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martes, 14 de abril de 2015

La Fiscalía investiga la contratación del personal de las empresas y fundaciones públicas del Principado

La Fiscalía Superior del Principado de Asturias ha abierto diligencias de investigación (ver aquí) sobre la posible existencia de delitos de prevaricación y nombramientos ilegales en relación con la contratación de personal laboral de empresas y fundaciones del sector público del Principado de Asturias.
Esta investigación responde a la denuncia presentada por el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies el pasado 24 de marzo ante la Fiscalía especializada en delitos contra la Administración Pública  (ver aquí), sobre los procedimientos de contratación del personal laboral por parte de las referidas empresas y fundaciones, por incumplir los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad,  que exigen convocatorias y bases públicas y transparentes y órganos de selección imparciales, profesionales e independientes.
En dicha denuncia señalamos que la información facilitada por varias Consejerías respecto a algunas entidades, empresas, consorcios y fundaciones ( 19 en total), permite concluir que se ha incumplido la legalidad de aplicación de manera palmaria y evidente. Así, a título de ejemplo:
  1. Las empresas públicas Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias S.A. (ASTUREX) y Ciudad Industrial del Valle del Nalón SAU, reconocen la contratación directa, sin convocatoria pública, de varios trabajadores de su plantilla:
-    ASTUREX reconoce la contratación sin convocatoria pública de: un director general y seis (6) técnicos superiores (cinco de ellos procedentes del IDEPA, de la Cámara de Oviedo, de la Cámara de Avilés, de Presidencia del Principado).
-   Ciudad Industrial del Valle del Nalón SAU reconoce la contratación sin convocatoria pública de un técnico informático, una coordinadora general y de un ordenanza. 
  1. La Fundación Comarcas Mineras (FUCOMI) reconoce que los procesos de selección del personal directivo, docente y de apoyo se realizan en base a varias Órdenes Ministeriales del año 2001, conforme a las cuales se excluye la normativa establecida para la selección del personal de las Administraciones Públicas. Es decir, admite que no aplica los principios legales del artículo 55 del EBEP
  1. La empresa pública Gestión de Infraestructuras de Telecomunicaciones del Principado de Asturias SA (GITPA) señala que la selección de sus trabajadores la realiza una empresa privada (Eulen SA)
  1. Otras empresas públicas como las ya citadas ASTUREX y Ciudad Industrial del Valle del Nalón SAU, la Fundación Asturiana de la Energía, la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias SA o la Inspección Técnica de Vehículos SA (ITVASA), indican que realizan convocatorias en la prensa o en su página web, pero no aportan acreditación de la publicidad de las convocatorias y de sus bases, ni de la imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
  1. La empresa VIPASA hace referencia a una serie de convocatorias públicas, sin identificar el medio de publicidad, ni el contenido de la convocatoria y sus bases
  1. Sobre la empresa pública Albancia se reconoce que la forma de contratación de su personal se realizó entre los años 2007 y 2010 a través de las Fundaciones FAEDIS y Fundosa, y que en el año 2010 se creó una bolsa de empleo. Es decir, la contratación de personal se hizo al margen de los procedimientos y principios legales del EBEP  
  2. Sobre las convocatorias de la fundación FASAD, se aportan una serie de ofertas de trabajo a través del Servicio Público de Empleo, siguiendo un procedimiento de contratación propio de la empresa privada.  
Asimismo, en la denuncia presentada ante la Fiscalía advertimos que el Principado de Asturias no entregó a esta asociación la información solicitada sobre la contratación de personal de empresas y fundaciones públicas tan relevantes como Gispasa, Recrea, la Fundación Niemeyer, SERPA (Servicios Públicos del Principado de Asturias SA), Sogepsa, Sasec (Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos), entre otras muchas.
El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies vuelve a reiterar que la existencia de una Administración paralela en la que la selección del personal se hace con criterios de empresa privada, lesiona gravemente los derechos fundamentales de los asturianos y asturianas a acceder al empleo público en condiciones de igualdad, en base exclusivamente a sus méritos y capacidades y no a recomendaciones, enchufes e influencias políticas, sindicales etc.. Este modo de proceder ha dado lugar a una extensa red clientelar incompatible con un sistema democrático mínimamente presentable.

Por ello, confiamos en que la recién creada Fiscalía especializada en delitos contra la Administración Pública investigue a fondo los procedimientos de contratación efectuados en las empresas y fundaciones del sector público asturiano y exija las responsabilidades a que hubiera lugar

sábado, 11 de abril de 2015

LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS QUE ENCUBREN RELACIONES LABORALES O TIENEN POR OBJETO FUNCIONES RESERVADAS AL PERSONAL FUNCIONARIO (PARTE I)

 
Los contratos administrativos de servicios celebrados con personas físicas en ocasiones encubren relaciones laborales o tienen por objeto funciones reservadas al personal funcionario. Esta irregularidad no constituye solamente una lesión de los derechos de los trabajadores, sino también una vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen en el acceso al empleo público. Además, si el contrato administrativo tiene por objeto funciones reservadas al personal funcionario, queda también vulnerada dicha reserva. Este trabajo analiza las consecuencias jurídicas que se desprenden de este uso irregular de la contratación administrativa con personas físicas.

Miguel Ángel Recuerda Girela es Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada. Lucía Fernández Depuech pertenece al Cuerpo Superior de Administradores de la Junta de Andalucía
El artículo fue publicado en el número 32 de la Revista General de Derecho Administrativo (Iustel, enero 2013)

I. INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente se ha analizado por la doctrina y la jurisprudencia la delimitación entre los contratos laborales y los contratos administrativos a efectos de evitar que, mediante la celebración de contratos administrativos, se eluda la aplicación de las garantías propias del Derecho laboral por las Administraciones Públicas (duración y extinción del contrato laboral, retribuciones mínimas, cotización al Régimen General de la Seguridad Social, etc.).

Además, el uso fraudulento de los contratos administrativos para encubrir relaciones laborales da lugar también a la vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen en el acceso al empleo público, ya que para su celebración no se siguen los procesos selectivos propios de los contratos laborales, interinidades y puestos funcionariales.

Y, finalmente, la legislación de contratos prohíbe expresamente a las Administraciones Públicas contratar con terceros para realizar funciones que impliquen el ejercicio de la autoridad (artículos 275.1 y 301 del Texto Refundido de la de la Ley de Contratos del Sector Público), y el artículo 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) reserva a los funcionarios las tareas que impliquen directa o indirectamente el ejercicio de potestades administrativas. Por tanto, estas funciones o tareas no pueden ser objeto de los contratos administrativos.

La Ley de Funcionarios Civiles del Estado introdujo en su artículo 6 la contratación administrativa de personal para dos supuestos: por un lado, la realización de trabajos específicos, concretos y extraordinarios o de urgencia y, por otro lado, la colaboración temporal en las dependencias administrativas cuando por exigencias y circunstancias especiales de la función, las tareas no pudieran atenderse adecuadamente por los funcionarios de carrera disponibles. Sin embargo, la Administración incumplió reiteradamente el carácter excepcional de estos dos supuestos, generando una gran bolsa de personal en este régimen. Como causas de esta situación, entre otras, se habla de la insuficiencia de recursos destinados en su momento por el Ministerio de Hacienda para proveer plazas en propiedad.(1)

La situación resultó compleja en el momento de los Entes preautonómicos y las Comunidades autónomas emergentes, debido a que la Ley 22/1977 había prohibido las interinidades, el Estado no transfería todos sus efectivos y las Comunidades Autónomas tenían otras competencias propias, si bien carecían de Cuerpos funcionariales propios y de plazas creadas. La contratación laboral también presentaba problemas, especialmente en orden a los supuestos en que resultaba legalmente admisible. Y, en cuanto a los contratos administrativos, su duración estaba limitada a un año. Ello dio lugar a la creación de la figura del contrato administrativo transitorio, destinado a extinguirse cuando se establecieran los sistemas selectivos de acceso a la carrera funcionarial. Así se hizo en la Generalitat de Cataluña, donde se estableció por el Decreto 166/1981 que si finalmente las plazas eran ocupadas por otras personas, a los contratados administrativos se les realizaría un nuevo nombramiento de interino o contrato administrativo transitorio.

La situación dio lugar a la necesidad, por un lado, de restringir la producción de nuevos excesos en la contratación administrativa y, por otro lado, a la tramitación de procesos de consolidación como funcionarios a la masa de contratados administrativos, laborales temporales e interinos, procesos que fueron criticados por la doctrina. Así, JOAN PRATS, en las Primeras Jornadas de la Función Pública FETAP-UGT de marzo-abril de 1981, indicaba que “estas bendiciones a todos los que contrataron a dedo, si se siguen produciendo, son la excusa para que los puestos de trabajo de la Administración sean administrados discrecionalmente por los políticos en función de sus clientelas particulares, y luego (...) se funcionaricen en la Carrera Administrativa para siempre las clientelas políticas.”

Lo que sí ha dejado claro el Tribunal Constitucional en la Sentencia 5/1982 (2), de 8 de febrero, es que “el carácter excepcional de la contratación administrativa (...), consagrado en el artículo 6 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado (3), impide utilizar este procedimiento como vía normal de provisión de puestos en la función pública, lo diga así o no la norma particular”, añadiendo que “la opción entre una u otra vía(4) de acceso a la función pública está condicionada por los principios básicos de la legislación estatal, que no son principios reguladores de los distintos procedimientos, sino definidores de la secuencia necesaria que entre ellos ha de darse, secuencia que define cuál haya de ser la estructura de la función pública y que obliga a acudir no a la contratación, sino a la interinidad, para la designación de quienes provisionalmente hayan de ocupar vacantes que definitivamente sólo pueden ser cubiertas por funcionarios de carrera. (...) la opción entre la contratación administrativa u otras vías de provisión no es una opción libre, sino realizada de acuerdo con la legislación básica del Estado”.

La situación no se ha resuelto con los mencionados procesos de consolidación de empleo temporal, sino que las Administraciones Públicas han continuado utilizando la figura del contrato administrativo para nutrirse de personal, eludiendo los procesos selectivos legalmente establecidos. Buena prueba de ello son los incesantes litigios planteados por quienes, habiendo sido irregularmente contratados bajo la forma del contrato administrativo, solicitan el reconocimiento de su condición como personal laboral. Por tanto, el tema es de plena actualidad.

Analizaremos a continuación la delimitación entre las figuras del contrato administrativo y el contrato laboral, las irregularidades que se producen cuando se celebran contratos administrativos encubriendo relaciones laborales, así como las consecuencias jurídicas que ello tiene, sobre la base de la legislación vigente. Como se verá, la principal consecuencia jurídica es la aplicación de la figura jurisprudencial del trabajador indefinido no fijo. En segundo lugar se analiza el supuesto en que la contratación administrativa tiene por objeto funciones reservadas al personal funcionario, determinando qué infracciones jurídicas conlleva y cuál es el régimen jurídico aplicable a esta situación. Y, finalmente, se analizan algunos supuestos en los que la propia legislación dispone expresamente que la relación jurídica es un contrato administrativo, a pesar de que puedan darse las notas de ajeneidad y dependencia propias de la relación laboral.

lunes, 6 de abril de 2015

Fucomi: Fuma, Cobra y Mira


Centro de formación de Fucomi en San Martín del Rey Aurelio. Foto / Fernando Rodríguez.


Centro de formación de Fucomi en San Martín del Rey Aurelio. Foto / Fernando Rodríguez.

Carlos Mier / Periodista.
Atlántica XXII

Hubo un tiempo en el que el lema ‘Fucomi: Fuma, Cobra y Mira’ fue trending topic mucho antes de que existiera Twitter y que las pintadas en las paredes dejaran de reflejar el sentir social. Sin embargo, más allá de la sempiterna discusión sobre la utilidad de uno de los instrumentos clave en la formación laboral de los jóvenes de las cuencas mineras, una cosa parece clara: el proceso de desmantelamiento de la gran escuela-taller es un hecho constatable.

Atrás quedan los días en los que la Fundación de las Comarcas Mineras -cuyo Patronato rector está formado por representantes del Principado, del Ministerio de Trabajo, del SOMA, de CCOO y de Hunosa- recibía subvenciones anuales cercanas al millón de euros y organizaba e impartía infinidad de cursos de formación. En 2013, Fucomi ha recibido unos escuetos 150.000 euros, después de un recorte brutal -mucho menos acusado en el resto de fundaciones dependientes del Principado- y su futuro a medio plazo parece estar escrito en el epitafio de una lápida.

Además, en diciembre de 2013, dentro de un ‘plan de viabilidad’ del Principado, se despidió de manera sorprendente al gerente de la entidad, Jorge Suárez -muy crítico con los recortes del Gobierno autonómico-, para, un mes después  -y a pesar de que el presidente de la entidad, el consejero de Economía Graciano Torre, anunció que no habría más despidos- enseñar la puerta de salida a otros cuatro empleados. Todos ellos “casualmente sin ninguna vinculación política o sindical”, según una fuente muy próxima a la entidad y conocedora de la situación interna. Todos han ganado en los juzgados sus demandas por despido improcedente.

De esta manera, Fucomi se ha convertido en un “instrumento hueco para dar cuatro cursillos”, ya que se ha destituido al responsable de orientación y al de inserción, a pesar de que la fundación consiguió autorización por parte del Ministerio de Empleo para operar como Agencia de Colocación, obteniendo en la presentación del proyecto la quinta mejor nota de valoración a nivel nacional.

De los siete trabajadores que se han quedado, hay parentescos para todos los gustos, según ha podido conocer este medio de fuentes fiables. Raquel Camporro es la actual directora de formación. Está emparentada con Antonio Hevia, ex líder de CCOO, y cobra un sueldo bruto de 52.000 euros al año. Con el mismo sueldo que Camporro sigue trabajando el director de administración, Antonio Álvarez, yerno de Antonio Arnedo, sindicalista muy próximo a Villa, secretario general de técnicos y cuadros del SOMA y miembro de su comisión ejecutiva durante más de diez años. El hijo de éste, Eusebio Arnedo, fue el primer gerente de Fucomi.

También continúa ligado a la empresa Paulino Gutiérrez. Trabaja de contable y es hermano de Avelino Gutiérrez, miembro de la comisión ejecutiva del SOMA. Tiene un sueldo de 30.444 euros brutos al año. Adoración Fernández, administrativa, es familiar de José Manuel Vega, muy próximo al SOMA y antiguo director del IFR (hoy IDEPA). Su sueldo anual asciende a 22.132 euros. El técnico Laudelino Rozada es cuñado de Jesús Ángel Sierra, quien fuera secretario general de la agrupación socialista de Langreo. Cobra 31.848 euros brutos al año. Y por último María Eloína Uría, hija de Joaquín Uría, destacado miembro de CCOO, ex alcalde de Morcín y uno de los encerrados en el Pozo Barredo, es administrativa y cobraba unos 22.000. Ahora no llega a los 12.000 trabajando a media jornada.

Su padre niega que la haya “enchufado” y asegura que solo se movió para que pudiera participar en la prueba de selección. Y añade que le contaron que la contratación de su hija provocó una bronca de José Ángel Fernández Villa a un jefe de formación de Hunosa. Joaquín Uría no niega que los sindicatos mineros, incluida CCOO, hayan colocado a los suyos en todo tipo de empresas. “En época de los chamizos fue evidente y todo el mundo sabe que La Camocha era un coladero”, afirma.

También pasó por Fucomi el hijo de José Ángel Fernández Villa, Rolando Fernández, como coordinador de un par de centros ocupacionales, antes de recalar en la Fundación Fasad, dependiente del Principado, y en el geriátrico del Montepío.
PUBLICADO EN ATLÁNTICA XXII Nº 36, ENERO DE 2015

lunes, 30 de marzo de 2015

Indignados contra el enchufismo




El porcentaje más alto de empleos conseguidos por métodos irregulares se da primero en España; después en Grecia y Portugal.

A través del grupo de Facebook Indignados contra el enchufismo me pongo al día sobre casos arbitrarios de contratación laboral. Las denuncias más recientes se refieren a la adjudicación de plazas en Asturias para el Cuerpo Nacional de Policía. La plataforma policial de afectados está preparando una lista de los agentes que han conseguido trabajo en la región a través de recomendaciones y enchufes. Y también al caso del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (Cádiz) donde, según la oposición socialista, se han contratado a 25 personas de manera irregular. Son dos más de las numerosas irregularidades que se cometen a diario a la hora de repartir el escaso trabajo existente. La gravedad del asunto difiere si se trata de contratación en el sector público o en el privado, si es recomendación, enchufismo o nepotismo.

Recordemos algunos ejemplos. Les remito a un reciente artículo del escritor Félix de Azúa en el que sostenía que la universidad española está tan corrompida como las finanzas, los partidos o los sindicatos. La culpa es de la endogamia a la hora de elegir profesores; lamentablemente, no suelen ser los mejores sino los más recomendados. La endogamia alcanza al 73% de los docentes. De ahí la escasa productividad de nuestras universidades. Solo la de Barcelona aparece entre las 200 mejores del mundo, según la prestigiosa clasificación de Shanghái, donde ocupan lo primeros puestos Harvard y Stanford. Ejemplo representativo fue el de los amigos de pupitre de José María Aznar, que, por cierto, le dieron unos cuantos disgustos. Me refiero a Juan Villalonga, enchufado en Telefónica y beneficiado con el reparto multimillonario de las stock options, y a Miguel Blesa, en Caja Madrid y actualmente en libertad bajo fianza. Otro caso de nepotismo paradigmático es el del Tribunal de Cuentas, donde un centenar de sus 600 empleados tiene alguna relación de parentesco. 


Varios altos cargos y directivos sindicales suman más de una docena de parientes entre hermanos, esposas, maridos, hijos, primos y demás allegados. El presidente del Tribunal tuvo que comparecer en el Congreso para explicar el volumen de parentela en la institución, pero se limitó a justificar que se lo había encontrado así cuando llegó y que tomaría medidas para que no se repitiera. Me falta espacio para reflejar otros escándalos. Da que pensar que el porcentaje más alto de empleos conseguidos a través de métodos irregulares se dé primero en España, después en Grecia y Portugal. Más que a razones culturales, habría que achacarlo a los elevados índices de paro que existen en los países del Sur. Cuando la oferta laboral es muy inferior a la demanda, los parados se las ingenian para buscarse la vida. Solo recurren a los cauces establecidos, con muy poca convicción y como último recurso, cuando no queda más remedio. Según la Encuesta de Población Activa, casi la mitad de los jóvenes españoles encontraron su primer empleo gracias a un familiar o a un amigo. Es más eficaz tener padrinos que experiencia en el trabajo. Otra manera de agrandar la desigualdad. 

martes, 24 de marzo de 2015

Denunciamos ante la Fiscalía la contratación del personal de las empresas y fundaciones públicas del Principado


El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies ha presentado hoy ante la Fiscalía especializada en delitos contra la Administración Pública denuncia (ver aquí) sobre los procedimientos de contratación del personal laboral de las empresas y fundaciones públicas integradas en el sector público del Principado de Asturias, por incumplir los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad,  que exigen convocatorias y bases públicas y transparentes y órganos de selección imparciales, profesionales e independientes.

A juicio de esta asociación, la contratación del personal laboral por las empresas y fundaciones públicas del Principado de Asturias al margen de dichos principios y procedimientos legales puede ser constitutiva de delitos de prevaricación y de nombramiento ilegal de empleados públicos, tipificados en los artículos 404 y 405 del Código Penal. 

Con fecha 15 de enero el Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies se dirigió a cada una de las Consejerías a las que se encuentran adscritas dichas entidades (74 en total), solicitando la relación completa de todas las convocatorias públicas de selección de personal laboral contratado a partir de la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público ( mayo de 2007), así como las bases rectoras de los mismos y los órganos de selección, recibiendo constestación de las siguientes Consejerías: de la Consejería de Economía y Empleo, referida a un total de nueve (9) entidades, empresas y fundaciones; de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, referida a un total de dos (2) entidades; de la Consejería de Agroganadería, referida a un total de tres (3) entidades; de la Consejería de Presidencia, referida a un total de dos (2) entidades, y de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, referida a un total de tres (3) entidades

 El Principado de Asturias no ha proporcionado hasta la fecha información sobre los procedimientos de selección del personal de 55 entidades, empresas y fundaciones públicas relacionadas en las solicitudes formuladas por esta asociación, entre ellas, algunas tan relevantes como Gispasa, Sogepsa, Recrea, la Fundación Niemeyer o Serpa (Servicios Públicos del Principado de Asturias SA)

La información facilitada respecto a algunas entidades, empresas, consorcios y fundaciones ( 19 en total), permite concluir que se ha incumplido la legalidad de aplicación de manera palmaria y evidente. Así, a título de ejemplo:
  1. Las empresas públicas Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias S.A. (ASTUREX) y Ciudad Industrial del Valle del Nalón SAU, reconocen la contratación directa, sin convocatoria pública, de varios trabajadores de su plantilla:
-    ASTUREX reconoce la contratación sin convocatoria pública de: un director general y seis (6) técnicos superiores (cinco de ellos procedentes del IDEPA, de la Cámara de Oviedo, de la Cámara de Avilés, de Presidencia del Principado).
-   Ciudad Industrial del Valle del Nalón SAU reconoce la contratación sin convocatoria pública de un técnico informático, una coordinadora general y de un ordenanza. 
  1. La Fundación Comarcas Mineras (FUCOMI) reconoce que los procesos de selección del personal directivo, docente y de apoyo se realizan en base a varias Órdenes Ministeriales del año 2001, conforme a las cuales se excluye la normativa establecida para la selección del personal de las Administraciones Públicas. Es decir, admite que no aplica los principios legales del artículo 55 del EBEP
  1. La empresa pública Gestión de Infraestructuras de Telecomunicaciones del Principado de Asturias SA (GITPA) señala que la selección de sus trabajadores la realiza una empresa privada (Eulen SA)
  1. Otras empresas públicas como las ya citadas ASTUREX y Ciudad Industrial del Valle del Nalón SAU, la Fundación Asturiana de la Energía, la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias SA o la Inspección Técnica de Vehículos SA (ITVASA), indican que realizan convocatorias en la prensa o en su página web, pero no aportan acreditación de la publicidad de las convocatorias y de sus bases, ni de la imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
  1. La empresa VIPASA hace referencia a una serie de convocatorias públicas, sin identificar el medio de publicidad, ni el contenido de la convocatoria y sus bases
  1. Sobre la empresa pública Albancia se reconoce que la forma de contratación de su personal se realizó entre los años 2007 y 2010 a través de las Fundaciones FAEDIS y Fundosa, y que en el año 2010 se creó una bolsa de empleo. Es decir, la contratación de personal se hizo al margen de los procedimientos y principios legales del EBEP 
  2. Sobre las convocatorias de la fundación FASAD, se aportan una serie de ofertas de trabajo a través del Servicio Público de Empleo, siguiendo un procedimiento de contratación propio de la empresa privada. 
El Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies considera que la existencia de una Administración paralela en la que la selección del personal se hace con criterios de empresa privada, lesiona gravemente los derechos fundamentales de los asturianos y asturianas a acceder al empleo público en condiciones de igualdad, en base exclusivamente a sus méritos y capacidades y no a recomendaciones, enchufes e influencias políticas, sindicales etc.. Este modo de proceder ha dado lugar a una extensa red clientelar incompatible con un sistema democrático mínimamente presentable.

Por ello, confiamos en que la recién creada Fiscalía especializada en delitos contra la Administración Pública investigue a fondo los procedimientos de contratación efectuados en las empresas y fundaciones del sector público asturiano y exija las responsabilidades a que hubiera lugar.

domingo, 22 de marzo de 2015

LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ENCOMIENDAS DE GESTIÓN, EMPRESAS INTERPUESTAS Y LEVANTAMIENTO DEL VELO

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LUIS FERNANDO DE CASTRO MEJUTO
Magistrado Especialista de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Doctor en Derecho
 
RESUMEN:
En estos tiempos de crisis también las Administraciones públicas han buscado protegersefrente a posibles reclamaciones de trabajadores que, hasta hace poco, prestaban sus servicios a travésde contratos de obra o servicio. Uno de los medios que han empleado ha sido la creación de empresas públicas, que, interpuestas entre el trabajador y la Administración, tratan de evitar que cualquier responsabilidad alcance a ésta. Especialmente significativo ha sido su empleo en actividades forestales  (por ejemplo, a través de TRAGSA o, en Galicia, SEAGA). Sin embargo y precisamente por el momentoen que nos encontramos, ha de hacerse uso del viejo recurso del levantamiento del velo para descubrir que detrás de esas empresas públicas se encuentra la propia Administración
 

lunes, 16 de marzo de 2015

Una contrata «sin justificación técnica»


La sentencia considera que la centralita es un servicio esencial para el funcionamiento del SEIS.
  • La empresa no aportaba «ni siquiera el papel», en un acuerdo por el que «proporcionaba mano de obra barata» para un servicio «esencial»

  • La justicia condena al Ayuntamiento por cesión ilegal del personal de la centralita de Bomberos



 El personal de la centralita de emergencias del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (Bomberos) «presta un servicio básico y esencial de la entidad local», el Ayuntamiento, «para la comunidad». Lo dice la magistrada María de los Ángeles Andrés, titular del Juzgado de lo Social Número 3 de los de Oviedo. También dice que lo hacía a través de una clara «cesión ilegal de trabajadores», en la que una empresa CEE Sertel, vinculada a la ONCE, se limitaba «a proporcionar mano de obra barata» al Ayuntamiento y nada más. «Ni siquiera el papel», resume la magistrada en la sentencia que acaba de reconocer su derecho a incorporarse a la plantilla municipal como personal laboral indefinido, «en iguales condiciones y con idénticos derechos que un trabajador de la entidad local destinado en puesto de trabajo similar». Lo de las condiciones no es baladí. Los trabajadores, algunos con 20 años de antigüedad, cobran según el convenio de los 'call centers' salarios por 39 horas semanales que no llegan a los 16.000 euros anuales, para la «coordinadora».

La sentencia destaca que ni el Ayuntamiento conocía a las teóricas supervisoras del contrato, que, de hecho, trabajaban en Madrid; que la empresa tampoco formaba al personal -lo hacían entre ellos mismos-, y que CEE Sertel les escribió varios correos para preguntarles cuáles eran sus funciones, qué medios y aplicaciones usaban, que tipo de llamadas atendían y qué protocolo seguían.

La jueza es especialmente crítica con una contrata para la que «no encuentra justificación técnica», pues «toda la infraestructura del servicio la aporta» la administración y en el que los trabajadores han hecho tareas al margen del contrato por indicación de mandos municipales. Entre ellas y de forma llamativa, «el control de accesos» al edificio de Seguridad Ciudadana.

La demanda, interpuesta con el respaldo de la CSI, se suma a la larga serie de pleitos que han acabado por 'llenar' la plantilla municipal de personal laboral indefinido no fijo. Una categoría que con la reciente y se supone que transitoria, si el Principado saca adelante el consorcio prometido, entrada del personal de las escuelas infantiles pasa de los 150 trabajadores, por apenas 650 funcionarios en activo. Su futuro no está claro. Algunos sindicatos proponen su funcionarización; otros que sus plazas salgan a oferta de empleo público. El descontrol con el personal de las subcontratas motivó un duro informe de Abogacía en el que responsabilizaba a los jefes de cada servicio del cumplimiento de una serie de normas para evitar su entrada por la puerta de atrás en el Ayuntamiento.

Firmas y acoso negado
Ninguna se cumplía en el caso del personal de Sertel. El equipo de gobierno incluyó el servicio y su personal en el pliego del polémico contrato de Modernización en un intento postrero de reconducir la situación. La empresa mantiene también el contrato de atención telefónica de la centralita municipal.
En noviembre, un grupo de 58 bomberos firmó un escrito dirigido al alcalde en el que pedía que mediase para poner fin al acoso que sufrían las trabajadoras de la centralita por parte de los jefes de Bomberos y Policía Local, que según el escrito, las responsabilizaban del mal funcionamiento de la centralita desde su traslado a las dependencias policiales. El Ayuntamiento abrió una investigación que concluyó que no existían tal acoso y que las relaciones con las trabajadores entraban dentro de la normalidad. Salvo en el orden jurídico laboral, claro.