), pero meses más tarde, con todos los informes favorables, el Consistorio dio total libertad a la empresa.

Tanta como para plantear en 2008 tres rascacielos de 140 metros de altura. Esta vez, el informe también se pidió fuera. El abogado Raúl Bocanegra firmó un escrito en el que decía que «el objetivo último del contrato» era contar con edificios de Calatrava. El Ayuntamiento, tras una visita del arquitecto, la última antes de los líos judiciales, dijo de nuevo sí y Alberto Mortera, de aquélla concejal de Urbanismo, defendió a capa y espada el proyecto. Hasta que Gabino de Lorenzo reculó, tras unas protestas convocadas por IU.
Rotas ya las relaciones con el premio Príncipe valenciano. La socialista Paloma Sainz tuvo una idea, o eso dijo: concentrar todas las sedes judiciales en un edificio nuevo en El Vasco. El día anterior hubo una discreta reunión en Presidencia del Principado, entre Vicente Álvarez Areces y los empresarios. Todos se hicieron, sonrientes, una foto en el solar esa misma semana adelantando los primeros números.
La edificabilidad triplicaba la del proyecto original y aprovechaba parte de los sótanos excavados como aparcamiento. El Consejo de Gobierno aprobó un protocolo de intenciones futuras por el que los asturianos pagaría 190 millones de euros a los empresarios por el edificio en 10 años. EL COMERCIO informó entonces que todo el edificio costaría menos de la mitad, 80.

La UE no tragó
Pese a los informes jurídicos del Principado, todos favorables, la UE no tragó. Consideró «el protocolo de intenciones futuras», un contrato a dedo y tumbó el acuerdo.
En su denuncia, el PSOE pasó por alto estos últimos avatares por no manchar el nombre de sus compañeros, pero puso el acento en que después de todos estos cambios -de una inversión inicial de 126 millones de euros, se pasó a más de 300, según la empresa- el aval nunca se modificó. Solo en Buenavista se pasó de los 76 millones de euros de la adjudicación a los 93 del proyecto básico, para saltar a los 171 en la modificación de 2005 y terminar en la liquidación de 2011 en los 267 millones de euros. En ningún momento se actualizaron los avales del 4% iniciales. La garantía de 8 millones que acabaría por devolver como alcalde Agustín Iglesias Caunedo con todos los informes técnicos favorables, nunca se modificó. Prueben a hacer lo mismo con la reforma de su casa.

viernes, 8 de mayo de 2015

La Justicia tumba un concurso para colocar a un afín a Montoro como auditor de la Agencia Tributaria


Se convocó para cubrir un puesto de coordinador en el Servicio de Auditoría Interna (SAI) de la Agencia Tributaria, con experiencia en el Gabinete del secretario de Estado de Hacienda como principal mérito

La Audiencia Nacional aprecia "desviación de poder" porque se exigía un perfil "tan específico que pocas personas pueden ostentarlo, lo que parece indicar que existe cierta intencionalidad en el requisito exigido"

El jefe de Gabinete del secretario de Hacienda en el momento de convocarse la plaza, finales de 2013, era Buenaventura Zabala, que dimitió en octubre y fue imputado en enero por las tarjetas 'black'

Hacienda cree que la reforma fiscal es beneficiosa para la industria cultural
El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre. / Efe

Puestos de trabajo a medida del personal de confianza de los máximos responsables del Ministerio de Hacienda en la unidad de la Agencia Tributaria (AEAT) que vigila a sus inspectores. La Audiencia Nacional ha condenado a la AEAT, dependiente del departamento de Cristóbal Montoro, tras apreciar "desviación de poder" (un acto administrativo ajeno al interés público, pero con apariencia legal) en las bases de un concurso convocado en diciembre de 2013 para proveer una plaza en el Servicio de Auditoría Interna (SAI) de la Agencia.

El puesto en cuestión, con el máximo rango en la escala funcionarial (nivel 30), era el de coordinador en el SAI, unidad de la AEAT que fiscaliza la labor de los propios inspectores de Hacienda. Se encarga, entre otras funciones, del "control interno de todos los servicios de la Agencia, mediante la realización de auditorías de cualquier clase y naturaleza y el desarrollo de instrumentos de control permanente que permitan evaluar su eficacia". También se ocupa de "la prevención y detección de las conductas irregulares" en el organismo. De ahí que la independencia, imparcialidad y objetividad de sus miembros sea una cuestión clave para el correcto funcionamiento de la institución.

El SAI, que en el organigrama del ministerio depende del secretario de Estado de Hacienda y presidente de la Agencia Tributaria, Miguel Ferre Navarrete, puede comprobar las actas que instruyen los inspectores y qué personal de la Agencia accede a la base de datos de los contribuyentes. Es el único servicio del fisco con acceso total a ese potentísimo banco de información.

La sentencia, dictada por la Audiencia Nacional el 12 de marzo, anula, por ser "contraria a derecho", una de las bases de un concurso convocado mediante una resolución firmada el 21 de diciembre de 2013 por el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, que este martes comparece en el Congreso para dar cuenta del escándalo del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, al que Anticorrupción investiga por cinco delitos fiscales tras acogerse a la amnistía fiscal que lanzó Montoro en 2012.

La base del concurso que ha anulado la Audiencia otorgaba el 50% de los puntos en el apartado de "méritos específicos" del puesto a un requisito muy concreto: la experiencia previa en la coordinación del Gabinete del secretario de Estado de Hacienda, un cargo con marcado carácter político.

"Intencionalidad en el requisito exigido"

La Audiencia ha anulado esa exigencia por considerar que ese mérito estaba valorado "en exceso" y era "tan reducido que solo lo puede tener algún aspirante en concreto". "Es tan específico que pocas personas pueden ostentarlo", lo que "parece indicar que existe cierta intencionalidad en el requisito exigido". "Lo anterior entronca con la desviación de poder" a la que hace referencia la Constitución Española, dice la sentencia.

Fuentes conocedoras del proceso consideran que "esta maniobra respondía a la pretensión de consagrar en el puesto de auditor interno a un determinado funcionario" y se felicitan porque "con esta sentencia se cierra la posibilidad de nombrar por concurso auditores internos teledirigidos por el propio órgano auditado y con enorme riesgo de ser complacientes a la hora de valorar las actuaciones del mismo".

El Ministerio de Hacienda no comenta este asunto, mientras que fuentes de la Agencia Tributaria dicen que la plaza no se ha adjudicado y que ni siquiera se había iniciado la fase de valoraciones, dado que la tramitación del concurso estaba paralizada a expensas de la decisión judicial. 

Las fuentes consultadas apuntan a dos candidatos como favoritos para ese puesto, tal y como estaba redactada la convocatoria. El primero es Esteban Roca Morales, quien actualmente en el organigrama del ministerio aparece en dos cargos: como coordinador del Gabinete del secretario de Hacienda y como inspector de Servicios en el SAI, puesto para el que, según las fuentes consultadas, fue nombrado con carácter "provisional" por Montoro pero sin dejar de realizar las funciones del otro. El concurso le habría permitido, siempre de acuerdo con esas fuentes, "consolidar" esa situación.

Otro posible beneficiario indirecto de este concurso para asegurarse una plaza futura de inspector de Servicios en caso de ser cesado (como efectivamente ha ocurrido) es José María Buenaventura Zabala. Jefe de Gabinete de Miguel Ferre en el momento de convocarse la plaza, dimitió de ese puesto en octubre, tras conocerse que gastó 63.000 euros con su tarjeta 'black' de Caja Madrid entre 2004 y 2007.
Zabala, inspector de Hacienda desde 1992, fue miembro del Consejo de Administración y de la Comisión de Control de la entidad por su condición de jefe de Gabinete de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid. En octubre, según El Mundo, se incorporó al SAI nada más dimitir como jefe de Gabinete del secretario de Estado de Hacienda, aunque fuentes de la Agencia aseguran que su destino fue otro: la división de Estudios del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), dirigido por otro personaje polémico, José Antonio Martínez Álvarez, más conocido como 'el plagiador de Hacienda'.
En enero, Zabala fue imputado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu junto a otros 77 beneficiarios de las tarjetas opacas al fisco de Bankia y Caja Madrid.

Un "traje a medida"

El inspector de Hacienda que llevó a los tribunales la convocatoria anulada argumentaba que vulneraba "el principio de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al puesto porque se impide acceder a la plaza a aquellos funcionarios que anteriormente no hayan desempeñado un puesto de trabajo en el Gabinete del secretario de Estado de Hacienda". Ello suponía un "traje a medida de algunos concursantes". El mérito exigido, argumentaba, "no es un mérito cualquiera, solo lo pueden ostentar unos pocos, por lo que parece que se encubre una libre designación" al exigir un requisito que, en opinión del demandante, era "ajeno a la plaza convocada en el concurso, cuyas funciones son las propias y específicas del Servicio de Auditoría Interna".

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional le ha dado la razón. Ese mérito específico, al otorgar la mitad de la puntuación (cuatro puntos) en esa fase del concurso (un total de ocho puntos sobre los 100 de valoración total, según fuentes de la Agencia Tributaria), implicaba "que quien lo ostente obtendrá los cuatro puntos, lo que supondría estar siempre por encima del mejor puntuado en esta segunda fase, que nunca podría obtener esos 4 puntos por no ostentar ese mérito específico", según la sentencia. Así, "por poco que se valore la experiencia profesional", el candidato que lo acreditase "siempre va a obtener mayor valoración que el resto". 

Ahora la Agencia Tributaria deberá revisar la valoración de los candidatos y rectificar la base que establecía ese requisito. En lugar de valorarse con 4 puntos, deberá otorgarle solo 2, explican fuentes del organismo, que aseguran que en el pasado ha habido valoraciones superiores para este mismo concepto. La Agencia deberá abrir un nuevo plazo para concursar, por si algún candidato adicional decidiese presentarse.

El recurrente, perteneciente al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, entonces con destino en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, vio como el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 10 desestimaba el pasado 7 de octubre el recurso que había presentado contra la resolución por la que Menéndez había dado carpetazo al asunto. Ahora la Audiencia le ha dado la razón al estimar su recurso de apelación, aunque sin condenar en costas a la Administración, como reclamaba.

Contrato menor con tres ofertas

Francisco Blanco López

Observatorio Contratación Pública

Todos sienten la incomodidad de utilizar el contrato menor que les permite adjudicar directamente a un empresario de su libre elección, sin justificar los motivos de dicha decisión, sin publicidad ni concurrencia, un contrato de obras (hasta 50.000€ de valor sin IVA) o servicios y suministros (hasta 18.000€ de valor sin IVA).


El contrato menor tiene mala fama. Está siendo uno de los mecanismos para adjudicar contratos a empresarios con los que se ha concertado una “mordida” o comisión a cambio de dicha adjudicación. Hay una vergüenza ajena sobre la utilización del contrato menor. Los dirigentes públicos rápidamente han buscado reparos cosméticos. Y, sin mayores consideraciones, lo han encontrado: “que al menos se acredite que se han solicitado tres ofertas”. Y así, se ha extendido este “Bálsamo de Fierabrás” que cura los males del contrato menor. Las regulaciones legales o administrativas, en todas su versiones, fijan unas cuantías a partir de las cuales “se solicitarán tres ofertas”. No se añade ninguna otra regulación. Comunidades Autónomas, mediante leyes, circulares o instrucciones. Diputaciones. Ayuntamientos. Universidades Públicas mediante normas internas. Consorcios. Poderes adjudicadores no Administración Pública en sus Instrucciones de contratación. Ha nacido un híbrido, “el contrato menor con tres ofertas”, una adjudicación directa pero con apariencia de concurrencia de ofertas, que no está regulado en ninguna norma legal básica, y que coloca a las diferentes Administraciones contratantes en una labor normativa para lo que tienen competencia.

Estoy convencido que entre los impulsores de esta medida hay gestores públicos con buenas intenciones. Respeto su deseo reformador. Pero debo manifestar que a mi juicio el “contrato menor con tres ofertas” es una mala idea. Por las siguientes razones:
  1. Se adjudica sin criterios conocidos, objetivados. Sin ponderación de los criterios de adjudicación. Sin pliegos que definan la característica de lo que se pretende contratar. Se adjudica sin motivación.
  2. Propicia la imagen de una contratación en la que el poder adjudicador tiene la potestad mayestática y exorbitante de decidir libremente quien gana. Usted participe que yo decido quién gana (y además, yo diré quién participa). No salimos del oscurantismo.
  3. Favorece corruptelas entre los propios empresarios que buscarán testaferros para presentar las dos ofertas que sumen tres.
Sinceramente. La única solución para erradicar el contrato menor es no utilizarlo. Creo que poco a poco vamos configurando un abanico de sistemas de adjudicación contractual, que tienen diferentes características para cada caso, para cada necesidad y que todos ellos pueden fundamentarse en la publicidad, motivación de los actos y objetividad en la decisión de la adjudicación,. Es el principio de la “caja de herramientas” que con tanto acierto propugna la Comisión Europea en la nueva directiva que derogará la 2004/18. Si se necesita negociar con los licitadores se utiliza el procedimiento negociado. Si se quiere potenciar una fase selectiva y restrictiva del número de licitadores, el procedimiento restringido. Si se cree que no es necesario solicitar la capacidad y solvencia en la fase de presentación de los licitadores, sustitúyalo por una declaración responsable. En fin, los órganos de contratación tienen una caja de herramientas a su disposición y eligen motivadamente el utensilio más adecuado.

Nuestra regulación de la contratación pública aún es más un “manual de instrucciones de uso obligatorio“ que una “caja de herramientas”. Se regula en la ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores, un nuevo procedimiento de contratación simplificado, y se impone de forma obligatoria en determinadas franjas económicas. Ha sido un error esa imposición porque es el órgano de contratación el que debe considerar si un contrato de servicios pese a que su valor sea inferior a 90.000€ interese considerar la solvencia de todos los licitadores, Y encima acompañado del olvido de regular medidas procedimentales que potenciarían la simplificación: menor plazo para la presentación de proposiciones puesto que los licitadores sólo deben preocuparse de la preparación de las ofertas, publicidad exclusiva en el perfil del contratante, mesa de contratación opcional, sustitución del sistema de aplicación de criterios de adjudicación en dos fases –subjetivos y aritméticos-, por unos criterios de adjudicación sencillos, con dos o tres variables, perfectamente objetivables, expresados en formularios tipo.

La erradicación del contrato menor pasa por la adjudicación de estos contratos mediante procedimiento abierto simplificado. Un auténtico procedimiento abierto simplificado. Igualmente el procedimiento negociado por motivo del importe debe salir de los sótanos. Con luz y taquígrafos. Con publicidad y objetividad en la selección de la oferta más ventajosa.

lunes, 4 de mayo de 2015

Exigimos transparencia sobre la actividad de formación del Instituto de Administración Pública Adolfo Posada

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies acaba de dirigirse al Instituto de Administración Pública Adolfo Posada, solicitando información sobre la actividad docente desarrollada por el mismo en el pasado año 2014. Con ello se trata de conocer los criterios de selección del personal docente y la identidad de los beneficiarios del más de un millón de euros destinado en los Presupuestos Generales del Principado a tal fin, así como las cantidades percibidas por cada uno de ellos

A este respecto, esta asociación ha requerido información sobre los siguientes extremos, al amparo de la Ley de Transparencia:
- Nombre y apellidos de las personas que se integren en cada una de las siguientes categorías u otras análogas: profesor, colaborador, tutor, ponente, coordinador ponente  de  curso  o  taller, tanto presencial como en línea, tutor guía en el puesto, colaborador de aula, miembro de mesa redonda, moderador de mesa redonda, instructor de prácticas y coordinador de actividades formativas.

- Administración, poder del Estado, entidad, organismo o empresa al que se encuentran vinculadas las personas determinadas en el párrafo anterior o lo estuvieran al momento de su participación, por cualquier tipo de relación.

- Denominación de las jornadas, cursos, seminarios o cualquier otro evento similar a estos en que hayan intervenido las personas citadas en el primer guión.

- Número de horas en que hayan intervenido las personas citadas en el primer guión y en calidad de qué, de acuerdo con todas las categorías referidas en el primer guión.

- Importe total percibido, tanto por intervención como anual, por todas y cada una de las personas a que se hace referencia en los párrafos precedentes.

- Criterios utilizados para la selección de las personas a las que se refiere el primer guión.

- Nombre y apellidos de las personas que se integren en cualquiera de las siguientes categorías u otras análogas: elaborador de un curso o material multimedia, actualizador o revisor de contenidos, dinamizador, autor/redactor de artículos y experto, así como el título del material o, en su defecto, título del curso, jornadas, etc. para los que se haya elaborado..

- En relación con los trabajos elaborados por las personas citadas en el guión anterior, precio que se paga por su realización y criterio seguido para la fijación de dicho precio.

- Criterios utilizados para la selección de las personas a que se refiere el guión anterior.

- Resultado de las encuestas que se realizan sobre cada curso, seminario, jornadas etc. en los que han intervenido como profesores, ponentes, conferenciantes, etc, Jueces o Magistrados. Se trata de poder conocer el grado de satisfacción de los asistentes a dichos eventos en relación con quienes los han impartido.

Esta asociación confía en que el Gobierno del Principado cumpla con los principios de transparencia y publicidad de los que tanto presume en su página web y rinda cuentas sobre el destino de una partida importante de los Presupuestos Generales.