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domingo, 20 de julio de 2014

La carrera estancada.






 Manuel Cortizo Velasco

Hace ya unos poco de años que se aprobó el EBEP  y con el una serie de medidas que pretenden hacer de la administración un lugar más habitable para el personal a su servicio. Veremos que después de varios años, no solo no se aplica, (en lo que a la carrera profesional se refiere), sino que se utilizan métodos lo suficientemente coactivos que coartan las aspiraciones de los trabajadores, como ocurre cuando desde dentro de una Consejería, un Servicio o de la propia Secretaría General Técnica, se impide la salida del personal a otro destino mejor. Esta actuación, unida a la inaplicación de las coberturas necesarias de personal nos sumen en una situación penosa. Veamos.


 Dice el EBEP:
Los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente en las modalidades de carrera horizontal y vertical cuando la Administración correspondiente las haya implantado en un mismo ámbito.

·                     a) Se articulará un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso fijándose la remuneración a cada uno de ellos. Los ascensos serán consecutivos con carácter general, salvo en aquellos supuestos excepcionales en los que se prevea otra posibilidad.
·                     b) Se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño. Podrán incluirse asimismo otros méritos y aptitudes por razón de la especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida.


El “sistema de grados, categorías, o escalones…” ya  está establecido desde hace tiempo. Una carrera con 30 niveles no es moco de pavo. No obstante obedece a la lógica del divide y vencerás. Así se ven a menudo negociados de una o dos personas y múltiples puestos de trabajo sin cubrir. Y, a veces, una competencia feroz que utiliza las argucias más inimaginables. 

Lo más curioso es el que “se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad…” Etc. A diario vemos como esto se lleva a cabo. Perdón. Anualmente. Un cuestionario y una proyección. Eso sí, sin valoración económica alguna. No están los tiempos para gastos superfluos.

Así pues, podemos y, según los teóricos de la Administración debemos, progresar en la carrera profesional porque así se incentiva al funcionario y se mima la función. 

Pero, todos sabemos que esto es papel mojado. Tengo la impresión de que progresar dentro de la Administración es poco menos que imposible. Ni aplicando la normativa legal plasmada en el EBEP; ni siquiera por la puerta de atrás. El EBEP es de imposible aplicación pues está en estado de hibernación y, en lo que se refiere al ascenso, descenso o ingreso del trabajador, parece definitivamente congelado. Con el consiguiente deterioro de la función pública y de los servicios que se prestan a la ciudadanía. 

La puerta de atrás está reservada, como en las discotecas. Solo VIPs. 

Así las cosas, no es de extrañar que los Servicios, (con mayúscula), se queden medio vacíos de personal, pues, se producen bajas incentivadas por la inquina antifuncionario que parece existir dentro de las jefaturas, cuya mejor diversión parece ser la de levantar expediente disciplinario; tampoco se repueblan con nuevos ingresos las vacantes producidas y se cierra la puerta a nuevos ingresos. Con estas perspectivas la carrera del funcionario no la va a querer ni el más pardillo de los ciudadanos, pues apesta a poco respeto, poca dignidad y menos sueldo.

Es triste ver como trabajadores a los que se les abre una perspectiva de cambio a mejor, tanto económica como laboralmente, se ven obligados a renunciar a esas plazas con la disculpa de que ¿Quién sustituirá al que se va?. Por tanto no podemos ni morirnos, porque no hay quien nos sustituya, (mira por donde resultamos imprescindibles). Sería gracioso si no resultase dolorosa tanta frustración. A estas alturas supongo que todo el mundo sabe de qué hablo, ¿no? Pues de esas plazas que quedan vacantes, cuya cobertura es imprescindible, pero que resulta imposible de realizar porque la realidad es que no se deja salir a nadie del lugar que ocupa. Por decreto. Los daños son múltiples. Por una parte el servicio que  queda cojo y por el otro el trabajador que ve frustrada inopinadamente su “carrera profesional”. Sin contar con el ciudadano que sin tener parte en el asunto se ve mal atendido por mor de la escasez de medios y personal. Pero, me asalta una duda. Algunas de esas plazas acaban teniendo cobertura. ¿De dónde salen esos trabajadores que “okupan” la plaza de quien meritoriamente había aspirado a ella? ¿Quiénes son y quién los nombra?

Ya lo veis. Los funcionarios de carrera podemos progresar en todos los sentidos y direcciones: Carrera horizontal, es decir, correr en llano y en línea recta a ser posible. Carrera vertical, para escaladores y demás personal deportivamente preparado, (se excluyen de esta categoría a los trepas de profesión); Carrera transversal, de sacos etc. Todas las modalidades imaginables.

A todo esto, ¿los representantes de los trabajadores no conocen estos detalles, que guardan tanto silencio ante tanto escarnio?

sábado, 19 de julio de 2014

¿Un Heredero inconstitucional?



 Andrés Boix Palop
Profesor Titular de Derecho Administrativo

Como es sabido, y he explicado muchas veces, la monarquía me parece una cosa bastante aberrante y contradictoria con todos los principios que enhebrar un orden democrático de convivencia más o menos sensato. Me parece una institución tóxica, en general, y no me convencen las explicaciones/justificaciones de sus defensores. La monarquía española, además, en tanto que impuesta por el general Franco, me resulta, como a cualquier persona normal, particularmente antipática. Lo que, como estamos viendo y leyendo estos días, deja fuera de mi definición de “persona normal” a toda la geronto-casta española (mediática, política, económica, hintelectual…) que está desfilando estos días para demostrar que a genuflexos con el Borbón no les gana nadie. Pero, dicho todo esto, la cuestión es que, a día de hoy, tenemos lo que tenemos. Y una de las misiones de los juristas es tratar de entender cómo funciona nuestro ordenamiento jurídico y controlar que, nos guste más o menos, las reglas previamente establecidas se cumplan de modo coherente y sin que se presenten interpretaciones o derogaciones exóticas y secundum quid. En este sentido, tiene interés analizar el problema jurídico, al menos hipotético, que plantea la sucesión en la Jefatura del Estado tal y como está definida, que puede llevar a dudar de la constitucionalidad de la coronación como Rey de España de Felipe de Borbón. Porque, en efecto, ¿estamos seguros de que el Heredero que nos han designado entre el PP y el PSOE y las elites económicas, más allá de que sea una elección sensata o no, es el que la Constitución determina?


El artículo 57. 1 de la Constitución dice que los españoles consideramos que la mejor manera de elegir al Jefe del Estado es garantizar que sean los hijos de la persona que puso ahí el General Franco en el cargo los que lo sucedan. Y luego, los hijos de los hijos. Y así. Para evitar conflictos, sobre todo para aquellos casos en que haya más de un heredero posible, la Constitución fija en el precepto una serie de reglas: primogenitura, representación (esto es, que los descendientes del primer heredero van antes que otros posibles herederos) y preferencia del varón sobre la mujer:
Artículo 57.1 de la Constitución: La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don  Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.
La interpretación del precepto no es demasiado complicada, en general (aquí tienen, por ejemplo, la que realiza la propia web del Congreso de los Diputados), pero siempre ha habido discusión, si no ya jurídica, sí social, respecto, al menos, de la regla de la preferencia del varón, por entender mucha gente que es incoherente con la igualdad que la Constitución española en otros muchos preceptos predica entre el hombre y la mujer (la mayor de los hijos reconocidos del actual Borbón es Elena, no Felipe, quien sin embargo es considerado como legítimo heredero). Jurídicamente, sin embargo, se entiende que la previsión del art. 57.1 CE no puede ser inconstitucional… porque es la propia Constitución la que, acertadamente o no, así lo dispone. En el fondo, si se analiza la cuestión, igualmente problemático desde la perspectiva estricta de la igualdad y la no discriminación entre hermanos sería el hecho de preferir al primogénito por el mero hecho de serlo (¿por qué razón, si no existiera ese precepto, habría de tener más derechos uno de los hijos sobre el resto?). ¡Y eso por no hablar de la discriminación por nacimiento respecto del resto de españoles que contiene el artículo de la Constitución, en radical contradicción con el art. 14CE! Pero la Constitución así lo establece y, en consecuencia, nada más hay que decir. Los españoles tenemos una regla jurídica que nos dice que para designar al Jefe del Estado hemos de identificar al primer hijo varón (o, en ausencia de varón, a la primera hija) de Juan Carlos de Borbón. Ésa es, pues, la obligación de los operadores jurídicos que han de aplicar la norma, en este caso, nuestros representantes, en unas Cámaras ampliamente dominadas por el PP y el PSOE que han decidido, siguiendo la indicación del gobierno, que la persona en quien concurren estas condiciones es Felipe de Borbón.

La pregunta, sin embargo, es si  han hecho bien al identificar como tal a Felipe de Borbón, dado que al menos dos personas han reclamado un reconocimiento de paternidad por parte del actual Jefe del Estado. Si efectivamente estas personas fueran hijos de Juan Carlos de Borbón el legítimo heredero en términos constitucionales sería, sin duda, Albert Solá, varón primogénito, mayor que la infanta Elena y también que, por supuesto, el príncipe Felipe. Porque sería en él en quien concurrirían los elementos que el art. 57.1 CE dice que hemos de identificar para determinar quién ha de ser coronado como Rey de España.

Conviene recordar, a estos efectos, que el art. 57.1 CE nada dice que excluya a los hijos ilegítimos (a diferencia de lo que ocurre con la preferencia del varón sobre la mujer), de modo que se aplica en este punto la regla general contenida en el art. 39.2 CE, que proclama la absoluta igualdad de los hijos en cuanto a sus derechos jurídicos, sean matrimoniales o no:
Artículo 39.2 de la Constitución: Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.
Como puede verse, la regla constitucional no puede ser más clara. Una regla que los poderes públicos han de velar por que sea cumplida. Especialmente, digo yo, nuestras Cámaras parlamentarias. Y más todavía si se trata de algo tan serio como hacer que la voluntad del constituyente sobre quién ha de ser el mejor Jefe del Estado posible está en juego. Porque la regla más clara no puede ser: con independencia de la filiación, esto es, de si son “matrimoniales” o no, los hijos han de ser iguales en derechos. No sólo eso, sino que la ley asegura como derecho fundamental la posibilidad de investigar y poder probar la paternidad, a fin de poder reclamar jurídicamente que se satisfagan las obligaciones derivadas de esta regla de igual trato jurídico a todos los hijos.

En ausencia de regla específica que excluya a los hijos extramatrimoniales de la sucesión a la Corona, que como hemos visto no aparece en el artículo 57.1, ha de entenderse que la lógica constitucional obliga a aplicar con estricto cuidado este principio. Hay quien sostiene que la idea de “regularidad” que aparece en la expresión “orden regular de primogenitura y representación” sería una velada referencia a la exclusión de los hijos no matrimoniales (¡gracias a E. Vírgala por hacérmelo saber!). Sin embargo, esta interpretación se enfrenta a no pocos problemas: parece que es muy normal emplearla para designar simplemente lo que parece: el orden habitual en que se hace la sucesión, sin querer sin significar nada más; hay que concluir que no se puede entender una expresión que parece simplemente adjetivar la manera en que se ordena la sucesión a partir de otros criterios como restrictiva de principios constitucionales básicos y de derechos fundamentales. Una regla básica de la interpretación constitucional es que las restricciones a ciertos principios, y por supuesto a los derechos fundamentales, han de ser expresas y estrictas. De modo que, sencillamente, nuestra Constitución nos dice lo que nos dice pero nada más, no podemos inventar reglas o restricciones adicionales. Y lo que nos dice es que tenemos que buscar al primogénito varón de Juan Carlos I, si es que existe, para designarlo como Rey caso de que el actual Jefe del Estado muera o, como es el caso, abdique. Eso es lo que dice nuestro ordenamiento jurídico.

Sorprendentemente, parece que, a pesar de una serie de reclamaciones de paternidad ya producidas, nuestros representantes han hecho caso omiso a lo que es su obligación, que es cumplir con las reglas de sucesión constitucionales, y han optado por no investigar debidamente quién cumple lo que dispone el art. 57.1 CE para designar como Heredero a quien, en su caso, fuera la persona jurídicamente debida. Que ya sé que la regla esta de confiar en la primogenitura varonil para designar jefes de estado es absurda. Soy el primero en decirlo. Pero es lo que tenemos. Y si a la mayoría de los diputados les gusta tanto esta regla y la ven tan sensata, como llevan diciendo dos semanas, lo mínimo que habría que exigirles, la verdad, es que se la tomaran en serio e hicieran la debida averiguación de qué espermatozoide real fue el primero en lograr fecundar un óvulo y dejar un legado genético XY para la posteridad… y para ponerse la corona. Máxime cuando hay dudas obvias al respecto, manifestadas por una reclamación judicial que, más allá del debido respeto a los derechos de la persona en cuestión, no puede ser despejada tranquilamente a córner. No sólo son los derechos de una persona los que están en juego. Está en juego un interés mayor y superior, como es la dignidad de la Jefatura del Estado y la correcta identificación del debido sucesor. Una cuestión constitucional esencial y de interés general.

Es cierto que esta situación,a  efectos de lograr determinar la corrección y legitimidad de la reclamación, se ha enfrentado estos años al hecho de que la inviolabilidad del Rey ha impedido hasta ahora, en una interpretación muy exigente por parte de nuestros tribunales, que los ciudadanos que han pedido sea investigada su paternidad, en ejercicio de su derecho constitucional del art. 39.2 CE, puedan averiguar si efectivamente son, como sostienen o dicen creer, hijos de Juan Carlos de Borbón. Esto no tendría por qué ser así. En muchos países, en casi todos, de hecho, la inviolabilidad se refiere a cuestiones penales (e, incluso, a cuestiones penales relacionadas con el cargo, pero no a las privadas), sin que necesariamente cubra también las cuestiones civiles (de familia, de herencias, contractuales…). En España, nuestro Tribunal Supremo, en una interpretación propia de países autoritarios hasta el extremo, ha considerado que la inviolabilidad del Rey ha de entenderse como absoluta, de manera que no puede ser llevado a los tribunales por nada: ni por violar, que se suele decir; ni por cometer un delito en el ejercicio de su cargo; ni por delitos privados; ni por irse sin pagar de un restaurante; ni para reclamarle la hipoteca… ni para verificar la paternidad. Esta situación es conflictiva de suyo pues deja a unos ciudadanos sin uno de sus derechos fundamentales. Pero es que, además, plantea un problema enorme de orden público, pues todos los ciudadanos hemos de estar interesados en que la sucesión se realice de la manera que es jurídicamente determinada. Y para ello hemos de saber si el espermatozoide real que llegó primero es el de Felipe de Borbón o el de Alberto Solà. ¡Gracias a la regla del art. 57.1 CE esta cuestión es un tema que trasciende lo privado y pasa a ser un asunto público! De modo que tenemos un problema, porque por un lado entendemos que el Rey está así de blindado y, por otro, que los ciudadanos hemos de poder tener derecho a que el legítimo heredero según la Constitución sea coronado, y no un usurpador. Sinceramente, no se entiende que para esos casos la inviolabilidad impida que la Constitución pueda cumplirse adecuadamente. La interpretación razonable, dado el enorme interés general en juego, debiera ser que la inviolabilidad nada tuviera que ver ni pudiera oponerse a la averiguación de quién es la persona en la que concurren las circunstancias del art. 57.1 CE porque ésta no es una cuestión en esencia judicial o de responsabilidad del Rey sino, sencillamente, de funcionamiento correcto y constitucional de la Corona y de la Jefatura del Estado.

El problema se complica mucho, además, si un hipotético usurpador, ayudado por el sistema político y judicial (lo que se conoce últimamente como La Casta), accede al trono y sólo a posteriori se comprueba que había una persona con más derecho que él al trono, por ser en quien recaían los requisitos constitucionales del art. 57.1 CE. Algo que es perfectamente posible que ocurra en caso de abdicación, pues la barrera legal que había impedido la averiguación en vida, la inviolabilidad del Rey, que va asociada al ejercicio de la Jefatura del Estado, desaparece en cuanto éste abdica. Así pues, no es de extrañar que el Gobierno está muy preocupado por este tema y que se prepare una ley de aforamiento “total”, que no sólo plantea los problemas de constitucionalidad de no estar previsto este supuesto de aforamiento en la CE y ser por ello altamente dudoso, sino que iría además contra las reglas establecidas por el TC respecto de los aforamientos, que ha sostenido hasta la fecha que no se pueden extender a las cuestiones civiles. Un norma tanto más sorprendente cuanto, justamente, según se explica, está diseñada en gran parte “para hacer frente a las demandas de paternidad” en cuestión (contando con que los jueces del TS pasarán olímpicamente del art. 39.2 CE en materia de paternidad, al parecer, caso de que llegue una petición fundada, lo que no deja de ser una confianza muy peculiar en nuestro tribunal Supremo por parte de quienes mejor lo conocen).

Es decir, que da la sensación de que, directamente, el gobierno, con la ayuda de los jueces, está dispuesto a hacer todo lo posible para que pueda indagarse la veracidad o no de estas alegaciones de paternidad. Y es comprensible, sobre todo si se tienen por verosímiles, que se tenga pánico a que, tras no haber consentido que se realicen las debidas investigaciones (y ejercicio de derechos constitucionales debidos) antes, puedan verificarse después, con el lógico escándalo que supondría la constatación de que un usurpador en términos constitucionales (a la vista de cuáles son las reglas del art. 57.1 CE) habría subido al trono amparado por las fuerzas políticas que gobiernan desde hace décadas en este país, que por a saber qué razones se habrían negado a controlar que el heredero elegido sea el constitucionalmente previsto. Todo es muy peculiar, especialmente la posición  de estas elites políticas respecto de estas reglas en materia de designación del Jefe del estado por sucesión: por sorprendente que parezca los partidos políticos mayoritarios en España, aun negándose a tocar nada del art. 57 CE o de la regulación de la Jefatura del Estado, no tienen, en cambio, demasiado interés en verificar y garantizar que esas mismas reglas se cumplen debidamente.

jueves, 10 de julio de 2014

Contra la censura


El artículo publicado en este blog el día 26 de junio con el título Laboriosidad versus acoso, fue colgado como entrada en la página web de la Asamblea General de Trabajadores Públicos de Asturias, de la que desapareció a las pocas horas por las razones que conocerán los responsables de esa página.

Desde el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies expresamos nuestra solidaridad y apoyo al autor del mencionado artículo, a la vez que manifestamos nuestro rechazo frontal a cualquier tipo de censura y, en particular, cuando aquella  cercena la expresión pública de la denuncia de prácticas y comportamientos degradantes, caciquiles, prepotentes y/o intimidatorios para los trabajadores /as de la Administración Pública asturiana.

lunes, 30 de junio de 2014

Familias

Imagino que esa práctica tan humana de enchufar a los seres con los que compartes gozoso o indeseado parentesco, o incluso negocietes, es una práctica habitual

 
Se llamaba José Luis Rodríguez. Ese nombre tan prosaico retumbará en las folclóricas cuevas del Drach a través de un megáfono cuando la Benemérita vaya buscando a este hombre para que cumpla con su sagrado deber. Consiste en partirle el cuello con una prensa a un individuo al que no conoce. Actividad tan exótica tiene un nombre entre surrealista y contundente: garrote vil. Pero ejercerla conviene: cobrará además de un sueldo jugosas dietas y disfrutará de un piso subvencionado por el Estado junto a su esposa, su hijo y su jubilado suegro. Pero no ha sido fácil conseguir ese competido trabajo como funcionario público. El pragmático suegro sabe que para lograr ese curro a perpetuidad su yerno necesita recomendación. Un académico de la Lengua, hombre bien relacionado, conseguirá con su aval que José Luis se haga con la plaza de verdugo.

El argumento anterior se le ocurrió a Azcona y a Berlanga y dio origen a una de las dos películas más geniales en la historia del cine español. La otra es Plácido y la firman los mismos autores. Y pienso caprichosamente en ella, porque me da la gana, en los incansables esfuerzos de José Isbert para colocar a su yerno en un trabajito a perpetuidad al escuchar la asquerosa, pero también hilarante noticia de que el Tribunal de Cuentas, ese prestigioso organismo estatal, tan trascendente y serio él, está formado en un 15% por familiares de los directivos y de los representantes sindicales.

Imagino que esa práctica tan humana de enchufar a los seres amados o con los que compartes gozoso o indeseado parentesco, o incluso negocietes, es una práctica habitual y universal desde los tiempos del paleolítico. No necesariamente en función de sus méritos, su inteligencia, su capacidad de trabajo, su honestidad, sino porque para esas cositas está la familia, los colegas, los amiguetes, la devolución de favores, el hoy por ti y mañana por mí. Y nada que objetar si esto ocurre en la empresa privada (no es exacto, siempre es lamentable ver a un cretino, un baboso o un vago bien relacionado ocupando un puesto que no merece), pero que también pueda ser algo normal y ancestral en la cosa pública escandaliza, da grima.

jueves, 26 de junio de 2014

Laboriosidad versus acoso


Manuel Cortizo Velasco


Transitan por la vida personajes que no merecerían  la más mínima atención si no fuera porque ellos procuran insistentemente llamarla. Se trata de esos protagonistas de teatrillo de marionetas que obedecen a los sutiles, (o no tanto), tirones de la cordada que ejecuta el titiritero. En un teatro de marionetas nada tiene importancia si no es la propia y generalmente jocosa actuación satírica o no. En la vida real nada hay más triste y mísero que actuar de títere de la cordada en cuestión. Doliente y peligroso. Triste por que así es el arrastrarse por la vida, ejercer de besamanos y actuar de besaculos de forma continuada, ocupación exigida si se quiere triunfar como marioneta de cabecera. Y peligroso porque el jefe de la cordada puede cortarla de raíz y el batacazo suele ser grandioso: todo lo ominoso que puede ser quedarse entre al pairo entre dos bandos con el culo al aire y no para recibir ósculos precisamente.

Viene al caso este introito comediante, de que en la Consejería de Bienestar Social y Vivienda se vienen dando casos y cosas más propias del guiñol que del trabajo. Y no me estoy refiriendo al simple trabajador, sino a jefecillos/as que se dedican a perseguir fantasmas y colgar sambenitos a la espalda de aquel que señalan como digno de ser sancionado, perseguido o humillado. Y lo hacen, parece ser que bajo las órdenes de personal escondido en el gabinete o bajo las presiones del Director General de turno; o, también por iniciativa propia, con el fin de caer en gracia, olvidando que es más plausible ser gracioso.

No es admisible que se sancione al personal a la mínima, pudiendo arreglar las cosas con una pizca de diálogo. No es de recibo que se llame al personal trabajador al despacho para indagar sobre presuntas actividades sindicales o supuestamente ajenas al trabajo, sin fundamento alguno. Eso es mala fe. Eso es de colegio del Opus. En todos los sentidos.

Esos personajes no están trabajando, están dedicados a  “cazar” a las personas. Luego, son unos ineptos que no merecen ocupar un puesto cuya función es dirigir, no perseguir. Esto se suele llamar en la calle acoso. Sin paliativos. A-CO-SO.

Esto se hacía en otros tiempos en los que el chivatazo era la forma de llegar o mantenerse en el puesto. Unos tiempos que todos creíamos pasados, pero que, ¡qué paradoja! hoy, gobernando el PSOE, la izquierda honorable, se está llevando a cabo de forma que se parece más a una caza de brujas que un proceso de gobierno en la Administración Pública.

He conocido casos de una total injusticia y ahora procesos inquisitoriales llevados de la mano, parece ser, que de los anteriormente citados, jefe/a de servicio mediante. En todos los casos personajes políticos de libre designación desligados tanto del trabajo como de los trabajadores y atentos únicamente a cumplir unas líneas de actuación previstas y procurando no alterar al dueño del teatrillo de títeres, no vaya a ser que perdamos los papeles y el asiento. Esta es una de las maldades de la Libre Designación: el despego y el libre albedrío a la hora de interpretar comportamientos en el lugar de trabajo; la ineptitud para entender dónde empiezan los derechos del trabajador y donde los de la Administración.

La injerencia en los asuntos sociales, sindicales y cívicos de los trabajadores hace que, (alguna disculpa hay que tener), uno sea improductivo, ineficaz, (pues no se dedica a su trabajo con la debida diligencia), e inepto, pues ya ha alcanzado las más altas cuotas de aquello para lo que presuntamente servía y ahora se dedica a estas miserias.

Que pena. ¡Tan jóvenes!

Uno cree que bastantes problemas tiene ya la Consejería: unos de gestión de los asuntos que le son propios y otros de imagen pública, como para añadir ahora las fobias y filias personales de cada quien, a la misión propia delegada por el Gobierno a la misma. Zapatero a tus zapatos. Que son muchos y poco el tiempo.

Por más vueltas que le demos al tema no es siquiera imaginable más que en mentes enfermas, con una inquina estimable hacia los trabajadores, que llegan a extremos de desmontar los equipos de trabajo en aras de sus propias satisfacciones enclenques.

Las ansias de poder son loables, si se quiere, pero no a costa de los trabajadores, ni de los contribuyentes que son la esencia de nuestro trabajo.

Sea poderoso quien lo merezca por méritos propios, es decir conocimiento y capacidad de gestión. Pero no malgaste fuerzas en perseguir sombras, pues acabarán como los personajes de “La Caverna”: no distinguiendo la realidad de la ficción.

lunes, 16 de junio de 2014

El Letrado de la Junta cuestiona la regulación del personal directivo en el Proyecto de Reforma de la Ley de Función Pública

El informe de técnica legislativa sobre el Proyecto de Ley del Principado de Asturias de medidas en materia de Función Pública y Organización Administrativa, al que ha tenido acceso esta asociación (ver aquí), pone serios reparos de legalidad a varios de los apartados contenidos en el mismo, en especial, a la regulación de la nueva figura del "personal directivo".

Dicho informe comienza criticando la exposición de motivos, a la que califica de errática y de no reflejar el orden del articulado, como ocurre con el propio título del proyecto, por lo que aconseja ordenarla, "mejorar notablemente su redacción y adelgazarla de contenidos superfluos e impropios de esta parte del proyecto"

El mismo desorden e incongruencia se aprecia en su artículo primero, dedicado a los órganos centrales de las Consejerías, en el que "aparece sorpresivamente el nombramiento de Interventor General", cuando no tiene esa condición, así como los "puestos directivos", que tampoco son óganos centrales, ni altos cargos.

Pero la mayor carga de profundidad del informe se reserva para la regulación del personal directivo, que se incorpora por primera vez a la legislación del Principado de Asturias y que trae causa del artículo 13 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Pues bien, para el Letrado de la Junta la definición del personal directivo del Proyecto de Reforma "no se compadece con la del artículo 13 del EBEP, a pesar del carácter básico de este último" y "otorga a esta figura un alcance que el EBEP no le concede"

Y es que el Proyecto de ley define el personal directivo como empleado público, mientras que el EBEP no le otorga este carácter. "Antes al contrario, separa nítidamente, por un lado, las clases de empleados públicos, que son las contenidas en su artículo 8.2 y, por el otro, el personal directivo", al que dedica una rúbrica sistemática propia y específica.

La clave de esta regulación incorrecta se encuentra en que el Proyecto de Reforma confunde y entremezcla "quiénes pueden ser" pesonal directivo, con "qué son" los directivos, alterando con ello de forma notoria el artículo 13 del EBEP, pues confiere al personal directivo una cualidad que no tiene en la normativa básica del  Estado.

Como ya puso de manifiesto el representante del Conceyu por otra Función Pública n´Asturies en la ronda de comparecencias sobre el Proyecto de Reforma celebrada el pasado mes de diciembre y ahora viene a ratificar el Letrado de la Junta, una cosa es determinar "quiénes pueden ser" personal directivo, restringiéndolo a quienes ya ostenten la condición de empleados públicos del Principado de Asturias, circunstancia que podría hacer perfectamente dicho Proyecto, pero que no hace, y otra muy distinta incluir al personal directivo como una clase de empleados públicos, cosa que sí hace el Proyecto de Reforma, vulnerando de este modo el artículo 13 del EBEP.

La cuestión no se limita a una mera deficiencia o incorrección formal, sino que tiene unas importantísimas consecuencias prácticas, como explicaremos a continuación. En efecto, en cuanto que el personal directivo no es una clase de "empleado público", no puede desarrollar ni desempeñar funciones propias de los empleados públicos y , en especial, de las que la ley atribuye a los funcionarios públicos, a saber: el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca (artículo 9.2 del EBEP)
 
El informe de legalidad desbarata, de este modo, el fin último del Proyecto de Reforma, que no era otro que crear un verdadero entramado trasversal designado a dedo (libre designación), interpuesto entre los cargos políticos y los puestos funcionariales - dicho Proyecto permite que se creen el doble de “directivos profesionales” que de Directores Generales -, desempeñando funciones propias de los empleados públicos, con lo que se desactivaban los efectos derivados de la obligación de designar a los Jefes de Servicio por concurso de méritos.

A la vista del informe de técnica legislativa que damos a conocer, el Proyecto de Reforma, en su redacción actual, queda seriamente tocado y deberá modificarse por parte del Gobierno asturiano, si no quiere reabrir la batalla judicial que ha obligado a abordar una profunda reforma de un sistema de Función Pública totalmente degradado.



VER INFORME COMPLETO AQUÍ

Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies