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jueves, 27 de agosto de 2015

La Junta paga a personal que trabaja para los partidos




El circuito del dinero de la Junta General del Principado, según la interpretación de Amelia Celaya.




Fernando Romero / Periodista.
Alrededor de los grupos políticos de la Junta General del Principado revolotean un montón de empleados, colaboradores, asesores y secretarios que cobran sus buenos dineros. Muchos de ellos están dentro de la plantilla de personal eventual pero apenas pisan la moqueta del palacio regional. Fuentes del Parlamento aseguran que es una situación tolerada por todos, inclusive “la patronal”, es decir la Mesa de la Junta, cuya máxima responsabilidad recae en el presidente de la misma, Pedro Sanjurjo. 

Pero tampoco dicen nada el equipo de juristas o el interventor, a pesar de ser una situación que no pasa desapercibida a cualquiera que trabaje en la sede del Parlamento autonómico. En el lenguaje laboral esta práctica se llama absentismo, y está penalizado hasta con el despido. Pero nadie dice nada.

Y es que a los partidos no les vale con recibir suculentas sumas anuales de la Junta para financiarse (dinero con el que podían pagar a esos empleados) sino que, desde su poder en la Cámara, fueron consiguiendo crear nuevos puestos de trabajo para sus colaboradores trasvasando la carga salarial a los contribuyentes asturianos. Expertos en derecho laboral confirman que esta práctica es irregular, cuando no ilegal, ya que “si están asignados al auxilio de los grupos y cobran de la partida que la Junta otorga a dichas entidades su trabajo tendría que dedicarse en su totalidad a dicha función, sin que puedan desempeñar otras actividades propias de la asesoría o ayuda a los partidos políticos”. Otros hablan de “prestamismo laboral”, por estar cobrando de una empresa y trabajando para otra.

Las “empresas” en la que estos empleados deberían ejercer su actividad laboral están en las calles ovetenses Fruela y en Cabo Noval, es decir, en la sede de los grupos políticos parlamentarios. En esta lista de “personal eventual” que es claramente “personal político a cargo de los presupuestos” hay algunos destacados dirigentes de la política asturiana, como el coordinador general de IU en Asturias Manuel González Orviz, quien declinó hacer declaraciones a ATLÁNTICA XXII sobre este tema. Esta práctica, según las fuentes consultadas, “es habitual en todos los partidos, en los tradicionales y en los nuevos”.

Llama la atención cómo esta “legión” de asesores políticos a sueldo de la Junta General ha crecido exponencialmente desde la primera legislatura, en la que solo había un empleado eventual en calidad de jefe de gabinete. Ahora hay 47 y todos cobran sueldos que rondan los 3.000 euros al mes de media. Tiene cierta lógica que los miembros de la Mesa, a quienes corresponde controlar estas irregularidades, no actúen, dado que, como señalan las mismas fuentes, “los mismos miembros de la Mesa de la Junta tienen personal que no aparece por allí”.

Nombres hay muchos, además de Orviz. Unos más conocidos que otros. Por ejemplo, el número 2 de UPyD, Pedro Herrero, viene solo de vez en cuando. Lo mismo ocurre con el jefe de prensa de IU, que trabaja en la sede de la coalición, y con el portavoz de Foro Asturias en Langreo, Pedro Leal, cuyo lugar de trabajo no es precisamente la Junta General. Una secretaria del diputado forista Pelayo Roces solo aparece cuando hay pleno para atender a Francisco Álvarez- Cascos, mientras que el diputado de IU Aurelio Martín tiene dos secretarias a su disposición a media jornada que tampoco acuden por la sede parlamentaria.
Diego Comins, ex diputado y oficialmente secretario del diputado popular y miembro de la Mesa del Parlamento José Cuervas-Mons,  trabaja en Gijón y tampoco se le ve el pelo por la Junta General, aunque en época electoral se suele mover más. También hay un alcalde en la nómina del personal eventual. Es el de Illas, Alberto Tirador, de IU, que está a medio sueldo y al que tampoco se le ve mucho por la Junta. Del PSOE se sabe que solo trabajan cuatro en la Junta, mientras que otros cuatro lo hacen fuera. El propio secretario del presidente del Gobierno, Octavio Vázquez, se encuentra actualmente trabajando en la campaña de las europeas, más cerca de Santa Teresa (sede de la FSA-PSOE) que de Fruela.

Perdido en la Junta
Estos eventuales se reparten 1.840.000 euros entre 47. Una media de 39.148 euros al año por cada uno (3.000 euros mensuales). Antiguamente, estos empleados estaban para asistir a los integrantes de la Mesa, debido a su mayor trabajo. Solían ser dos funcionarios para los cuatro miembros de la Mesa, salvo el presidente, que tenía su propio asesor. Ahora Pedro Sanjurjo demanda más ayudantes y pasó a tener cuatro empleados a su disposición, mientras que el resto de los miembros de la Mesa tiene derecho a dos personas.

Muchos de estos empleados tienen que mostrar su carnet de la Junta cuando alguna vez acuden a la sede parlamentaria, porque los bedeles no les conocen. Se dio incluso un caso curioso con uno de estos empleados “fantasmas” que acudió al reconocimiento médico preceptivo. Nadie sabía quién era y tuvo que identificarse. Pero además, se perdió por los pasillos de la Junta y no sabía salir del edificio. Tan poco familiarizado estaba con su teórica “empresa”. Esta plantilla ausente solía acudir a la fiesta de Navidad y a los reconocimientos médicos. Se les conoce el nombre por el envío de la nómina o de la cesta navideña que se manda a sus domicilios. Miembros del personal de la Junta no entienden que la lista de los eventuales no se publique con nombres y apellidos, como el resto de la plantilla.
La Mesa de la Cámara aprobó la plantilla de personal eventual de la actual legislatura el 4 de mayo de 2012, destinando 4 asesores a Pedro Sanjurjo, 8 a los secretarios de Mesa, 9 para el grupo socialista, 8 para Foro Asturias, 8 para el PP, 6 para IU y 6 para UPyD, partido éste que solo tiene un diputado.
PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 32, MAYO DE 2014

miércoles, 26 de agosto de 2015

Los interinos denuncian el grave colapso del sistema de petición de destinos

Los docentes, que no pueden formalizar las solicitudes, revelan un creciente nerviosismo entre los compañeros que aspiran a conseguir una de las 2.887 plazas ofertadas

La Asociación de Docentes Interinos de Asturias (ADIA) asegura que "el cabreo es mayúsculo" y que la sensación de nerviosismo comienza a extenderse. ADIA explica que el programa funcionó con normalidad en las primeras horas, desde las tres de la tarde hasta las ocho, aproximadamente. A partir de ese momento, comenzó el colapso. El colectivo pregunta a la administración qué medidas está adoptando para evitar este problema y exige una solución inmediata, ya que los plazos son muy ajustados. Un portavoz de ADIA señala que hay compañeros sentados delante de la pantalla de un ordenador intentando de forma compulsiva formalizar su petición.

Sobre la corrección en bloque de las irregularidades detectadas en las listas de interinos no ha habido ninguna novedad. Un grupo de afectados se está organizando para llevar el caso a los tribunales.

viernes, 21 de agosto de 2015

PEDIMOS AL CONSEJO DE GOBIERNO LAS ACTAS DE SUS REUNIONES DE 13 Y 14 DE AGOSTO



Según portavoces anónimos del Gobierno del Principado de los que se hace eco la prensa de hoy, el Consejo de Gobierno se reunió el día 13 de agosto y, entre otros asuntos, aprobó la estructura orgánica de las ocho nuevas consejerías.

Sin embargo, en la página web de la Administracióndel Principado de Asturias, dentro del apartado de información sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno, no figura ninguna referencia a acuerdos de fecha 13 de agosto y, en flagrante contradicción con la versión oficial, sí se hace mención a los acuerdos de 14 de agosto, entre los que se señala la aprobación “de la nueva estructura del Ejecutivo autonómico, que tendrá ocho consejerías, dos viceconsejerías y 38 direcciones generales”

¿A qué se debe este empecinamiento del Gobierno del Principado en mantener una información pública que, según sus propias fuentes, no es cierta?

  La misma noticia de prensa indica que “la reunión del jueves 13 se convocó en la jornada precedente para las diez de la mañana del día siguiente en un documento firmado por el consejero de Presidencia y secretario del Consejo, Guillermo Martínez, en el que consta el orden del día del encuentro”. De haber realizado la convocatoria el secretario sería manifiestamente ilegal, pues debería efectuarla necesariamente el Presidente, de acuerdo con lo que dispone el artículo 26.1 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.


Con el fin de clarificar todos estos puntos oscuros y teniendo en cuenta que las actas de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas son documentos públicos, como ha señalado el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción en sentencia nº 2/2011, de 20 de septiembre de 2011, el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies ha solicitado en el día de hoy al Consejo de Gobierno del Principado copia de las actas de los Consejos de Gobierno  celebrados los días 13 y 14 de agosto delaño en curso ( ver aquí)

Ni la aprobación de la estructura orgánica de las consejerías del Principado es un asunto de trámite, ni la transparencia en la información pública a los ciudadanos y ciudadanas puede tomarse tan a la ligera para hacer públicos unos datos y sostener, al mismo tiempo, que no son ciertos. Un poco de seriedad.

 

miércoles, 19 de agosto de 2015

El misterioso caso de la fecha de aprobación de las nuevas estructuras de las Consejerías del Principado. ¿Hubo una reunión secreta del Consejo de Gobierno el día 13 de agosto?



El Boletín Oficial del Principado de Asturias del 14 de agosto publicaba los Decretos de aprobación de las estructuras orgánicas de las ochos consejerías del Principado de Asturias. Los ocho Decretos dictados por el presidente del Gobierno autonómico, uno por consejería, llevan fecha 13 de agosto y, según su texto, se dictaron previo acuerdo del Consejo de Gobierno reunido ese mismo día.


Sin embargo, en la información sobre la actividad del Gobierno que figura en la página oficial de la Administración del Principado de Asturias no consta acuerdo alguno de fecha 13 de agosto, pero sí la relación de acuerdos del día 14 de agosto, en la que se indica:  "El Consejo de Gobierno aprueba la nueva estructura del Ejecutivo autonómico, que tendrá ocho consejerías dos viceconsejerías y 38 direcciones generales"

Por tanto, de conformidad con la información oficial del Gobierno del Principado el Consejo de Gobierno  aprobó  las estructuras orgánicas de las consejerías el día 14 de agosto y no el día 13, como figura en los ocho Decretos dictados por el presidente.

Según publica hoy el diario La Nueva España, fuentes del Principado indican que el jueves 13 de agosto hubo "un Consejo de Gobierno "no público", una reunión sin anuncio previo ni constancia posterior convocada siguiendo un procedimiento que, afirman las mismas fuentes, se utiliza con alguna frecuencia para dar de paso asuntos de trámite o de mera formalidad administrativa que precisan para ser aprobados el asentimiento del Gobierno" 

Ahora bien, la versión dada por esas fuentes anónimas no cuadra con la información oficial que proporciona la página web del Principado Asturias. La cuestión, lejos de resultar anecdótica, afecta a la seriedad y rigor legal con el que debe actuar la Administración Pública y exige una clarificación oficial, sin que resulten de recibo las explicaciones clandestinas. La importancia y trascendencia de los acuerdos adoptados - la creación de la propia estructura del Gobierno entrante a través de la regulación de los órganos directivos de todas las consejerías - no permite calificarlos como un mero asunto de trámite y otorga mayor gravedad a la confusión generada por el propio Gobierno. 

Recordamos que los acuerdos del Consejo de Gobierno deben constar en acta, que extenderá el Consejero de Interior y Administraciones Públicas en su calidad de Secretario del Consejo de Gobierno ( en la actualidad, el Consejero de Presidencia), conforme establece el artículo 30.1 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias

La tan cacareada transparencia exige luz y taquígrafos para  esclarecer este misterio de fechas: el Consejo de Gobierno debe hacer pública el acta en la que se recogen los acuerdos de aprobación de las nuevas estructuras orgánicas de las consejerías. Cuánto antes mejor.

martes, 18 de agosto de 2015

El PP avala a la cúpula del Tribunal de Cuentas pese a los enchufes

Cospedal reunió en un hotel con los seis de los siete consejeros propuestos por su partido

Resto importancia a los casos de nepotismo y les instó a renovar a Álvarez de Miranda




El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Alvarez de Miranda, comparece en julio de 2014 en el Congreso de los Diputados. / LUIS SEVILLANO

La secretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal, ha impuesto que todo siga igual en el Tribunal de Cuentas. El pasado 21 de julio, dos días antes de la fecha legal en que debía renovarse la cúpula dirigente del tribunal, incluida la presidencia, Cospedal citó, en un hotel de Madrid, a seis de los siete consejeros que tiene nombrados el partido en este organismo. Y les instó a que votasen para otro periodo de tres años al actual presidente, Ramón Álvarez de Miranda, al tiempo que restó importancia a los casos de nepotismo que salpican al órgano que se encarga de fiscalizar a las 700 administraciones que hay en España.
Cospedal señaló que la decisión de que debía seguir en su puesto el actual presidente partía del Gobierno, según fuentes conocedoras de esa reunión. Los consejeros del PP, que antes de este encuentro estaban divididos y al menos tres de ellos no querían que Álvarez de Miranda repitiese, acataron las instrucciones y le renovaron en el cargo durante la sesión plenaria que se celebró el jueves 23 de julio.

Álvarez de Miranda, que tiene a una concuñada y a un sobrino en el tribunal, había comentado a sus compañeros que no quería presentarse a la reelección. Decía estar cansado. También quería dejar el cargo por las tensiones internas generadas tras publicar EL PAÍS que el centenar de casos de supuesto nepotismo que salpican al organismo. De hecho, Álvarez de Miranda tuvo que comparecer en el Congreso de los Diputados el 8 de julio de 2014 (obligado por el PP y a instancias de los partidos de la oposición) para dar cuenta de los lazos de parentesco en la plantilla del tribunal. Allí anunció una batería de medidas de transparencia. Una de ellas fue (ya ha sido realizada) que sometería al organismo a una fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas de Europa. Esta institución internacional acaba de presentar su informe, en el que elude hablar del nepotismo y se limita a exponer que debe haber un mayor control en las oposiciones.

Pero aun en el caso de que a última hora Álvarez de Miranda hubiese decidido concurrir a la reelección, no las habría tenido todas consigo. Una parte de su grupo (al menos tres de los siete consejeros) apostaban por una renovación de la cúpula. Según fuentes conocedoras de la citada reunión en el hotel, Cospedal restó importancia al asunto del nepotismo y comentó que es normal que coincidan familiares trabajando en organismos públicos. Cospedal hizo ese comentario, según las citadas fuentes, cuando Javier Medina, vicepresidente del organismo, expresó su malestar por las informaciones difundidas al respecto. Medina tiene en el tribunal a su mujer, a un hermano, a una hermana y a una pariente de su esposa. Pero hay muchos más casos de familiares. El exsecretario general tiene, por su lado, a su hija y a su yerno, y los dos últimos presidentes del comité de empresa de este órgano acumulan a una quincena de familiares y conocidos, entre esposas, sobrinos, sobrinas, cuñados e incluso amigos de la infancia.

Al final, y tras las indicaciones de Cospedal a los consejeros en el sentido de que no era tiempo de cambios por la cercanía de las elecciones, Álvarez de Miranda accedió a seguir en el cargo. El único consejero del Tribunal de Cuentas que no asistió a la reunión, porque no había sido avisado, fue Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno José María Aznar. Es uno de los consejeros propuestos por el PP para este organismo. El PP tiene siete de los 12 consejeros que hay en este organismo. Ese número otorga a los populares mayoría de votos en los plenos del Tribunal y, como ya sucedió en 2012, les permite designar al presidente, cargo que debe renovarse cada tres años, del total de nueve que conforman la legislatura. La oposición está en minoría con cinco consejeros, cuatro propuestos por el PSOE y un quinto pactado entre los socialistas e IU.

Álvarez de Miranda aceptó el nombramiento como “un sacrificio personal” y se ofreció a seguir en el cargo “durante algún tiempo más”, siempre según los citados medios. En la votación, que es secreta, obtuvo once votos a favor, de los 12 posibles. Un consejero se abstuvo. Los otros miembros de la cúpula reelegidos en sus cargos (los mismos que había) fueron Javier Medina, presidente de la poderosa Sección de Fiscalización, que logró nueve votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, y Felipe García, propuesto por el PSOE. Consiguió ocho votos a favor de su reelección. Hubo un voto en contra, uno nulo y dos abstenciones.

lunes, 17 de agosto de 2015

Las contrataciones en B de las Administraciones



Comparecencia de Maximino Fernández, gerente de ASAC, en la Comisión de Investigación del Caso Marea. Foto / Mario Rojas.
Los casos de corrupción destapados en Asturias, primero el Marea y ahora el Pokémon, no solo sacaron a la luz sobornos de empresarios a políticos y funcionarios. También la utilización de empresas privadas como verdaderas agencias de colocación por parte de los partidos y los políticos, que contratan a través de ellas en las Administraciones a amigos, parientes y afines. El dedo y el enchufismo que ocultan estas prácticas, a menudo consentidas por los sindicatos, se ve en toda España. En Asturias tanto en el Principado como en Ayuntamientos como el de Oviedo.

Patricia del Gallo / Periodista.
Revista Atlántica XXII


 El sumario del Caso Marea desveló que una de las empresas que hace servicios informáticos para el Principado, ASAC Comunicaciones SL, dedicada a soluciones y servicios de tecnologías de la información, contrataba a personas “por indicación de responsables de la Administración”. El gerente de la compañía, Maximino Fernández, imputado en esa causa, ha reconocido a ATLÁNTICA XXII que, lejos de ser este un hecho aislado, se trata de “una práctica habitual que no solo hace ASAC sino muchas otras empresas y en todo el país”. Solo que sepamos por el sumario del Caso Marea, se llegó a contratar a petición expresa de la principal imputada, la ex funcionaria Marta Renedo, al menos a siete personas para distintos puestos en equipamientos del Principado, desde bibliotecarios a guardas de seguridad.

Desde ASAC siempre reconocieron que era Renedo quien decía a quién y para qué servicio era el contrato, aunque ésta apuntara a órdenes de sus “superiores”. Luego los salarios se compensaban facturando las cantidadesen otros conceptos como instalaciones informáticas o similares, que por supuesto nunca se realizaban, según el sumario de la causa. Hay facturas que superan los 120.000 euros. Algunos de estos trabajadores han reconocido ante el juez que entraron a trabajar simplemente enviando el currículum y que se enteraron de la oferta laboral por la ex funcionaria. “No hubo entrevista ni proceso de selección ni nada y solo fuimos a ASAC a firmar”, aseguraron en su día.

ASAC, que trabaja también para la Universidad de Oviedo, la Sindicatura de Cuentas, el 112, la Junta General y quince Ayuntamientos asturianos de todo signo, aceptaba estos encargos sin saber a veces cómo los iban a cobrar, pero “no podíamos hacer otra cosa”, asegura el gerente, “si quieres trabajar para la Administración”.

¿Y la Inspección de Trabajo?
Los motivos de los organismos públicospara actuar así son varios. Por un lado está el interés por subcontratar serviciosque en teoría resultarían más caros y complicados si los hicieran los propiosfuncionarios. “A veces les urgía contratar a alguien y no podían esperar a hacer un proceso o convocatoria pública de selección”, explica Maximino Fernández. Otras veces respondía a la falta de presupuesto. Si no hay partida para personal, estas empresas se encargan de contratar y luego cobran con cargo a otros trabajos.En ASAC se sienten más víctimas que culpables. “¿Cómo es que Inspección de Trabajo no se daba cuenta de ello, si trabajaban para la propia Administración?”, se preguntan ahora en la empresa.Tampoco entiendenpor quéante esta “supuesta ilegalidad” no actuaron tampoco los sindicatos. “Se sabía, pero todos callaban”, reconoce Maximino.

Este tipo de contrataciones,que parecen ser una práctica habitual en toda España y con todos los partidos, se han convertido además en la puerta B para entrar a engrosar las filas del funcionariado público. Los elegidos entran “a dedo”, sin entrevistas ni procesos de selección, como muchos de estos trabajadores han reconocido. En la mayoría de los casos la empresa que les contrata solo paga su sueldo, el material lo pone el Ayuntamiento o Consejería de turno y realizan sus tareas en dependencias oficiales y a las órdenes de los mismos jefes que sus compañeros. Al final hay denuncia del trabajador por cesión ilegal y una sentencia judicial que le considerará indefinido no fijo, un puesto que podrá mantener hasta queéstesalga a convocatoria pública, algo que nunca ocurre. En el Ayuntamiento de Oviedo se ha jubilado recientemente una trabajadora enesta situación, suegra de una concejala del PP.

Pero no es el único caso. En este Consistorio en los últimos años cerca de 70 trabajadores han entrado así, por la puerta B, a trabajar de forma indefinida para el municipio. Y lo más preocupante es que se ha hecho a pesar de la advertencia de la abogacía consistorial. Según un informe al que ha tenido acceso ATLÁNTICA XXII, “no se trata, lamentablemente, de un hecho aislado”, dice textualmente, y pone algunos ejemplos de distintas empresas como Azvase SL, La Hora de Asturias, Musicaviva 21 Formación Musical SL o Turismo y Aventura, sociedades que simplemente ponían el trabajador y el sueldo. Los contratados realizan sus tareas en dependencias municipales, con medios del Ayuntamiento y en algunos casos entran incluso a formar parte de las parrillas de turnos y vacaciones como si fueran un funcionario más. Todos ellos, tras denunciar cesión ilegal, se acaban convirtiendo en personal indefinido no fijo. El informe dice además que esos puestos no pueden mantenerse en el tiempo y que, si ese trabajadores necesario, su puesto debe salir a convocatoria pública.

Llama además “especialmente la atención”, dice el informe de los abogados municipales, que quienes autorizan o firman con las citadas empresas intermediarias los contratos, sean quienes luego van a los juicios a reconocer la relación directa entre el Ayuntamiento y el trabajador. En definitiva, continúa el informe, “vienen a reconocer que son ellos mismos quienes propician o consienten que la empresa adjudicataria del contrato se convierta en mera “suministradora de mano de obra”.Y sentencia:“Es evidente, a nuestro juicio, que tal conducta supone, como mínimo, una grave negligencia en los deberes de policía, supervisión y control”.

Azvase
Los sindicatos señalan lo obvio: esta práctica, que parece habitual en la Administración, a juzgar por los casos que han salido a la luz, elimina los principios de mérito, capacidad e igualdad que establece la Constitución para el acceso al empleo público.
Aparece cuestionada así la independencia que se les presupone a los funcionarios, que quedan más “endebles y al servicio del político de turno que les metió a dedo”, como reconoce Xosé Nel Valdés, delegado de CCOO en el Ayuntamiento de Oviedo, que lleva tiempo reprochando a algunos cargos públicos esta práctica.  Que lejos de desaparecer sigue instaurada en el consistorio, como recientemente ha denunciado Foro Asturias. Este partido lleva pidiendo desde el mes de noviembre la relación de trabajadores que actualmente trabajan para el Ayuntamiento a través de ASAC y otras empresas como Azvase,que tiene la gestión de la ayuda a domicilio, personal auxiliar de congresos y animación sociocultural y cuyo director, Fernando Fernández-Kelly, acaba de ser elegido presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo.

“Hasta ahora solo hemos obtenido un papel con un listado de doce personas , sin especificar qué hacen ni qué tipo de contrato tienen, aunque sospechamos que hay más”, dicen desde Foro.También que la escasa información a la que han tenido acceso “ha sido manipulada” y que los trabajadores contratados, la mayoría sin previo proceso de selección,están en la misma situación de cesión ilegal,aunque no ha habido por ahora denuncias. Desde esta revista también se pidióinformaciónal Ayuntamiento sobre este tipo de contrataciones, sin que hasta la fecha haya habido respuesta.

ASAC logró en 2008 la adjudicación delos servicios de gestión y operación de los sistemas de TIC municipales, desarrollo de aplicaciones corporativas, modernización administrativa, presencia en web, gestión y operación de red y consultoría en LOPD y en seguridad de la información. El contrato fue por 10 millones de euros. Un contrato polémico porque la oposición se preguntó en su día cómo es que a un contrato tan “jugoso” solo se presentara ASAC. Hace dos años se prorrogó y está ahora pendiente de renovación.

PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 32, MAYO DE 2014