miércoles, 23 de abril de 2014

Trasladamos a la Fiscalía las graves deficiencias de seguridad en las oficinas públicas del edificio Buenavista (Calatrava), relatadas en la Comisión de investigación de la operación de “Los Palacios”






El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Delegada para la Siniestralidad Laboral en el día de hoy (ver escrito aquí), las declaraciones de un responsable de la empresa Ipezsa, D. Aquilino Zapico, ante la Comisión de Investigación que se viene desarrollando en el Ayuntamiento de Oviedo sobre la llamada “Operación de Los Palacios”, de las que se hacen eco algunos medios de comunicación en el día de ayer, en las que habría manifestado, relatando los defectos constructivos que padece el edificio, que otro de los fallos más graves está en las consejerías, en las alas que el Principado, a través de Sedes, compró a Jovellanos XXI. «No están aisladas contra el fuego, ni técnica ni acústicamente, denunció Zapico. «Si se produjera una chispa no sé qué podría ocurrir», advirtió sobre un asunto que «sabe Patrimonio». Además, «el forjado inferior del nivel uno está en contacto con el aire»”.

Recordamos que dicha empresa, según la misma información periodística, habría ejecutado todas las instalaciones (eléctricas, de climatización y saneamiento) del complejo de Buenavista, por lo que el autor de las declaraciones no es precisamente un indocumentado que pasaba casualmente por la Comisión de investigación.

A juicio del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies, de confirmarse los fallos de seguridad en el edificio Calatrava a los que se habría referido D. Aquilino Zapico, estos serían de una enorme gravedad, pues se está afirmando que no existen medidas suficientes contra el riesgo de fuego en un edificio en el que se encuentran trabajando más de 400 empleados públicos y en el que se atiende diariamente a un gran número de ciudadanos y ciudadanas que gestionan sus trámites en las oficinas ubicadas en esas dependencias (Consejerías de Presidencia, Cultura, Sanidad y Economía). Unas oficinas públicas que, recordamos, están situadas a gran altura, cuyo acceso lo constituyen dos ascensores, en las que la salida de seguridad es una estrecha y empinada rampa dotada de un gran número escalones, y en las que la producción de “una chispa” es una situación no descartable, dada la acumulación de material combustible dentro de las oficinas, dotadas con gran aparataje eléctrico.

A la vista de lo expuesto, consideramos que estos hechos deben ser investigados por la Fiscalía a los efectos de determinar su veracidad, dado que, de  ser ciertas las declaraciones efectuadas por el Sr. Zapico, podíamos encontrarnos ante el delito contra los derechos de los trabajadores tipificado en el artículo 316 del Código Penal :“Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses”.

Con la vida, la salud y la seguridad de los trabajadores y de los ciudadanos y ciudadanas no se juega.

Basta ya de bromas.

Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies



lunes, 21 de abril de 2014

El Juzgado anula la descripción de las funciones de los puestos de trabajo del Principado de Asturias





El Juzgado de lo Contencioso - Administrativo nº 5 de Oviedo, en sentencia dictada el 31 de marzo y notificada hoy (VER AQUÍ), estima el recurso interpuesto por el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies contra el instrumento de descripción de las funciones de los puestos de trabajo del Principado de Asturias, que había sido aprobado por resolución de la Consejería de Hacienda y Sector Público de fecha 18 de cotubre de 2012, que ahora se anula y se deja sin efecto.

En la demanda presentada por el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies se articulaban dos motivos de impugnación de la Resolución recurrida:
- El primero de ellos hacía referencia a que  las características esenciales de los puestos de trabajo –funciones y tareas – deben formar parte necesariamente del contenido de las relaciones de puestos de trabajo (RPT) y por ello la Resolución recurrida es una disposición administrativa que vulnera los artículos 30 de la Ley 3/1985 del Principado de Asturias, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública y 1 del Decreto 40/1991, de 3 de abril, de relaciones de puestos de trabajo del personal funcionario, en cuanto atribuyen exclusivamente a las relaciones de puestos de trabajo la regulación de las características esenciales de los puestos de trabajo. De esta forma, se incurría en el vicio de nulidad de pleno derecho definido en el artículo 62.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- En segundo lugar, señalábamos que la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo  (RPT) corresponde al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias. Por tanto, la Consejera de Hacienda y Sector Público es un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia para dictar una resolución por la que se aprueban las funciones y tareas de los puestos. En consecuencia, la Resolución incurría también en la causa de nulidad de pleno derecho del artículo 62.1. b) de la ley 30/1992.

Dicho de otro modo y más resumidamente: la Consejería de Hacienda y Sector Público se inventó un artefacto sin amparo legal para describir las funciones de los puestos de trabajo del Principado de Asturias, cuando tales funciones y tareas deben formar parte de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y, como consecuencia de ello, se atribuyó una competencia que no le corresponde, pues se  trata de una materia que, por ley, debe aprobar el Consejo de Gobierno.

Los dos motivos de impugnación son estimados por la sentencia del Juzgado de lo Contencioso - Administrativo nº 5 de Oviedo, en cuyo fundamento de derecho segundo señala lo siguiente:
"En relación con la necesaria inclusión en la Relación de Puestos de Trabajo de las características esenciales de los puestos, ha de precisarse que la legislación básica contemplada en el E.B.E.P. establece un contenido mínimo. Su artículo 74 estipula que «las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos». Sin embargo, el señalado art. 30.1 de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre establece que el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias aprobará la relación de los puestos de trabajo existentes en su organización, que deberá incluir, en todo caso, la denominación y características esenciales de los puestos, las retribuciones que les correspondan, los requisitos para su desempeño y su forma de provisión"

" El art. 14.2.h) de la Ley 3/1985, de 26 de diciembre atribuye al Consejo de Gobierno la competencia para «Aprobar, previo informe del Consejo de la Función Pública Regional, las relaciones de puestos de trabajo de la Administración del Principado y acordar su publicación.». Dentro de las competencias recogidas en la citada Ley, no aparece ninguna de este tenor para el Consejero de Presidencia, el de Hacienda o el resto de Consejeros. Por consiguiente la Consejera de Hacienda y Sector Público carecía de cualquier competencia para aprobar una resolución en donde se  relacionasen los puestos con sus funciones y responsabilidades. Esta es una ordenación que debe estar contemplada en la correspondiente R.P.T. o en un instrumento similar, llámese como se llame, pero en todo caso aprobados por el Consejo de Gobierno. Por consiguiente, debe estimarse el recurso"

En conclusión, un nuevo varapalo judicial - y ya hemos perdido la cuenta del número total - a la descerebrada política de gestión del personal en el Principado de Asturias de los últimos años, en este caso, por hacer extravagantes experimentos, desoyendo el consejo de que éstos "mejor hacerlos con gaseosa"


Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies 

jueves, 17 de abril de 2014

El Consejo Consultivo incumple su propia Ley de creación y el Reglamento que la desarrolla






El Consejo Consultivo tiene en plantilla un número de letrados superior al que le permite actualmente la Ley que crea esta Institución y el Reglamento que la desarrolla.

La disposición transitoria cuarta de la Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, del Consejo Consultivo, establece que, hasta tanto no se apruebe la correspondiente plantilla y se provean las plazas del Cuerpo de Letrados por el procedimiento y con los requisitos establecidos en el art. 20 de esta Ley, el Consejo de Gobierno adscribirá al Consejo Consultivo tres funcionarios o funcionarias del Cuerpo Superior de Administradores del Principado opción jurídica, uno de los cuales actuará provisionalmente de Secretario.

El artículo 20.3 de dicha Ley establece que el ingreso en el Cuerpo de Letrados se efectuará por oposición o por concurso-oposición, siendo preceptivo estar en posesión del título de licenciado en derecho. En el mismo sentido, el artículo 50.2 del Decreto 75/2005, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, señala que el ingreso en dicho Cuerpo se efectuará por oposición o por concurso-oposición, siendo preceptivo estar en posesión del título de licenciado en derecho. La aprobación de las bases de las pruebas selectivas se efectuará por acuerdo del Pleno del Consejo Consultivo.

Pues bien, desde su constitución,  hace casi una década, el Consejo Consultivo  no ha convocado ninguna oposición, ni concurso – oposición, para el ingreso en el Cuerpo de Letrados.

La única prueba selectiva celebrada fue una convocatoria para la provisión, con carácter interino, de tres plazas de Letrado/a vacantes en la plantilla del Consejo Consultivo del Principado de Asturias (BOPA de 8 de junio de 2006), por lo que, después de casi diez años de funcionamiento del Consejo Consultivo, no existe ningún Letrado funcionario de carrera del Cuerpo de Letrados del Consejo Consultivo.

En consecuencia con lo expuesto, al no haberse proveído las plazas del Cuerpo de Letrados por el procedimiento y con los requisitos establecidos en el art. 20 de su  Ley de creación, es decir, mediante oposición o concurso - oposición,  debe regir lo establecido en la disposición transitoria cuarta de dicha Ley, a saber : el Consejo de Gobierno adscribirá al Consejo Consultivo tres funcionarios o funcionarias del Cuerpo Superior de Administradores del Principado opción jurídica, uno de los cuales actuará provisionalmente de Secretario. Pero no más.

Sin embargo, la realidad del Consejo Consultivo es muy distinta, pues el número de puestos de letrado es de nueve (9): un (1) letrado adjunto, cuatro (4) letrados jefes y tres (3) letrados, más el Secretario, que también reune esta condición. Así consta en la RPT publicada en el  BOPA de 30 de abril de 2010, que fue anulada por el Tribunal Supremo en sentencia de 15 de febrero de 2013 a instancia del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies y del sindicato Usipa, por lo que se refiere estrictamente al uso de la libre designación y a la omisión de las retribuciones complementarias de los puestos de trabajo ( el propio Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en su sentencia de 9 de diciembre de 2011, recordaba con cierta sorna en el fundamento de derecho quinto de la sentencia, que en el Consejo Consultivo existían más  letrados jefes que letrados, es decir, y dicho coloquialmente, que tiene más jefes que indios)

Lo paradójico de la situación expuesta es que, a día de hoy, los únicos trabajadores que han superado una convocatoria pública para acceder a los puestos de letrado del Consejo Consultivo son los tres letrados interinos y, el resto, con la larga listas de letrados jefes incluidos, han sido nombrados a dedo.

Desde el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies consideramos que el Consejo Consultivo no está en condiciones de dar lecciones de imparcialidad y transparencia en el acceso y promoción a los puestos de trabajo de letrados que del mismo dependen. Por ello, dirigimos a su Presidente y a los vocales que lo integran las siguientes preguntas:
- ¿Por qué no se ha convocado ninguna oposición o concurso - oposción en casi una década de existencia para acceder, como funcionarios de carrera, en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, al Cuerpo de Letrados del Consejo Consultivo?

- ¿ Cuántas convocatorias públicas - en el BOPA, en su página web - se han publicado hasta la fecha, para acceder en régimen de "comisión de servicios" o nombramiento provisional a los puestos de letrado del Consejo Consultivo?

- ¿Cuáles han sido los méritos objetivos y transparentes que se han utilizado para efectuar los nombramientos provisionales de letrados realizados desde la constitución del Consejo Consultivo hasta la fecha, dónde constan expuestos previamente, cómo se ha garantizado el principio de igualdad de oportunidades para poder acceder a dichos puestos a todos los funcionarios interesados y dónde constan los acuerdos en los que se motiven los criterios y razones que justifiquen la selección de los nombrados?

Esperamos respuesta serias y menos salidas de tono, impropias de una Institución sufragada con el dinero público de todos los asturianos y asturianas..

Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies



miércoles, 16 de abril de 2014

Recurrimos la convocatoria de letrado jefe del Consejo Consultivo del Principado de Asturias




El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies interpuso en el día de hoy recurso de reposición, previo a la vía judicial ( VER RECURSO AQUÍ), frente a la Convocatoria para la cobertura del puesto de trabajo de Letrado/a Jefe/a en comisión de servicios, publicada el 9 de abril en la página web del Consejo Consultivo, por incurrir en un manifiesto fraude de ley o desviación de poder, que la vicia de nulidad o, subsidiariamente, de anulabilidad.

Los argumentos del recurso, expuestos de forma sucinta, son los siguientes:

-No concurre la necesaria causa de “urgente e inaplazable necesidad” que es la única razón legal que justificaría este tipo de nombramientos provisionales, pues el Consejo Consultivo dispuso de más de un año para convocar el concurso de méritos para la cobertura de la plaza, en concreto, desde la sentencia firme del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2013, que anuló el sistema de libre designación ( a dedo) para el nombramiento de los letrados del Consejo Consultivo y no lo hizo, por dejadez, desidia, comodidad, conveniencia o por cualquier otra causa ajena al principio de legalidad

-Se vulnera el principio de que los méritos específicos se ajusten a las características de los puestos ofrecidos ( artículo 51.bis 1 a) de la ley de Función Pública asturiana), pues las funciones del puesto, en concreto, el estudio, preparación y redacción de proyectos de dictámenes e informes sometidos a consulta del Consejo, en modo alguno son un coto cerrado o exclusivo de  los funcionarios de la Administración Local, subescalas Secretaría o Secretaría – Intervención o de asesores legales a las entidades locales, como establece la convocatoria; sino que pueden tener méritos para desempeñar esas funciones funcionarios de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma ( letrados, funcionarios del Cuerpo Superior de Administradores etc..), como puede comprender cualquier persona con sentido común, sin necesidad de ser un experto en Derecho.

Desde el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies confiamos en que si los consejeros del Consejo Consultivo conservan un mínimo de sensatez, revoquen de forma inmediata la convocatoria, evitando con ello procesos judiciales posteriores de penosas consecuencias, sufragados con el dinero público de todos los asturianos y asturianas.

martes, 15 de abril de 2014

Un colectivo pide anular la convocatoria de una plaza de letrado jefe en el Consejo Consultivo


El Conceyu por otra Función Pública asegura que debió salir a concurso de méritos hace más de un año tras la sentencia del Tribunal Supremo que confirmaba la nulidad del sistema de libre designación para cubrirla

 
14.04.2014 | 21:11
 
El Conceyu por otra Función Pública ha pedido hoy la anulación de la convocatoria de una plaza de letrado jefe en el Consejo Consultivo dado que se trata de un puesto que, según este colectivo, debió salir a concurso público de méritos hace más de un año tras la sentencia del Tribunal Supremo que confirmaba la nulidad del sistema de libre designación para cubrirla.

En un comunicado, Conceyu asegura que llama poderosamente la atención que el Consejo Consultivo convoque dicha plaza en "comisión de servicios", es decir por razones de extraordinaria y urgente necesidad un año después de que el Supremo estimara su recurso.

Asimismo, cuestionan que entre los méritos específicos a valorar para el nombramiento en el puesto convocado sean los de pertenencia a la escala de funcionarios de administración Local excluyendo así a los de la administración del Estado o de la comunidad autónoma.

Concuye considera que esta actuación constituye una desviación de poder "particularmente inadmisible en un órgano al que la ley califica como superior órgano de consulta de la comunidad autónoma".

lunes, 14 de abril de 2014

El Consejo Consultivo convoca una plaza de letrado jefe teledirigida y manifiestamente ilegal





El Consejo Consultivo del Principado de Asturias acaba de anunciar en su página web la cobertura de un puesto de trabajo de Letrado/a Jefe/a en Comisión de Servicios (ver aquí), al que se atribuyen las funciones que determina el artículo 20.2 de la Ley del Principado de Asturias 1/2004, de 21 de octubre, del Consejo Consultivo: “estudio, preparación y redacción de los proyectos de dictámenes e informes sobre los asuntos sometidos a consulta del Consejo, así como aquellas que, siendo adecuadas a su carácter, determine el Reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Consultivo del Principado de Asturias”.

De entrada, llama poderosamente la atención que el Consejo Consultivo convoque en "comisión de servicios", es decir, por razones de extraordinaria y urgente necesidad, una plaza de letrado jefe que debió de sacar a concurso público de méritos hace más de un año, en concreto, despúes de la sentencia firme del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 2013 (ver aquí), que confirmaba la nulidad del sistema de libre designación ( a dedo) para cubrir dicho puesto, estimando el recurso interpuesto por el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies. Resulta evidente que no concurre urgencia alguna para la cobertura de dicha plaza, cuando lleva ya más de un año  en situación de provisionalidad,  por lo que la convocatoria incurre en un palmario vicio de nulidad.

Pero, además,  un segundo aspecto sorprendente del caso es que los méritos específicos a valorar para el nombramiento en el puesto convocado son los de “la pertenencia a la Escala de Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, subescalas Secretaría o Secretaría-Intervención, y la experiencia en asesoramiento legal a Entidades Locales”


¿ Cómo explican los consejeros del Consejo Consultivo que para realizar las funciones propias del puesto de letrado jefe que convocan, a saber, el estudio, preparación y redacción de proyectos de dictámenes e informes sobre los asuntos sometidos a consulta de dicho Organismo, tengan preferencia exclusiva unos determinados funcionarios muy concretos de la Administración local o con experiencia en asesoramiento legal a las Entidades Locales, y se excluyan los méritos de los funcionarios de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma?

¿Que razones objetivas pueden esgrimir los consejeros del Consejo Consultivo para no valorar en la convocatoria que ahora publican los méritos específicos que puedan acreditar funcionarios de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma en relación con las funciones propias del puesto de letrado jefe que se convoca?

Tal parece que el Consejo Consultivo del Principado de Asturias está pensando en alguna persona o personas predeterminadas para ocupar la plaza convocada, cargándose de paso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a los puestos del sector público, consagrado como derecho fundamental en el artículo 23.2 de la Constitución.

Pero tal forma de proceder constituye una desviación de poder, particularmente inadmisible en un Órgano al que la ley califica como superior órgano de consulta de la Comunidad Autónoma.

Por ello, desde el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies exigimos la retirada inmediata de las bases de la convocatoria y animamos a todos los funcionarios/as interesados en el puesto convocado y a las organizaciones sindicales a recurrirla por manifiestamente ilegal.

Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies

viernes, 11 de abril de 2014

Una asociación de funcionarios critica que la ley de transparencia siga "tapando" a los asesores políticos




 Sede De Presidencia Del Principado



OVIEDO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
  
 La asociación de trabajadores públicos Conceyu por Otra Función Pública n'Asturies (Cofpa) ha criticado este jueves que los proyectos de ley del Principado de Transparencia y de Buen Gobierno siguen "tapando" a los asesores de confianza política del Ejecutivo asturiano, cuya identidad "se mantiene protegida como si se tratara de una información reservada sujeta a algún secreto de Estado".
 
 A través de una nota de prensa, Cofpa señala su organización ya denunció públicamente en el mes de febrero del año 2013 que existían un total de 98 asesores de confianza cobrando con cargo a los Presupuestos Generales del Principado de Asturias, y cuyo nombramiento "se mantenía en secreto, es decir, sin publicar en el Boletín Oficial".

  Han explicado que esa omisión de publicación de los nombramientos de ese personal eventual conduce a la "inadmisible situación" de que los asesores del presidente del Principado y los jefes de gabinete y asimilados de los Consejeros sean los únicos "altos cargos" que gozan actualmente del" privilegio del anonimato".
 
 "¿Con qué garantías se puede controlar el cumplimiento del régimen de incompatibilidades de unos asesores cuya identidad se mantiene en la sombra?", se han preguntado, lamentando que en las leyes que impulsa ahora el Gobierno siga esa "opacidad" y "oscurantismo" sobre los asesores políticos.
  
"¿Cómo se puede controlar, de forma real y efectiva, el cumplimiento del régimen de incompatibilidades de los asesores de los diputados de la Junta General del Principado, si se mantienen ocultos y escondidos en la trastienda? ¿Qué esconden esos nombramientos para que se acompañen de tanto secreto?", se han interesado desde Cofpa.