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jueves, 30 de octubre de 2014

Las oficinas del Principado en el edificio Calatrava no están debidamente aisladas contra el fuego




Así lo acaba de reconocer la Dirección General de Patrimonio en una reunión mantenida con los representantes sindicales de los trabajadores el 24 de octubre, en la que se dio cuenta de un informe del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales que verificó que parte del forjado de las Consejerías no estaba debidamente aislado frente al fuego. Según la información que ha difundido por la intranet del Principado el sindicato CCOO ( ver aquí), ante esta situación, la Dirección General de Patrimonio requirió a sus técnicos la elaboración de informes a fin de corregir los defectos detectados y desde principios de septiembre se estarían llevando a cabo las obras en los fines de semana y festivos a fin de no interferir en el servicio de las Consejerías.

Recordamos que el pasado 23 de abril el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies puso en conocimiento de la Fiscalía Delegada para la Siniestralidad Laboral  (ver escrito aquí), las declaraciones de un responsable de la empresa Ipezsa, D. Aquilino Zapico, ante la Comisión de Investigación que se  desarrolló en el Ayuntamiento de Oviedo sobre la llamada “Operación de Los Palacios”, en las que afirmaba  que uno de los fallos más graves del edificio Calatrava estaba en las consejerías, en las alas que el Principado, a través de Sedes, compró a Jovellanos XXI. «No están aisladas contra el fuego, ni técnica ni acústicamente, denunció Zapico. «Si se produjera una chispa no sé qué podría ocurrir», advirtió sobre un asunto que «sabe Patrimonio». Además, «el forjado inferior del nivel uno está en contacto con el aire»”.

En dicho escrito, esta asociación consideraba que estos hechos debían ser investigados por la Fiscalía a los efectos de determinar su veracidad, dado que, de  ser ciertas las declaraciones efectuadas por el Sr. Zapico, podíamos encontrarnos ante el delito contra los derechos de los trabajadores tipificado en el artículo 316 del Código Penal :“Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses”.

A los pocos días de formulada la denuncia,  la Fiscalía de Asturias notificó al Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies (ver notificación aquí) la apertura de diligencias de investigación con el nº 125/2014. Desde entonces, transcurridos ya seis meses, esta asociación no ha tenido comunicación posterior alguna sobre el resultado de dichas diligencias, por lo que suponemos que continúa en curso la investigación iniciada por la Fiscalía a principios del mes de mayo.

Conocemos, ahora, a través de la información difundida por el sindicato CCOO, que eran ciertas las afirmaciones que alertaban de la existencia de graves defectos de seguridad por falta del debido aislamiento contra el fuego, en  un edificio en el que se encuentran trabajando más de 400 empleados públicos y en el que se atiende diariamente a un gran número de ciudadanos y ciudadanas que gestionan sus trámites en las oficinas ubicadas en esas dependencias (Consejerías de Presidencia, Cultura, Sanidad y Economía)

Lo alarmante del reconocimiento de las deficiencias que acaba de realizar la Dirección General de Patrimonio es la omisión total y absoluta de las medidas imprescindibles para proteger la integridad física de los trabajadores y de los usuarios del edificio ante el riesgo de un incendio, que pasan necesariamente por la clausura temporal del mismo hasta tanto se concluyan las obras de aislamiento del forjado de las oficinas del Calatrava y se corrijan todas las deficiencias de seguridad que padece el edificio. 

Por lo expuesto, desde el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies llamamos a las organizaciones sindicales y al conjunto de los trabajadores afectados a exigir al Gobierno del Principado de Asturias que deje de jugar con fuego y ordene el cese inmediato de la actividad en las oficinas públicas del Calatrava. 

martes, 28 de octubre de 2014

El Principado adjudica 335 jefaturas de negociado 15 años después del último concurso válido


El BOPA de hoy, martes 28 de octubre, publica la resolución por la que se adjudican definitivamente 335 puestos de jefatura negociado pertenecientes a la Administración del Principado de Asturias, resolviendo el concurso de méritos convocado al efecto. Esta adjudicación se produce quince (15) años después del último concurso de méritos válidamente celebrado para esta categoría de puestos de trabajo, que data del año 1.999 (convocatoria publicada en BOPA de 14 de septiembre de 1998)

Durante este largo periodo de 15 años la Administración del Principado ha vivido en una especie de "estado de excepción", con la totalidad de los puestos vacantes cubiertos de forma provisional (en comisión de servicios), mediante nombramientos discrecionales (a dedo) realizados por los responsables políticos de los diferentes gobiernos que se han ido sucediendo al frente de la Comunidad Autónoma. Una situación de excepcionalidad que no tiene parangón en ninguna otra Administración Pública conocida.

¿ Cómo ha sido posible mantener y consolidar este sistema de clientelismo laboral en la carrera profesional de los empleados públicos del Principado de Asturias durante década y media? Varios factores o causas han confluido para ello:

- El incumplimiento sistemático de la obligación que establecía la Ley de Función Pública del Principado de que los puestos vacantes cubiertos provisionalmente debían ser provistos mediante convocatoria pública, al menos, con periodicidad anual. Lejos de acatar esta disposición legal,  la Dirección General de Función Pública prolongó la duración de los nombramientos provisionales "sine die" e incrementó su número a medida en que iban quedando puestos vacantes, propiciando con ello el control político partidista de la promoción profesional de los empleados públicos del Principado.
- La ilegalidad de los dos intentos de convocatoria de concurso de méritos realizados en este periodo de 15 años, cuyas bases fueron declaradas nulas por los tribunales de justicia: la convocatoria de jefaturas de negociado de octubre de 2006, anulada en sentencia de 12 de noviembre de 2007 del TSJA y su repetición, efectuada en el mes de octubre de 2008, anulada por sentencia del TSJA de 21 de junio de 2010. Esta contumacia en la confección de bases para la valoración de méritos claramente discriminatorias y sesgadas en favor de algunos candidatos ponen en evidencia la concepción manipuladora del empleo público que ha dominado la gestión de los gobiernos del Principado en las últimas décadas.
- La insuficiencia manifiesta de los medios personales y organizativos dedicados por la Dirección General de Función Pública a la convocatoria y resolución de los concursos de méritos. Así, el concurso que hoy se resuelve fue convocado en febrero del año 2011, por lo que la Dirección General de Función Pública ha tardado prácticamente cuatro años en tramitarlo, batiendo todos las marcas de lentitud e inoperancia en la materia. Esta precariedad de la estructura organizativa destinada a la tramitación de los concursos, contrasta con el despliegue de medios con el que se ha dotado a esa novedad llamada "carrera profesional horizontal", que solo ha servido para inflar la "gran tarta de dinero" de los cursos de formación del Instituto Adolfo Posada, de la que se benefician con jugosos sobresueldos una elite de funcionarios escogida a dedo y empresas del sector.

La resolución del concurso de méritos que hoy se publica debiera ser el primer paso para normalizar el caos en el que se encuentra la Función Pública asturiana, pero desconfiamos plenamente de cualquier cambio de actitud que pueda provenir de una Dirección General de Función Pública responsable directa de la gestión clientelista, politizada, ineficaz e ilegal de los últimos quince años.

domingo, 26 de octubre de 2014

Los contratos del CGPJ están plagados de irregularidades

El Consejo del Poder Judicial (CGPJ) presidido por Carlos Dívar.
El Consejo del Poder Judicial (CGPJ) presidido por Carlos Dívar. KIKE PARA
  • El Tribunal de Cuentas realiza observaciones críticas en la fiscalización del órgano

  • El Consejo defendió la 'estricta legalidad' de su actuación

  • 'Es un requisito ineludible' motivar las adjudicaciones, lo que no se hizo

  • Detecta una ausencia de documentos que expliquen la necesidad del gasto 

     

    El Mundo

MARÍA PERAL Madrid

Inexistencia de manuales que garanticen el cumplimiento de la normativa reguladora de la contratación pública; falta de previsión de los contratos, que ha conducido a prácticas inadecuadas; ausencia de motivación de las adjudicaciones; falta de control en la ejecución... Toda una enmienda a la totalidad de la gestión del CGPJ, cuestión que deja en pañales las observaciones en torno al "elevado importe" y "excesiva discrecionalidad" de los gastos de viajes y de representación del anterior Consejo, ya corregida con una regulación más dura.
El Tribunal de Cuentas decidió inspeccionar las cuentas del Consejo General del Poder Judicial tras el escándalo de los gastos de viajes del ex presidente de la institución Carlos Dívar, que fue sometido por el propio órgano fiscalizador a un procedimiento de responsabilidad contable. El asunto se archivó en noviembre del pasado año, después de que Dívar reintegrara cerca de 3.000 euros correspondientes a los ocho únicos viajes en los que el Tribunal de Cuentas apreció una ausencia total de justificación.

Mandato controvertido

Las observaciones que el informe de fiscalización realiza respecto a los gastos de viaje y a los fondos destinados a atenciones protocolarias y representativas se han visto muy mitigadas, porque tanto el anterior Consejo -en junio de 2012- como, sobre todo, el actual -nada más empezar su mandato- introdujeron modificaciones normativas relevantes que ahora obligan al presidente, Carlos Lesmes, a los vocales y otros cargos del CGPJ a especificar la razón del gasto. El actual Consejo ha aplicado, además, a sus cuentas niveles de transparencia desconocidos en cualquier otra institución pública.
"Este Tribunal de Cuentas considera muy adecuadas esas modificaciones", señala el informe, aprobado a finales del pasado julio. El órgano fiscalizador, que ciñe a 2010 el examen de la actividad económico-financiera del CGPJ, deja constancia, no obstante, de la "insuficiente regulación" que antes había de esos gastos -"no privativa del CGPJ"- y de su "excesivo grado de discrecionalidad".
Al Tribunal de Cuentas le llamaron la atención, además, los "importes tan elevados" dedicados a atenciones protocolarias y representativas (523.400 euros, de los cuales 91.722 fueron liquidados por los altos cargos del Consejo) y a gastos relacionados con los viajes (583.257 euros en desplazamientos, alojamiento y manutención).
Respecto a los gastos de representación, el informe indica que, pese a que en 2010 ya existía un formulario en el que se pedía una "breve descripción del motivo" del gasto, solo dos vocales lo cumplimentaron en todos los casos y otros dos consejeros en la mitad de ellos. Los 15 restantes (uno de ellos no gastó nada) "se limitaron a realizar indicaciones genéricas tales como 'reunión de trabajo' o 'comida de trabajo', sin concretar el objeto de dichas reuniones o los participantes". La interventora del CGPJ no puso pega alguna, destaca el Tribunal de Cuentas.

Semana caribeña

El informe atribuye el cuantioso importe de los gastos de viaje "principalmente" al hecho de que 14 de los miembros del anterior Consejo tenían su residencia familiar fuera de Madrid. Este tipo de desplazamientos "se realizó en períodos que abarcaban el fin de semana y días previos y posteriores, indicándose que, al ser vocales territoriales, tenían reuniones de carácter oficial en la localidad de su residencia familiar los viernes o los lunes". Las cantidades anuales empleadas en desplazamientos a la vivienda familiar "oscilaron entre 3.700 euros y cerca de 20.000".
Tanto en viajes oficiales como a la residencia familiar, los desplazamientos en tren o avión "fueron en clase club, preferente o business", constata. Ello se produjo en un año, 2010, en el que España estaba ya inmersa en una grave crisis.
El Tribunal de Cuentas reclamó la documentación relacionada con una muestra aleatoria de viajes oficiales de los miembros del anterior Consejo. Aunque sólo dos de ellos aportaron la documentación acreditativa de las reuniones y actos a los que asistieron, "las comunicaciones recibidas del presidente y los vocales y otras informaciones ponen de manifiesto que, aun cuando en contados viajes pudiera llegar a cuestionarse que algún gasto derivara de obligaciones propias de la función de alto cargo, no hay elementos de juicio que permitan afirmar que las comisiones de servicio llevadas a cabo no hayan cumplido ese requisito".
Las observaciones más críticas se refieren a la gestión de la contratación. Pese a que el CGPJ dedicó a este capítulo buena parte de las alegaciones que presentó al anteproyecto de informe, expresando su discrepancia con las apreciaciones de los fiscalizadores y defendiendo la "estricta legalidad" de su actuación, el Tribunal de Cuentas no matizó sus reproches.
Los inspectores seleccionaron una muestra de 34 contratos por importe de 5,8 millones de euros. Tras su examen, el informe habla de "carencias en materia de control interno" y "deficiencias atinentes al cumplimiento de la normativa reguladora de la contratación".
Entre las primeras destaca la "ausencia de manuales que faciliten y garanticen la observancia y cumplimiento de las disposiciones aplicables". No se cumplieron las obligaciones de comunicación de los contratos adjudicados al Registro Público de Contratos y hubo "insuficiencias" en la información incluida en la memoria elevada a las Cortes.
Se ha constatado una "falta de previsión y ausencia de planificación" que ha hecho que se recurra a "prórrogas extemporáneas, modificaciones contractuales, a la contratación menor e incluso a la convalidación del gasto", añade.
La falta de previsión "se extiende a la presupuestación de algunos contratos, en los que no se han realizado estudios económicos que permitieran la determinación de unos presupuestos ajustados a los precios de mercado".
Esas deficiencias en la fase de preparación de los contratos "han podido conducir a una inadecuada selección de los procedimientos de adjudicación", acudiendo a procedimientos negociados sin publicidad o a la contratación menor "cuando podría haberse tramitado un único procedimiento abierto".
En algunos expedientes se ha observado "la ausencia de informes o documentación suficientemente explicativos de la necesidad del contrato para el cumplimiento y realización de los fines institucionales del CGPJ".
En otros casos se apreció una "insuficiente definición del objeto del contrato, lo que ha ocasionado deficiencias en el control de su ejecución o el recurso a contratos menores para suplir las carencias derivadas de aquella indefinición inicial".
"Ha resultado frecuente" que en los pliegos de condiciones no se especifiquen los elementos de baremación relativos a los criterios de adjudicación que dependían de un juicio de valor, una concreción que "constituye una garantía de cumplimiento de los principios de objetividad y transparencia que deben presidir la contratación pública".
Por contra, en la mayor parte de los expedientes se requería la celebración de una entrevista con responsables del CGPJ en fecha anterior a la formulación de la oferta económica, sin determinar los fines de ese encuentro ni su objeto ni las condiciones de su realización y de cuyo contenido efectivo no quedaba constancia documental en el expediente. El Tribunal subraya que esa entrevista "carece de soporte legal" y resulta "difícilmente compatible" con los principios de "publicidad y transparencia y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos".
Además, en ninguno de los expedientes analizados se hizo constar de forma expresa la motivación de las adjudicaciones, lo que "constituye un requisito legalmente ineludible", recuerda el Tribunal de Cuentas, ya que cumple la "función esencial" de asegurar el principio de transparencia y posibilita el control del acto.

Expedientes cuestionados

Seguro de Responsabilidad. "Falta de rigor justificativo". Uno de los expedientes de contratación examinados fue la polémica suscripción de una póliza colectiva de seguro de responsabilidad civil para los jueces. Se adjudicó por procedimiento abierto y costó 223.551 euros, destinados a hacer frente a las indemnizaciones que deben abonar los jueces cuando son condenados por dolo o culpa. "No deja de ser un asunto controvertido", señala el informe del órgano fiscalizador, ya que, si bien el CGPJ alegó que la póliza es un instrumento de refuerzo y garantía de la independencia judicial, "puede entrar en conflicto con el principio de responsabilidad de los jueces". Con esa póliza no son ellos, sino el CGPJ con dinero público, el que cubre los daños y perjuicios que causan. El Tribunal de Cuentas "echa de menos" un «mayor rigor justificativo" de ese gasto en los documentos del expediente. Además, "no se determina correctamente el valor estimado del contrato" ni se hicieron estudios para la fijación del presupuesto base de licitación, que fue de 450.000 euros.
Ausencia de control. En 2010, el CGPJ decidió hacer una campaña institucional en prensa y radio para "prestigiar a los jueces" ofreciendo "una imagen positiva de su trabajo". Se gastó 203.831 euros. El Tribunal de Cuentas señala que la ley de publicidad institucional (que no es de aplicación directa al CGPJ, "pero sí sirve de punto de referencia") "prohíbe las campañas que tengan por finalidad destacar los logros de gestión", ya que las campañas institucionales deben servir "a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quien las promueve". El pliego de prescripciones estableció que la empresa adjudicataria se encargaría de evaluar la eficacia de la campaña una vez finalizada. "No consta esta evaluación", indica el tribunal. Cuando el fiscalizador la pidió, el CGPJ entregó un documento que "se limita a una mera descripción del trabajo realizado", pero no el alcance de la campaña, «lo que hace imposible la valoración de su impacto".

martes, 21 de octubre de 2014

Verdades y mentiras del conflicto de los valoradores de la Dependencia



La entrada en vigor de la Ley de la Dependencia - Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.- supuso para las Comunidades Autónomas una importante carga de trabajo añadida que no podían afrontar con las plantillas de personal fijo de las que disponían en ese momento, por lo que optaron por atender esas nuevas necesidades con contratados temporales. En buena medida, esta situación se debió a la improvisación y a la falta de previsión suficiente para haber incluido en las ofertas de empleo público del año 2006 y siguientes un número  adecuado de puestos de trabajo para hacer posible la aplicación de esta nueva ley con una plantilla estable, mediante  una convocatoria de oposiciones pública y con todas las garantías para respetar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.

A este respecto, debe tenerse en cuenta que el incremento de la plantilla de personal del Principado para afrontar las nuevas exigencias administrativas derivadas de la aplicación de la Ley de Dependencia, es una necesidad claramente estructural y no una mera situación coyuntural motivada por un suceso excepcional y aislado. Ello implica que los puestos de trabajo vinculados a dicha necesidad estructural tengan que ser obligatoriamente puestos de plantilla, incluidos en el catálogo de puestos de trabajo y cubiertos con personal fijo previamente seleccionado en convocatorias públicas libres.  

Fueron razones de necesidad y urgencia derivadas de la improvisación, la negligencia en la gestión y la falta de previsión, las que llevaron a la convocatoria de bolsas de trabajo temporal, como la que realizó el Principado de Asturias en BOPA de 26 de octubre de 2006, para la contratación de personal temporal en la categoría de Titulados de Grado Medio (Asistentes Sociales, Fisioterapeutas, ATS/DUE etc.), es decir, de trabajo precario y, por definición legal, limitado en el tiempo hasta la provisión definitiva de esos puestos con personal fijo. Por tanto, los trabajadores contratados temporalmente no tienen derecho adquirido alguno a la reserva del puesto de trabajo, impidiendo que el mismo salga a convocatoria pública para que pueda ser cubierto por personal fijo. La experiencia adquirida y la formación obtenida hasta la fecha no pueden servir de coartada para legitimar prácticas ilegales como la de excluir esos puestos vacantes de los concursos de traslados en los que tienen derecho a participar - derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución - los trabajadores fijos del Principado de Asturias.

El Convenio Colectivo del personal laboral del Principado de Asturias dispone en su artículo 38 que la oferta de empleo público correspondiente a cada ejercicio presupuestario se conformará con las plazas vacantes que hayan sido sometidas a un proceso de provisión por concurso y declaradas desiertas, y el artículo 40 reconoce al personal fijo el derecho a optar 2 veces al año a la adjudicación de los puestos vacantes. De ahí que mantener los contratos temporales durante siete años, como se ha hecho, sin sacar las plazas a concurso público y sin incorporar las que quedaran desiertas a la oferta de empleo público, constituya una práctica en fraude de ley de la que son responsables, solidariamente, la Dirección General de Función Pública y la Consejería de Bienestar Social a la que están adscritos dichos puestos.

Los responsables intelectuales y materiales del actual conflicto de los valoradores de la Dependencia son la Dirección General de Función Pública y la Consejería de Bienestar Social, por haber dejado pudrir durante siete años la situación laboral en precario de los puestos de trabajo vinculados a la aplicación de la Ley de Dependencia. Un éxito más en la calamitosa gestión del empleo público llevada a cabo en la Comunidad Autónoma en los últimos años.

Por ello, resulta un sarcasmo que, ahora, antiguos responsables políticos de la Consejería de Bienestar Social pretendan actuar de bomberos en un fuego al que echaron gasolina cuando gestionaban esa Consejería. Estos responsables, así como las organizaciones sindicales que, por acción u omisión, ampararon sus decisiones, deberían dar cuenta pública de su nefasta política de personal, explicando la razones por las cuales incumplieron sistemáticamente las obligaciones establecidas en el vigente Convenio Colectivo en relación con esos puestos de trabajo.

La solución del conflicto laboral de los valoradores de la Dependencia exige mucha menos hipocresía  y oportunismo político y sindical y bastante más decencia en la  aplicación de la legalidad vigente en materia del empleo público.

martes, 14 de octubre de 2014

Pedimos la publicación de la declaración del IRPF de los altos cargos del Principado, de los diputados de la Junta General y de sus asesores



La proliferacion de escándolos de corrupción con el denominador común de la percepción de retribuciones e ingresos fraudulentos por parte de dirigentes políticos, sindicales, empresariales etc., exige un ejercicio de transparencia fiscal por parte de los altos cargos de las diferentes Administraciones Públicas y de los parlamentarios electos, que vaya mucho más allá de las meras declaraciones de actividades, bienes  y derechos, como la prevista en el proyecto de Ley de Buen Gobierno que actualmente tramita la Junta General del Principado.

La transparencia pública en materia fiscal, si se quiere tomar en serio, obliga a hacer públicas las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en cuanto que dicho impuesto debe comprender la renta del contribuyente, entendida como la totalidad de sus rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales y las imputaciones de renta que se establezcan por la ley, con independencia del lugar donde se hubiesen producido y cualquiera que sea la residencia del pagador.

Recordamos que la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del IRPF, incluye  dentro de la renta del contribuyente:
a) Los rendimientos del trabajo.
b) Los rendimientos del capital.
c) Los rendimientos de las actividades económicas.
d) Las ganancias y pérdidas patrimoniales.
e) Las imputaciones de renta que se establezcan por ley.

El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies pide que los altos cargos del Gobierno del Principado de Asturias -consejeros, directores generales, secretarios técnicos, personal eventual vinculado del Presidente y jefes de gabinete de los consejeros - , incluyendo también a los máximos responsables de los organismos públicos, empresas públicas y fundaciones con capital público mayoritario, y a los diputados de la Junta General y sus asesores,  hagan públicas sus declariones del IRPF de los últimos tres años en las páginas web oficiales de estas Instituciones, con el objeto de disipar cualquier duda o sospecha sobre la cuantía y procedencia de sus ingresos.

No se trata en modo alguno de una petición novedosa, desproporcionada o fuera de lugar. El propio PSOE, por ejemplo, exigió en el año 2013 esta declaración pública del IRPF a los diputados del Parlamento de Extremadura ( ver aquí) y los diputados de Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía difundieron en el presente año 2014 su declaración del IRPF de los últimos tres años (ver aquí)

Parece razonable, por tanto, exigir coherencia al PSOE asturiano, actualmente en el Gobierno, y a la coalición IU, con el objeto de que apoyen esta iniciativa, que es hoy una medida urgente de transparencia e higiene democrática.


jueves, 9 de octubre de 2014

FÍLTRALA, plataforma independiente de denuncia ciudadana




Fíltrala es una herramienta independiente que busca una transformación en la sociedad española a través de la transparencia y la participación ciudadana. Queremos que el público ayude a restaurar el rol activo de los medios como vigilantes del poder, creando una nueva conciencia social donde ciudadanos anónimos puedan influir en lo que es de interés público. Estamos afincados en Bélgica 

Fíltrala, y también el BuzonX de Xnet, forman parte de la red internacional de la Associated Whistleblowing Press, una organización sin ánimo de lucro con sede en Bélgica que se dedica a combatir infracciones, corrupción y violaciones de los derechos humanos a través del periodismo de investigación y de herramientas para la transparencia. Elegimos Bélgica como sede ya que es un país que destaca en garantías legales relacionadas con la libertad de prensa, la protección de fuentes y la protección de la actividad periodística, hasta tal punto que su legislación nos prohíbe revelar nuestras fuentes, en el hipotético caso que las llegaramos a conocer. Seguridad en el envío de materiales 

Garantizar la seguridad del proceso de envío es esencial. Para ello utilizamos una conjunción de las tecnologías más avanzadas para garantizar que nadie, incluídos nosotros, pueda saber el origen de la información. Fíltrala funciona con tecnología desarrollada por Globaleaks, un sistema de código abierto creado especialmente para enviar y recibir ficheros de manera anónima por Internet. El software funciona junto con la fuertísima encriptación PGP y el Navegador Tor, que permite navegar por Internet de manera anónima y no requiere de conocimientos previos de informática. 

El proceso de envío está pensado para ser seguro a la vez que simple. Amplificamos tu voz Fíltrala es parte de una red internacional de activistas, periodistas y ciudadanos comprometidos en sacar a la luz información de interés público.La documentación recibida a través de Fíltrala será investigada y analizada por nuestra red de colaboradores, formada por organizaciones civiles y medios de comunicación, para su posterior publicación. El objetivo principal es que el impacto de la información revelada sea amplificado al máximo tanto a nivel mediático como civil y legal.

lunes, 6 de octubre de 2014

Exigimos transparencia en la gestión del dinero de los cursos de formación del Instituto Adolfo Posada

Por la transparencia en la Administración asturiana: pedimos la publicación de los beneficiarios  de retribuciones y de las cantidades percibidas por cursos de formación del Instituto Adolfo Posada

La Junta General del Principado Asturias tramita un proyecto de Ley de Transparencia que deja en la sombra importantes ámbitos de gestión del dinero público. Uno de ellos, el de los cursos de formación para empleados públicos organizados por el Instituto Adolfo Posada.

Para empezar, recordamos que el Instituto de Administración Pública Adolfo Posada (IAAP) repartirá el año 2014 más de un millón de euros (en concreto, 1.089.232 euros, ver aquí Presupuesto prorrogado, pág. 134) por impartir y coordinar cursos de formación para los empleados públicos del Principado de Asturias.

La gestión de esta importante suma de dinero adolece de una manifiesta opacidad y falta de transparencia: la selección de los profesores y coordinadores es estrictamente digital (selección a dedo) y la identidad y las cuantías recibidas por los elegidos también permanecen en la sombra.

La cuestión tiene una indudable relevancia desde el punto de vista de la ética pública en la gestión administrativa, pues es bien conocido que existe un grupo selecto de funcionarios públicos (también de jueces) que se benefician con importantes sumas de dinero (sobresueldos) con esta actividad formativa. Recordamos que la hora por impartir curso de formación se paga en el año 2014 a  96,74 euros para los funcionarios de los grupos A1 y A2 (ver importe de las retribuciones/hora aquí, página 55)

Asimismo, los cursos de formación del Adolfo Posada son una importante fuente de ingresos de empresas del ramo que también permanecen convenientemente tapadas.

El asunto se agrava si tenemos en cuenta que, en el caso de los funcionarios públicos  esa tarea de docencia retribuida de cursos se realiza coincidiendo con su jornada laboral, por lo que perciben una parte de su salario sin ir a trabajar.

Hace falta mucha transparencia en lo referente a los perceptores de retribuciones con cargo a los cursos de formación del Adolfo Posada. Por ello, exigimos que se haga pública ya  la lista de los beneficiarios  y de las cantidades percibidas por cursos de formación del Instituto Adolfo Posada de los años 2012 y 2013

Habrá sorpresas.