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miércoles, 25 de febrero de 2015

Sobre la captura del empleo público


Miguel Sánchez Morón
Catedrático de Derecho Administrativo

El presente texto recoge una reciente conferencia del autor en la que se plantea el problema, cada vez más agudo en nuestro país, de la colonización del empleo público por los partidos políticos y, en menor medida, por las mayores organizaciones sindicales, a través de nombramientos y contratos basados en criterios de confianza. Se exponen las consecuencias nocivas que ello tiene para el correcto funcionamiento del sistema político y administrativo, así como las vías por las que se produce esa penetración de los criterios de confianza política y del clientelismo en el empleo público. Finalmente se abordan algunas medidas legales para corregir la situación, que, sin embargo, requieren para su puesta en práctica de un cambio radical de los usos políticos, que sólo la sociedad --los electores-- podría imponer a los partidos.


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sábado, 21 de febrero de 2015

Más medidas contra la corrupción, no, por favor

En España sobran leyes, pactos y medidas contra la corrupción. Y falta lo más importante: la voluntad de combatir sin excusas la corrupción, la propia y la ajena




España ya no es el país de los NI-NI. Ahora somos más el país de los NO SÉ. Nadie recuerda muy bien quién estaba allí o quién contó la pasta, o quién la metió en el sobre, o quién le dijo que se la diera a no sé quién. A golpe de titulares, redadas, imputaciones y registros estamos viendo cómo a medio país le ha entrado la amnesia selectiva y a otra parte del país le ha entrado el furor por anunciar planes, medidas y contramedidas para hacer limpieza general como si mañana fueran a venir de inspección nuestras madres.

En España con la corrupción parece pasar lo mismo que acontece con el fraude fiscal. Cuantas más medidas y planes se anuncian en su contra, más fuertes y vigorosas parecen crecer y multiplicarse. Seguramente nos iría bastante mejor si dedicáramos más tiempo a hacer lo que anunciamos que a anunciar lo que es probable que hagamos en un futuro aún por determinar y siempre que lo hagan los demás; que luchar contra la corrupción es una cosa e ir de pardillo otra muy distinta.

En España sobran leyes, pactos y medidas contra la corrupción. Lo que faltan son medios, recursos humanos, técnicos y económicos, jueces y fiscales especializados, policías y guardias civiles que se dediquen a tiempo completo, inspectores de Hacienda con capacidad y recursos para investigar cuanto sea menester. Y falta también lo más importante: la voluntad de combatir sin excusas la corrupción, la propia y la ajena.

Detrás de eso que llaman desafección política está el cansancio general por tanto anuncio y tanta promesa rota. La gente quiere poder votar a gente que haga lo que dice y diga lo que hace. No queremos más anuncios, ni más promesas. Queremos empezar a ver resultados.

Ni más medidas contra la corrupción, ni más planes contra el fraude fiscal, ni más discos de concursantes de 'Operación Triunfo' o de Justin Bieber. Es el mínimo vital que deberíamos poder exigir como ciudadanos en un Estado democrático de derecho que merezca tal nombre.

domingo, 15 de febrero de 2015

Los tribunales en las oposiciones de la administración serán por sorteo en Extremadura

 

 el Periódico. Extremadura

Los componentes de los tribunales de selección en las oposiciones de Administración General, convocadas en diciembre de 2013, serán elegidos mediante sorteo. Así lo anuncio ayer la vicepresidenta del Gobierno regional, Cristina Teniente, quien informó de que hoy se publicará en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) un anunció de la dirección general de Función Pública por el que se abre un plazo de 15 días naturales para que los funcionarios públicos presenten su solicitud para ser miembros de estos tribunales.

En este sentido, la responsable extremeña indicó, tal y como ya informó el Gobierno en su día, que se trata de elaborar un repositorio con los funcionarios que puedan ser miembros conforme a su "especialización, idoneidad, cualificación y profesionalidad" de los tribunales de selección, y con el objetivo de "dar garantías y certezas a los opositores".

De esta forma, una vez recibidas las solicitudes y confeccionado el repositorio, se procederá a la selección de los miembros de cada tribunal a través de un sorteo. Según Teniente, por primera vez en Extremadura se hará de esta manera, ya que es una exigencia "que nos pusimos como Gobierno para los procesos selectivos que empiezan a andar". Esta medida, junto al catálogo de instrucciones para los miembros de tribunales que se ha elaborado, que conocerán y deberán cumplir en su labor de valoración, es una más de las adoptadas por el Ejecutivo regional para garantizar que la composición de los tribunales evaluadores de oposición se ajusten a los principios de "imparcialidad, independencia y transparencia que cualquier oposición y opositor se merecen".

Para presentar su solicitud, los interesados deben poseer un nivel de titulación igual o superior al que se exija para el ingreso en el cuerpo o escala objeto de la selección, no pueden ser personal de elección o designación política, funcionario interino, personal laboral temporal, ni personal eventual, ni haber realizado preparación de aspirantes en los cinco años anteriores a la convocatoria de 2013 en el mismo cuerpo, escala o especialidad para la que presenten solicitud.

 Las solicitudes deben cumplimentarse por vía telemática en www.tribunalesoposiciones.gobex.es, que estará activa tras la publicación de la orden en el DOE. En cuanto a las oposiciones de secundaria anunciadas el pasado lunes, la composición de los tribunales se definirá por el procedimiento habitual regulado, una vez que se convoquen oficialmente estas pruebas.

martes, 10 de febrero de 2015

Asturias perdió 4.516 empleados públicos en los últimos cuatro años, según el Ministerio de Hacienda


Así se desprende de los datos del Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas elaborado por el Ministerio de Hacienda, que en su edición de julio de 2010 reflejaba un total de 62.205 empleados públicos en el Principado de Asturias (ver aquí, pag.25), cifra que baja a 57.689 en la última edición del Boletín correspondiente al mes de julio del 2014, publicada el pasado mes de diciembre (ver aquí, pag. 32)

Estos datos suponen que en los últimos cuatro años el empleo público habría disminuido en Asturias casi un 8 por 100. En todo caso, la reducción real es sensiblemente mayor, si se tiene en cuenta que el Boletín Estadístico del Ministerio de Hacienda no recoge datos de los siguientes colectivos:

-     Personal al servicio de los  Órganos independientes de la Administración de las Comunidades Autónomas (Consejo Consultivo, Sindicatura etc.)
-   Personal de Entidades Públicas Empresariales y Organismos Públicos con régimen especifico de las Comunidades Autónomas y de la Administración Local equivalentes a los organismos públicos de la Administración General del Estado.
-  Personal de empresas públicas, fundaciones, mutuas, consorcios y sector público no administrativo de las Administraciones Públicas.
-   Personal en formación y prácticas, reserva, segunda actividad, o cualquier otra situación que no sea la de servicio activo.
-  Personal laboral con contratos de duración inferior a 6 meses de las distintas Administraciones, excepto de la Administración Local

Por Administraciones Públicas llama especialmente la atención el drástico recorte de personal sufrido por la Administración Local – Ayuntamientos – que pasó de 11.748 efectivos en julio de 2010 a 9.777 en julio de 2014, es decir, prácticamente un 17 por ciento menos en apenas cuatro años.

Esta considerable reducción del empleo público, producto de las políticas de recorte de gasto mediante congelaciones de la oferta de empleo público, reducidas tasas de reposición de efectivos y práctica supresión de las sustituciones, ha provocado un alarmante deterioro de la calidad de los servicios públicos: desmantelamiento de la red local de servicios sociales, crecimiento exponencial de las listas de espera sanitarias, hacinamiento escolar, agravamiento de la lentitud judicial etc.

La sociedad asturiana está pagando las políticas austericidas de recorte del gasto público con el desmantelamiento del Estado del Bienestar. Hay que recordar que sin empleados públicos suficientes, con  estabilidad laboral, bien formados y adecuadamente motivados, no pueden existir servicios públicos universales y de calidad, que garanticen la justicia y la cohesión social.

El recorte indiscriminado del empleo público no es un problema corporativo de los trabajadores públicos, sino una grave gangrena social que ya está dañando seriamente las condiciones necesarias para la vida digna de los ciudadanos y ciudadanas de Asturias.

domingo, 8 de febrero de 2015

La transparencia, una excusa para la corrupción


La moderna exigencia de transparencia ha devenido en una suerte de obsesión por la misma, que sustituye la ideología y la acción política por la rendición de cuentas sobre pagos, ingresos y gastos.
La sociedad de la transparencia funda una democracia de espectadores.
 Desde hace algún tiempo, partidos políticos, instituciones y personalidades públicas reclaman transparencia, como si fuese la respuesta a todos los males de la política actual y supusiera el fin de la corrupción. Igualmente, la relación entre partidos políticos y democracia parece unívoca. La existencia de muchos partidos se interpreta como un síntoma del buen funcionamiento democrático. Un juego entre partidos que se disputan cargos públicos para gestionar fondos y controlar las decisiones del día a día en el marco de las estructuras de poder.

A medida que el neoliberalismo ha ido asentándose cultural y socialmente, la política ha perdido su centralidad, reduciendo sus contenidos a una gestión y alternancia. Los proyectos, las alternativas y la creación de horizonte histórico desaparecen. El objetivo de los partidos y de sus representantes parece centrarse hoy en rendir cuentas de en qué, cómo, para y a quiénes se destinan los fondos que se manejan y, de paso, mostrar la desnudez económica bajo la fórmula de sueldos, salarios y declaraciones de la renta. El partido y sus dirigentes deben ser transparentes.

Fondos propios, donaciones, sueldos, pagos a terceros y gastos. Todo cae bajo esta denominación, declamando cuando se les acusa: "¡Soy transparente! ¡Acá esta mi declaración de la renta!". Para algo existen los asesores financieros: para hacer transparente lo opaco. Las sociedades interpuestas, las donaciones, las asociaciones sin fin de lucro y las fundaciones. Todas son legales y transparentes. Esta obsesión por la transparencia ha terminado por arrinconar la acción política y el papel de los partidos a rendir cuentas sobre sus fondos y pagos.

No pongo en tela de juicio la necesidad de rendir cuentas económicas. Para eso los jesuitas inventaron los modernos libros de cuentas hace más de cinco siglos. Haberes y debes. Por tanto, sean partidos políticos, bancos, universidades o comunidades de vecinos, todos deben tener su libros en orden. Podremos hablar de cajas B, de fondos reservados, de financiación ilegal, de mala administración, corrupción, apropiación indebida, desfalco, etc. Pero la función de los partidos políticos no es administrar fondos. Bajo este principio, un partido político sería democrático y transparente si su contabilidad está saneada, sin importar que patrocine golpes de Estado, designe a dedo sus candidatos, confeccione listas cerradas para sus direcciones y la democracia interna brille por su ausencia.

No todos los partidos políticos son democráticos, ni sus dirigentes se caracterizan por tener valores éticos acordes con una práctica democrática, donde se controle sus actos, se asuman responsabilidades y dimitan.
Bajo la bandera de la transparencia se oculta una gran mentira. Una nueva generación reclama el traspaso de poderes y se proyecta como la élite política del recambio y la regeneración. Se definen como jóvenes dotados de cualidades hasta ahora desconocidas. Se consideran los aristócratas del saber y los elegidos por méritos. Currículum brillante que incluye doctorados, políglotas, emprendedores, expertos en redes sociales y el mundo digital. Se autodenominan la generación de "los mejor formados" de la historia. El poder les pertenece, se transforman en adalides de la lucha contra la corrupción y practican la política de la transparencia. La reclaman para desnudar las prácticas de los considerados políticos de la guerra fría.

Byung Chul-Han, uno de los filósofos más creativos de este siglo, apunta en su ensayo Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder lo siguiente: "La reivindicación de la transparencia presupone la posición de un espectador que se escandaliza. No es la reivindicación de un ciudadano con iniciativa, sino la de un espectador pasivo. La participación tiene lugar en forma de reclamación y queja. La sociedad de la transparencia, que está poblada de espectadores y consumidores, funda una democracia de espectadores".
La sociedad de la transparencia no tiene ningún color. Los colores no se admiten como ideologías, sino como opiniones exentas de ideología, carentes de consecuencias. Por eso se puede cambiar de opinión sin problemas. Un día digo digo, al día siguiente digo Diego, y al tercero ni digo, ni Diego, sino Pedro. Desde la democracia digital de consumo por twitter y facebook se habla de generaciones amortizadas y desechables. Bajo este contexto, surgen partidos políticos que huyen de cualquier vínculo con las derechas o las izquierdas. Sus nombres son ambiguos y gelatinosos. Suelen referenciar actitudes alusivas al esfuerzo individual, a la suma de voluntades. Hay que ser positivos. En la mayoría de los casos son partidos "atrapalotodo". Tienen un punto de unión: su obsesión por la transparencia.

Sin embargo, la transparencia sólo es posible en un espacio despolitizado. Por ello son la cara amable del neoliberalismo: sustituyen a los partidos socialdemócratas y centroderecha. Nada que ver con la coalición griega de Izquierda Radical, Syriza. Nuevamente, Byung Chul Han pone el dedo en la llaga al señalar cuál es el papel de la transparencia en el neoliberalismo en su libro La sociedad de la transparencia: "Las cosas se hacen transparentes cuando abandonan cualquier negatividad, cuando se alisan y allana, cuando se insertan sin resistencia en el torrente liso del capital, la comunicación y la información. Las acciones se tornan transparentes cuando se hacen operacionales, cuando se someten a los procesos de cálculos, dirección y control (...) Las cosas se vuelven transparentes cuando se despojan de su singularidad y se expresan completamente en la dimensión del precio. El dinero que todo lo hace comparable con todo, suprime cualquier rasgo de lo inconmensurable, cualquier singularidad de las cosas. La sociedad de la transparencia es un infierno de lo igual (...) La transparencia estabiliza y acelera el sistema por el hecho de que elimina lo otro o lo extraño. Esta coacción sistémica convierte a la sociedad de la transparencia en una sociedad uniformada. En eso consiste su rasgo totalitario".

Así, la transparencia no guarda vínculo directo con la práctica democrática. Quienes se rasgan las vestiduras exigiendo transparencia y se vanaglorian de serlo no reclaman transparencia cuando se trata de explicar con quién se reunieron, qué acordaron, quiénes deciden la agenda y cuál fue el proceso de negociación para nombrar cargos. Hablamos de la llamada "cocina política", del poder, cuyo cartel en la puerta es claro: "Reservado el derecho de admisión".

Así, reclamar la transparencia del dinero a través de preguntas como ¿cuánto gana un político? ¿cuál es su estado de cuentas bancario? ¿qué propiedades posee? ¿dónde pasa las vacaciones? o ¿qué compra?, no hace democracia, ni genera una sociedad más libre y participativa. Simplemente explota la transparencia obscena del capital como relación social. Más transparencia del capital conlleva menos democracia participativa. Su reivindicación nada tiene que ver con un proyecto democrático afincado en la participación, la mediación, el dialogo, la coacción, el conflicto, la negociación y la representación. Démosle la bienvenida.

jueves, 5 de febrero de 2015

Una plataforma cívica denuncia que el CGPJ prima a las asociaciones para los altos cargos

La conservadora APM copa cuatro de los últimos cinco nombramientos de presidentes de los tribunales superiores de justicia. El quinto es de la moderada Francisco de Vitoria.

CGPJ Lesmes Macías
Pleno del Consejo General del Poder Judicial celebrado el pasado jueves. EFE

MADRID.- La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, un movimiento integrado por jueces, fiscales, secretarios, abogados y catedráticos, ha realizado un estudio sobre los últimos nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que muestra cómo los altos cargos de la Justicia son copados por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de tendencia conservadora y que sólo aglutina al 20% de los jueces y magistrados ejercientes.

El estudio revela cómo cuatro de los cinco elegidos últimamente por el CGPJ para presidir tribunales superiores de justicia pertenecen a la APM, al tiempo que expresa su preocupación porque los candidatos que no salieron elegidos renuncian a recurrir el nombramiento “alegando desánimo, falta de motivación y de fe” en que pueda prosperar un recurso ante el CGPJ y luego ante el Tribunal Supremo.

En concreto, la Plataforma ha analizado las convocatorias de las presidencias, para los próximos cinco años, de Aragón, Asturias, Canarias, Extremadura y Navarra. El estudio no cuestiona la valía de los elegidos por el CGPJ, pero revela que cuatro de ellos son de la APM y el quinto de la Asociación Francisco de Vitoria, de tendencia moderada. No hay independientes.

La Plataforma analiza los criterios seguidos por el CGPJ para elegir a los candidatos, entre cuyos méritos se encuentran el tiempo de servicio activo como juez, el tiempo que se ha ejercido en un órgano colegiado -no en vano en un TSJ tiene que dirigir debates colegiados-, así como las aptitudes para la coordinación de personas, especialización, la calidad técnica de las resoluciones y el conocimiento de idiomas cooficiales en las autonomías donde existan dos idiomas.

De las cinco presidencias estudiadas, la Plataforma encuentra que en dos de ellas –Aragón y Navarra- se han saltado alguno de estos méritos. Es más, el nuevo presidente de Aragón pertenece al Comité Ejecutivo de la APM, mientras que el de Navarra es coordinador territorial de esta organización.

Así, de los seis candidatos que se presentaron para presidir el TSJ de Aragón, se escogió al que no tenía experiencia en órganos colegiados y con menos años de ejercicio profesional. Manuel Bellido Aspas, el nuevo presidente, tiene 22 años de servicio como juez y no ha ejercido en órganos colegiados.

El estudio del Observatorio destaca que el actual presidente de Aragón era el candidato con menos méritos fácilmente verificables de entre todos los que se presentaron al cargo. Carece de experiencia en un órgano colegiado, cuando es un mérito específico que se valora y los otros cinco candidatos que fueron rechazados tienen entre 9 y 17 años más de antigüedad que el elegido. Los candidatos rechazados poseen, además, entre 24 y 34 años de experiencia en órganos colegiados.

La otra presidencia que el Observatorio resalta es la del TSJ de Navarra, que recayó en el magistrado Joaquín Galve Sauras, coordinador territorial de la APM en la comunidad foral. Si bien el resultado del estudio no es tan llamativo como en Aragón, el informe destaca que el otro candidato que se presentó al cargo tenía 11 años más de experiencia y 21 en órgano colegiados, frente a los cuatro años del elegido.

Este es el tercer informe del Observatorio sobre nombramientos judiciales que ha realizado la Plataforma. Y concluye que el actual procedimiento de designación de cargos judiciales discrecionales no reúne las garantías suficientes para asegurar el respeto a los principios constitucionales de mérito y capacidad exigidos.

En esta tercera oleada de análisis, el Observatorio agrupa todos los nombramientos acordados por el CGPJ tras iniciar su mandato en el año 2013. Y concluye que sobre un total de 16 presidencias estudiadas – de Audiencias y de TSJ-, once han recaído en asociados de la APM, cuatro en Jueces para la Democracia y uno en la Asociación Francisco de Vitoria.

Cerca la mitad de los 5.500 jueces y magistrados en activo no pertenecen a ninguna asociación. Sin embargo, los principales beneficiados han sido los asociados a APM –aproximadamente 1.100 - y los asociados a JpD –unos 600- que, juntos, no comprenden más que el 30% de toda la carrera judicial.

La Plataforma denuncia que las probabilidades de que un candidato no asociado sea nombrado presidente son escasas y propone que se excluyan de las elecciones a los candidatos que son miembros de comités ejecutivos o delegados territoriales de asociaciones, mientras permanezcan en el cargo y durante los dos años siguientes a su cese.


sábado, 31 de enero de 2015

Asturias 2015: sin estrategia regional en ciencia



Alberto Marcos Vallaure   
Asturbulla, 27-01-2015
 
No existe planificación alguna a medio o largo plazo y el proceso de evaluación es totalmente opaco e inconsistente

En pleno apogeo del último mantra de moda, el cambio de modelo productivo, Asturias cumple su sexto año consecutivo sin desarrollar un verdadero Plan Regional de Ciencia. Con un sector primario en claro retroceso y un sector industrial pesado en constante amenaza de deslocalización,  cualquiera podría pensar que la única apuesta posible de futuro a largo plazo sería la de aprovechar la oportunidad que ofrece ser región prioritaria en fondos FEDER para invertir en la constitución de un sistema de investigación robusto que, aunque de dimensiones modestas, sea capaz de generar conocimiento de calidad y ser un polo de atracción de un sector empresarial innovador. Pero no. El último plan regional de ciencia desarrollado data del período 2006-2009 y desde entonces no ha habido más que prórrogas anuales del mismo o la continuación de los instrumentos propios de un plan, pero sin la necesaria estructuración de objetivos concretos a medio o a largo plazo. Para ser precisos, existe sobre el papel un Plan Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el periodo 2013-17 que parece encontrarse, como el film de Coppola, "lost in traslation".

En primera instancia, un ciudadano de a pie podría pensar que en los tiempos que corren invertir en ciencia es un lujo que no podemos permitirnos. Aunque todo es relativo, a pesar de los ingentes recursos empleados en la construcción de infraestructuras —muchas de ellas sobredimensionadas o incompletas (y por tanto ahora inabordables) después de cientos de millones de euros gastados— no parece haber existido voluntad alguna de realizar un plan de futuro, ni siquiera una mínima estrategia que definiera exactamente, o incluso grosso modo, cual debería ser el modelo productivo de Asturias en años venideros. Este análisis, de alguna forma espontáneo, también obviaría que España, como miembro de la Unión Europea, contribuye con el impuesto de españoles y asturianos a la financiación de la investigación transnacional europea y que, por tanto, sin un sistema sólido de investigación nunca podremos obtener el retorno de esa generosa inversión con la que ayudamos a que otros países empleen e incorporen a nuestros jóvenes en sus sistemas de I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación).

Como muestra de esta falta de ideas y estrategias, el Prinicipado, después  de cinco años ha sacado una única convocatoria de ayudas a grupos de investigación que desarrollan su actividad en la región, anticipando por tanto la aplicación de la herramienta a la propia definición de una estrategia en un nuevo Plan Regional de Ciencia, desde hace varios años en permanente estado de revisión y preparación. Los programas de ayudas a la investigación se diseñan como instrumentos para conseguir un fin, que en nuestro caso debería de ser un objetivo a medio o largo plazo. La ausencia de previsión se ilustra por el simple hecho de que esta convocatoria es única, no tiene ninguna periodicidad establecida y de hecho coincide con la duración del tímido Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013-2017. No existe planificación alguna a medio o largo plazo. La convocatoria se hace pública el pasado setiembre y se resuelve el 26 de diciembre, haciendo administrativamente imposible el gasto asignado al año 2014. Para agravar la situación, el proceso de evaluación adoptado ha sido totalmente opaco (lo único que se conoce es la no intervención de agencias de evaluación tales como la ANEP) e  inconsistente (a juzgar por la arbitraria agrupación de disciplinas, por ejemplo, las ciencias naturales con las humanidades o las ingenierías con las ciencias de la vida). Además, se infravaloran las ideas contenidas en los proyectos con independencia de su procedencia o disciplina, limitándose a asignar un mísero 20% de la calificación final al proyecto a desarrollar. Este criterio se contrapone con los requisitos exigidos en el mundo anglosajón, donde las ideas están netamente por encima de los méritos de los concursantes, favoreciendo así —curiosamente— lo que otros sistemas más estructurados y avanzados como el británico evitan a toda costa: el reforzamiento de grupos con excesivo arraigo local. En la convocatoria asturiana únicamente se puntúa la producción científica hecha en Asturias por los miembros de un grupo local, excluyendo la realizada en colaboración con otros grupos no asentados en la región. Si en el sistema británico, por poner un ejemplo, se supedita una parte de la financiación de la universidad a la productividad realizada con grupos externos a la propia institución, lo que se atisba en Asturias es justamente lo contrario. En conclusión, un baremo de puntos diseñado para favorecer la endogamia y la continuidad en instituciones de la región castiga doblemente al sector más joven, que ni ha tenido tiempo de desarrollar una trayectoria establecida ni oportunidades para llevarla a cabo. Con ello, la sangría demográfica del sector joven asturiano se fomenta también desde las instituciones. Esta política interesada previene tanto el retorno del talento asturiano, como la incorporación de talento y sangre nueva necesaria para la renovación y mejora del sistema.

En el último programa marco de la Comisión Europea, Horizonte 2020, se pone especial énfasis en favorecer globalmente la comunicación entre el sector público de investigación con el sector industrial, esto es la I con la i. El traslado de estas políticas transnacionales a nivel regional muestra la ausencia total de análisis. Las políticas europeas están diseñadas para orientar sistemas robustos de investigación hacia el sector industrial que ya invierte en i. Muchos de los países contribuyentes netos dedican a I+i porcentajes del PIB nada despreciables, una media del 2 %, con el objetivo de alcanzar el 3 %. Estos países con sistemas fuertes de investigación, disponen de numerosas instituciones en posiciones envidiables en el ranking de universidades que les permite compaginar ambos aspectos: la I con la i. Ni España, ni Asturias, cumple ninguno de los requisitos de partida de la mayor parte de los países fuertes de la Unión: ni dedica suficiente proporción del PIB a la I+i, ni dispone de instituciones públicas bien financiadas (véase el lamentable estado del CSIC o de nuestras universidades, al borde de la quiebra financiera y de recursos humanos). Desplazar la financiación del sistema público de investigación —ya débil de por sí — por motivos tanto presupuestarios como estructurales hacia un sector industrial que no dedica el esfuerzo necesario en i solo nos puede llevar al desastre. No se debe confundir investigación (I) con innovación (i), como hacen los gestores de nuestros fondos públicos. Exigir innovación a una institución fundamentalmente dedicada a la generación de conocimiento, como es el caso de la única universidad de la que dispone Asturias, la Universidad de Oviedo, es un error de concepto. Por citar a una consagrada investigadora asturiana: ¿todavía es necesario recordar la puesta en valor de la ciencia básica que tan machaconamente realiza la Profesora Margarita Salas cada vez que se la interpela? Aunque en el caso de las ingenierías la innovación sea una exigencia adecuada y recomendable con vistas a favorecer la colaboración con el sector industrial, no lo es tanto para el resto de la Universidad, a la que obviamente se le debería de exigir una investigación de calidad, incluso fijando objetivos a medio plazo realistas, concretos y adecuados a las capacidades del sistema, y que sea ambiciosa en la recuperación del terreno perdido estos años.

Para poder competir con los países  de nuestro entorno por los fondos europeos destinados a la investigación, a los que contribuimos todos los españoles y asturianos, es indispensable hacerlo en igualdad de condiciones, algo que no ocurre en la actualidad. Asturias apenas dedicó el 0,93 % del PIB regional en 2011 y el 0,89 % en 2012 a la I+D —probablemente, sería más correcto decir I+i—,  un porcentaje pírrico en términos absolutos, que no se ve favorecido por la escasa cultura científica de la sociedad española y asturiana, comenzando por la de la clase política y terminando por la empresa, que tampoco realiza el mismo esfuerzo de inversión en términos globales que sus homólogos europeos. ¿Qué sería de la convergencia económica europea de las regiones menos favorecidas con el resto sin la existencia de los fondos FEDER, que tanto dinero han dejado en Asturias? ¿Podríamos converger sin los fondos que hemos recibido durante tantos años? Entonces, ¿por qué se exige a la comunidad científica asturiana que converja si partimos de una situación que en términos de financiación y de estructura es más propia del siglo XIX?

En relación con la ciencia, Asturias necesita un cambio completo de las estrategias de los responsables de la vida política, aunque habida cuenta de su demostrada incapacidad para negociar entre todos los grupos políticos un plan de ciencia serio y concreto con la vista puesta en el futuro de la región, es posible que esto no sea suficiente. Si bien es positiva la noticia publicada estos días en la prensa asturiana relativa a la firma por parte del gobierno actual de un acuerdo de financiación plurianual para la Universidad de Oviedo, también conviene recordar que se trata de tan solo 10 millones de euros en cinco años, apenas el 5 % del presupuesto anual de la Universidad de Oviedo, cifra muy alejada de los cuantiosos y continuos sobrecostes en infraestructuras a los que estamos acostumbrados. Una partida escasa que una vez más sigue sin venir acompañada por una estrategia de futuro para la ciencia en Asturias y para el desarrollo en su conjunto de una sociedad basada en el conocimiento.

Para terminar, tal vez no resulte ocioso recordar las palabras  pronunciadas por Jovellanos a la altura de 1794 en la oración inaugural del Real Instituto Asturiano, relativas a los objetivos a conseguir: “somos llamados al estudio de la naturaleza no para satisfacer nuestro orgullo, sino para socorrer nuestra miseria”. Atravesamos ciertamente tiempos muy recios, pero tengan por seguro que no más que aquellos.

Alberto Marcos Vallaure es Profesor Emérito y ex-Rector de la Universidad de Oviedo.